Sobre encuestas y electores
Pero volviendo al tema de la influencia que las encuestas ejercen en el electorado, prefiero dejarlos con un excelente ensayo de mi colega Carlos Meléndez que aborda justamente el tema en la reciente investigación que sobre el “Perfil del elector peruano” acaba de publicar el JNE.
Algunos apuntes comparativos sobre las tendencias clientelares en el Perú.-Uno de los aspectos que más llama la atención del estudio sobre el Perfil del Elector Peruano es la proclividad que tienen los electores por involucrarse en prácticas clientelares al momento de definir sus preferencias políticas. Precisamente, cabe mencionar la poca investigación empírica a través de estudios de opinión que existe sobre el tema, a pesar que éste es referido constantemente tanto en la opinión pública, así como asumido por analistas; y que se puede relacionar incluso a delitos electorales. En ese sentido, quiero resaltar el vacío que
cubre esta investigación, entre otros, al dedicar varias secciones de la encuesta a develar los determinantes clientelistas en la formación de las preferencias electorales.
Un primer obstáculo que se encuentran los investigadores al estudiar los determinantes del voto, en general, y fenómenos como el clientelismo, en particular, es la poca sinceridad que pueden encontrar por parte de los entrevistados. Por ejemplo, es muy común que ante la pregunta por las razones que más influyen en los electores para definir su voto, la mayoría responda que es el programa de gobierno el principal factor que consideran, cuando el conocimiento de los mismos es superficial, si acaso, o cuando simplemente muchos de los candidatos no los hacen públicos.
De acuerdo con los datos de la encuesta el 36.8% de los entrevistados afirman que es el plan de gobierno del candidato o del partido lo que más influye en ellos, seguido de las características personales del candidato, como son la trayectoria (16.5%) y sus cualidades particulares (15.1%). De acuerdo con estos datos, son las razones programáticas las que se imponen a las personalistas al momento que el electorado define sus preferencias.
Como sabemos, las prácticas clientelares son sancionadas socialmente, por lo que en una encuesta es muy poco probable que los entrevistados puedan manifestar directamente su involucramiento en este tipo de actividades. De hecho cuando se le interrogan sobre el tipo de actividades en las que se involucró durante los procesos electorales del 2006, solo el 2.3% de los entrevistados confesó haber participado del reparto de bienes concretos (desde comida hasta materiales de construcción) como parte de actividades que los candidatos ejercieron para convencerlos de votar por ellos. Este porcentaje es muy similar a lo encontrado en preguntas símiles en estudios realizados en Nicaragua (2.4%), Honduras (3.8%) y Bolivia (4.8%), (González- Ocantos, et.al., 2010); lo cual contrasta con estudios cualitativos que identifican una mayor prevalencia del clientelismo en contextos electorales. Si consideramos, además, la larga tradición prebendalista de nuestra política, muy influenciada por el tipo de vinculación Estado-sociedad que ejercieron algunos gobiernos pasados, esperaríamos que los niveles de participación en actividades clientelares sean mucho mayor (Cotler y Grompone, 2000; Tanaka, 2001).
Una estrategia que comúnmente se realiza para aproximarse al nivel real de este tipo de prácticas consiste en despersonalizar la pregunta. Es decir, preguntar por el comportamiento de terceras personas. Cuando se le interrogó a los entrevistados sobre las actividades que se realizan con frecuencia “en su barrio” durante campañas electorales, en general, el porcentaje de personas que responden por el reparto de bienes concretos se eleva al 12.3%, nivel que también es algo menor al encontrado en otros países como Bolivia (16.7%), Nicaragua (17.7%), Honduras (17.8%) (González-Ocantos, et.al., 2010). Este hallazgo resulta mucho más coherente con la percepción no solo del sentido común, pero también con investigaciones basadas en estrategias cualitativas. Otro tipo de estrategia para conocer el porcentaje de electores que se involucran en actividades clientelares consiste en interrogar por situaciones hipotéticas. Al preguntarle a los entrevistados por el caso hipotético en el que un candidato le ofreciera un beneficio concreto para su familia a cambio de su voto, el 14.5% de encuestados aceptaría el trato y votaría recíprocamente, mientras que otro 14.5% aceptaría el dinero, pero terminaría votando por el candidato de su preferencia. Es decir, el 29% participaría sin ningún problema del intercambio. Cuando el bien concreto que se ofrece se dirige al beneficio de la comunidad (y no de la familia del entrevistado), el porcentaje se incrementa. 15.3% aceptaría la oferta y votaría de acuerdo con los acordado, mientras que un 20% aceptaría el beneficio, pero votaría de acuerdo con sus preferencias. Es decir, el porcentaje de personas que se involucrarían en este intercambio aumentaría al 35.3%.
Cuando se es más concreto con la pregunta y se especifica el beneficio directo como dinero, los niveles de aceptación no dejan de ser significativos. El 8% de los encuestados señaló que aceptaría el dinero y votaría concordantemente, mientras que el 11.6% aceptaría el dinero, pero no cumpliría con el trato. Es decir, casi el 20% del electorado peruano se involucraría directamente en un intercambio de dinero a cambio de su voto, lo cual es un porcentaje más elevado que el detectado por preguntas anteriores. La versión hipotética con la que se realiza esta pregunta atenúa la sanción social que generan preguntas realizadas directamente (aunque no desaparece del todo), por lo que consideramos que la proporción de peruanos que estarían dispuestos de participar de un intercambio clientelar deben estar algo más por encima de este 20% identificado con claridad.
Al realizar un análisis por nivel socioeconómico, encontramos que, en términos generales, el nivel de involucramiento en prácticas clientelares es comparativamente mayor en los niveles C, D y E, con respecto a NSE A y B. El porcentaje de encuestados del NSE C que aceptarían dinero por su voto y cumplirían con el trato es de 9.1%. Este porcentaje se incrementa a 10.1% en el NSE D, pero es menor (5.5%) en el NSE E.
Con respecto a los que aceptarían el dinero, pero votarían por el candidato de su preferencia, este porcentaje es mayor en el NSE D (13.3%), pero no tan menor en el NSE E (12.3%) ni en el NSE C (11.0%). La relación entre NSE y rechazo a la compra de voto es más directa, ya que la proporción de rechazo aumenta conforme el NSE es más alto (89.8% en A, 78.9% en B, 68.2% en C, 62.3% en D y 61.1% en E). Claramente, los niveles socioeconómicos medios bajos y bajos constituyen el terreno en el que existe mayor proclividad a la compra de votos en comparación con lo manifiesto en otros niveles socioeconómicos. La correlación significativa entre ambas variables comprueba la asociación entre los niveles de pobreza y la participación en compra de votos.
Cuando se explora la potencial influencia de otras variables en las posibilidades de involucramiento en compra de votos y clientelismo se descarta la filiación o independencia de los electores, y las convicciones democráticas de los entrevistados. Es decir, los niveles de aceptación de prácticas clientelares no varían significativamente si el elector simpatiza con una agrupación política o si es independiente (ni tampoco por su simpatía específica a un movimiento político).
Del mismo modo, tanto personas que prefieren un gobierno democrático sobre uno autoritario o que les da igual muestran similares niveles de proclividad por este tipo de prácticas, alrededor de los promedios totales. Notoriamente, el nivel socioeconómico de los electores es un factor a considerar de manera significativa al tratar fenómenos como el clientelismo y la compra de votos.
Un elemento clave para entender la lógica del clientelismo en general, y de la compra de votos en particular, es que los que distribuyen los beneficios a cambio de apoyo electoral sean capaces de poder monitorear de algún modo el cumplimiento de los acuerdos. Obviamente, para ello se requerirían al menos de dos condiciones previas: 1) tener una maquinaria política tal que pueda controlar y vigilar el cumplimiento del intercambio, 2) vulnerar el derecho que tienen todos los ciudadanos al voto secreto. Como ya se ha manifestado en diversos estudios, los partidos políticos y organizaciones en general tienen un débil asentamiento en las realidades locales, por
lo que la primera condición es muy difícil de encontrar (Tanaka, 2006).
No existe organización nacional con una alta capacidad de monitoreo como se puede encontrar en el caso de Argentina (el Partido Justicialista) o México (el caso del PRI), por citar algunos ejemplos. Sin embargo, ello no excluye la posible existencia de mecanismos coercitivos focalizados en jurisdicciones distritales y provinciales a partir del uso de recursos públicos como la burocracia estatal puesta al servicio de la vigilancia de este tipo de acuerdos privados e ilícitos.
El cumplimiento de la segunda condición, la de vulnerar el derecho al voto secreto, implicaría cometer un delito. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias resulta suficiente amenazar o hacer creer a los ciudadanos que los políticos pueden, de algún modo, descubrir por quienes votaron, y por lo tanto vigilar del cumplimiento de los acuerdos en caso del ejercicio de la compra de votos.
Efectivamente, de acuerdo con la encuesta el 34.0% de los encuestados consideran que los políticos son capaces de averiguar por quien votó. Si un tercio de la población cree, por lo tanto, que su voto no es secreto, resulta lógico que el elector que recibió un bien concreto a cambio de su voto, no solo termine votando de acuerdo con lo acordado, únicamente por sentido de reciprocidad, sino porque se podría sentir potencialmente amenazado al ser descubierto incumpliendo el trato.
No es casual que la creencia que el voto no es secreto sea un predictor de la probabilidad de participar de la compra de votos (con alta significancia estadística). La débil confianza en el sistema electoral peruano (solo el 6.3% de los encuestados cree que no es posible que se pueda cometer fraude electoral en el país) forma parte de las condiciones que hacen posible que prácticas clientelares como la compra de votos puedan ser vigentes y frecuentes en nuestro medio.
El clientelismo y la compra de votos son prácticas que no solo debilitan las posibilidades de representación programática entre los ciudadanos y las autoridades elegidas, sino que además corrompen la lógica democrática del voto libre y secreto ya que implican medidas de coerción sobre las libertades del ciudadano. Pero aún más, este tipo de comportamientos claramente delictivos (recordemos que es considerado un delito electoral) constituye una puerta falsa para el acceso de dinero proveniente de fuentes ilegales (del narcotráfico y del contrabando, por dar dos ejemplos) fuera del alcance de la vigilancia del financiamiento electoral que establecen las autoridades electorales respectivas.
Los efectos perversos de este tipo de prácticas activan, como se puede apreciar, una gran cadena que no solo vulnera los derechos fundamentales del elector, sino que también afecta la construcción de un vínculo representativo democrático y puede permitir el lavado de dinero procedente de fuentes ilegales. Es por ello que llamamos la atención sobre la importancia de atender estas prácticas con medidas legales y políticas públicas que impidan su expansión.
De acuerdo con diversos reportes periodísticos y análisis electorales, en los recientes procesos electorales subnacionales (elecciones municipales y regionales) se percibió el incremento de recursos invertidos en actividades proselitistas en niveles inéditos para las realidades regionales. Al haber disponibilidad de recursos (cuyas fuentes son de difícil seguimiento), se evidencia los potenciales para este tipo de práctica desde el lado de la “oferta”, al mismo tiempo que la encuesta del Perfil del Elector Peruano detecta el potencial existente desde el lado de la “demanda”. En ese sentido, las autoridades electorales deberían intervenir tanto en legislaciones que prevengan la primera dimensión (oferta) y en programas educativos sobre la cultura política de los ciudadanos (demanda).
Con respecto a la primera línea se recomienda una reformulación de la vigilancia del uso de recursos financieros electorales, con especial atención a la inversión de esos recursos. La disposición de dinero en efectivo o empleados en la compra de productos destinado a actividades clientelares (i.e. materiales de construcción) evidencian el empleo clientelista de estos recursos. Con respecto a la segunda línea, se recomienda campañas de educación ciudadana que enfaticen el carácter delictivo de la compra de votos y que expliciten las implicancias peyorativas de este tipo de prácticas para la construcción de un vínculo democrático. El énfasis debe ponerse en los sectores socioeconómicos medio-bajos y bajos, donde como hemos visto, hay mayor posibilidades de involucrarse en estas actividades.
Reformas legales importantes como, por ejemplo, anular la obligatoriedad del voto deben pensarse también a la luz de sus posibles efectos en este tipo de prácticas. En países de voto voluntario como Colombia se considera precisamente que esta característica es un aliciente para la práctica de la compra de votos. De acuerdo con lo que se discute en este país, al no estar obligados a votar, los electores pueden negociar el tiempo y el esfuerzo que implican sufragar con mayor disposición. Si estuviesen obligados, de todas maneras tendrían que hacerlo por lo que no existe espacio para incentivos específicos (como el dinero) que afectarían significativamente la acción de sufragio y la preferencia electoral. Sin embargo, el caso hipotético del voto voluntario en el país, aparentemente, no afectaría la incidencia en involucrarse en compra de votos. De acuerdo con la encuesta el 24.7% de los electores peruanos probablemente sufragarían y el 48.7% definitivamente lo harían aunque el voto sea voluntario.
Esta proporción no varía significativamente si se analiza los sub-grupos de aquellos ciudadanos proclives a la compra de votos. Dentro de la proporción de electores que se involucrarían en este tipo de prácticas respetando el acuerdo, el 9% definitivamente no iría a votar, y el 20.8% probablemente no lo haría. Mayores son los porcentajes de los que probablemente votarían y definitivamente lo harían: 30 y 40%, respectivamente. Dentro del grupo de electores que se involucrarían en compra de votos, pero votarían por el candidato de su preferencia, el 14.7% definitivamente no iría a votar y el 15.5% probablemente no sufragaría. Nuevamente, los porcentajes de los que probablemente irían a votar (25%) y de los que definitivamente lo harían (44.8%) son mayores.