Más sobre Bagua

La UCSM, a través de su Unidad de Postgrado, me ha solicitado un ensayo breve sobre los sucesos de Bagua para ser publicados en una próxima publicación. Buena la iniciativa de esta universidad que llena en algo el vacío de gran parte de la academia en relación a este y otros sucesos de la vida nacional. Comparto con ustedes, de manera exclusiva, algo más de mis apreciaciones sobre este tema.

De Bagua su protesta. Repitiendo la historia del desencuentro Estado-sociedad peruana.- A pocos días de los luctuosos sucesos de Bagua, no sólo se desconoce a ciencia cierta la cantidad de muertos y/o desaparecidos, sino que tampoco se entiende cómo es que un gobierno con la experiencia que tiene el Apra ha podido llegar a esta situación que tiñe una vez más su mandato de sangre y, lo peor de todo, el país todo aún no sale de su asombro al descubrir que el Perú también está compuesta por una extensión del país, la amazonía que, por cierto, es la de mayor extensión del país y que está integrado por sociedades que, a decir, del propio Presidente de la República, hay que desconocer por ser “ciudadanos de segunda clase”. Quizá sin proponérselo, tan descriptiva explicación presidencial nos ayuda a entender el quid de tanto desmadre.

Breve recuento de los hechos

Como sabemos, los luctuosos sucesos ocurridos en Bagua, provincia ubicada el noreste de la región del Amazonas, el cinco de junio pasado, tiene antecedentes que datan de casi un año, pues el 8 de junio del año pasado, el Ejecutivo promulgó una serie de DL en el marco de las facultades entregadas por el Congreso para legislar temas referidos a la aplicación del TLC con los EEUU. Varios de esos DL promulgados inconstitucionalmente (tal como la propia Defensoría del Pueblo lo demostró) se referían a la concesión y explotación de los recursos mineros, forestales y de hidrocarburos en la Amazonía. Como era de esperarse, eso desató inmediatamente la rabia de los pueblos originarios agrupados en AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), desarrollando entre agosto y setiembre de 2008 un paro en toda la selva.

En esa ocasión, prácticamente reconociendo su error, el gobierno derogó el DL 1015, y se comprometió a evaluar y suprimir otros, como el 1073 o el 1064. Creyendo en las promesas gubernamentales, AIDESEP suspendió las protestas. Como era de esperarse, y fiel al estilo de la mecedora, el gobierno jamás volvió a tratar el tema; es más, ninguneó sistemáticamente los llamados que hacía esa organización; es así que el 9 de abril de este año, decidieron reiniciar las protestas. Luego de 57 días de supuestas negociaciones que el país no sabía y que recién se hicieron sentir por el peligro que implicaba el desabastecimiento, básicamente, de petróleo, es que el gobierno decide “imponer la autoridad” el 5 de junio. El resultado dio la vuelta al mundo: un número aún no definido de muertos y desaparecidos, un reguero de sangre que nos hacía recordar los peores tiempos del terrorismo.

Al momento de escribir este ensayo, no hay solución a la vista. El gobierno, en lugar de rectificar y calmar las aguas, las agitó con explicaciones políticas y mediáticas tiradas de los pelos, sólo un miembro del gabinete dio un paso al costado, Carmen Vildoso, Ministra de la Mujer y Desarrollo Social; el máximo dirigente de AIDESEP, Alberto Pisango, ha pedido asilo a la Embajada de Nicaragua, y una protesta nacional del 11 de junio, ha obligado al gobierno a retroceder declarando la suspensión de los DL en cuestión. Pero la selva sigue hirviendo, no de calor, sino de irritación, pues las protestas continúan y ya se anunció un paro nacional para la primera semana de julio.

Los protagonistas

De los protagonistas de este desmadre conocemos en demasía a uno de ellos, al otro recién lo empezamos a conocer. El primero es un gobierno que asume por segunda vez el mandato del país y que llegó allí introduciendo un mensaje terciario y moderado en las últimas elecciones; es decir, ante la frivolidad y siempre mal vista derecha y la improvisación y amenaza humalista, García terció con el mensaje del “Cambio responsable”. Como es costumbre en nuestra vida política y electoral de los últimos lustros, el país votó por el mal menor y es así que le concedió al APRA una nueva oportunidad, a pesar del escalofrío que seguía causando el recuerdo de su primer gobierno .

Ya en esa ocasión, se hablaba del especial escenario que se inauguraba con el segundo mandato de García. Un ángulo de ese escenario fue la puesta en vitrina, una vez más, de la vieja radiografía socio-política de nuestra sociedad; es decir, la histórica relación antagónica entre los dos perúes: uno, el costeño o criollo y mayormente privilegiado y el otro, el Perú andino y amazónico mayormente excluido u olvidado. Frente a esa situación deprimente, se erguía el otro ángulo, por cierto optimista, pues el país le daba a un partido y su líder una nueva oportunidad para que se redima ante la historia. Es decir, el país optó por el “Cambio responsable”. Ya en esa ocasión , se señaló que una tarea impostergable de García era la de revertir las “dinámicas irracionales” que estaban caracterizando cada vez más al país; es decir, desterrar aquella lógica que atenta con nuestro deseo de afirmar la vida y la esperanza en el país que se traducen en la capacidad de “imaginar una comunidad” sin exclusiones ni privilegios indignantes. De ese discurso poco queda, pues pareciera que el gobierno aprista en su segundo mandato fue ganado por el peso de una tradición estatal que históricamente se ha distinguido por estar de espaldas al interior del país, profundizando así la difícil relación Estado-sociedad que impide, justamente, “imaginar una comunidad”.

Del segundo protagonista, la comunidad amazónica, más específicamente la población de Bagua y en particular su organización AIDESEP, poco o nada conocemos. Son mayoritariamente los congresistas, la prensa y una malhadada publicidad gobiernistas la que se ha encargado de presentarnos a esos actores como prehistóricos emplumados que se oponen a la modernidad y que, a la vez, son terroristas financiados por fuentes extranjeras, es decir, antiperuanos. Nada más alejado de la realidad, pues AIDESEP funciona hace una treintena de años y su estructura parte de la representación comunal, articulando apus y jefes nativos de 57 federaciones incluídos el Consejo Aguaruna Huambisa y la Federación Ashaninka. Es más, es esa comunidad a la que primero se le arma cada vez que hay conflicto externo e interno “para que defiendan el Perú”. Es decir, aunque suene duro, es la carne de cañón del “glorioso ejército peruano”.

Exclusión versus ciudadanía

Es ese sector desconocido para la gran mayoría de nosotros, los que ahora reclaman su derecho a la ciudadanía; es decir, ser invitados a la mesa o, por lo menos, escuchados cuando está en cuestión la negociación del territorio y las riquezas de donde habitan. Y escucharlos sería un acto saludable para nuestra política, pues no solamente alimentaría nuestra endeble democracia, cerrando las brechas, de paso, del abismo entre Estado y sociedad, sino que también oxigenaría nuestros conceptos sobre modernidad, ya que envueltos y mareados por la globalización, sólo entendemos por modernidad, la imposición de maquinas que, a las finales, se dedican únicamente a extraer materias primas lo que nos sigue colocando en la triste posición de país con economía primaria, produciendo, además, riñas e inequidades que profundizan la pobreza en el país. Sería bueno saber que los nativos o “emplumados” también tienen una concepción de modernidad basada en el buen vivir; es decir, en una relación estrecha con la naturaleza, donde hay más armonía que desarmonía, donde no hay conflicto por la propiedad y mucho menos por la angurria, y, básicamente, donde se vive bajo el principio del bien común. Desde esa perspectiva, entre la modernidad occidental, importada y colonialmente trasladada y la otra modernidad, habría que preguntarse, recordando al viejo Platón, cuál es la que tiene como objetivo el bienestar del ser humano.

No podemos dejar de mencionar que detrás del conflicto también están los eternos e infaltables intereses políticos que existen en ambos bandos. Indudablemente hay cálculos electorales de por medio, mucho más sabiendo que estamos en plena coyuntura preelectoral. Pero es tarea de todo buen gobierno alejarse de esos cálculos para trabajar, en primer lugar, por el restablecimiento de orden a través del diálogo y en un escenario de paz sostenible, respetando los derechos humanos y abriendo así una política de inclusión a favor de esa parte del país, asombrosamente olvidada. Ojalá que con el paso de los días, la soberbia del gobierno se reduzca y desaparezca, ojalá asuma que cometió un error y que eso, políticamente, tiene un costo que hasta el momento no quiere adjudicarse. Es cierto que en el otro bando, principalmente la dirigencia de AIDESEP, también hay grados de culpa, pero le corresponde más al gobierno tender los puentes para construir consensos, pues el partido gobernante y principalmente nuestro mandatario debe recordar que gobernar es también hacer docencia política, y ésta es mucho mejor cuando se pone la moral en marcha.