Dilucidando el debate descentralista

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Algunos amigos me exigen que aclare o abone sobre la conversa que tuvimos hace algunos días en torno a los diez primeros años del proceso descentralizador peruano. Como recordarán, La República, invitó a Jorge Bedregal, Pepe Lombardi, Ángel Manrique y a mí para esta mesa, como una antesala a un evento mayor que organiza Cátedra Arequipa esta semana, y que contará con otros expertos sobre el tema.

Sobre la descentralización, y específicamente su primera década experimental, se ha debatido y escrito mucho. Incluso yo he publicado algunas cosas porque me ha interesado el tema no desde una visión meramente política, sino técnica, pues hay que recordar que la descentralización es, al fin y al cabo, una de las herramientas fundamentales para reformar nuestro Estado, ese Estado que todos percibimos y/o sufrimos por su ineficacia, incompetencia, inexistencia o corrupción.

Esa percepción y sufrimiento no es nueva, pues ya tiene muchísimo tiempo. Cuando uno recurre a la historia para saber desde cuándo se discute la reforma del Estado peruano a través del mecanismo descentralizador, descubre que data desde hace más de siglo y medio. Por eso es que desde el s XIX ha habido más de una docena de propuesta teóricas de cómo descentralizar y cerca de una decena de intentos políticos nacidos desde los gobiernos que se interesaron en el tema.

El más reciente intento se dio con Alejandro Toledo y la experiencia que hoy evaluamos en sus primeros diez años, es justamente esa. Como recordamos, este último ensayo nació con una serie de defectos, pues por razones o cálculos meramente políticos, en lugar de descentralizar vía regionalización, lo que hemos producido es un hibrido de departamentalización regional, que viene generando, entre varios efectos nocivos, un desmembramiento nacional, en lugar de fortalecer la unificación, que es uno de los fines del proceso descentralista.

Desde mi punto de vista, ese es uno de los principales nudos críticos que hay que resolver en estos primeros diez años de un proceso descentralista que nació deformado, pues ese hibrido ha alimentado el apetito de unos politiqueros regionales que han sabido escarbar en el peor de los resentimientos históricos de nuestros pueblos para generar ese desmembramiento e incluso espíritu separatista, como fue el caso de Puno cuyo presidente regional fundó una nueva nación. Hoy, ese mismo ánimo lo vemos en el presidente regional de Cajamarca.

Claro que la experiencia tiene otros problemas o nudos. Uno es el fiscal, pues lo que hemos visto es básicamente una transferencia de funciones administrativas que no han estado acompañadas de una transferencia fiscal adecuada. Este punto se ha visto agudizado últimamente por el tema de canon y la recaudación que aún no es clara o de distribución injusta. En otras palabras, sigue existiendo un centralismo económico manejado desde el gobierno central que inmoviliza a los gobiernos regionales y que hace que los grandes proyectos regionales sigan pensados o decididos en Lima.

Otro nudo crítico que sale de la experiencia de estos diez años, está ligado a la representación y relación política, pues es absurdo que un presidente regional salga elegido con votaciones bajísimas, lo cual le quita representatividad. Y mucho más absurdo aún es que, luego, ese “presidente regional” se desvincule de las otras instancias de gobierno como los municipios, el CCR, CCL, etc. No sólo absurdo, sino demencial es verlos desconocer al gobierno central y al mismísimo presidente de la república. Cabe pues aquí, una reforma seria de cómo acabar con estos caudillos de 15%. Alternativas como segundas vueltas electorales se imponen en estos casos.

Ser cabeza regional de la Mesa de Concertación, me ha permitido descubrir de cerca que otro problema grave del proceso es el de capacidades dentro de las administración regional, así como el de la participación ciudadana. He visto a varios gobiernos regionales manejados como feudos, dando poder a familiares, allegados o amigotes que, obviamente, están atravesados por la incompetencia, facilitando, además, la corruptela. También he visto el ánimo de algunas autoridades de cambiar la situación promoviendo cargos a los mejores cuadros técnicos (si es que los hay), pero bloqueados por la mafia burocrática allí enquistada.

El de la participación ciudadana también es grave, pues motivar, organizar, educar y capacitar a la población para que se compre el pleito de estar activamente en el proceso descentralista es también una tarea que está por hacerse o ajustarse. Recordemos que la descentralización es, también, una nueva forma de concebir la democracia, una más participativa que suplante a la representativa que ya no funciona. Lamentablemente, la participación es una filosofía y estilo de vida que hay que cultivarlo y educarlo para lo cual se requiere plata o presupuesto. Me llama la atención, por ejemplo, que en el presupuesto del 2013 en el rubro “participación ciudadana y descentralización” del Gobierno Regional de Arequipa, haya presupuestado cero soles. No es una broma, pero así es. Hay que reconocer que la culpa no es del GRA, pues ellos siguen los mandatos del Ministerio de Economía que consideran que esos gastos no deben hacerse. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Y aquí llegamos a otro nudo neurálgico, pues la descentralización, aquí como en cualquier país del mundo que ha pasado por lo mismo, tiene como componente esencial la voluntad política. Parecía que el actual gobierno la tenía, por lo menos así lo anunció Humala cuando tomó el cargo presidencial. Hoy sabemos que eso fue pura palabrería; es decir, no hay la voluntad política necesaria para el proceso, así que la descentralización seguirá en automático o inercialmente, a pesar que últimamente estuvo en manos de grandes personalidades descentralistas como Alberto Muñoz Najar. Nuestro paisano ya debe saber en carne propia lo que es manejar ese carro sin gasolina y sin GPS.

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