Minería y conflicto social
El asunto es que los mineros informales, mal autollamados artesanos, están poniendo en jaque a este gobierno que, por otra parte, ha demostrado gran ineptitud para resolver a tiempo los conflictos que se venían venir. Ni la Defensoría, ni la PCM y mucho menos Prevcon (unidad creada para justamente prevenir conflictos, la ven, mucho menos la huelen. El asunto es que el conflicto estalla y el gobierno, como mono martillero ante una computadora, responde con los resultados que ya sabemos y que se ha convertido en una constante: muertos y más muertos.
Algo que parece no tener solución ya ha sido abordado por la academia. Como muestra está un reciente libro lanzado por el IEP titulado Minería y conflicto social donde participan una serie de especialistas como José De Echave, Alejandro Diez, Ludwig Huber, Martin Tanaka, etc. Les dejo la introducción para qué sepan entender este problema. Ojalá les interese.
Introducción.- Durante los últimos años, la actividad de extracción de minerales ha crecido de manera significativa en el mundo, y el Perú ha sido uno de sus importantes campos de expansión. Nuestro país posee en efecto considerables reservas, cuya explotación se vuelve rentable a medida que el precio de los metales en el mercado internacional se incrementa.
En este contexto, los gobiernos sucesivos han implementado progresivamente, desde 1990, una serie de reformas destinadas, en primer lugar, a facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros, y, en segundo lugar, a mitigar los impactos negativos que pudiera tener esta explotación.
Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar que se multipliquen por todo el país conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera. Incidentes como los reportados en el cerro Quilish, en el campamento de La Granja o en Combayo (Cajamarca), en Tintaya (Cusco) o Tambogrande y Majaz (Piura), entre otros, son señales de un clima de fuertes tensiones. Actores locales, nacionales y extranjeros se enfrentan de manera casi permanente, con esporádicos episodios de violencia abierta. Comunidades campesinas, frentes de defensa y otras colectividades se hallan confrontadas a la presencia de trabajadores, especialistas de relaciones comunitarias, gerentes de operaciones y otros funcionarios de empresas mineras, además de diversos agentes del Estado, desde funcionarios del Gobierno central hasta autoridades locales y regionales, todos ellos imbricados complejamente en procesos que los afectan y ante los que toman posición.
Las lógicas de estos conflictos son muy difíciles de descifrar, y sus dinámicas, poco predecibles. Esta situación es un reto para todos los actores involucrados: representantes del Estado, de la sociedad civil, del empresariado y de la población en general. La inestabilidad generada por estos conflictos plantea por cierto serios problemas de gobernabilidad y tiene consecuencias económicas y sociales que pueden mermar seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país.
¿Qué factores son determinantes en la gestación y la evolución de los conflictos mineros? Esta es una de las preguntas que orientan la presente investigación. De ella a su vez se desprenden otras que van desde las referidas a la definición de conflicto, las características de su desarrollo y las circunstancias en las que se producen, qué es lo que está en juego en ellos, hasta las relacionadas con sus posibilidades de gestión y resolución en ámbitos locales, nacionales y globales. Estas preguntas ciertamente no son nuevas. Por el contrario, existe una abundante literatura que aborda el problema de los conflictos, y en particular de los conflictos en torno a la implementación de operaciones en industrias extractivas y el uso de recursos no renovables, como son precisamente los conflictos mineros. Sin embargo, existían hasta la fecha muy pocos estudios comparativos, realizados en un mismo país, que permitiesen contrastar los conflictos y establecer un marco de lectura teórica a partir de casos muy concretos.
Una revisión acuciosa de dichos conflictos muestra una amplia y compleja gama de
situaciones y campos en disputa, entre los que se cuenta no sólo la propiedad y el uso de los recursos, sino también la distribución de los beneficios, la contaminación ambiental, diversas concepciones culturalmente determinadas del desarrollo y del futuro deseable, y el derecho de las poblaciones a decidir sobre su destino, entre otros temas.
Esta investigación pretende poner a prueba una serie de hipótesis por medio de la lectura cruzada de seis casos concretos, escogidos en virtud de su heterogeneidad y de su distribución geográfica. Una hipótesis central que recorre este trabajo radica en el hecho de que, de acuerdo con las más recientes teorías del conflicto, los conflictos mineros no pueden ser resueltos, sino tan sólo transformados. En otros términos, los conflictos mineros se desprenden de múltiples incompatibilidades entre sistemas de producción y modos de uso de los recursos naturales; entre diferentes concepciones del desarrollo deseable; entre necesidades y aspiraciones diferentes de sociedades locales, del Estado y de las empresas, e involucran muchos otros factores que, a diferencia de otros conflictos entre actores sociales y salvo algunas situaciones particulares, no permiten resoluciones del tipo “ganadorganador” (win-win). Por el contrario, exigen ser “transformados” cualitativamente, es decir, desplazados hacia otros escenarios políticos y sociales, con la finalidad de modificar las condiciones que los generan o que permitan gestionarlos para aplacarlos de manera durable.
Sin embargo, este nivel de análisis no exime de una reflexión más contextual, sobre la conformación, siempre situada, de “complejos conflictivos” –es decir, amalgamas donde se establecen relaciones de fuerza entre actores particulares– y sus dinámicas de evolución. Estas amalgamas obedecen a reglas relativamente invariables, que pueden ser enunciadas sobre la base de la descripción y análisis de casos.
La presente investigación también postula entonces que es posible, por medio de un estudio comparativo, establecer condiciones por las cuales se transita de una situación de conflicto de baja intensidad a conflictos donde la violencia se ejerce de modo directo y abierto. El análisis de este tránsito, la definición de los conflictos y su caracterización, y la presentación de dispositivos políticos y legales para su transformación han sido los objetivos esenciales de esta investigación. Para validar las hipótesis anteriormente señaladas, se concibió un dispositivo de investigación basado en la comparación de seis casos considerados emblemáticos: los casos de los proyectos mineros Tambogrande (Piura), Majaz (Piura), Yanacocha (Cajamarca), Antamina (Ancash), Tintaya (Cusco) y por último Las Bambas (Apurímac).
Como puede apreciarse, estos casos presentan similitudes: se trata, en efecto, de proyectos mineros de gran envergadura y con capitales transnacionales, cuya puesta en marcha ha generado, o genera en la actualidad, conflictos importantes que llegan a los medios de prensa nacionales e incluso internacionales. Sin embargo, las disimilitudes entre estos casos también son importantes. El nivel de desarrollo del proyecto minero difiere (exploración o explotación, proyecto interrumpido, etc.), el tipo de contexto social y territorial también (región agroexportadora, cuenca lechera, pastoreo extensivo de altura, producción agrícola de autosubsistencia, etc.). Todas estas diferencias autorizan, a partir del elemento común de la explotación de recursos metalúrgicos, una comparación fecunda, desde un punto de vista tanto teórico como aplicado.
La investigación fue un trabajo colectivo en varios sentidos. En primer lugar, reunía a tres instituciones en diferentes regiones –el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en Lima, el Centro Bartolomé de Las Casas (CBC) en Cusco y el Centro para la Promoción e Investigación del Campesinado (CIPCA) en Piura–, cuya propuesta fue ganadora del concurso de investigación ADRI-IDRC 2005 del Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES). En segundo lugar, congregaba a diferentes disciplinas académicas, entre la antropología, la sociología, la economía y la ciencia política. En tercer lugar, y probablemente más importante, agrupaba a seis individuos con distintas preferencias en su enfoque académico, lo cual ha generado un clima de discusiones particularmente denso –a veces también tenso– en el interior del grupo.
Evitar eclecticismos y llegar a conclusiones coherentes con el rational choice al lado del neofuncionalismo o del postestructuralismo significaba que cada miembro del equipo se viera obligado a abandonar su posición “dura” y aceptar compromisos en la parte teórica-explicativa, lo cual, después de todo, se logró sin mayores problemas en vista de que hubo acuerdo en relación con las conclusiones y sugerencias que presentamos en el tercer capítulo. Obviamente teníamos que repartir las tareas. En la parte etnográfica, cada uno asumió un caso. Las diferentes partes del capítulo II fueron redactadas –por separado, pero en intercambio con los demás autores– por Martín Tanaka, Alejandro Diez y Ludwig Huber, y el capítulo III estaba a cargo de Bruno Revesz, José De Echave y Xavier Ricard. En diferentes momentos del estudio contábamos además con la ayuda de Clotilde Gouley, Carlos Meléndez, Valeria Biffi, Juan Carlos Guerrero, Roxana Barrantes y Juan José Miranda. No pudimos evitar que se notara esta “multiautoría” en la redacción del texto, pues por razones de tiempo (y de costos) no logramos siempre homogeneizar los estilos. Sin embargo, es eso: un problema de redacción, para el cual pedimos las disculpas del lector, pero que no afecta el acuerdo común en el análisis y en las propuestas.
Las herramientas metodológicas empleadas fueron varias. En primer lugar, se desarrollaron análisis comprehensivos de cada uno de los casos, consistentes en una revisión bibliográfica, consulta de referencias mediáticas y trabajo de campo, que incluyó en algunos casos la participación en procesos y acciones vinculadas a los conflictos. Para cada caso se elaboraron “líneas de tiempo” y “mapas de actores”, que permitieron más adelante la descripción ordenada y la comparación de los casos. Una vez generado este marco, se abordó el análisis comparado y a profundidad de la información, con la finalidad de abstraer elementos comunes y similitudes, contrastes y diferencias entre los casos. Se trataba de describir y analizar sujetos sociales en su relación con la actividad minera, en sus múltiples dimensiones y desarrollos. Finalmente, se realizó un análisis de los marcos legales y de procedimientos por los que transitan la regulación de la inversión minera y la participación ciudadana en el país, comparándolas con situaciones semejantes en otros países, con la finalidad de formular algunas líneas generales sobre alternativas para la transformación de los conflictos.