Es fácil encontrar escritos de consultores en temas de gestión que, con gran estilo, hablan de las virtudes de la innovación, de la necesidad de su aplicación en la gestión pública, de las posibilidades de su aplicación en un corto plazo. ¿Cuantos de ellos han tenido verdaderos cargos de dirección y gestión pública, y verdaderamente han aplicado lo que pregonan?
La RAE define la palabra “innovación” como:
“Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”.
En ese sentido, la OCDE, en el año 2009, precisaba al respecto:
“Aplicación de una nueva o significativa mejora de un producto (bien o servicio) o proceso, un nuevo método de comercialización, o un nuevo método de organización en las prácticas de negocio, lugar de trabajo o en las relaciones externas”
Y el Cabinet Office Británico, allá por el año 2005 precisaba para el sector público:
“La eficacia del gobierno y de los servicios públicos dependen del éxito de la innovación para desarrollar mejores modos de responder las necesidades, de resolver los problemas y de usar bien los recursos y las tecnologías. La innovación se considera a veces un lujo prescindible o una carga adicional. Debe ser considerado como una actividad básica”[1].
En las organizaciones públicas, peruanas o no, la innovación es un accionar no muy frecuente.
Y es que, las organizaciones públicas peruanas nos hemos acostumbrado a cumplir formalmente “la misión” que estableció la ley de creación, en estricta aplicación del principio de legalidad. En base a este principio de legalidad, el funcionario será evaluado por la CGR o el OCI, por lo que sí es importante seguir cumpliendo con “la misión” legalmente vigente. Y así no hay motivación, ni incentivo, ni margen de espacio para gestionar, aplicando criterios discrecionales en búsqueda de eficacia, eficiencia y economía (las famosas 3E), ni hay motivación, ni incentivo, ni margen de espacio para proceder a evaluar si las instituciones responden realmente a las necesidades ciudadanas o sociales vigentes.
Pero además de una explicación anterior, creemos que no hay innovación en las organizaciones públicas, porque no está en nuestro ADN como ciudadanos, porque vivimos una crisis institucionalizada[2] y del modelo de sociedad que queremos[3], ya que:
.- Hay desapego de la política y en forma de hacer política. Los ciudadanos buscan outsiders que respondan las nuevas exigencias sociales, nuevas formas de para articular lo publico y lo privado, y apuestan por candidaturas desconocidas etc.
.- No hay un liderazgo público evidente, porque no tenemos lideres, autoridades, o políticos representativos del sentir y la necesidad ciudadana.
.- Los ciudadanos no participan en el desarrollo de la comunidad, del bien público. Los ciudadanos dejan espacios que son copados por quienes se auto titulan legítimos representantes de la “sociedad civil”, pero que siguen una estrategia política o ideológica.
.- Vivimos tiempos en que se difumina la frontera tradicional entre lo público y lo privado. Los lideres, los técnicos ni los ciudadanos pueden decir con claridad y precisión “esto es X o eso es Y, “Esto lo hace el gobierno, eso la empresa”.
.- La ciudadanía ya no quiere esperar, ni al Estado, ni a la empresa privada: le importa superar sus necesidades básicas, aunque para ello deba tomar carretera, hacer bloqueos, paros, huelgas indefinidas, y disfrazarlas de “democracia participativa” para ocultar la comisión de delitos, como es tomar rehenes para presionar “negociaciones” con el Gobierno Central.
.- No hay políticas públicas ni centros de capacitación innovadoras para los funcionarios públicos para sensibilizarlos y promover, seriamente, iniciativas público-privado, obras por impuestos, etc. Ya no es solo utilizar lo que se genera en lo público o en lo privado: es co-generar, co-producir, co-participar, co-laborar público-privado.
Creo que hay practicas de trabajo rutinarias, aburridas, para atender los problemas cotidianos y recurrentes, y que dejan a los directivos públicos un escaso margen de autonomía o maniobra, para atender los problemas estratégicos de las organizaciones. Pese a lo anterior, no veo necesario hablar de “la nueva gestión pública” o de otro modelo de gestión en torno a procesos flexibles, gestión de resultados, o creación de valor, para hablar de innovación en el sector público.
A raíz de la experiencia de 15 años de trabajo en el sector público, soy firme creyente en el dicho “Más hace el que quiere, que el que puede”. Así, creo firmemente que, los funcionarios públicos podemos –desde nuestras funciones- establecer los mecanismos de gestión adecuados para responder, de modo inmediato, al constante desarrollo y cambio social, y así responder con calidad y efectividad a las nuevas demandas de la sociedad.
Reitero y aclaro: Creo que nosotros, los funcionarios públicos, podemos innovar, desde nuestras funciones, con el marco legal y funcional existente; creo que no necesitamos establecer una estructura organizacional nueva, ni realizar transformaciones radicales sobre el proceso y el resultado, como recomiendan algunos consultores.
Creo entonces, que innovación en el sector público puede verse como el desarrollo y producción de ideas y prácticas, de productos y procesos cotidianos, que sean novedosos, útiles, efectivos, que se desarrollan en el ámbito de la gestión pública, para:
.- La consecución o mejora de políticas públicas que satisfagan mejor las necesidades y demandas sociales con deseabilidad política aceptada, consensuada.
.- La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, con el objetivo de mantener la cohesión social (y preservar y mejorar nuestra democracia).
.- El logro o mejora de unos servicios públicos de mayor calidad, y con una orientación de servicio a la ciudadanía y a las empresas, generando así mayor valor social,
.- Satisfacer los problemas, necesidades y demandas de/con los ciudadanos, de/con la sociedad, promoviendo así cambios sociales cumpliendo así un servicio público transparente, participativo y colaborativo orientado al bien común, a los intereses generales.
.- La mejora de la asignación y la utilización eficaz y eficiente de los recursos públicos en generar mayores cuotas de bienestar, de calidad de vida de las personas y grupos sociales reconocidos como legítimos destinatarios.
.- Generar una administración publica donde haya participación de todos los agentes, para planificar la estrategia (esta es definida, consensuada y comunicada), la que se adapta a la dinámica social vigente, y se evalúan los resultados y los impactos, y –de ser el caso- también se comparten los riesgos y las recompensas que genere una innovación exitosa.
Todo ello, necesariamente, supone una mejora de las condiciones preexistentes a la actuación cotidiana de la administración y una mejora en las relaciones Estado-ciudadano.
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[1] http://ictlogy.net/lo/eadministracion/?cat=522
[2] La crisis se aprecia cuando el mismo Despacho de la Presidencia de la República, puede ser infiltrado fácilmente por personajes siniestros y corruptos, que logran designaciones especiales como asesores presidenciales.
[3] Algo falla sí l 72% de los peruanos son tolerantes a la corrupción, sí el mayor problema es la inseguridad ciudadana.