Hace poco una atinada obra pública, con dinero de todos, acabó con el cuello de botella que en San Isidro tenía la Costa Verde, vía de paseo y circulación rápida aunque no autopista como algunos pilotos creen. Pero apareció otro cuello de botella, en Miraflores, a la altura del club Terrazas que por inaudita autorización municipal tiene una puerta que permite a sus socios cruzar la vía que en ese tramo sólo tiene dos carriles y carece de espacio para veredas. En otras partes de la Costa Verde han hecho puentes peatonales “para cruzar por arriba” pero como este club ha privatizado terrenos que suelen ser públicos un puente tendría que hacerse en su propiedad. ¡No faltaba más! Les pusieron cuatro rompe muelles para seguridad de ciudadanos que violan reglas elementales de esta vía y generan colas interminables que todos soportamos.

Me consta que todo esto es anterior al actual Alcalde, persona en quien confío. Pero todo avanza, ahora el club contrata a un vigilante, le da un cartel que dice ALTO O PARE y éste abre la puerta y detiene el tránsito cuando un socio o socia quiere cruzar. Hoy tuve un incidente, venía a mi casa a almorzar y con poco tiempo para regresar a la Universidad, traía del nido a mi nieto de tres años que clamaba, con sueño, por un baño. Me esperaba la cola de la bajada Balta y esta cola del Terrazas ya era larga y ese vigilante nos paró. No manejaba pero le grité ¿Quién le dio esa autoridad que sólo tiene la Policía? De inmediato el socio a quien el vigilante protegía, sintiéndose sobre el interés público y los demás ciudadanos, actuó como los prebendados de antes, vino a mi ventana a amenazarme con gestos matonescos y palabras que todos vieron y escucharon.

¿Es esta la ciudad que queremos?
Circular por una vía que pagamos todos es interés público y la autoridad municipal lo ha subordinado al interés privado de este club y sus socios, que me consta que no son tan prepotentes, ignorantes y mal educados como el que me agredió. ¿Entenderán las autoridades que esta situación genera violencia?

Terminaré con un ejemplo que varios socios de ese club podrían aplaudir. Voy a nadar diariamente a las 8 am a la piscina de Ismael Merino. Manejaba por Benavides en el carril central, acercándome al zanjón. A mi derecha, un micro tomaba pasajeros, a la izquierda, me sobrepasó otro micro que competía con el de la derecha. Segundo después, bajó un muchacho que se paró delante de mi carro para obligarme a parar y hacer venir a los pasajeros por el centro de la pista. Perdí la luz verde y mi derecho fue conculcado por esta tierra de nadie en que se han convertido las pistas de Lima. ¿Entenderán que ningún interés privado se puede imponer al interés público? ¿Lo harán al menos en este tipo de asuntos que están obligando a todos a buscar matones o guachimanes para defenderse?
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Esta pregunta, que se hacen muchos en estos días, tiene un trasfondo que se explica analizando nuestra sociedad y la historia reciente. El fujimorato nos dejó una sociedad aún más desigual que antes, que comenzó a crecer y se estancó pronto pero que tenía una estructura de poder anclada en una sólida minoría que entremezcla poder económico local y globalizado excluyendo a las mayorías y a amplios sectores medios que sólo pueden aspirar a que los poderosos quieran compartir. Pero en las elecciones pasa lo contrario, los poderosos se convierten en minoría por un instante, es el momento del miedo. Tras los resultados electorales el gobernante sabe que es elegido democráticamente por las mayorías pero que el poder de esa minoría es grande y chantajea. Dice públicamente que “no confía” en los ministros y altos cargos que ponga el Presidente que elegimos, hasta que ponga en altos cargos a los que sirven primero a sus intereses, para que el interés público se subordine al interés privado.

Todo estadista tiene que saber que el poder es así, le guste o no y tiene que medir y calcular hasta dónde puede ir. ¿Lo habrá hecho bien Humala? No lo sé, pero sé que García se echó a la derecha y se convirtió en el autor de una política excluyente que blandía la imagen del perro del hortelano y calificaba a los selváticos como ciudadanos de segunda. Sé que a Toledo le hicieron tal guerra para bajárselo que terminó confiando en Kuczynski –y ya ven cómo le pagó- y que Fujimori, cínico desde la partida, cambió el discurso antes de jurar y entregó las riendas de la economía y el ajuste estructural directamente a los administradores de los órganos multilaterales poniendo ministros títeres que sólo ejecutaban esas órdenes y no expresaban ni a los empresarios nacionales. Por eso nuestro caso es clasificado como “el ajuste neoliberal extremo” que aquí destruyó la capacidad estatal de prever el futuro (planeación, planeamiento estratégico que cada empresa sí hace) de formular y aplicar políticas públicas, instrumento vital en democracia y no sólo privatizó empresas, las vendió a precio de huevo y sin hacer espacio a los capitales nacionales para no tener que negociar con ellos. La comparación es posible y hay que hacerla. Pero los poderosos locales deben entender que el crecimiento y las oportunidades sólo les llegaron en democracia y que no desarrollarán ni serán ciudadanos del mundo si no lo se afincan acá con el reconocimiento de los millones que no tenemos poder económico.

Humala parece haber negociado con buenos réditos en el impuesto a las mineras y en el lote 88 del gas. Pero no es suficiente. Su promesa de enfrentar la exclusión requiere ingentes recursos e inversiones que se materialicen “socialmente”. Si se hace bien esa ampliación de la economía a los excluidos, surgirán ciudadanos que reclamarán trato de tales y por tanto las minorías poderosas tendrán que entender que es necesario “compartir” para seguir creciendo, como entendió la burguesía europea tras Hitler, Musolini y el miedo a Stalin. Por eso crearon el Estado de Bienestar y aquí no podrá hacerse igual porque es otro tiempo y otros retos, pero o aprendemos a compartir y a dialogar o la democracia podrá desaparecer. Ya en la campaña vimos que los medios de comunicación presionaron y no ganaron, que los empresarios se estrellaron con los resultados. La evaluación del presidente tendrá que ser en base a resultados y lamentablemente unas sol de cal y otras de arena ¿cómo podemos hablar de inclusión en un país donde el Estado invierte 20,000 dólares por Ha. en Olmos y lo vende a menos de 5,000 en términos tales que sólo acceda un gran empresario como el dueño de Gloria? ¿Así se usan los impuestos que todos pagamos? ¿Es sólo que no entendieron la historia y hacen hoy otra “Casagrande”?

Así como los poderosos chantajean al Presidente los pueblos pobres hacen lo mismo, en movilizaciones y paros que enfrentan el otro chantaje. Algunos intelectuales creen que, llenándolos de calificativos, los pueblos y sus dirigentes perderán, puede ser, pero saldrán otros y otros intelectuales desnudarán la mentira institucionalizada y las tretas de los que chantajean. ¿A dónde vamos así? Tenemos una historia llena de fracasos y la mejor prueba está en las cifras de calidad de educación y atención a los niños. ¿Crecemos pero los estudiantes no conocen ni tienen herramientas para hacerlo? ¿Crecemos paro hasta en Lima la desnutrición subsiste? ¿Tenemos años de crecimiento pero una madre pobre y abandonada envenena a sus tres hijos y se suicida en Carabayllo y seguimos como si nada pasara?

Si reflexionaran los poderosos sobre porqué sólo tras el fujimorato y no por él crecen económicamente, y entendieran lo que a ellos y a todos nos cuesta el mal manejo de su poder en Conga, quizás comenzarían a entender que no hay gobierno democrático ni desarrollo posible sin negociar, sumando y poniendo intereses comunes por encima, es decir construyendo hegemonía, algo que no funciona por simple suma de chantajes.
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No acaba de cerrarse el escándalo de Antauro Humala y aparece otro: una fiscal que, en solo quince días, estudia y analiza un expediente de más de un millón de páginas y sepulta la más grande investigación por lavado de dinero del narcotráfico, caso Sánchez Paredes. El escándalo aparece cuando esta medida desconcertante lleva a presuponer presión política y esta se vincula a los abogados Roy Freyre y su hijo, Roy Gates, Asesor del Presidente Humala, ambos con probadas relaciones profesionales con el investigado. (Caretas 2226)

Algunos dirán que el escándalo mediático siempre tiene mala fe para con el Presidente. El oficialismo desmentirá cualquier vinculación con este caso, pero habrá que recordar el viejo dicho sobre la importancia de las apariencias en política: la mujer del César no sólo tiene que ser honesta sino parecerlo. Nadie duda solo porque quiere. No hay transparencia cuando funcionarios intermedios dejan de lado su autonomía y aceptan presiones o favores. Una vieja frase limeña recuerda que, cuando algo es inexplicable, suele ocurrir que detrás hay un acto corrupto ¿No hay mecanismos en el propio ministerio público para que una decisión así, que enloda la institución, sea corregida? Si no se hace, tendremos que repetir, como se repetía en el gobierno anterior, “sólo el escándalo salvará al Perú”, pero nos hace daño esta persistencia en el error.

¿Será el tercer gran escándalo tras el caso Antauro y el caso Chehade? ¿Solo intervendrá el Presidente cuando vuelva a bajar su popularidad? Tiene que corregir, porque, lamentablemente, ahora solo se le creerá si demuestra que el gobierno promueve pública y directamente que el juicio oral se inicie, sea a través de los procuradores o del canal que sea. Claro que no queremos que interfiera en los órganos autónomos de la justicia, pero lo que todos sospechamos es que la interferencia se hace presionando y ofreciendo lo que sea, por lo bajo, a magistrados impresentables como la fiscal archivadora.
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El fin de una época no se produce en un día, pero a veces se sintetiza en un hecho contundente. El proceso fue largo y lo analicé en mi libro Los años de la langosta editado en 1994: sociedad y política cambiaron en medio de una larga crisis económica que se explicita desde 1975. Sendero Luminoso destruyó importantes movimientos sociales que tras la ola de paros nacionales de fines de los 70 se encauzaron tras la apertura democrática en muchas formas participativas, presencia municipal además de sindical y asociativa. La crisis económica que terminó en hiperinflación destruyó empresa, empleo y obviamente poder sindical. Tras el triunfo de Fujimori en 1990 presento allí el autogolpe como “crónica de una muerte anunciada” describiendo los hechos que mostraban ese curso político. (1)

El autogolpe de un civil elegido por el pueblo nos hace recordar a Leguía que en 1919 hizo lo mismo para hacerse de todo el poder y gobernar autocráticamente once años (2). No es un golpe militar, la cúpula castrense ha sido previamente removida para colocar no sólo oficiales carentes de liderazgo sino asegurar que le debieran el puesto sólo a Fujimori y lo obedecieran más allá de la Constitución. Los hilos los movía Montesinos y sus manos se notaban en la escena política antes del 5 de abril.

Este, como todo golpe, destruye lo avanzado en democracia, siempre en forma precaria porque el poder militar sirve de amenaza cuando no gobierna y destruye actores e instituciones cuando lo hace. Pero esta autocracia ejerce un liderazgo conquistado con su capacidad de poner orden frente a dos miedos que vienen de fines de los 80: la hiperinflación y el terrorismo, capaces –cualquiera de las dos- de minar la raíz de un Estado. Esta autocracia se afirma en el liderazgo autoritario de Fujimori así construido, reorientando los miedos en otra dirección, destruye democracia y participación política implantando un liderazgo individual, caudillista y autoritario que cuaja en el largo plazo y hasta hoy muestra cómo ha penetrado en la manera de hacer política de muchos actores, alcaldes, dirigentes regionales y sociales incluidos. No sólo se apoya sino se reinventa el clientelismo y el prebendalismo que siempre han estado presentes en la política criolla.

Muchas mentiras asentaron este proyecto. La primera fue que el Parlamento torpedeaba al Ejecutivo aunque toda la reforma económica se hizo dentro de la delegación de facultades que dio el Congreso 90-92 donde los parlamentarios elegidos por el FREDEMO y por Cambio 90 eran mayoría y tenían la misma posición en esta materia y tras la delegación de facultades no observaron ni revocaron los decretos. En materia de defensa y seguridad hubo observaciones en defensa de la Constitución que luego se comprobó tenían razón, pero no convierten en obstruccionista a ese Parlamento. La otra mentira, repetida hasta el cansancio, fue que Fujimori derrotó a Guzmán y el terrorismo. Este gobierno apostó por la salida militar, como los dos anteriores aunque se benefició de la evaluación que de su experiencia ya tenía el Comando Conjunto. El Presidente García, que tantas barbaridades hizo, tuvo sin embargo decisiones con mayor visión que crearon en la Policía Nacional, recién unificada, el GEIN. No fue el general victorioso (el militar que está en San Jorge por ratero) quien capturó a Guzmán junto con 2/3 del estado mayor senderista. Fue el general de la policía, Antonio Ketín Vidal apoyándose en el trabajo del GEIN, grupo que todavía en el gobierno de García, junio de 1990, encontró el hilo que condujo hasta Guzmán a través del seguimiento paciente del aparato logístico de Sendero Luminoso comenzado al tomar la Academia preuniversitaria Vallejo. La noticia tuvo primeras planas en El País de España. Cuando tras dos años de paciente seguimiento capturaron a Guzmán, Fujimori descansaba en la Selva con uno de sus hijos y sus ministros del Interior y Defensa no lo sabían. El general Vidal se negó a entregar al prisionero al coronel del ejército que se lo exigió. Luego le dieron “una patada hacia arriba” ascendiéndolo pero sacándolo de la DIRCOTE.

Como se ve no sólo fue la mentira del bacalao en su campaña o los cambios frente al flagelo del poder transnacional para implantar el famoso “consenso de Washington” en su versión más radical. Siempre la mentira es el punto de partida de la corrupción y aquí se extendió como un virus imparable. En “ La Autocracia Fujimorista” analizo este golpe y caracterizo el régimen político mostrando cómo se deformaron las instituciones políticas para que opere el poder omnímodo del autócrata y su socio siamés Montesinos, núcleo en torno al cual giran como círculos concéntricos actores militares y civiles que Francisco Durand presenta como Mafias amarilla, verde y blanca. (3)

En esta mirada, 20 años después, quiero centrarme en dos dimensiones para ver lo hecho y lo que perdura pero la economía y la política son inseparables y por eso no acepto que sea suficiente hablar de Estado neoliberal para caracterizar el cambio ocurrido sino para ver su continuidad tras la transición democrática. El liberalismo es inconcebible sólo en la economía y varias experiencias neoliberales –como la de Pinochet y Fujimori- tienen que ser vistas como “neoconservadurismo” porque son los conservadores de antes y ahora los que priorizan el autoritarismo sobre el ejercicio de las libertades políticas que obviamente no existen sólo en el momento electoral. Pero el carácter mafioso del Fujimorismo enmarca otro elemento distintivo, no es sólo corrupción sino el uso de ésta y su lógica de chantaje sistemático para lograr la subordinación política, como lo demuestran ampliamente los vladivideos.

La reforma económica se hizo contra lo que sentía y reclamaba la mayoría de los peruanos que votó por Fujimori aunque después le diera apoyo pasivo cuando puso orden. Pero objetivamente se hizo contra sus intereses y eso se mide en la enorme cantidad de empleo con derechos que se acabó y fue reemplazado por informalidad y por empleo sin derechos. Se agudizó la desigualdad y la pobreza que Alan García elevó casi hasta el 50% superó esa valla y se instaló allí hasta finales del fujimorismo. El shock se hizo “sin anestesia” y el pragmatismo implicó, por ejemplo, que un buen proyecto del Banco Mundial –FONCODES- diseñado para ser masivo y darle salida no sólo asistencial a la extrema pobreza rural y urbana levantando capacidades y pequeñas obras, no tuviera financiamiento presupuestal cuando dejó el gobierno de temer la protesta popular masiva, imposible cuando se ha destruido el tejido social.

Los empresarios peruanos también perdieron, subordinados a la dirección extranjera y forzados a caminar en un callejón estrecho y con márgenes limitados por el cual han transitado, muchos con éxito, pero muy lentamente. Nadie que estudie la función de Boloña o Camet los puede ver dirigiendo ni el ajuste ni la política económica: lo que Fujimori hizo fue entregar la conducción económica a los conductores del consenso del Washington en la famosa trilogía (FMI, BM, BID). Efraín Gonzáles de Olarte tiene un libro contundente que analiza el momento del ajuste y cómo se destruyó lo que existía con apuro tal que se parecían a los ladrones que entran en casa a robar y actuaban así antes que los pillen. Hace un análisis comparado de los ajustes en América Latina que ubica al Perú como “ajuste neoliberal extremo” que no se da en la mayoría de países latinoamericanos. Pinochet, por ejemplo, no privatizó CODELCO y mantuvo la capacidad estatal de planificar y definir políticas públicas, no la destruyó. El estudio muestra cómo se destruyó la capacidad estatal de producir políticas públicas (4). No sólo se vendieron a precio de huevo las empresas públicas sino se extranjerizó la privatización y los empresarios peruanos fueron, más que socios, gestores complementarios. Desde allí se tuvieron que hacerse espacio.

El consenso de Washigton no puede ser rechazado en su totalidad: pero no es un consenso político sino las conclusiones de un seminario de académicos y tecnócratas. Combatir la inflación, un manejo macroeconómico sano y los cambios que adaptan la economía a las nuevas tecnologías y la revolución mediática, eran necesarios y no los planteó el fujimorismo. Pero ese poder fue usado desde el entorno transnacional para imponer su poder y aquí no tuvo que negociar con un empresariado en capacidad de hacerlo ni con un gobierno que se comprometiera en algo con éste y con las mayorías. Fue la imposición casi mecánica que se muestra ya en la historia y que nos deja una correlación de fuerzas que sobrepesa el poder de una minoría y si no cambia algo de la mentalidad será origen de muchísimo conflicto social y político. La percepción de que todos somos ciudadanos “de segunda” ha ido cambiando en el empresariado que en democracia ha conseguido mejores oportunidades pero muchísimos peruanos, inconcluso con muchas capacidades, somos ciudadanos de segunda, no sólo porque se nos cierran las puertas sino porque con lo que pagamos en impuestos se subsidia a los grandes propietarios. Vean por ejemplo cómo en Olmos se gastó 20,000 dólares por Ha irrigada con nuestro dinero y se vende a menos de 5,000 por Ha y de tal manera que sólo pueda adquirirla la gran empresa y la fórmula ideada para que una partecita pueda licitarse de modo que dé oportunidades a pequeños y medianos agricultores no sale. (Caretas 2224)

El Estado destruido no se repone en sus capacidades. El superpoder del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impide el desarrollo de políticas públicas democráticas salvo que se limite a lo que su gran esfera de poder le otorga. El sistema de planificación, destruido por Fujimori en vez de democratizarlo, no funciona porque el MEF lo impide. Se opuso sistemáticamente a la creación del CEPLAN durante el gobierno de Toledo y lo sacamos los parlamentarios por terquedad. ¿Existe alguna gran empresa que no haga planeamiento estratégico? No pero no es lo mismo planificar un Estado democrático que si sus políticas no articulan intereses de las partes se hunde en inacabables conflictos sociales, que hacerlo en el sector privado. Pero para el MEF y mucha prensa sólo existe el interés privado por delante, sólo es técnico el que proviene de ese sector y antepone esos intereses. Por eso ante problemas como los de Conga o Bagua ven los hechos como producto de actividades subversivas sin entenderlos, es que están excluyendo a pueblos diversos y a ciudadanos de carne y hueso.

Pero es todo el Estado el que está destruido. El núcleo de un Estado democrático es la planificación y el trazado de políticas públicas democráticamente, articulando intereses y necesidades diversas y contradictorias. Los ministros no tienen objetivos y políticas claras y los alcaldes y gobernantes regionales tampoco, aunque hay excepciones. Antes de pensar cuál es el problema, qué hay que hacer y dónde, nos alcanzan una lista de empresas que quieren asociarse en inversión público-privada y esperan que ellas haga los estudios de factibilidad que muchas veces le hacen pagar al Estado el riesgo que corresponde al inversionista y algunos lo hacen destruyendo o cambiando la obra que se acaba de hacer. Es la herencia de un largo tiempo sin políticas sectoriales y con ministerios “de adorno”, salvo el MEF. La transición en el gobierno de Toledo inició la reforma del estado con la descentralización y dio capacidad de planificar su territorio a gobiernos regionales y locales, algo que el MEF no impidió también por terquedad parlamentaria pero le niega recursos y sustento institucional. Tras lograr la ley el MEF con el gobierno de García sólo le dio recursos comparables a una ONG y la política del MEF sigue imponiéndose hoy para que defienda un modelo que ni en el planeamiento deja de priorizar casi a ciegas el interés privado. ¿Se entenderá alguna vez que este es legítimo sólo si respeta el interés público, por ejemplo?

La transición democrática iniciada por el gobierno de Valentín Paniagua y que incluye parte importante del gobierno de Toledo, acabó con la autocracia como régimen político y reconstruyó las instituciones políticas democráticas. No tenía poder para más no sólo por los actores políticos involucrados. Fue un logro hacerlo no por otro golpe –que suele continuar la autocracia de otra manera- sino dentro del ordenamiento constitucional cambiado a duras penas por la incapacidad de mantener el consenso en la reforma constitucional. El comportamiento de los actores es, por lo menos poco democrático después de una larga autocracia y cualquier evaluación de cómo se confrontaba tras el primer gobierno de transición lo muestra. En el Congreso dimos el ejemplo con dos Mesas Directivas concertadas y la primera parte de la reforma constitucional –reforma casi unánime- pero intereses partidarios cortoplacistas lo derribaron. Aún así se desmontó mucho de las normas que deformaban las instituciones políticas, se dio la ley de transparencia y acceso a la información pública, que corrige la cultura del secreto tan impregnada en el Estado y la ley de partidos políticos y debieran volverse a leer los informes de las comisiones investigadoras y destacar lo que no se logró judicializar. Antes el gobierno de Paniagua, además de su ejemplo de sobriedad y rectitud, metió en la cárcel a corruptos de alto vuelo (civiles y militares) como nunca antes ocurrió y se inició un proceso que a pesar de desvíos posteriores terminó poniendo entre rejas a otros más y le tocó luego el turno al autócrata por delitos que el mundo, no sólo el Perú ha reconocido y tras un juicio impecable para cualquier estándar internacional.

El autócrata violó derechos humanos pero no doblegó a aquella parte de la sociedad que los defendió desde la sociedad civil a partir de la década de los 80, luchando contra viento y marea. El informe de la Comisión de la Verdad abrió los ojos al mundo aunque los que por rabo de paja ideológico o práctico, que aquí abundan en las altas esferas, no lo quieran ver y lo combatan con todo tipo de instrumentos. En democracia los métodos son otros, no se debe excluir ni a estos extremos y se debe deliberar. De la misma manera los caminos para enfrentar el poder del MEF y su exclusivismo en los intereses que prioriza no se enfrenta “con la pata en alto” ni a golpes y menos con violencia física o seudolegal. La libertad de acción política –esencial a todo gobierno representativo- incluye la deliberación, la protesta, encarar la mentira y graficar el conflicto de intereses. Obliga a priorizar los partidos y las instituciones de participación democrática. Pero muchos actores siguen anclados en el caudillismo, el individualismo y el prebendalismo, herencia de la autocracia. Alcaldes que sólo saben negociar prebendas con sus Concejos y que no concertan ni escuchan al ciudadano que se organiza para influir y ser atendido más allá de la prebenda individual. Ministros que actúan haciendo caso omiso de la ley y se meten en el ámbito de las autoridades territoriales simplemente aplicando la ley del más fuerte. Parlamentarios incapaces de distinguir entre el interés público y el interés privado, incluido el suyo, son parte de esta débil democracia que no se fortalecerá en poco tiempo y que requiere continuidades, valores, organización y coherencia. Si se lograra que avanzáramos por lo menos en la parte material de la inclusión social (vías, trenes, educación masiva de calidad, salud), si aseguráramos que la infancia vea desterrada la desnutrición y el abandono que limitará sus capacidades mañana, si la pregonada inclusión social no se limita a lo asistencial, necesaria pero insuficiente y enfatiza empleo juvenil e incremento de capacidades, avanzaríamos a mejores condiciones. Pero tras la autocracia es más lento y difícil construir un Estado democrático, partidos sólidos y un país para todos. El poder concentrado en tan pocas manos tendrá que ir viendo la necesidad de compartir, como lo entendió en la Europa de la segunda posguerra y la enorme crisis que vive hoy tendrá que hacerles comprender que sin Estado no hay sino una sucesión de crisis y que en ninguna parte es estabilidad lo que se alcanza excluyendo y golpeando sistemáticamente a las mayorías.

* La Asociación Civil Politai agradece a Henry Pease García (Director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP) por publicar su comentario en este medio. La Asociación no comparte necesariamente las opiniones del autor.

NOTAS

(1) Pease García, Henry. Los años de la Langosta. La escena política del fuijimorismo. IPADEL Lima 1994.

(2) Planas, Pedro. La República Autocrática. F.Ebert Lima 1994.

(3) Pease García, Henry “La autocracia fujimorista” Del Estado intervencionista al Estado mafioso” Fondo editorial de la PUCP y Fondo de Cultura Económica (FCE) Lima 2003

(4) Gonzales de Olarte, Efraín. Neoliberalismo a la peruana, economía política del ajuste estructural. IEP-Consorcio de investigación económica Lima 1998. Sigue leyendo →

Ayer fui al centro de Lima a dictar una conferencia en uno de los locales de la Municipalidad. Me indicaron que no podría detenerme y bajar en Emancipación, me propusieron bajara en la esquina de Lampa y Emancipación y cruzara por allí. Tengo problemas de locomoción, aunque nado 600 metros todas las mañanas, casi no puedo caminar y uso bastón, porque fácilmente pierdo el equilibrio. Se detuvo mi chofer y, en no más de minuto y medio, estaría en la vereda, pero un policía vociferó y pidió los papeles. Le dije que estaba incumpliendo la ley y me dijo que yo no manejaba y por lo tanto me callara. Insistí levantado la voz al nivel de la suya y cuando ya había un griterío se acercó una funcionaria municipal y le explicó quién era yo y a qué venía. El policía retrucó y dijo que sólo vino ha indicarnos dónde podía sobrepasar, lo que era falso.

El policía causó con su comportamiento demora en la cola de autos. El carro empezaba a detenerse y seguía su curso en minuto y medio, pero el incidente duró cuatro veces eso. La ley dice que a todo discapacitado(a) la autoridad le ayuda y le facilita las cosas, al igual que a un anciano(a) o madre gestante, pero a este policía y a muchos otros no les importa. Vio mi bastón en alto antes de venir a “sancionar” y le importó un pito. La ley -como en todo país civilizado- sólo hace estas excepciones, pero ante la funcionaria el policía aceptó dejar de molestar, porque aquí no se respeta la ley, salvo la ley del más fuerte. Una república democrática respeta por igual a todos los ciudadanos y ninguna autoridad les trata como nos trató este policía. No hay prebendados ni estamentos que pongan a nadie por encima del ciudadano, pero aquí un carro con letrero oficial y aún más si tiene escolta policial rompe todas las reglas, algo que se acepta por miedo o por sobonería. Los policías temen que los sancione quien tiene más poder y por eso actúan así, pero un discapacitado o un adulto mayor no tienen poder ni conocen las leyes. Por eso mismo están por gusto los estacionamientos para discapacitados, se estacionan jóvenes y hasta grandes camionetas a las que muchos discapacitados no pueden subir, en las narices de policías que dicen que ese no es su trabajo y a veces alegan que están al servicio de un Banco o de un centro comercial, pero están con uniforme de la policía nacional y dan la peor imagen de nuestra policía, sólo superada por los que coimean.

Ganaríamos mucho si los ciudadanos defendiéramos nuestros derechos (a gritos si es necesario). Como me especialicé en “remar a contracorriente”, grité a la gente que transitaba y vio el incidente, antes de cruzar Lampa: “ASÍ ACTUA NUESTRA POLICIA, DENUNCIÉMOSLA”.
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No hay estado en el mundo de hoy que no planifique y trace políticas públicas, si es un régimen político democrático tiene que hacerlo conciliando intereses contradictorios y por tanto con participación de la ciudadanía en el diseño. Si esto se hubiera hecho en Conga no habría ocurrido lo que ocurrió, pero con la política del perro del hortelano eso no era posible.

Muchos se enfrascan en el debate sobre si una obra debe hacerse por empresa pública o privada, pero ese no es el debate principal. Antes se deciden los objetivos, metas y caminos (políticas) de cada gran área temática y se tiene que definir qué se hace en cada lugar, para qué objetivos y cómo se relacionan. Eso es el planeamiento estratégico del desarrollo que antes llamábamos planificación y que tiene objetivos y metas cuantificadas y se evalúa desde allí.

Pero el fujimorismo, la fase autocrática y mafiosa del estado neoliberal, destruyó el anterior sistema de planificación reemplazándolo por nada. Costó Dios y su ayuda sacar adelante el CEPLAN por la influencia del MEF. Lo logramos por tercos al final del gobierno de Toledo. En el gobierno de García el MEF no dio más recursos que lo que una ONG podía tener y hoy el MEF lo descabeza diciendo que un profesional de las AFP hará más técnico su trabajo. Lo técnico se ha convertido en un fantasma que sólo merece ese calificativo cuando coincide con los intereses del sector privado y sabemos que estos intereses no siempre coinciden entre sí.

El Estado renuncia a su razón de ser, si no tiene equipos que tracen políticas públicas y el plan es la primera de ellas, articulando los intereses de todos –o no es democrática- la función estatal se ha privatizado. Aquí se habla mucho de si una obra o inversión la hace el sector público o privado pero eso no es lo esencial: qué se hace y cómo, dónde se hace lo tiene que decidir la ciudadanía a través de un gobierno nacional cuyos ministerios trazan con la ciudadanía las políticas públicas y éstas no pueden ser trazadas por el sector privado. Si conversamos con Ministros y Alcaldes no vemos que tengan claros los objetivos ni las políticas pero nos presentan una lista de empresas que quieren asociarse con el Estado, que terminan decidiendo lo que corresponde al plan y la política porque el gobierno carece de los instrumentos. ¿Por qué se escandalizan de lo ocurrido en Conga si el Estado ha sido privatizado en su función esencial y en lo que la vincula a la ciudadanía? Es que como se ve en el caso de Olmos (ver el colmo de los colmos) los peruanos que no somos empresa privada somos ciudadanos de segunda?

Escribo esto tras conocer que el gobierno sacó a Germán Alarco de la presidencia de CEPLAN. Me reuní con él y su equipo bien montado sobre el caballo pero sabiendo que los Ministerios actúan privatizados como aquí describo. Ningún estatismo y un énfasis indispensable en construir la información de base para no hacer poesía sino planes. Dicen que es más técnico su sucesor, no lo conozco pero sus antecedentes sólo vienen del sector privado –las AFP que para muchos ciudadanos han sido eficientes en sus ganancias más que en lo que recibimos los asegurados- y tendrá que vérselas con el interés público. No me preocupo por Alarco, que tiene cuerda para seguir peleando por lo que cree, sino por los ciudadanos porque el MEF gobierna e impone reglas de juego que no votamos. ¿Qué pensará Humala? no lo sabemos, pero sólo él será el responsable político.
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El Presidente Humala debe declarar más
La entrevista que dió el Presidente Humala al programa PANORAMA del canal 5, debiera convencerlo de repetir eventos similares por lo menos cada mes. Le salió bien y eso es indispensable porque en nuestra sociedad el chisme personalizado reemplaza a diario al análisis político y se alimenta de los silencios prolongados.

Deslinde con y sobre Antauro y la familia
En mi opinión lo dicho por el Presidente es tajante y suficiente.No es justo pedirle más a un Presidente. Sólo hay que exigir al ministro de justicia y al INPE que demuestren que en los penales todos son iguales y manda la ley y no la corrupción o el favoritismo político. Eso vale para Fujimori tanto como para Antauro Humala. Pero, además, desde un centro de reclusión ningún sentenciado puede tener acceso a celulares, internet o drogas, alcohol etc Eso se impide con un bloqueo total. ¿No se sabe acaso que hay presos que desde allí han ordenado asesinatos de sus rivales y otras personas? Sólo hay que garantizar que la ley se cumpla y expulsar a los
corruptos. Pero la sobonería al “jefe” que advertimos en tantas declaraciones del oficialismo es también un camino de corrupción y lo ha desautorizado el Presidente. A ponerse las pilas pues y no justificar lo injustificable.

Los derechos políticos de Nadine Heredia
También me ha gustado la explicación sobre el rol de Nadine, sobretodo cuando defendió que en la pareja es fundamental un proyecto común. Me recordó a mi Mary que siempre me decía “Amar es mirar juntos en una misma dirección”. La periodista quedó mal al repetir la idea inaceptable de
“las mujeres a su casa” y ésto me obliga a recordar que Nadine es una ciudadana con todos sus derechos políticos, tiene derecho a hacer política, a pensar con su propia cabeza y desde allí opinar y criticar. La mogigatería chismosa que invade a muchos políticos y periodistas critica a esta mujer por “hacer política”, lo que es su derecho. Las funciones oficiales protocolares no se mezclan con la función pública, que sólo tiene el funcionario elegido o nombrado y nadie ha mostrado acto administrativo o político de este tipo.Se critica por prejuicio o por conveniencia pero su derecho a hablar, opinar,reunirse para sincronizar acciones, oponerse o apoyar lo que quiera e incluso presionar o protestar lo tiene Nadine como yo o cualquier ciudadano. Es la libertad de acción política, principio fundamental en todo régimen representativo, desde antes de las democracias de hoy y la prensa debería recordar que es el sustento de la libertad de prensa.
Siempre he dicho que Nadine Heredia me simpatiza más que su esposo. Es natural que así sea, pero ahora tengo que decir que el Presidente respondió bien, sin la mogigatería machista ni las taras de la chismografía que predomina en la política nacional. Sigue leyendo →

No podemos celebrar los 95 años de nuestra Universidad en medio de la ofensiva política más feroz que ha vivido entidad educativa alguna en este siglo y gran parte del anterior. No es sólo el Cardenal Cipriani y su séquito, es todo el mundo ultraconservador y más de algún seudo liberal, de esos que anteponen el autoritarismo al ejercicio de la libertad y se atreven a amenazarnos con reglas de una Iglesia que desconocen y de una religión que no practican.

Se ha desplazado el debate de los juicios por una herencia que no es ni mucho menos el mejor capital de la Universidad, a la pretensión de estos ultraconservadores de que obedezcamos a pie juntillas una regla que no existe en el documento papal sobre Universidades Católicas y amenazando hasta con la excomunión quienes ni creen ni la practican. Felizmente la ponderada intervención de El Vaticano deja a los extremos sin juego y el diálogo camina entre nuestro rectorado y la Jerarquía eclesiástica peruana, incluyendo al Cardenal Cipriani. Apuesto a que saldrá “humo blanco”, dentro de la ley y la autonomía universitaria.

Me cuesta olvidar que a nuestro querido Rector lo hicieron volar a Roma sin respetar su duelo, cuando pasaba el peor momento de su vida, antes de un mes de la muerte de su maravillosa hija Daniela. Lo vi en esa misa, al día siguiente de su regreso de Roma, sin una palabra de reproche. ¿Dónde estuvo la caridad cristiana?

Me cuesta decirlo, pero tras una larga vida fiel a mi Iglesia, me siento hace un par de años cuestionado en ella por el ejercicio de mi libertad como laico, como viejo profesor al cual ningún acontecimiento apartó de su Iglesia desde hace más de 60 años, ni de las aulas de la PUCP en los últimos 40 años. Escribí, al comenzar las demandas judiciales, que no podía entender que para mi obispo no valga mi aporte, ni la vida entera de mi hermano Franklin, ni la de tantos miles de profesores que hicimos, con los alumnos y los trabajadores, esta Universidad que es nuestro orgullo. ¿Sólo vale el capital?¿Se olvidaron de los textos de la doctrina social de la Iglesia, incluída la encíclica de Juan Pablo II sobre el trabajo humano?. Me ratifico en lo que por respeto practiqué en toda mi vida política: no suelo sustentar mis ideas en el cristianismo porque muchas veces la jerarquía se siente y actúa como propietaria privada de ellas y eso es el principio de una lógica autoritaria.

Los invito a leer el artículo del profesor Gonzalo Portocarrero en El Comercio. Gonzalo siempre es claro, brillante y radicalmente honesto. Sustenta razones con una claridad que no tengo, especialmente cuando me siento agraviado. Pero Jesús nos enseña a amar y a perdonar, no lo olvido, pero, ¡“Carajo”, cómo cuesta ¡.
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Leyendo Caretas nos asombramos de la osadía del gobierno. Sabemos que en la sociedad capitalista se privilegia al capital, pero ¿no hay límites? Si el Estado ha invertido 20,000 dólares por Ha en Olmos ¿cómo vende la Ha a menos de 5,000? Es dinero de nuestros impuestos que se destina a subsidiar a la gran empresa, sólo a ella que puede comprar en esos términos, porque COFIDE boicoteó la iniciativa del exMinistro Caillaux para que “una partecita” de las tierras fuera a pequeños y medianos agricultores- y, al parecer contra lo establecido por el Presidente Humala. A los Rodríguez Banda se les crea un problema a futuro, de legitimidad esencial, porque ese es dinero de todos los peruanos y los gobernantes demuestran no haber aprendido nada de la historia y de cómo se llegó a la reforma agraria. ¿Este es el gobierno de la gran transformación o el gobierno del MEF? Sigue leyendo →

Cuando discutimos asuntos de Estado –y lo son nuestras relaciones exteriores- conviene que todos, en particular políticos y periodistas, frenemos exageraciones y ponderemos los comentarios. No hay que dramatizar tanto ni priorizar los enconos personales o ideológicos, la radicalidad que aquí siempre se da en la lucha política verbal y en los titulares, afecta en este caso a intereses superiores. Toda Cancillería se mueve en la coyuntura y tiene que adaptar decisiones en plazos muy cortos, pero políticos y periodistas terminan afectando los intereses superiores del país por la manera en que hacen su crítica.
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