Por: Rolando Breña

No diré mucho. Henry Pease es un hombre esencial en el trajinar de la izquierda peruana de estos últimos tiempos. En un momento, personalizó la apertura de la izquierda a sectores no tradicionalmente comprendidos en nuestros análisis de política de frente, y le dio mayores representatividades y la enlazó a medios intelectuales y académicos de concurso indispensable en la lucha por la democracia.

Sigue leyendo →

Querido Farid,

Estoy indignado por la conducta poco diplomática de este embajador que al calificar así tu opinión amplía el campo enemigo a todo el que no piense como él.

Desde nuestra experiencia como país, tenemos que rechazar esta conducta porque daña heridas abiertas y hace más difícil el conocimiento de lo que viene ocurriendo y que abruma a la humanidad.

Un fuerte abrazo.

Henry Pease

Sigue leyendo →

Un colega, profesor como yo, a quien no tengo el gusto de conocer, me envió un correo que motiva este artículo. Pide mi voto con dos argumentos: que es necesario cambiar y que quiere que sigamos siendo Pontificia Universidad Católica del Perú.  La ambigüedad de la propuesta me obliga a escribir lo que pienso y a pedir reflexión a todos los que participaremos en estas elecciones votando donde nos corresponde.

La palabra cambio es ambigua si no se dice hacia dónde se va. Siempre cambian la sociedad y las instituciones pero proponer un cambio exige sustentar en qué consiste y aquí hay silencio.  Buscar el cambio puede ser simplemente reemplazar personas pero plantearlo no es inocente. Por eso la segunda afirmación explica el sentido de esta propuesta, que no es solo la de un profesor

Cuando pide que voten por él los que quieren que sigamos siendo PUCP, está afirmando que los demás y en particular la lista que encabeza el Rector Marcial Rubio no tiene ese objetivo. Eso es una falsedad.  Esta afirmación devela las intenciones de esta corriente que participa con todos los derechos en las elecciones, pero que es evidente que confunde Iglesia Católica con el Arzobispo Cipriani y que el cambio que propone pondría a la PUCP de rodillas ante sus intentos de someter a la Universidad, manejar sus bienes y sesgar su actividad académica y administrativa que por esencia universitaria son autónomas.  He estudiado íntegramente la Ex Corde Ecclesiae y es evidente que la interpretación del Arzobispo Cipriani no es la única y que la PUCP con pequeños ajustes cabe en su normativa.

La encrucijada de la PUCP está definida por lo que es y se va a resolver en diálogo con la comisión cardenalicia. Los que están planteando que cambie el rectorado quieren desarmar a la Universidad y revertir el proceso. No les puedo aceptar que se apropien de lo católico porque estaría negando todo lo hecho en mi vida que ya llega a los 70 años de los cuales 43 son como profesor de la PUCP.  Creo que están confundidos, creen que sólo se es católico siguiendo en todos los temas –no sólo en el campo pastoral que le es propio- al Cardenal Cipriani.

Fuente de la foto

Muchos actores de hoy creen que la PUCP siempre ha sido como es hoy con la tolerancia y el pluralismo que hace posible la actividad académica. A ningún profesor ni alumno se le excluye por sus ideas y se discuten todas.  Se respetan las opciones y se busca crear una cultura democrática que es nuestro mejor aporte a la sociedad de hoy. Los católicos no tenemos privilegio alguno porque todos los universitarios somos iguales y obviamente reclamamos el mismo respeto que ofrecemos a los demás.  Estas características de la PUCP se han consolidado en esta generación, incluyendo este rectorado y varios anteriores. Estoy en la Universidad desde 1962 y he vivido los cambios, he conocido actitudes autoritarias y excluyentes que han ido desapareciendo. Por eso la PUCP es lo que es.

Negarle al Rector Rubio y a su equipo rectoral el mérito de haber conducido con firmeza la defensa de nuestra autonomía en los últimos años es infantil en unos casos y sesgado, en otros por una visión de Iglesia que está siendo superada por actos y gestos del Papa Francisco. Entre los primeros, veo a estudiantes que se creen de izquierda porque critican sin optar y le hacen el juego a las posiciones que están más distantes de ellos y que de ganar, les cerrarán espacios. Me recuerdan a sus antecesores en la década del 70 que cuando ganaron la FEPUC desmantelaron todo el esfuerzo que hicimos antes y que llevó, junto con el de profesores jóvenes de entonces, a proponer Estudios Generales, sistema escalonado de pensiones, formas democráticas de participación e iniciativa y hasta apertura de nuevas carreras. 

Peor es la crítica falaz que pretende –lo he escuchado en alumnos muy radicales- sostener que el rector Rubio no ha defendido la autonomía.  Ven la autonomía en abstracto y no comprenden que sólo se puede entender la PUCP en el seno de la Iglesia pero abierta a todos y que la autonomía no es incompatible con la participación de sus representantes que, además, ya está bien establecida en el Estatuto. Han dicho, sin prueba ni razón, que el rector ha hecho una maniobra para reelegirse después de haber anunciado que no participaría.  ¿Es que tenía poder para manipular al Papa? Hay ceguera en no entender y una costumbre que viene de la política de satanizar al adversario. Qué pena que haya jóvenes tan viejos.
               

Confío en que no se juntarán estos extremos y todos reconoceremos y apoyaremos la continuidad de lo hecho en forma valiente por este rectorado. El momento actual requiere de unidad, postergando particularismos y dejando para después las aspiraciones personales. El rector ha dado el ejemplo al declarar que renunciará cuando concluya  el diálogo con la comisión cardenalicia y se resuelva el conflicto abierto por el Arzobispado. Soy optimista y confío en que así será.

Sigue leyendo →

En el entrampamiento de la llamada Mega comisión hay un problema de fondo. Se está judicializando la política hasta en el lenguaje que se usa, algo que se agrava  desde la Constitución 1993 que se ha convertido en costumbre.  Las comisiones investigadoras tienen un objetivo fundamental: que la ciudadanía conozca lo que pasó y pueda hacerse una opinión, razonando sus decisiones políticas. La acusación constitucional es una manera “penalista” de hacer que el alto funcionario pierda la protección constitucional que impide actuar al ministerio público y al Poder Judicial y abre la puerta para que sea acusado y juzgado por éstos.  La carta de 1979 no obligaba al Fiscal de la Nación a acusar penalmente ni al Juez Supremo a abrir instrucción tras la acusación del Congreso.  Lo hizo la carta de 1993 porque el poder del partido aprista en el Ministerio Público y el Poder Judicial se evidenció  en los primeros años de la década del 90. Pero esa norma va contra del principio de la  división de poderes y no se ha podido cambiar porque lo impidieron los mismos personajes que hoy están involucrados: se corregía en el dictamen por consenso presentado por la Comisión de Constitución del 2001.

El parlamento no está para enjuiciar y cuando investiga sus conclusiones no obligan al juez. Está para informar a la ciudadanía y hacer el debate político.  Estoy seguro que a eso le tiene más miedo Alan García y cualquier político con aspiraciones. Pero el uso del lenguaje judicial ha facilitado que los jueces se metan en el terreno del parlamento, que es un poder autónomo de ellos.  Es obvio que hay exigencias mínimas de procedimiento pero estás deben regularse en el Reglamento del Congreso que es Ley de la República y debe ser preciso e impedir que los jueces pretendan imponer sus reglas al Congreso de la República.

Si revisamos el Reglamento del Congreso ninguna Acusación Constitucional depende de una conclusión de una Comisión investigadora.  Son los congresistas los que formulan acusación y va a una comisión especial con un trámite especial que llega al pleno vía la Comisión Permanente. Pero las Comisiones investigadoras en este gobierno y el anterior centran su imagen ante la opinión pública en la acusación constitucional que puede comenzar o no después de su dictamen e incluso puede iniciarse sin que la investigación haya concluido.   Olvidan que su objetivo primordial es presentar los hechos y su opinión ante la ciudadanía y al hacerlo no deben pretender calificarlos en lógica penal: basta con que los califiquen como lo que son y que del debate quede claro el daño hecho y los que pueden ser responsables.  La acusación constitucional tiene requisitos mas precisos y lo ve otra comisión, distinta de la que investiga.

También es un error pretender  inhabilitar para el ejercicio de la función pública a un ciudadano porque hay indicios de delito si no ha sido juzgado.  La infracción constitucional que no proviene de un delito es otra cosa.  En los regímenes democráticos, además,  no se usan estos métodos contra posibles candidatos presidenciales porque la imagen que queda es que la ciudadanía no pudo decidir porque le impidieron participar a ese candidato.  Es obvio que en esta materia los tiempos hoy son diferentes: no estamos derribando un régimen autoritario que tenía potentes armas.  El artículo 100 de la Constitución debe ser cambiado: el Fiscal existe para acusar y el juez para instruir y sentenciar. El Congreso no es juez y la inhabilitación viene después de la sentencia, no antes como lo permite este artículo. Tan conscientes  estaban al elaborarlo  que el artículo dice que se recuperan los derechos si la sentencia lo exculpa.  Es decir se aplica la inhabilitación y luego se juzga. Aunque se devuelvan los derechos hay un tiempo en que se hizo daño injustamente. Felizmente en ese Congreso se le trabó la redacción a la mayoría fujimorista, en mi opinión por voluntad del Presidente y Vicepresidente de la Comisión de Constitución y no pudieron aplicar la pena de muerte como propugnaban sus mas radicales voceros. ¿Qué le devolverían después de muerto?

Hay que empoderar al Parlamento: no es una sucursal sometida a la judicatura , su campo es la política y el ejercicio de la representación, algo que se está olvidando.

Sigue leyendo →

En la víspera de que conociéramos el contenido de la “bomba” anunciada por el Congresista Simons me llamó, sobre las 10 pm, un periodista cuyo nombre no registré y que dijo trabajar en El Peruano y otro diario. Pedía mi opinión sobre la bomba: un hijo extramatrimonial del Presidente Humala que llevaría al divorcio de la pareja presidencial y luego a la candidatura de Nadine Heredia sin limitaciones de la ley.

Le contesté que yo estudiaba y actuaba en política muchos años y que no confundía esta actividad con el chisme ni me metía en asuntos de la vida privada de nadie. Le expliqué que así fuera verdad el chisme principal, el hijo extramatrimonial, las dos apreciaciones que le seguían podían darse o no, y para que fuera un hecho político tenían que existir varios factores que a estas alturas eran sólo especulaciones.  Es obvio que mi opinión no le gustó pues cortó de inmediato.  No sabía en ese momento  que ya había un escándalo tuitero y que un congresista y ex premier había lanzado la bola.

Muchas veces he escuchado a colegas de otros países admirarse de la forma en que en el Perú se usa el chisme en política pero lo que ocurre hoy ya es otra cosa. Los líderes políticos  han perdido toda capacidad de proponer un debate de ideas o de propuestas frente a la mayoría de problemas y se limitan a mantenerse en la escena de los medios calificando y tratando de destruir a sus adversarios, defendiéndose de las acusaciones e iniciativas de éstos y aplicando el principio de que “la mejor defensa es el ataque”.  Terminan vaciando de contenido la política y convirtiendo el escenario público en un lodazal con la ayuda de muchos medios de comunicación que lucran con los escándalos. En el paroxismo del poder  de la “imagen” del político, propio de la sociedad mediática, optan cada vez más por destruir la imagen del adversario no con elementos de las ideas y programas políticos o de los resultados del ejercicio de la función pública sino con hechos de la vida privada de los líderes que fácilmente se sacan de su contexto original pero que en este caso han sido un simple invento.

Hay que denunciar la lógica de esa acción política que busca, en este caso, poner contra las cuerdas al gobernante pero que puede desestabilizar cualquier régimen. Pero hay que cuestionar esta manera de hacer política que degrada la función pública y el régimen democrático, por definición abierto y en debate.  El centro del debate político son las ideas y propuestas programáticas, no la vida privada de los líderes. Cuando nos topamos con la corrupción obviamente se tiene que actuar pero aligerando los procedimientos políticos y dejando actuar a las instituciones judiciales. Hay que distinguir campos, aunque sepamos que la corrupción los atraviesa.

En tiempos de crecimiento y holgura económica por lo menos para el gobierno, damos un espectáculo deprimente en la actividad política ¿llegaremos a que nadie la respete y esto lo usen los autócratas para regresar con renovados bríos?  Es urgente buscar acuerdos mínimos que excluyan de la práctica política las prácticas que hoy llevan a las crisis: el chantaje, las nuevas formas de excluir al adversario, la mentiras y la fatuidad que comienza con el rechazo a las ideologías y sigue con la desaparición de programas y todo lo que sea debate en serio.  Este debate no lo hacen los políticos y los medios no le hacen espacio a ellos para hacerlo. Los políticos sólo se mantienen “vivos” en la escena con jugarretas y maniobras mediáticas que al final los hunden más.  Hay que salir de este fondo de la crisis excluyendo el chisme, la controversia en torno a temas de la vida privada y la mentira como práctica constante. Urge el oxígeno que sólo proviene de los valores y la decencia de los actores.

Pero el sainete continúa: el partido aprista usa su poder tradicional en el ministerio público y en el Poder Judicial para paralizar las acusaciones del Congreso contra Alan García.  Les conviene la torpe pretensión de algunos de aplicar sanciones parlamentarias por violaciones constitucionales impidiéndole ser candidato y ejercer función pública.  Eso se hizo en momentos de transición contra los autócratas cuyo poder podía acabar con ese difícil cambio, pero no debe ser un método en un régimen democrático.  En éste deciden las elecciones efectivamente libres y el mayor aporte de las investigaciones del Congreso es el conocimiento de los hechos indebidos y sus conclusiones de investigación puestas a disposición de todos los peruanos para que juzguen.  No olvidemos que las conclusiones del Congreso no obligan al Poder Judicial sino a abrir el proceso investigatorio y no permitamos que un Poder Judicial desprestigiado y manejable por tantos apristas que ha puesto en sus cargos desde hace más de 30 años impida al Congreso ser lo que tiene que ser, foro de debate, discusión pública cuya deliberación alimenta la opinión pública para que la ciudadanía  decida en cada elección. Pero aprendamos del pasado reciente, los ciudadanos elegimos presidentes bajo chantaje. En el Perú no gana el que convence más sino el que se beneficia del miedo generado por su alternativa en la segunda vuelta. García no hubiera sido Presidente por segunda vez desde sus resultados en la primera vuelta y Humala no hubiera ganado sin el rechazo que generaba su alternativa, Keiko Fujimori con su pasado y el de su padre juntos. Sí, las reglas institucionales importan y no las podemos cambiar de un momento a otro, pero la conciencia ciudadana debe incluir la crítica de éstas para abrir paso a la voluntad popular.

.

Sigue leyendo →

Lo ocurrido la madrugada el sábado 15 de Marzo entre el Congreso y Palacio es consecuencia de la crisis anterior que produjo el Presidente al maltratar al Premier Villanueva apoyando la intervención de Nadine Heredia. Lo que ocurre ahora es que los congresistas que no son del gobierno ven que esa crisis les permite arrinconar al gobierno y como no tienen la valentía de afrontar que a la siguiente los despidan constitucionalmente, se abstienen. La maniobra de Abugattás salvó la legalidad constitucional del gabinete pero no su legitimidad. Era lo único que podía hacer la primera mayoría congresal por su desvencijado proyecto nacionalista.

Esta segunda crisis en un Congreso acostumbrado a la práctica del chantaje pone en primer plano los objetivos del fujimorismo y el partido aprista: excarcelar a Fujimori y ocultar la corrupción del gobierno de Alan García investigada por la mega comisión. Conste que no apoyo y estoy de acuerdo con Levitsky en que García no debe ser castigado en el ejercicio de sus derechos políticos salvo después de que el Poder Judicial en dos salas supremas –ojalá sin magistrados apristas-lo haya condenado.Pero la ciudadanía debe saber, antes de las elecciones, sobre sus responsabilidades en los narco indultos, en los negocios delatados por los petroaudios y en las maniobras para impedir la judicialización de todo esto.

Los Congresistas temen que por no dar la confianza dos veces el Presidente disuelva el Congreso. Es un asunto delicado pero es preferible a que este gobierno se asiente sobre la impunidad de los más graves delitos. Si el gobierno licencia a este gabinete o a una parte y presenta otro, no se acerca a la disolución. Si no lo hace tras la votación del lunes, que busca legalidad (pero no logrará legitimidad), habrá mayor margen para estas maniobras que buscan la impunidad.

Sigue leyendo →

La caída en las encuestas golpea mucho al Presidente Humala y no hay oposición que gane nada.  Pero el contenido de los hechos y conductas  agobia y afecta hoy la legitimidad y el talante ético del gobierno y la oposición.  Demasiado para estar recién a la mitad del mandato de cinco años.

La última crisis ministerial afectó mucho al Presidente y a su esposa. El rol de Nadine Heredia tumbándose al Premier fue un exceso cuya responsabilidad política es del Presidente aunque la Constitución lo haga irresponsable político.  El Premier Villanueva era un excelente y reconocido Presidente Regional, que renunció a su mandato electoral para apoyar a Humala y hacerse responsable político de sus actos. Se le puede criticar que no usó su único “cuarto de hora” de poder político, cuando al responder a la propuesta presidencial debió proponer los cambios que eran necesarios, según su opinión, en el gabinete.  Es muy probable que fue “mecido” por el Presidente invocando “el plazo de La Haya” pero Humala tuvo la desfachatez de reprocharle a su Premier que planteara la necesidad del cambio de algunos ministros después de esa fecha, cuando el Presidente le había expropiado su casi único derecho constitucional.

Pero no es lo único grave en el comportamiento de Humala con su Premier: le reprochó no ser agradecido. No sabe Humala que los que aceptan ser sus ministros merecen mas bien su agradecimiento porque existen para sacar la cara por sus actos y órdenes. Observo diariamente la política peruana desde el Presidente Prado y no recuerdo un Presidente que haya actuado con este razonamiento respecto de sus exministros. La lealtad, lo saben bien los militares y lo desconoce el Comandante (R) Humala incluye la “lealtad al subordinado” y respecto a los ministros, donde tan poco está regulado, esto es más grave. Y en este caso a ese Presidente del Consejo de Ministros se le obligaba a renunciar a un cargo de elección popular en el cual era muy apreciado.

Es hora de repensar la imagen que se usa periodísticamente del Premier, que aquí no es jefe del gobierno ni jefe de los ministros, que sólo es vocero después del Presidente de la República y que en este caso renunció porque la esposa del Presidente lo corrigió y ningún Premier puede ser vocero de la esposa del Presidente ni ser desautorizado por ella.  Dicho sea de paso, si Nadine Heredia hubiera actuado como Presidenta del Partido Nacionalista debió mencionarlo y en ningún caso confundir esta función con la de gobierno.

Los políticos que están en el gobierno se enfrentan a una vieja conclusión del sentido común; no hay que meterse en temas que afecten a una pareja, menos si es unida, porque recibirán golpes de los dos. Humala ha reaccionado como esposo antes que como Presidente y esto hace mal al gobierno, a una empresa o a cualquier actividad que requiera reglas de juego institucionales o corporativas.

Hay en esta coyuntura mucho daño a la institucionalidad democrática pero no es sólo del gobierno. Una oposición incoherente y frívola, que ataca sin piedad a Nadine Heredia y que ha mezclado todo tipo de pequeñeces en esta coyuntura, muestra que la crisis es del gobierno y la oposición.  Alan García se defiende de gravísimas acusaciones a su gobierno con ataques que muestran cinismo hasta el escándalo: lo que ha hecho con el congresista Tejada que lo investiga es éticamente inaudito y lo ha refrendado con la antigua bufaleria aprista que creíamos cosa del pasado. La crisis del PPC con el caso  Secada   lo hunde como perspectiva y la maniquea pretensión de unos por sacar partido contra el gobierno con el drama de Venezuela, olvidando que las relaciones exteriores no son simple chacra ideológica, son tan estúpidas como el vergonzoso comunicado del Frente Amplio con cuyos componentes defendimos aquí y en las calles el derecho a protestar y enfrentar verbalmente a los que gobiernan y hoy lo niegan por defender a Maduro.

Pero del Parlamento ya no puedo tener una manera calmada de describirlo. Uno por uno los escándalos de los congresistas provienen de que hoy son políticos unos ciudadanos que desde la empresa formal o informal están acostumbrados a actos indebidos, esencialmente corruptos, contra los que trabajan con ellos, contra el Estado y la ciudadanía.  Van al Congreso a hacer dinero como sea y contra toda ley. Una congresista recordó recientemente, creo sin quererlo, que allí todo es chantaje, la más cínica manera de hacer política.

Faltan dos años y medio y si no se levanta la valla ética, política y jurídica, nuestro país quedará muy afectado en su posibilidad democrática. ¿Piensan estos políticos lo que los jóvenes sienten por ellos?

Sigue leyendo →

A todos nos conmociona la crisis de Venezuela, ver a un gobierno elegido por el pueblo disparando contra ciudadanos que protestan es inadmisible. Un régimen democrático no lo es sólo porque ganó las elecciones. La democracia no es sólo un método para elegir gobernantes, es una manera de gobernar que implica división de poderes y vigencia de derechos y libertades para todos los ciudadanos.  Eso no ocurre en Venezuela hoy.

¿Qué pruebas ha ofrecido el gobierno de Maduro de la existencia de un complot golpista? Mas bien parece que es una manera  de criminalizar toda protesta opositora.  Llamar fascistas a todos los opositores es una ideologización del conflicto, que polariza más de la cuenta.  No tengo duda que las derechas están contra Maduro y que parte importante del pueblo apoya al Presidente, pero eso no significa que el gobierno tiene carta blanca para criminalizar la protesta y polarizar hasta el extremo.

Hay diez u once muertos, jóvenes que protestaban ejerciendo un derecho elemental en cualquier régimen democrático.  Los videos muestran a paramilitares o militares sin uniforme asesinando a estos jóvenes y la polarización pasó los límites que cualquier democracia permite.  Un régimen democrático no “pertenece” a los ganadores de una elección, es de todos, los que ganaron y los que perdieron.  Eso es lo que ha desaparecido en Venezuela y el gobierno de Maduro no logra demostrar que los que protestan son golpistas, ni que en su acción estén dirigidos por el gobierno norteamericano.  La política tiene que verse como es, desde los hechos y no a partir de anteojos ideológicos.

En el Perú que ha vivido gobiernos autoritarios muchas veces no podemos ser distantes y pusilánimes. No hablo del gobierno peruano que tiene que respetar cánones de la diplomacia hemisférica pero sí de los partidos que se están pronunciando, algunos demostrando que a pesar de tantos fracasos no aprendieron el abc de la democracia.  Pero debemos reclamar y gritar por la violación de derechos fundamentales, el primero es el derecho a la vida y uno significativo es la libertad de expresión incluso gritando a los gobernantes. Para defenderlos no sirven las camisetas de izquierda o derecha, porque son derechos de todos y fuera del régimen democrático no hay cambio social y político que salga bien y perdure.

El gobierno peruano debiera concentrar su acción en UNASUR y desde allí, en conjunto tomar iniciativas, paso a paso. No sirven para nada declaraciones altisonantes por justas que sean. Pero los ciudadanos tenemos que pensar y evaluar, hoy en cabeza ajena, porque tenemos que defender la posibilidad de cambio y justicia social en democracia y no arrasando sus reglas.

Sigue leyendo →

Estaba preocupado por los agoreros, especialmente un aparatoso titular de El Comercio que anunciaba que pasaríamos el verano con la Costa Verde en obras.  Ayer 4 de Enero, para recoger de la PUCP una tesis que debo estudiar durante estas vacaciones -¡la primera tesis del doctorado en Ciencia Política¡-la recorrí completa y en excelente estado.  Siempre podrá haber pequeñas obras en tiempos de menor congestión y no faltarán iniciativas de los alcaldes ribereños y de los vecinos.  Pero la tarea aquí de la Alcaldesa Susana Villarán está cumplida y lo silencian los medios que con énfasis la criticaron varias veces por las demoras.

Quedan problemas como en atoro que se produce en Miraflores a pesar de la actuación rápida de su Alcalde que retiró dos de los rompemuelles puestos antes pasar por el club Terrazas, pero quedan dos probablemente originados en un accidente de años atrás.  Pero en una vía transitada no siempre son una solución ¿Por qué un club privado puede estar autorizado a tener una puerta que da a esa avenida que sólo puede usarse para cruzarla?¿por qué no se usa el puente por encima que existe en la bajada Balta y si el club lo necesita porque no hace uno suyo? Más aún, cada día hay mas autos aparcados en los bordes de la Costa Verde.  Otra vez hay que saber priorizar el interés público y distinguirlo del interés privado.

En las obras públicas las autoridades debieran limitarse a señalar los términos del contrato y éste debiera anunciar las penalidades por demoras.  Las críticas no toman en cuenta que todos nos demoramos y “quien la hace la paga” pero aquí por subjetividad o intereses políticos se daña la imagen de los alcaldes.  Pocos políticos han vivido toda su gestión bajo el fuego cruzado de una parte clave, ahora concentrada, de medios de comunicación.  Al final las obras hablarán por sí solas.

Anoche, saliendo de la Iglesia de Fátima, me paró una pareja de personas mayores.  Venían felices de una reunión en Lima Norte en la que recibieron la publicación del Plan de desarrollo concertado de Lima Metropolitana hasta el 2025. Su elaboración se hizo con la participación de 18,200 ciudadanas y ciudadanos de todos los distritos de Lima y con la presencia de todas las entidades públicas y privadas que asistieron a las convocatorias. Es un mérito de la Alcaldesa Villarán haberlo impulsado sin vacilaciones en un año en que recibía ataques por todos lados y tenía que defenderse en medio de la larga campaña por la revocatoria. Pero no hay tampoco reconocimientos para ella cuando ya está en las manos de todos.  Unos dirán “así es la política”, yo creo que no, que no es ético y que así no es nuestra gente, los peruanos sabemos reconocer a las autoridades que nos sirven bien.

Sigue leyendo →

Leer la columna de Aldo Mariátegui en Perú.21 del 25 de noviembre del 2013 me hace recordar una frase de don Luis Miró Quesada de la Guerra, recordando que “el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Obviamente este Mariátegui es parte del segundo agrupamiento a diferencia de su ilustre antecesor.

Miente miente que algo queda, parece ser su bandera. No investiga, ni siquiera averigua. Me responsabiliza de haber sido “quien impulsó  que la revocatoria se inserte en la ley orgánica de municipalidades porque era presidente de la comisión de constitución en el año 2003.”  No sabe que la revocatoria nació en la Constitución de 1993 y se legisló en la ley que regula los derechos de participación ciudadana dada y modificada durante el fujimorismo. La Comisión de Constitución que presidí de julio del 2001 a julio del 2003, sólo intervino en esa legislación para restituir el derecho al referéndum que había torcido el fujimorismo al exigir votación parlamentaria previa; no tocó nada de la revocatoria y tampoco intervino en la modificación de la ley orgánica de municipalidades que correspondía a otra comisión, la de descentralización y gobiernos locales.

No es la primera vez que actúa con esta ligereza y absoluta falta de profesionalismo.

Sigue leyendo →