En la víspera de que conociéramos el contenido de la “bomba” anunciada por el Congresista Simons me llamó, sobre las 10 pm, un periodista cuyo nombre no registré y que dijo trabajar en El Peruano y otro diario. Pedía mi opinión sobre la bomba: un hijo extramatrimonial del Presidente Humala que llevaría al divorcio de la pareja presidencial y luego a la candidatura de Nadine Heredia sin limitaciones de la ley.
Le contesté que yo estudiaba y actuaba en política muchos años y que no confundía esta actividad con el chisme ni me metía en asuntos de la vida privada de nadie. Le expliqué que así fuera verdad el chisme principal, el hijo extramatrimonial, las dos apreciaciones que le seguían podían darse o no, y para que fuera un hecho político tenían que existir varios factores que a estas alturas eran sólo especulaciones. Es obvio que mi opinión no le gustó pues cortó de inmediato. No sabía en ese momento que ya había un escándalo tuitero y que un congresista y ex premier había lanzado la bola.
Muchas veces he escuchado a colegas de otros países admirarse de la forma en que en el Perú se usa el chisme en política pero lo que ocurre hoy ya es otra cosa. Los líderes políticos han perdido toda capacidad de proponer un debate de ideas o de propuestas frente a la mayoría de problemas y se limitan a mantenerse en la escena de los medios calificando y tratando de destruir a sus adversarios, defendiéndose de las acusaciones e iniciativas de éstos y aplicando el principio de que “la mejor defensa es el ataque”. Terminan vaciando de contenido la política y convirtiendo el escenario público en un lodazal con la ayuda de muchos medios de comunicación que lucran con los escándalos. En el paroxismo del poder de la “imagen” del político, propio de la sociedad mediática, optan cada vez más por destruir la imagen del adversario no con elementos de las ideas y programas políticos o de los resultados del ejercicio de la función pública sino con hechos de la vida privada de los líderes que fácilmente se sacan de su contexto original pero que en este caso han sido un simple invento.
Hay que denunciar la lógica de esa acción política que busca, en este caso, poner contra las cuerdas al gobernante pero que puede desestabilizar cualquier régimen. Pero hay que cuestionar esta manera de hacer política que degrada la función pública y el régimen democrático, por definición abierto y en debate. El centro del debate político son las ideas y propuestas programáticas, no la vida privada de los líderes. Cuando nos topamos con la corrupción obviamente se tiene que actuar pero aligerando los procedimientos políticos y dejando actuar a las instituciones judiciales. Hay que distinguir campos, aunque sepamos que la corrupción los atraviesa.
En tiempos de crecimiento y holgura económica por lo menos para el gobierno, damos un espectáculo deprimente en la actividad política ¿llegaremos a que nadie la respete y esto lo usen los autócratas para regresar con renovados bríos? Es urgente buscar acuerdos mínimos que excluyan de la práctica política las prácticas que hoy llevan a las crisis: el chantaje, las nuevas formas de excluir al adversario, la mentiras y la fatuidad que comienza con el rechazo a las ideologías y sigue con la desaparición de programas y todo lo que sea debate en serio. Este debate no lo hacen los políticos y los medios no le hacen espacio a ellos para hacerlo. Los políticos sólo se mantienen “vivos” en la escena con jugarretas y maniobras mediáticas que al final los hunden más. Hay que salir de este fondo de la crisis excluyendo el chisme, la controversia en torno a temas de la vida privada y la mentira como práctica constante. Urge el oxígeno que sólo proviene de los valores y la decencia de los actores.
Pero el sainete continúa: el partido aprista usa su poder tradicional en el ministerio público y en el Poder Judicial para paralizar las acusaciones del Congreso contra Alan García. Les conviene la torpe pretensión de algunos de aplicar sanciones parlamentarias por violaciones constitucionales impidiéndole ser candidato y ejercer función pública. Eso se hizo en momentos de transición contra los autócratas cuyo poder podía acabar con ese difícil cambio, pero no debe ser un método en un régimen democrático. En éste deciden las elecciones efectivamente libres y el mayor aporte de las investigaciones del Congreso es el conocimiento de los hechos indebidos y sus conclusiones de investigación puestas a disposición de todos los peruanos para que juzguen. No olvidemos que las conclusiones del Congreso no obligan al Poder Judicial sino a abrir el proceso investigatorio y no permitamos que un Poder Judicial desprestigiado y manejable por tantos apristas que ha puesto en sus cargos desde hace más de 30 años impida al Congreso ser lo que tiene que ser, foro de debate, discusión pública cuya deliberación alimenta la opinión pública para que la ciudadanía decida en cada elección. Pero aprendamos del pasado reciente, los ciudadanos elegimos presidentes bajo chantaje. En el Perú no gana el que convence más sino el que se beneficia del miedo generado por su alternativa en la segunda vuelta. García no hubiera sido Presidente por segunda vez desde sus resultados en la primera vuelta y Humala no hubiera ganado sin el rechazo que generaba su alternativa, Keiko Fujimori con su pasado y el de su padre juntos. Sí, las reglas institucionales importan y no las podemos cambiar de un momento a otro, pero la conciencia ciudadana debe incluir la crítica de éstas para abrir paso a la voluntad popular.
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Como siempre Henry, muy preciso en sus comentarios. Me parece que Yehude Simons es el tonto útil de los apristas (Ya lo usaron como premier en su segundo gobierno para amortiguar el escándalo de los petroaudios). Lástima que su impulso en la política nació de la lucha de todo el pueblo peruano contra las hordas fujimoristas para lograr su libertad.