MODELO ECONÓMICO, DESIGUALDADES, DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte[1]

Las desigualdades sociales y económicas han sido una constante en el Perú, por lo menos desde la época colonial. Pese a habernos acostumbrado a convivir con ellas casi de manera natural, por alguna razón éstas se exacerban en momentos de crisis. La múltiple crisis acarreada por la pandemia no sólo ha confirmado la situación de pobreza y desigualdad, sino que las ha proyectado al escenario político. Su mejor expresión es la intención de voto -en las elecciones presidenciales del 2021- por un profesor provinciano de escuela primaria que, como candidato a la presidencia, sostiene su campaña sobre la base de la plataforma: “en un país rico no debe haber pobres” sustentada en las grandes desigualdades socio-económicas que tiene el Perú.

Las desigualdades son inherentes a los modelos económicos basados en la economía de mercado. Su reducción a niveles socialmente aceptables depende del poder del mercado y de la capacidad del estado para disminuir las desigualdades, ya sea a través de los impuestos o del gasto público. Por ello, es fundamental entender qué economía de mercado se tiene y qué capacidad tiene el estado para corregir las “fallas del mercado”, entre ellas la desigualdad.

Por ello es importante responder a las preguntas: ¿qué origina la desigualdad? ¿qué capacidad tienen los modelos económicos para corregir las desigualdades extremas? y ¿cuál es el papel del estado para promover igualdad de oportunidades para todos los habitantes?  En sociedades democráticas basadas en economías de mercado es importante reducir los “conflictos distributivos”, para aspirar a un desarrollo pacífico e inclusivo.

Los determinantes de la desigualdad son múltiples, no sólo económicos. Las tecnologías, los niveles educativos, el tamaño y papel asignado al estado, las organizaciones que representan intereses, entre otros. Es pues un problema de origen multidimensional.

En el Perú, tenemos grandes disparidades tecnológicas. Mientras que las minas modernas utilizan tecnologías altamente intensivas en capital, los campesinos de la sierra o de la selva cuentan con apenas unas herramientas y animales como capital y sus actividades son altamente intensivas en mano de obra. El resultado es una gran disparidad de productividades y consiguientemente de ingresos.

Los niveles educativos muestran una gran desigualdad entre ciudad y campo, entre la sierra y la selva, en relación a la costa. Además, la calidad es bastante crítica, en la medida que en las pruebas PISA seguimos a la cola de los países en desarrollo. Además, sólo un 16% de la población tiene estudios superiores. Todo ello se refleja en una desigualdad de ingresos determinada por la educación.

El Estado peruano es uno de los más pequeños en América Latina, medido por la presión tributaria que apenas alcanza un 15% y un gasto total que llega a sólo 20% del producto bruto interno. Además, su capacidad de gestión es bastante mala. Es decir, tenemos un Estado chico e ineficiente. Obviamente, con estas condiciones es bastante difícil reducir las desigualdades, no sólo porque no alcanzan los ingresos fiscales para dar educación y salud de manera adecuada, pero también porque el gasto es poco eficiente.

Por otro lado, las instituciones que podrían manejar el conflicto distributivo o son muy débiles como los sindicatos, o son muy indolentes como los gremios empresariales. No existe una cultura de negociación de intereses, lo que existe es una cultura de confrontación de intereses, que en un país con bajos ingresos engendra tensiones y conflictos sociales, entre los que tienen mucho y los que tienen poco.

Bajo estas características, no debe sorprender que una gran cantidad de peruanos manifiestan apoyar una candidatura que promete reducir las desigualdades y darle un mayor papel al estado.

Este tema hay que tomarlo en serio, más allá de las elecciones. La democracia no puede avanzar si las desigualdades y la pobreza que emana de ellas no se reducen. Para ello se requiere obviamente de un estado de mayor tamaño y, sobre todo, más eficiente y mejor descentralizado, pero también se requiere de un modelo económico que reduzca las desigualdades aún sin la intervención del estado.

La única manera de lograrlo es modificando el modelo económico actual, incorporando mecanismos para generar más inversión y empleo en sectores donde está la mayor parte de la fuerza laboral y que tiene bajas productividades. La vía es una combinación creativa de políticas sectoriales con políticas sociales. El apoyo a un mayor desarrollo de la agricultura abastecedora de los mercados urbanos, de la agro-exportación, de la industria y servicios para la exportación, acompañada de políticas sociales –educación, salud e infraestructura básica- que complemente las políticas sectoriales, con trabajadores mejor educados y calificados. Este tipo de políticas fueron las que promovieron el crecimiento con redistribución en el Japón y el Sudeste asiático.

El próximo gobierno, cualquiera que sea, debería estar consciente de estas desigualdades y emprender un cambio en el modelo económico, manteniendo la estabilidad macroeconómica, pero incorporando las políticas sectoriales coordinadas con las políticas sociales como ingrediente fundamental, es decir fortaleciendo al Estado. De lo contrario el Perú va camino a conflictos sociales mayores, que se deben evitar, si creemos en la gobernabilidad democrática como parte de nuestro pacto social.

[1] Profesor de Economía en la PUCP.

THE CONSTITUTION, DEVELOPMENT AND DEMOCRACY IN PERU

Efraín Gonzales de Olarte 

At the current political crisis, the Peruvian Constitution has been put in question. Some want to reform it and others want to change it. The truth is that the current constitution, approved by the Fujimori regime in 1993 after the “auto-coup d’Etat”, gave the framework to the operation of the economy based on private enterprise and a subsidiary role of the State, in accordance with the current ideology neo-liberal of the 90s of the last century.

The so-called “neo-liberal model”, one hand, generated unprecedented growth until more or less 2015, reduced poverty, but not inequality. However, it would not have obtained these results if the international economic and financial evolution had not been so favorable. As soon as world economic growth began to decline, the Peruvian economy, dependent on prices and international demand for raw materials and agricultural products, began to decline and to worsen inequalities and the increase in poverty levels. On the other hand, the reduction of the state by the neo-liberal reforms did not allow fiscal resources to be sufficient to compensate for the inequalities generated by the economic model. It is very important to understand that neoliberalism generates growth with inequality, only correctable if, for example, the tax burden is greater than 20% of GDP, in the Peruvian case.

Consequently, it was assumed that the inability of the model to favor all Peruvians more or less evenly. In addition, the income and well-being of social groups belonging to 10% rich of the population grew at rates clearly higher than 50% poor. This enequality, it was an unquestionable reality. In addition, it is obvious that the neoliberal model and the Peruvian State do not have the ability to reverse the effects of the international economic and financial cycle.

Due to these factors, it has been deduced that part of the problem is the current Constitution that has reduced the capacity and quality of the state – as we have verified during the COVID19 pandemic – consequently, it is necessary to change or reform it. The truth is that the Fujimori Constitution has been functional while the international economic situation was favorable, now that the time of the lean cows is coming, it seems that it is no longer so.

It is important to take into account that: the difference between reforming and changing the constitution is equivalent to reforming the existing social pact or creating a new one. It must be remember that the constitution is, in the first place, the result of a social pact, through the deliberation of the political forces representing the electoral population, which shape the agreements in the form of a set of essential norms for the functioning of society, politics and the economy, within a democratic system.

The supporters of the reform of the constitution are those parties and political movements that start from the idea that the neoliberal model can be improved if the necessary adjustments are made. Its inspiration is based on the experience of other countries and on the constitutional doctrine that proposes periodic “amendments”, as the socio-economic and political problems change over time.

Those who propose a new constitution argue for its replacement, a position promoted by sectors of the left who believe that a new constitution could help change the economic model and the size and role of the state. In some way, they propose the re-foundation of the legal and economic order. In this vision there is a lot of voluntarism and, to some extent, demagoguery. Proposing a drastic change to the constitution would require a very large majority for the new constitution to have legitimacy and to really work. Situation that does not exist in Peru, given the atomization not only of politics but of society as well.

Those who think that the change of constitution is to return to the statist model, to the Chavismo that has failed, are also not correct, it is an ideological opposition from those who support neoliberalism. Given the structural changes that have occurred in Peru in the last thirty years, there are some structures that it is not easy or desirable to change, for example: having a macro-economic policy that maintains low inflation, low fiscal deficits and a strong currency. On the other hand, the entrepreneurial culture is an important asset for development, the opening of the economy and globalization is part of the daily perspective of people.

Today, Peruvian society and economy operate based on these parameters, consequently, I presume that those who want to change the Constitution would have to take these factors into account. Some innovative proposals should be made starting from the current situation, for example, reduce social and regional inequalities, reorient the role of the state. Consequently, the change of the constitution is, in practice, a reform in a much more social direction and of more equitable growth.

At this point in the 21st century, there is nothing else but to propose a more productive and, above all, a much more equitable economic system. To achieve this, the best thing would be for the forces of the right, the center and the left to agree on the adjustments in the constitution that would lead to development with equity and sustainability. For this purpose it is needed a “Social Pact for Development and Democracy” prior to a Constitutional Reform in order to generate legitimacy, social cohesion and promote human development in the long term.

VACUNAS, ESTADO, ÉTICA Y COMPORTAMIENTOS

Efraín Gonzales de Olarte

Los peruanos estamos consternados por el comportamiento de un grupo de personas que -teniendo poder político, poder administrativo, información privilegiada o “vara”- han utilizado vacunas aún no certificadas por la DIGESA, para inmunizarse, antes que comience el proceso oficial de vacunación.

La pregunta que quisiera responder es: ¿por qué lo hicieron?, o de manera más general ¿por qué los peruanos nos comportamos de cierta manera, en determinadas circunstancias? Tratando de responder a estas preguntas quizá es posible entender lo difícil que nos ha sido construir una sociedad civilizada durante los 200 años que tratamos de ser una república peruana moderna.

Siempre es importante entender primero el contexto en el que nos desenvolvemos. En primer lugar, estamos dentro de una pandemia mortífera de nivel mundial, con una primera ola fatal, una segunda más recia y quizás una tercera o más. En segundo lugar, una crítica situación económica que ha reducido el empleo y azota a los más pobres. Luego, una crisis política que debilita progresivamente al precario Estado que tenemos y, encima, un proceso electoral con 19 candidatos, todo un record de atomización política. Nos movemos en este ambiente de atomización social y política, de debilidad de las instituciones y de incertidumbre general, es decir no podemos prever lo que pueda suceder mañana o pasado.

En este contexto nos comportamos en función de nuestros instintos, nuestros principios éticos, las instituciones y las normas legales existentes.

El instinto básico es el de sobrevivencia, el del miedo a la muerte y a la enfermedad, que nos lleva a un comportamiento primario. Este instinto lo tienen igualmente los pobres y los ricos, los débiles y los poderosos. Nuestra primera actitud es: ¿cómo me salvo?, primero yo y luego mi familia o algún amigo íntimo.

Sin embargo, tenemos códigos de comportamiento social que provienen de la ética, es decir, de algunos principios como: la confianza, la verdad, el egoísmo, el altruismo, la solidaridad, la caridad, que son propios de los humanos. Principios forjados en el proceso de la convivencia social a partir de nuestra parte racional e inteligente, como personas. La naturaleza humana oscila entre el egoísmo y el altruismo, influidos por los comportamientos primarios y por las reglas éticas y por las normas legales.

Las costumbres, en nuestro caso los códigos de comportamiento social, son la fuente del Derecho. Es decir, nos organizamos como sociedad formalizando y legislando sobre la base de nuestras costumbres y proyectando nuestra cultura hacia una convivencia basada en los principios éticos señalados. Esto nos lleva a tener un estado que nos organiza como país y a un gobierno que maneja el estado. El estado nos permite reducir muchas incertidumbres y poder comportarnos aminorando los temores primarios. Es importante entender que el estado -más allá de su organización, sus reglas, sus procedimientos- lo llevamos en la mente, es decir, asumimos que nos proveerá de su seguridad, justicia, identidad y en los estados modernos: salud, educación y servicios básicos, y si no lo hace tenemos un estado débil, en el que confiamos poco. Pero para ello, también debemos tener la obligación de pagar impuestos y cumplir las normas.

Nosotros tomamos decisiones basados en nuestros instintos primarios, nuestra moral cotidiana, las normas establecidas por el estado y en la capacidad y calidad del estado que tenemos. Por ello, el comportamiento de un alemán será distinto al de un nigeriano o al de un peruano. En Alemania nadie se muere de hambre y el que no tiene empleo tiene un seguro de desempleo, es decir las necesidades básicas están aseguradas, por otro lado, la ética protestante es parte de la cultura alemana, decir la verdad es un imperativo moral, pagar los impuestos es una obligación social, pero también recibir bienes y servicios del estado es un derecho que se verifica diariamente, es decir, el estado de derecho y de bienestar funcionan como un reloj. Por ello, sería muy difícil que en Alemania Angela Merkel se vacune a ocultas y sin decirle a la población que lo está haciendo, pues lo hará como parte de la vacunación de toda la población, sin distinciones.

Nuestro caso es, desafortunadamente muy distinto. Por un lado, la pandemia nos ha mostrado que un país con muchos pobres y con grandes desigualdades sociales el instinto de sobrevivencia está a flor de piel sobre todo de los sectores vulnerables. Frente a la pandemia, nuestro estado se ha mostrado enormemente débil en la gestión: las dificultades de repartir bonos, alimentos, la falta de oxígeno, y, sobre todo, su incapacidad de hacer cumplir las normas.

Las dificultades de conseguir vacunas a nivel internacional, en buena parte por la falta de información sobre la evolución de la pandemia y la falta de precaución hizo que la adquisición de vacunas haya sido y seguirá siendo una tarea que no garantiza que todos los peruanos sean vacunados. Si a esto incorporamos la cultura peruana que privilegia el egoísmo, sobre todo por razones de sobrevivencia, y la escasa confianza en el Estado peruano – el estado como pacto social no ha entrado en nuestro disco duro-, en consecuencia, no tenemos ninguna seguridad de lo que podamos recibir de él. El resultado es nuestro código de comportamiento social que se expresa en: sálvese quien pueda, pepe el vivo, los cojudos se joden, el que no corre vuela, no seas lorna. Encima la justicia para penalizar a los infractores funciona tarde o nunca. Lo que lleva a una pugna entre las reglas establecidas por el gobierno durante la pandemia y los comportamientos que no las cumplen. Total, un estado tan débil tampoco me va a aplicar la justicia.

Si todo esto se da en el contexto descrito, no hay que sorprenderse que los involucrados en el “vacuna-gate” se hayan comportado como lo han hecho. No justifico su comportamiento, pero habría que preguntarse si cualquiera de nosotros no habría hecho lo mismo en su lugar. Es probable que los principios morales hayan caído frente a los temores primarios.

Aquí es donde aparece las razones de fondo de dichos comportamientos, que tiene que ver con la poca credibilidad que tiene el estado que tenemos y que no hemos logrado integrarlo en nuestras mentes, como un pacto social, que supeditaría el egoísmo al altruismo, y que por ejemplo nos asegurara una salud pública y una jubilación decente. No creemos en el estado que tenemos y, más bien lo asediamos, pues no es nuestro, es del que se lo apropia. El resultado: no confiamos en que todos recibiremos la vacuna.

Luego viene nuestra cultura, nuestra ética y nuestros comportamientos, que oscilan entre los instintos primarios (yo como funcionario de salud de primera línea tengo alta probabilidad de infectarme con la COVID19 y de morir, entonces me vacuno) y las normas formales que te dicen que tu turno vendrá de acuerdo al plan de vacunaciones, pero tú no le crees, pues no crees en nuestro estado y tienes un “pata” en el ministerio que te puede ayudar a conseguir la vacuna.

El otro componente de nuestra situación, que es una herencia colonial, es que si tienes algo de poder en el estado lo vas a utilizar en tu provecho. Esta es la historia de la corrupción tan bien documentada por Alfonso Quiroz. La corrupción es parte de nuestros códigos de comportamiento social, que son sólo contrarrestados si se tiene fuertes convicciones cívicas, una moral religiosa o política que piense en el otro y en el bien común.

La triste celebración de nuestro segundo centenario de la independencia es que no hemos logrado construir un estado de todos y para todos, una república con la cual nos identifiquemos colectivamente y no nos comportemos primariamente, con la desconfianza como norma de relacionamiento social y con la incapacidad cumplir las normas legales que tenemos.

Quizás la mejor manera de conmemorar el bicentenario es promover la reconstrucción del estado, el desarrollo económico basado en un balance adecuado del bien individual y del bien común y, sobre todo, promover una ética social capaz de convertirse en ideología del desarrollo humano.

Febrero, 2021

DESIGUALDADES SOCIALES Y PENSIONES DE JUBILACIÓN EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

¿Es posible establecer un sistema de jubilación equitativo en un país con gran desigualdad socio-económica entre personas, familias y regiones y altos índices de pobreza? En verdad proponer una solución es bastante difícil, dadas estas condiciones de inicio.

Según el INEI, en el año 2019 el ingreso promedio mensual del 20% más pobre del Perú era de 1,112 soles, mientras que el 20% más rico era de 9,820. Una diferencia de 1 a 8 entre estos quintiles. Adicionalmente, el 20.2% de la población total está en condición de pobreza y tiene un ingreso menor a 1400 soles al mes, que es el mínimo vital para una familia de cuatro personas. En el ámbito rural, el 40.8% de la población está por debajo de este ingreso mínimo vital y en la sierra rural este porcentaje sube a 45.2%. Estos datos nos dan una idea de la gran desigualdad de ingresos y de los altos niveles de pobreza aún existentes. Es sobre esta base que hay que ver las posibilidades y características de un sistema de pensiones de jubilación. Estas desigualdades y esta pobreza nos hacen presumir que los principios que deberían estar en la base para un sistema de pensiones deberían ser: la solidaridad redistributiva y la eficiencia financiera. Principios, que en general no son fáciles de conciliar.

Adicionalmente, el Perú tiene una alta informalidad laboral, según el INEI la informalidad urbana en el Perú el 2019 oscilaba entre 79.9% en Huancavelica y 58.7% en Lima. Somos uno de los países más informales del hemisferio. Lo que obviamente, complica el establecimiento de un sistema de pensiones, pues la informalidad laboral significa que la mayor parte de trabajadores del Perú no tienen un registro laboral formal, o sea no tienen seguro social de ningún tipo y probablemente no son pagados a través de planillas registradas en el Ministerio de Trabajo.

Bajo estas condiciones para establecer un sistema de pensiones equitativo y sostenible requiere de varios ingredientes y, sobre todo, de una estrategia de corto y largo plazo.

En el corto plazo lo que cabría es establecer un proceso de transición entre el múltiple sistema de pensiones que existe en el Perú (SNP, SPP, Sistema de pensiones de las fuerzas armadas y policiales) y un nuevo sistema integrado. Obviamente, una tarea así requeriría de un proceso de información a los potenciales pensionistas y de una decisión política fuerte.

Por ahora sólo me ocuparé de las posibilidades de establecer las condiciones que requeriría un sistema integrado de pensiones en el largo plazo, a partir de los niveles de ingreso (pobreza), de las desigualdades sociales y regionales existentes y de los altos niveles de informalidad.

Asumimos que las familias de los dos quintiles más pobres no están en condiciones de ahorrar, es decir, aquellas que tienen un ingreso menos a 2000 soles al mes, en consecuencia, no tendrían capacidad de aportar a cualquier sistema de pensiones. Sólo a partir del tercer quintil las personas podrían ahorrar y/o cotizar a un sistema de pensiones, en consecuencia, es necesario encontrar un sistema que, por un lado, pueda generar subsidios cruzados de los quintiles ricos a los quintiles pobres y, al mismo tiempo, favorecer mayores pensiones relativas a quienes tienen mayores ingresos. La idea es tener un lado redistributivo y, por el otro, uno que premie los mayores ingresos relativos con mayores pensiones.

Para ello, es necesario definir una pensión mínima universal, que recibirían todos los pensionistas, con un nivel que pueda asegurar un consumo mínimo vital al jubilarse, en el caso peruano podría ser de 1,400 soles al mes o de 16,800 al año. Sobre esta base los trabajadores de los tres quintiles superiores recibirán una pensión adicional en función de sus aportaciones anuales. Sin embargo, sus aportaciones tendrían dos destinos un 20% iría al fondo común de pensiones de jubilación FCPJ y 80% a sus fondos individuales. El FCPJ sería complementado por aportes del estado provenientes de los impuestos directos y por el manejo financiero del fondo, de tal manera que asegure la pensión de jubilación mínima. La condición sine-quanon para tener derecho a una pensión es estar formalizado, es decir, registrado como contribuyente con RUC o RUS, o estar en planilla electrónica.

Adicionalmente, todo aportante al sistema de pensiones tendrá un seguro de salud que seguirá vigente al jubilarse. Este tema es crucial para el éxito de un sistema de jubilación.

Es obvio, que este sistema tendrá éxito en la medida que la economía tenga una tasa de crecimiento capaz de crear nuevos empleos y capaz de aumentar la productividad del trabajo en todos los sectores. Esto implica que el sistema de pensiones tiene que estar conectado a la dinámica económica sectorial y regional. Para ello se requerirá no sólo políticas macroeconómicas estables, que generen simultáneamente baja inflación y empleo, para ello la política monetaria y fiscal de corto plazo deberán tener metas de mediano plazo en términos de empleo y de productividad. Complementariamente, y de manera crítica serán necesarias políticas sectoriales que promuevan aquello sectores con mejores posibilidades de crecimiento en producto, productividad, empleo y en exportación interregional o internacional.

En el caso peruano una jubilación decente sólo será posible si se reduce en el mediano plazo las desigualdades familiares (personales) y regionales, y se elimina la pobreza. Por ello, un sistema de pensiones no será exitoso si no está imbricado en un sistema económico que genere crecimiento (producción y productividad) empleo y redistribución de los frutos del desarrollo. Quien crea que se puede crear un sistema de pensiones al margen del modelo de desarrollo está haciendo demagogia.

Febrero 2021

LA CONSTITUCIÓN, EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual constitución. Algunos la quieren reformar y otros la quieren cambiar. Lo cierto es que la constitución vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “auto-golpe de estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del estado, acorde con la corriente ideología neo-liberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neo-liberal, generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2015, redujo la pobreza, pero no la desigualdad, sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. En cuanto el crecimiento mundial comenzó a declinar la economía peruana, dependiente de precios y de la demanda internacional por las materias primas y productos agrícolas, comenzó a declinar y a hacer más agudas las desigualdades y el aumento de los niveles de pobreza. Por otro lado, la reducción del estado por las reformas neo-liberales no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades generadas por el modelo económico. Es muy importante entender que el neoliberalismo genera crecimiento con desigualdad, sólo corregible si, por ejemplo, la presión tributaria es mayor al 20% del PBI.

En consecuencia, se comenzó a asumir que la incapacidad del modelo para favorecer a todos los peruanos de manera más o menos pareja, además de la constatación que los ingresos y bienestar de los grupos sociales pertenecientes al 10% de la población crecían a tasas claramente más elevadas que el 50% de la población, era una realidad incuestionable. Además, se ha deducido que el modelo neoliberal y el estado no tienen la capacidad de revertir los efectos del ciclo económico y financiero internacional.

Debido a estos factores, se ha inferido que parte del problema es la constitución vigente que ha reducido la capacidad y la calidad del estado –tal como hemos constatado durante la pandemia del COVID19- en consecuencia, es necesario cambiarla o reformarla. Lo cierto es que la constitución fujimorista ha sido funcional mientras la coyuntura económica internacional fue favorable, ahora que viene la época de las vacas flacas parece que ya no lo es.

Es importante tomar en cuenta que: la diferencia entre reformar y cambiar la constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la constitución es, en primer lugar, el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas que representan a la población electoral, que plasman los acuerdos bajo la forma de un conjunto de normas esenciales para el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía, dentro de un sistema democrático.

Los partidarios de la reforma de la constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes necesarios. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida que los problemas socio-económicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva constitución podría ayudar a cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no sólo de la política sino de la sociedad.

Los que opinan que el cambio de constitución es para volver al modelo estatista, al chavismo que ha fracasado, tampoco tienen razón, es simplemente una oposición ideológica de los que apoyan el neoliberalismo. Dados los cambios estructurales acaecidos en el Perú en los últimos treinta años, existen algunas estructuras que no es fácil ni deseable cambiar, por ejemplo: tener una política macro-económica que mantiene una baja inflación, bajos déficits fiscales y una moneda fuerte, por otro lado, la cultura emprendedora es un activo importante para el desarrollo, la apertura de la economía y la globalización hace parte del contexto cotidiano de las personas.

La sociedad y la economía peruana funcionan hoy sobre la base de estos parámetros, en consecuencia, presumo que quienes quieren cambiar la constitución tendrían que tomar en cuenta estos factores, sobre cuya base habría que hacer propuestas innovadoras que utilicen estas bases para, por ejemplo, reducir la desigualdad social y regional, reorientar el papel del estado. En consecuencia, también el cambio de la constitución es, en la práctica una reforma en una dirección mucho más social y de crecimiento más equitativo.

A estas alturas del siglo XXI no cabe otra cosa que proponer un sistema económico más productivo y, sobre todo, mucho más equitativo. Para lograr ello, lo mejor sería que las fuerzas de la derecha, de centro y de la izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes en la constitución que llevarían a desarrollo con equidad y sostenibilidad y a un estado igualador de desigualdades, para lo cual debería proponerse su reforma. Este si sería un pacto social que haría que la constitución tenga legitimidad, genere cohesión social y promueva el desarrollo humano en el largo plazo.

Lima, 29 enero 2021

KEYNES ESTÁ DE VUELTA PARA SALIR DE LA CRISIS COVID19

Efraín Gonzales de Olarte

Cuando se dio la enorme crisis de 1929, los economistas neoclásicos discutían como salír de ella, sin dar pie en bola. Hasta que John Maynard Keynes propuso una teoría según la cual la intervención del estado sería crucial para salir de la crisis. El gasto público sería la clave para reactivar la demanda y, en consecuencia, la economía. Su receta tuvo un éxito sin precedentes antes y después de la segunda guerra mundial, cuando los países beligerantes quedaron devastados económicamente y había que reconstruirlos.

La teoría keynesiana se constituyó así en la salvadora del capitalismo y hoy que tenemos una crisis económica de gran dimensión, aunque con un origen distinto a las crisis del 29 y de la pos guerra, Keynes está de vuelta para enfrentar la paralización impulsada por el covid19 y por el neoliberalismo, que redujo el estado a su mínima expresión y, recién ahora, nos damos cuenta que la mano invisible del mercado no puede arreglar una crisis, tiene que ser la mano muy visible del estado, pero de un estado que funcione. Nuevamente al salvataje del capitalismo.

La pregunta que uno se hace es ¿tendrán éxito las recetas keynesianas en el Perú? No me cabe duda que en otros países las tendrán por varias razones que explicaré.

El reciente discurso del Presidente Martín Vizcarra es un buen reflejo de la vuelta del keynesianismo, pues buena parte de su discurso aludió a mayor gasto público, mas bonos de emergencia, mayor inversión, crédito al sector privado. Es decir, la salida de la crisis económica pasa por reactivar la demanda, dado que la oferta –la capacidad productiva- ha sido poco afectada por la pandemia.

La intención es buena y seguramente van a funcionar en los países con un estado eficaz y eficiente, que no es el caso del Perú. Hemos sido testigos de las grandes dificultades de gasto que han tenido los gobiernos regionales y el propio gobierno central durante la pandemia, ya sea por incompetencia administrativa, por temor a tener problemas judiciales, o simplemente porque los gobiernos regionales y locales no están diseñados ni equipados para acometer sus propias funciones y menos una pandemia. En este sentido, la descentralización impulsada por el gobierno de Alejandro Toledo ha sido un fracaso, en otras razones por problemas de diseño y de secuencia en su aplicación.

Por ello, si se quiere que las políticas keynesianas funcionen en el Perú, la primer regla es que sea ejecutada totalmente por el gobierno central, la segunda regla es que cree un comité de ejecución de gasto integrada por técnicos –economistas, abogados y politólogos- de probada capacidad técnica y moral, para que sea los que califiquen con rapidez los proyectos de inversión del estado y la ejecución de los gastos extraordinarios destinados a la lucha contra la pandemia y al proceso de reactivación progresivo. Para ello habrá que flexibilizar la normatividad que se tiene para la aprobación del gasto público, que está basado en la extrema desconfianza sobre los funcionarios públicos y sus fáciles tendencias a la corrupción. Constatamos cuán importante es la moral pública para administrar políticas estatales, en casi ningún modelo económico se considera los comportamientos inmorales o amorales como una variable relevante. En el Perú si lo es.

La vuelta de Keynes nos lleva a otro tema. La combinación de neoliberalismo extremo como ha sido el caso del Perú con pocos comportamientos morales, no sólo ha achicado al estado si no que lo ha convertido en tremendamente ineficiente y corrupto. En este sentido el neoliberalismo extremo también ha fracasado en el Perú. Lo que pasa es que no solamente es un problema del tamaño del estado sino que aún sigue teniendo las taras del estado colonial, cuyos niveles de corrupción han sido convenientemente analizados por Alfonso Quiroz.

El siguiente paso, después de la pandemia, será la de reformar el estado en sus tres niveles de gobierno, lo que significa rehacer la descentralización.

Lima, 29 de julio 2020

EL LABORATORIO PERUANO Y LA ATOMIZACIÓN POLÍTICA:

Efraín Gonzales de Olarte

La atomización de la política en el Perú, mostrada en las elecciones congresales recientes, con 21 organizaciones políticas compitiendo por 130 curules en el congreso, es un hecho digno de la mayor atención y preocupación, por sus repercusiones sobre la gobernabilidad y sobre el desarrollo del Perú.

Este proceso electoral puede ser visto como un experimento social, casi de laboratorio, que consiste en cómo elegir 130 congresistas –por un año y medio- que representen los deseos, las expectativas, las frustraciones y las esperanzas de más de 20 millones de electores. Es necesario, sin embargo, tomar en cuenta que el contexto en el cual se dieron las elecciones tenían cuatro grandes componentes que ciertamente han condicionado la votación. En primer lugar, venimos de una crisis política de representación,  que concluyó en la disolución del congreso de la república, luego vivimos un período inédito de lucha contra la corrupción con fiscales que tienen investigados a los ex presidentes de la república y algunos políticos notables, en tercer lugar, la economía ha comenzado a estancarse en parte por factores externos – guerra comercial USA versus China- y por factores internos la incapacidad relativa del gobierno de ejecutar sus presupuestos de inversión, y finalmente vivimos en una atmósfera de inseguridad ciudadana y de violencia de género y delictiva inédita en el Perú. Con estos grandes problemas en mente, se inscribieron 21 organizaciones electorales de las cuales máximo tres podrían ser acreditadas como “partidos políticos”, el resto fueron organizaciones con fines electorales, sin doctrina, sin organización, sin todos aquellos atributos que se requiere para aspirar a alterar en política seria.

Normalmente, los países serios tienen sistemas bipartidistas, en algunos tienen hasta cuatro partidos o movimientos políticos que aspiran a gobernar, lo que permite proponer grandes orientaciones de política y de gobernanza. Pero tener 21 organizaciones significa que el sistema político se ha fragmentado al extremo y que las preferencias electorales ya no pasan por las grandes opciones de políticas – conservadora, liberal, social demócrata o socialista- sino por las pequeñas necesidades de la población, que en el caso peruano son muchas.

Estas elecciones experimentales nos han mostrado que la inseguridad es un gran problema, por ello la gente ha votado por la organización y por el líder que les ofrece seguridad, por aquellos que representan al peruano olvidado y discriminado que además tiene una ideología religiosa con una ética bíblica, pero también han votado por aquellos que están descontentos con las estructuras económica y políticas, que en el extremo proponen gobiernos de “mano dura”, es decir, un grupo importante de peruanos no creen en este estado y quieren uno más autoritario y recio. Pero también han votado por algunas organizaciones con cierta experiencia y con propuestas globales para gobernar el Perú, una de las cuales apunta a la educación superior barata y con cartón. Además, estas elecciones han castigado a los políticos y sus organizaciones que hicieron del congreso una máquina favorable a la corrupción, a la política de baja ley. Esta elección ha sido, pues, un proceso de catarsis social.

En el fondo, todas las propuestas convergen en que se requiere de más estado, pero sobre todo de un estado fuerte en democracia.

Estas elecciones nos dicen, que el Perú está fragmentado al extremo y dado que nadie ha logrado una mayoría más allá del 10%, se presenta la interrogante: ¿será posible que 10 organizaciones políticas se puedan poner de acuerdo sobre una agenda común? No lo sabemos, es una situación inédita e interesante, casi de laboratorio social.

Presumo que una agenda común sería la lista de promesas de cada grupo: lucha contra la inseguridad, políticas de inclusión para los menos favorecidos sobre todo en el ámbito rural, continuidad de la lucha contra la corrupción, más y mejores políticas sociales –educación y salud- y mayor eficiencia y eficacia del estado. Es una incógnita si la necesaria reforma del sistema político y sus partidos, y los mecanismos de elección futura se podrán aprobar rápidamente con este congreso.

El gobierno del presidente Vizcarra tendrá que sintonizar con esta agenda. Sin embargo, este congreso no sólo será de un año y más, sino que además este año comienza la campaña presidencial para las elecciones generales del 2021 y hay varios nuevos congresistas que se sienten presidenciables. Esto me hace pensar que seguiremos más o menos igual, pues se cruzan demasiados escenarios y el tiempo de este congreso y del gobierno es ya corto.

Finalmente, en una situación de atomización de las representaciones políticas y con bastante improvisación, lo que va a contar es quienes son los representantes con nombre propio, de alguna manera los más votados contarán para los posibles acuerdos, más que sus plataformas. Cuando se presentan crisis en las que las instituciones dejan de funcionar, éstas son reemplazadas por lo notables, que en este caso son los más votados.

Volveré sobre el tema en un mes, cuando sepamos la composición del congreso, el gobierno haya tomado nota de los resultados y el Perú haya digerido estos resultados de laboratorio. No puedo dejar de reconocer que pese a todo el Perú está procesando sus crisis manteniendo su sistema democrático, casi un milagro.

28.01.2020

¿UN PAÍS CON UNA GRAN CRISIS MORAL Y ÉTICA PUEDE ASPIRAR AL DESARROLLO?

Efraín Gonzales de Olarte

Los hechos denunciados en el Poder Judicial peruano han dado suficientes pruebas de un fenómeno casi generalizado en toda la administración pública: la corrupción. En el gobierno central tenemos cuatro ex presidentes con juicios por presunta corrupción, hay varios gobernadores regionales en la cárcel o con juicios por uso indebido de los fondos públicos, igualmente decenas de alcaldes, es decir es casi una bacteria que ha estado infectando la administración pública y, obviamente, ha contaminado  a la sociedad que, para recibir servicios del estado, se confronta a funcionarios cuya moral pública y personal va en contra de los principios éticos sobre los cuales se fundan la Constitución, las leyes, el Estado peruano y la educación cívica de las personas.

Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿Qué ha sucedido en el Perú, que tanto el estado como la sociedad han pasado a una situación de transgresión ética corrosiva, generando una crisis moral que está cambiado los resultados de las relaciones sociales y, sobre todo, está alterando los códigos de conducta social?

Para tratar de responder esta difícil pregunta es necesario recordar los recientes orígenes de la corrupción. Si bien este fenómeno tiene una larga historia, analizada por Alfonso Quiroz, este nuevo ciclo de corrupción comenzó el año 1990, cuando el Perú estuvo a punto de colapsar cuando, durante el gobierno de Alan García, se combinaron tres crisis: la hiperinflación y la incapacidad de pago de la deuda peruana, la crisis política y el debilitamiento de los partidos políticos y la guerra terrorista interna desatada por Sendero Luminoso y el MRTA. De dicha crisis se salió, gracias al apoyo internacional, a la aplicación de las reformas propuestas por el Consenso de Washington y al sufrimiento del pueblo peruano.

Es importante señalar que los ajustes económicos efectuados coincidieron con un ciclo económico internacional muy favorable, lo que permitió superar la crisis financiera, pero sobre todo, las reformas neoliberales -que promovieron las privatizaciones de las empresas públicas- comenzaron a atraer los capitales del exterior y, el gobierno, tuvo ingresos extraordinarios por las privatizaciones, que en parte fueron utilizadas para distintos programas de pobrezas, pero una buena parta fue utilizada de manera “poco santa” por el gobierno fujimorista y su principal asesor Vladimiro Montesinos. Los peruanos vimos cómo dicho asesor comenzó a sobornar a congresistas para que pasen a las filas oficialistas, pagar sueldos extraordinarios a funcionarios del estado por fuera de la administración normal, etc. Es decir, un primer componente para que haya corrupción ha sido la bonanza de las finanzas del estado.

Un segundo componente fue el carácter quasi dictatorial del gobierno que no era fiscalizado por ningún otro poder del estado, lo que permitió un desarrollo de la corrupción sobre todo en la cúpula gubernamental y en las autoridades que se supone debían fiscalizar al gobierno, el congreso, la contraloría, el ministerio público, estuvieron no sólo cooptados por el ejecutivo sino sumisos a él.

Bajo estas circunstancias las principales instituciones del estado se debilitaron, debido al asedio interno, pero sobre todo asistimos a una declinación alarmante del respeto por las normas éticas y, consecuentemente, la conducta moral de gobernantes y funcionarios se contagiaron al punto de generar una de las peores crisis éticas de los últimos tiempos en el Perú. La crisis ética originada en negocios turbios hechos desde el gobierno, ha sido probablemente el peor resultado de un ajuste neoliberal combinado con una pseudo democracia y una total ausencia de equilibrio de poderes (checks and balances) en el estado peruano. Esta primera etapa concluyó con la renuncia intempestiva del Ing. Fujimori en el extranjero, ante la amenaza de juicios y probable vacancia de su presidencia. El resultado de felonía mayor es que el asesor Montesinos había expatriado fondos estatales abriendo cuentas bancarias personales millonarias tanto en Suiza como en Luxemburgo. Hoy sigue en prisión este asesor y el ex presidente fue juzgado y puesto en prisión por temas de derechos humanos, pero no por temas de corrupción.

Luego del impecable gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, las elecciones del 2001 favorecieron al Dr. Alejandro Toledo, quien tuvo la suerte de entrar al gobierno durante la fase más expansiva del ciclo económico internacional, lo que obviamente hizo que las finanzas del estado se recuperan después de los últimos años malos del gobierno anterior. Nuevamente, las finanzas del estado florecieron y el gobierno central, los gobiernos regionales (creados por este gobierno) y las municipalidades volvieron a tener ingresos extraordinarios, en consecuencia, el primer requisito para la corrupción –recursos fiscales extraordinarios – estaba dado.

Pero ya habíamos heredado la crisis moral bajo la forma de una cultura proclive a la corrupción, a la impunidad y a aprovecharse del estado. Es sobre esta base que empieza una nueva fase.

La principal puerta para la corrupción de esta nueva etapa fue las múltiples obras de infraestructura que emprendieron los tres niveles de gobierno. Pero la mayor parte de estas inversiones se hicieron desde el gobierno central y apareció en el escenario las empresas brasileñas encabezadas por Oderbrecht, que generaron un modelo de corrupción en los niveles donde se tomaban las decisiones de inversión que generó casi un protocolo de corrupción organizada a nivel internacional. El resto de la historia es conocida. Obviamente, la capacidad de fiscalización de las instituciones que deberían haberlo hecho –contraloría, poder judicial, el ministerio público- simplemente no existió y, en muchos casos, contribuyeron a formalizar las coimas y demás pagos ilegales e inmorales.

El problema es que, actualmente, el Perú se encuentra en una encrucijada que podría ayudar a resolver el problema, si los que participan en las reformas propuestas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra no tuvieran intereses particulares que defender frente a la justicia y, aún peor, si no tuvieran la ambición de llegar al gobierno para que las cosas sigan como están y se siga medrando del estado, aunque probablemente con otros métodos.

Mi conclusión es bastante pesimista, pues las bacterias de la corrupción han permeado a casi toda la “clase política” y se ha convertido en una especie de “modos operandi” que es difícil extirpar sin un liderazgo fuerte, un apoyo decidido de la población, una recomposición política y una participación de la intelligentzia mucho menos temerosa y más activa. Un país sin reservas morales es un país sin futuro. Necesitamos de un rearme moral.

Lima, octubre 2018

REFORMA CONSTITUCIONAL, CONGRESO Y DESCENTRALIZACIÓN

Efraín Gonzales de Olarte[1]

La reforma constitucional que está en proceso, propone tener dos cámaras (diputados y senadores) y pretende cambiar la representación de la población en el congreso de manera territorial (regiones y provincias). Es una buena ocasión para conectar el estado con la economía de manera descentralizada, con el propósito de promover un desarrollo descentralizado y redistributivo, además de consolidar el sistema democrático descentralizado.

La idea central que propongo es relacionar las economías regionales y locales con el Estado peruano a través de un nuevo sistema de representación en el gobierno nacional, de tal manera que en el Congreso de la República los diputados y senadores representen a los habitantes de las regiones económicas, para que se den iniciativas legislativas, se fiscalice y se promueva una coordinación del gobierno central con los gobiernos regionales y locales.

La economía fiscal se basa en los impuestos que cobra el estado en sus diferentes niveles de gobierno. Es decir, depende de la base tributaria de cada lugar del país y ésta, a su vez, se basa en la economía regional y local, es decir una región con altos niveles de producción y de ingresos ha de generar los impuestos necesarios para financiar el gasto público tanto nacional como regional y local. Por ello, es imprescindible que la representación política no sólo tome en cuenta aspectos sociales y políticos, sino también que represente los intereses económicos de las poblaciones asentadas en las distintas regiones y localidades del Perú.

Dadas las funciones vigentes de los gobiernos regionales y locales, los primeros deben promover el desarrollo regional, sobre todo a través de la inversión pública y en estrecha asociación con el sector privado. Los segundos deben promover el bienestar de la población local a través de las funciones municipales establecidas. En consecuencia, es importante los aspectos económicos macro-regionales tengan una voz en el Congreso, sobre todo en el senado, y los intereses locales lo tengan en la cámara baja, de tal manera que haya una representación de estos niveles de población en el legislativo para mejorar la supervisión, la coordinación y la promoción del desarrollo regional y del desarrollo humano. Esto además permitiría mejorar la coordinación con al gobierno central, en la medida que los representantes de las regiones provincias tendrían acceso a los altos niveles del gobierno y, en general, del estado.

Por ello, la reforma constitucional debería definir no sólo el número de senadores y de diputados que representen a regiones y provincias, sino también las funciones de ellos en su conexión con sus representados regionales y provinciales, además de su relación con los gobiernos regionales y locales. Es decir, la reforma constitucional debe contribuir a redefinir las relaciones del congreso con los pobladores de las regiones y las provincias, así como con los gobiernos sub-nacionales. Esto permitiría mantener el carácter unitario establecido en la Constitución del Perú y, al mismo tiempo, permitir un ejercicio parlamentario con una proyección descentralizada, de tal manera que el congreso nacional cumpla mejor sus funciones en favor de las regiones y provincias.

El siguiente tema es cómo definir las regiones para que sus senadores respondan a las necesidades de la población regional y a los intereses económicos de cada región. Para ello es necesario pensar en economías regionales, definidas como espacios geográficos de dos o más departamentos, con una o más ciudades de más de 500 mil habitantes, con poblaciones de más de 2 millones de habitantes y, sobre todo, con un mercado regional donde se produce, intercambia y consume entre 2/3 y 4/5 de la producción de la región. Es decir, estamos hablando de economías articuladas territorial y económicamente que tienen potencialidades para crecer y desarrollarse y que tienen una demanda interna con escalas suficientes para promover la inversión, con acción concertada de los tres niveles de gobierno y del congreso.

Obviamente las 25 regiones definidas actualmente (los ex – departamentos) no tienen los requerimientos necesarios. Por ello y basado en nuestros estudios[2] proponemos 9 “regiones integradas”: 1. Piura-Tumbes, 2. Lambayeque-Cajamarca-Amazonas, 3. La Libertad-Ancash, 4. Ica-Ayacucho-Huancavelica, 5. Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno, 6. Junín-Pasco-Huánuco, 7. Cusco-Apurímac-Madre de Dios, 8. Loreto-San Martín- Ucayali, 9. Lima-Callao.

Así, el número de representantes en las dos cámaras debería estar en función de la población y del número de electores por cada región. Si fuere así, en el siguiente cuadro presentamos dos hipótesis, A. Una representación política de 130 (30 senadores y 100 diputados) y B. Otra con 180 (120 diputados y 60 senadores), distribuida en las 9 regiones integradas, con sus respectivos números de representantes por región.

Un tema adicional que quedaría por definir es el reparto de senadores y diputados en cada región. Se puede seguir el criterio anterior, sin embargo, para que la representatividad sea equitativa, la hipótesis B de 120 diputados y 60 senadores, es la que más se adecúa, pues cada región actual (ex –departamento) debería tener por lo menos un senador y los diputados serían elegidos en listas agregadas por regiones, de tal manera que los candidatos tengan la obligación de conocer las necesidades de su región actual y de las otras a la que pretende representar. Queda claro que tener dos cámaras con el mismo número de representantes actuales (130) no es ni técnicamente aceptable y menos políticamente viable.

Finalmente, el peso de Lima-Callao se ve en el número de senadores y diputados, sin embargo, resulta siendo minoría frente a la representación regional.

[1] Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú

[2] Ver: Efraín Gonzales (2003): “Lineamientos económicos y políticos para la ley de incentivos para la conformación e integración de regiones”, en: Walter Alejos (compilador): Regiones Integradas, Fondo Editorial del Congreso del Perú

¿LA POLÍTICA IMPORTA PARA LA ECONOMÍA, EN UN PAÍS ENVENENADO POR LA CORRUPCIÓN?

Efraín Gonzales de Olarte

Hemos sostenido en este Blog, que la economía está desconectada de la política en el Perú. Es decir, mientras la actividad económica tiene su ruta propia, lo que sucede en la política apenas la afecta. El Perú es un barco que ha escogido un rumbo y el timón está en manos del MEF y del BCRP, quienes sólo controlan que la dirección sea la misma. Cualquier variación de la economía viene del exterior, ya sea por subida o bajada de los precios de los minerales, del petróleo, por la variación de la tasa de interés americana o de la bolsa de valores de NY. En cambio, la política, por muy turbulenta que sea, no tiene algún efecto sustantivo sobre el proceso económico, incluyendo la política del gasto. La pregunta es ¿por qué?

Curiosamente, los Estados Unidos de Trump se está pareciendo al Perú en este aspecto, pues la turbulencia desatada por varios libros publicados y el artículo anónimo del NY Times sobre el presidente americano, no ha afectado en nada ni la bolsa, ni las expectativas de corto plazo. Si esto es así, un eventual impeachment tampoco afectaría las tendencias de la economía americana, porque el origen de su dinámica proviene de decisiones tomadas por la anterior administración del presidente Obama y, sobre todo, por las decisiones de los agentes económicos frente a precios relativos pre-Trump y en un mundo con menos proteccionismo. Claro el presidente americano, oportunista como es, se atribuye la buena performance de la economía como si fuera efecto de las decisiones que ha tomado su gobierno. Más bien es muy probable que, en cuanto las medidas proteccionistas que ha tomado comiencen a tener efecto, la tasa de crecimiento de la economía americana comience a declinar. Esto es lo que varios analistas prevén.

Obviamente, hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos que hacen que la política no esté conectada con la economía. La principal razón de esta ausencia de causalidad es el grado de institucionalidad que tiene tanto el Perú como EEUU. Curiosamente en el Perú la desconexión se debe básicamente a que las instituciones políticas y gubernamentales son débiles, en cambio en EEUU se debe a que son fuertes. ¿cómo explicar esta paradoja?

La respuesta obvia es que Perú no es EEUU, no sólo porque somos una economía pequeña primario exportadora, sin mucha industria y mayormente informal, mientras que EEUU es todo lo contrario. Es decir, el Perú tiene una economía incompleta[1] y un desarrollo institucional precario, mientras que EEUU tiene una economía con sectores primarios, industriales y de servicios articulados con grandes escalas, es decir una economía completa y tiene una estructura institucional –normas y organizaciones- que funcionan cualquiera que sea el gobierno, es decir tiene un estado fuerte. En el caso peruano la principal institución, el Estado, apenas puede recaudar el 15% del PBI y su gasto público no tiene el impacto suficiente para, por ejemplo, hacer variar el nivel de actividad económica de manera importante, con lo cual su impacto en el ciclo económico es realmente pequeño y aún menor en el empleo. En EEUU una variación de la tasa de interés por la FED tiene impacto tanto en los niveles de consumo e inversión, como en el empleo, es decir tiene un impacto político.

Sin embargo, los acontecimientos recientes en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Fiscalía de la Nación, nos han mostrado que una de las principales razones porque las instituciones no funcionan es la corrupción, es decir, la corrupción ha hecho que la política ayude a la desconexión de la política de la economía, en la medida que ésta altera los resultados esperables de la justicia, en función de intereses particulares de quienes la administran. En otras palabras, se tiene la sensación que la justicia tiene un precio, en el mercado informal de la corrupción. En consecuencia, estamos frente a un problema moral y ético, que está en la base de la debilidad institucional, pues es obvio que esta cultura corrupta se ha generalizado a casi todos los niveles del estado, en el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades y muchas empresas. La consecuencia es que todo aquello que podría resolverse por las vías legales tiene dos caminos: la corrupción o la informalidad, que permiten evadir impuestos o generar enriquecimientos ilícitos. Un país con estos dos atributos es muy difícil que se pueda desarrollar y, peor aún, es muy probable que su democracia se debilite progresivamente, tal como ya está sucediendo.

Si bien la corrupción parece ser una “herencia colonial” pues según Alfonso Quiroz ésta existe hace dos o tres siglos, lo que si hemos comprobado es que el pasado gobierno fuji-montesinista potenció la corrupción a niveles tales y tan evidentes, que hoy el Perú se ha convertido en un país donde el comportamiento corrupto se ha vuelto una regla, mientras que la probidad y la honradez es una excepción. Los casos de Oderbrecht, el club de la construcción, las coimas en el poder judicial, las licitaciones fraudulentas en gobiernos regionales y locales, nos ilustran este proceso y desgraciadamente la corrupción parece haberse instalado para quedarse. Pero lo más peligroso es que la heredera de Fujimori maneja el Congreso siguiendo las lecciones y los estilos dejados por su progenitor y su asesor. Lo que significa que se van a oponer a cualquier reforma que vaya en contra de la corrupción, pues, su cálculo político para llegar al poder, y obviamente medrar, se verá comprometido. La peor herencia que dejo el gobierno de Fujimori es la crisis moral que asuela al Perú.

Por estas razones, la iniciativa del Presidente Vizcarra, de reformar el poder judicial, es algo que no sólo hay que apoyar, sino que de no hacerse el Perú se convertirá en una republiqueta dirigida por Pepe el vivo y apañada por Juan el indolente. Es decir, un país chicha y sin futuro civilizado. Pero no basta con reformar el poder judicial, que será verdaderamente una gran tarea, habrá que reformar también el sistema congresal, dotándole de dos cámaras y, lo más importante, siendo más estrictos con los valores morales de quienes quieren llegar al congreso. Luego habrá que encarar también la reforma de la administración del ejecutivo, perfeccionando la descentralización, fortaleciendo la contraloría y dotando a la ciudadanía de una capacidad de vigilancia mayor. Hoy esto es posible con un adecuado uso de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Sólo con un poder ejecutivo moderno y eficiente, un congreso realmente representativo de diputados y senadores aptos, tanto en sus niveles de educación, pero también en sus valores éticos y morales, y con un poder judicial confiable, es que podremos hablar del “equilibrio de poderes” que tienen las democracias avanzadas y que permiten una gobernabilidad moderna. Quizás en aquel momento la política se vuelva a conectar con la economía, pues el bien común definido desde el estado y la política deberá dar el marco institucional y legal para que la economía de mercado asigne eficientemente los recursos y reduzca las desigualdades.

[1] Ver mi libro con el mismo nombre, Fondo Editorial PUCP 2015