DESARROLLO Y DEMOCRACIA: La “promesa peruana” incumplida

Efraín Gonzales de Olarte

Las relaciones entre crecimiento económico y democracia se fundan en las correspondencias entre economía y política. Por un lado, la economía de mercado se caracteriza por su desigualdad intrínseca y el crecimiento económico tiende a mantener o incrementar dichas desigualdades, a menos que el Estado intervenga para reducirlas. Por otro lado, en la democracia todos somos iguales: un ciudadano un voto.

Estamos, pues, frente a un sistema dual, en el que la economía capitalista se basa en la desigualdad de capitales, de productividades, de ingresos y de oportunidades. Y el Estado democrático, que nos representa como sociedad, se convierte en un igualador de capacidades y oportunidades para poder garantizar viabilidad y sostenibilidad social.

Veamos qué factores generan crecimiento económico y los que generan democracia. El crecimiento económico depende del ahorro/inversión, las innovaciones tecnológicas, la mejora del capital humano (educación, salud, cultura y experiencia), de las productividades y de la demanda efectiva. La democracia depende del pasado histórico (Path dependency) de cada país, de clases medias robustas, desigualdades moderadas, instituciones políticas estables, Estado de Derecho, políticas públicas inclusivas. Se trata de un complejo conjunto de componentes que históricamente se han ido constituyendo, aunque con variados resultados tanto en el crecimiento como en la democracia.

El crecimiento económico es una condición necesaria para la democracia, pero no es suficiente, se requiere que el crecimiento sea distribuido equitativamente a la población, ya sea porque el modelo económico es intensivo en capital humano y genera una clase media robusta o ya sea porque el Estado interviene a partir de sus políticas sectoriales y sociales para generar oportunidades de desarrollo tanto para emprendedores como para trabajadores. Es aquí, en la mezcla de una economía inclusiva y un estado redistribuidor, donde el crecimiento se convierte en desarrollo económico, que es la condición sine quanon para una democracia estable. Esta combinación ha sido exitosa en los países europeos y algunos países latinoamericanos como Uruguay y Costarrica.

En América Latina el desarrollo económico ha sido intermitente e inestable, razón por la cual también sus democracias han sido también perturbadas y frágiles. Sin embargo, existen dos enemigos de la consolidación democrática y del desarrollo: las desigualdades productivas y sociales persistentes en el tiempo y las democracias delegativas y las populistas.

Las desigualdades persistentes de las productividades, de la riqueza y de los ingresos generan, desaliento, incertidumbres y a menudo conflictos sociales, que no abonan a la consolidación social y económica. La igualdad democrática choca con las desigualdades socioeconómicas y generan inestabilidad económica y política, que impide construir modelos o procesos de desarrollo inclusivos con los cuales la gente se identifique y los haga suyos. Es decir, si el crecimiento macroeconómico no genera desarrollo humano de todas las personas, la democracia resulta siendo un cascarón sin sustancia.

Las democracias delegativas -analizadas por el politólogo argentino Guillermo O’Donell)- son la deformación de la democracia representativa, pues genera concentración de poder en el ejecutivo, debilita las instituciones, reduce los mecanismos de rendición de cuentas (accountability horizontal), se basan en el plebiscitarismo y desprecia los límites legales. Al cabo de un tiempo generan gobiernos autoritarios, como es el caso de Venezuela. Finalmente, sus resultados son negativos tanto en la economía como en la política.

Los gobiernos populistas, según el historiador francés Pierre Rosanvallon, son una respuesta a las crisis de legitimidad y representatividad de las democracias modernas, y considera al populismo como una forma empobrecedora de la democracia, aunque reconoce que surge de problemas reales, como el desencanto con las democracias representativas. Los populismos plantean soluciones simplistas que a menudo llevan a crisis fiscales e inflación, además son peligrosos porque eliminan el pluralismo, destruyen las instituciones democráticas y producen gobiernos autoritarios.

En América Latina y en particular en el Perú, hemos tenido democracias delegativas y populistas como las de Alberto Fujimori que siguiendo la ideología neoliberal, generaron crecimiento económico con desigualdades socioeconómicas y regionales, con alta informalidad laboral, lo que debilitó las representaciones políticas y al cabo de algunos años generó una crisis de representación y atomización política, que hace difícil aspirar a la “promesa peruana” de construir un país con desarrollo y con democracia.

DICTADURA CONGRESAL Y CENTRALIZACIÓN DEL PODER

Efraín Gonzales de Olarte

Por definición, las dictaduras son centralistas y desdeñan el carácter democrático de la descentralización del Estado. Lo que está sucediendo en el Perú es un proceso de reducción de la democracia y el crecimiento paralelo de una dictadura del Congreso y la subordinación del gobierno a dicho poder. En consecuencia se está creando un poder centralizado basado en la eliminación o modificación de cualquier atisbo de equilibrio de poderes, de funcionamiento de instituciones importantes como el Jurado Nacional de Elecciones, de la ONPE, o la  JNJ, la modificación de la Constitución con el propósito de cambiar las reglas para impedir la alternancia política, la creación del Senado para que los actuales congresistas creen que pueden ser senadores, y últimamente la prohibición de movimientos regionales para aumentar sus chances de ser elegidos como autoridades en los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo para obligar a los electores regionales que voten por la gavilla de mediocres, cacasenos y cínicos que hoy están en el Congreso, sobre todo APP y FP.

Obviamente, esto es claro proceso de concentración del poder, propio de las dictaduras. El problema es que se trata de una dictadura bastante extraña pues no hay un dictador personificado, no hay un partido con poder político y con ideas de qué hacer con el poder, sino una agrupación de rufianes con angurria de poder, lo que significa que las posibilidades de la arbitrariedad, el desorden y la anarquía están a la vuelta de la esquina. Es una dictadura basada en intereses personales de gente que ha visto en la debilidad de nuestras instituciones y en una ciudadanía asustada, la posibilidad de medrar de los recursos del Estado, algunos para enriquecerse de manera ilícita, otros para usar el poder para dar empleo a sus parientes y amigos. En consecuencia, es una dictadura que es y será incapaz de pensar en la tremenda crisis de pobreza, desigualdad, informalidad y de la creciente incapacidad de las reparticiones del Estado para cumplir sus funciones con eficacia y honradez.

Lo poco que habíamos avanzado en estabilidad jurídica, expectativa de crecimiento económico, reducción de la pobreza y cierta esperanza de un futuro mejor, está siendo destruido por esta dictadura distópica, cuyos integrantes han perdido la vergüenza, la dignidad, los mínimos códigos morales que hacen funcionar a los países civilizados. Nos están llevando a la barbarie y a la destrucción del país.

De esta situación se han dado cuenta los jóvenes, por ello se están yendo o se quieren ir del país (ver encuesta del IEP), personas y empresas con recursos financieros también se están yendo. Para ellos el Perú no tiene futuro con este gobierno, con este congreso y con la sociedad civil que se ha quedado paralizada. Es decir, estamos perdiendo el futuro.

Para las regiones y las poblaciones del Perú profundo la inconstitucional supresión de los movimientos regionales es un arma de doble filo. Por un lado, ha de crear mayor animadversión al Congreso y al gobierno, que puede terminar en violencia, por otro lado, podría ser aprovechado por la treintena de partidos y “partiduchos” que quieren participar en las elecciones del 2026, siempre que la gente recuerde quién es quién. La pulverización de la política terminará en la elección de personas ávidas de medrar del Estado y no por opciones políticas. Es decir, se está generando una dinámica social, que los actuales congresistas creen que los podría favorecer.

Pero lo más terrible de este conjunto de normas aprobadas en el último año es la legalización de actividades delincuenciales como la minería ilegal, la tala de bosques, y la posibilidad de favorecer a los delincuentes comunes al no permitir allanamientos de sus antros y moradas. Claramente una confesión de parte de los que quieren aprobar el proyecto de ley.

Sin embargo, hay pequeñas posibilidades de cambio si la ciudadanía se sacude del marasmo y del miedo. Una posibilidad es la desobediencia civil a varias de las normas aprobadas, lo que podría generar una toma de conciencia sobre lo que viene. Otra es el derecho a la insurgencia dado el carácter dictatorial que ha asumido el Congreso. La otra es volver a las calles, para pedir empleo, mayor lucha contra la pobreza y la derogatoria de todas las “reformas” constitucionales hechas sin referendo y todas las leyes que están acabando con el futuro de los peruanos, sobre todo de los jóvenes. Felizmente, hay movimientos regionales que reaccionarán sobre esta medida anticonstitucional (art 2°) de impedir la libertad de asociación y participación política.

Lima, junio 2024

MICRO ECONOMÍA Y POLÍTICA: CÓMO SE JODIÓ EL PERÚ

Efraín Gonzales de Olarte

Nunca pensé que el mercado llegaría a la política, hoy la crisis política peruana se debe a que los políticos, los funcionarios, los gobernantes, han convertido su accionar en un mercado de prebendas, de intercambio de favores monetarios o de puestos de empleo o de poder. Por ello, es más fácil entender lo que está pasando en el Perú con un análisis microeconómico que con los modelos de la Ciencia Política. Cada cual trata de maximizar sus ingresos, sus ganancias, sus rentas y su estabilidad laboral. Desgraciadamente, el papel del político y del gobernante se ha degradado a sólo sus apetitos e intereses personales, no hay ideología política (votan juntos los que se denominan conservadores, izquierdistas, liberales e incluso los independientes) sólo hay intereses económicos particulares.

Estos comportamientos mercantiles de políticos y funcionarios están siendo posibles gracias al monopolio del poder en dos sentidos: Por un lado, tienen la capacidad de arreglar las normas a su conveniencia y no tienen competencia ni control, en la medida que prácticamente ha desaparecido el balance de poderes, al ejecutivo no le conviene fiscalizar al legislativo, porque de hacerlo sería vacado y viceversa, el poder judicial está disminuido y tiene poca capacidad de control y no digamos el penoso Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Por otro lado, al haber cambiado la Constitución y otras normas importantes han concentrado el poder en el Congreso, cuyo poder es ahora monopólico. Como es conocido, el monopolista tiene el poder de fijar precios, salarios y ganancias, sin que nadie pueda competir con él.

¿Cómo llegamos a esta situación? Hay cuatro grandes factores: la degradación de las instituciones políticas y sociales, la irrupción del predominio de la economía de mercado y la reducción del Estado impulsada por la ideología neoliberal, la estructura política definida por la Constitución de 1993 y como resultado de fondo el debilitamiento progresivo de los principios éticos en todos los niveles de la sociedad.

La hiperinflación del primer gobierno de Alan García debilitó la mayor parte de instituciones políticas, sindicales, empresariales y sobre el Estado, generando una profunda crisis que dio lugar a la devaluación de los partidos políticos y a la proliferación de movimientos electorales, uno de los cuales dio pase al gobierno de Alberto Fujimori, quien se dio maña para hundir a los partidos políticos doctrinarios llamándolos “mazamorra negra”, hoy no hay una sola agrupación política que podamos llamar partido. Sin partidos políticos y sin organizaciones laborales y sociales la política se va convirtiendo en una carrera para llegar al gobierno y medrar y corromper. Prueba de ello es que todos nuestros expresidentes están investigados o encarcelados por actos de corrupción y más 1300 (de un total de 1800) gobernadores alcaldes están siendo investigados por actos de corrupción.

Los treinta años de neoliberalismo le dio al mercado y al sector privado toda la responsabilidad de desarrollar al país y al Estado de hacer solo lo mínimo en un país con desigualdades históricas, el resultado es que hubo crecimiento sin redistribución, las ganancias subieron por el ascensor y los salarios por las escaleras y se generó una informalidad laboral que alcanza al 70% de la PEA. La macroeconomía anduvo bien, pero la microeconomía (las economías de las familias peruanas) no. Obviamente, un país con desigualdades sociales, con informalidad y con una gran pobreza rural es un caldo de cultivo para movimientos electoreros populistas y clientelistas y para la corrupción.

La Constitución de 1993 y las normas electorales fueron causantes de la inestabilidad de los gobiernos desde el 2002, pues la elección simultánea de ejecutivo y legislativo no aseguraba la gobernabilidad, pues casi siempre el nuevo presidente no tenía mayoría en el Congreso y tenía que negociar mayorías para llevar a cabo sus políticas y, en el caso de PPK y Castillo, la oposición simplemente no los dejó gobernar y se planteaba claramente las posibilidades de negociaciones turbias. Si se eligiera primero al presidente y luego al congreso, las posibilidades de gobernabilidad serían mayores, pues el gobierno ganador podría tener mayoría en el Congreso. Adicionalmente, el voto preferencial ha sido obviamente el mecanismo generador del mercado político, pues para tener un cargo político (presidente, congresista, gobernador, alcalde) es necesario invertir o tener quien financie la campaña (no olvidar que en las últimas elecciones hay evidencias claras que varios candidatos fueron financiados por narcotraficantes, mineros ilegales), que luego tienes que recuperar la inversión o pagar la deuda. En consecuencia, el marco jurídico es, en parte, el origen del mercado político actual.

Cuando todos estos procesos se fueron combinando se fue creando progresivamente una cultura proclive a la corrupción, en la medida que los propios presidentes (Fujimori, García, Toledo, PPK, Castillo) dieron el ejemplo de cómo aprovechar el poder para fines propios. Ejemplo que fue seguido en todos los niveles de gobierno y, en casi todas las reparticiones del Estado, es evidente que la ética pública se perdió casi totalmente, y la mejor expresión son los congresistas actuales y varios funcionarios investigados por la Fiscalía y por el Poder Judicial. Cuando la crisis llega al nivel ético y moral es muy difícil, aunque no imposible, recuperar los códigos morales mínimos: no mentir, no robar, no engañar, no matar. Creo que en el Perú hay mucha gente que no ha perdido la moral, pero que están asustados por la delincuencia convertida en política.

Para salir de este atolladero habría que pensar cómo hacemos para atacar los orígenes de esta crisis: reinventar los partidos políticos, mejorar el modelo económico, rehacer la Constitución recientemente manipulada y buscar liderazgos institucionales y personales basados en la recuperación de la moral pública y pensar seriamente en el “bien común” como meta de la política y de la gobernanza.

Abril 2024

EL MODELO DE WASHINGTON, EL NEOLIBERALISMO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. El caso peruano 1990-2020

Por Efraín Gonzales de Olarte

Editorial. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Año: octubre 2023

En estos tiempos de problemas muy coyunturales, hemos perdido la visión de largo plazo, la visión del desarrollo económico, y nos olvidamos del modelo económico “primario-exportador y de servicios” generado en el Perú durante los últimos 30 años. Este modelo ha tenido un período de gran auge seguido de la crisis actual, sin embargo, no ha resuelto los problemas de las desigualdades sociales y regionales, la informalidad, las bajas productividades y el acceso a oportunidades para todos. Lo que ha repercutido en un lento desarrollo humano.

En este libro he abordado el análisis del ciclo económico y político reformista neoliberal que se inició en 1990 y ha llegado a su fin. El Perú aplicó de manera drástica las recetas neoliberales propuestas por los organismos de Washington en los años 90s para superar la profunda crisis heredada del gobierno de Alan García. El principal resultado fue crecimiento sin redistribución, con gran informalidad y con grandes desigualdades. Es decir, “El modelo de Washington” basado en la ideología neoliberal, ha sido otro de los modelos de desarrollo aplicados en el Perú, que no ha llegado a convertir el crecimiento en desarrollo, capaz de resolver los principales problemas de la mayoría de peruanos.

En el libro se ha analizado los distintos modelos de desarrollo aplicados en todo el mundo y muestra porqué algunos países lograron construir modelos exitosos –por ejemplo: los países del sud-este asiático- y otros no -buena parte de los países latinoamericanos y particularmente el Perú-. Las principales características de los modelos exitosos de desarrollo han sido: construyeron procesos de crecimiento basados en la industria exportadora, el principal factor de crecimiento fue el capital humano, todo ello basado en el establecimiento de instituciones económicas y políticas estables y en un entendimiento del Estado con el sector privado empresarial por largo plazo.

Una conclusión importante es que no es posible copiar modelos de desarrollo, cada país debe construir su propio modelo en función de sus experiencias anteriores, tratando de superar los factores que impidieron el éxito de uno u otro modelo. Para ello, obviamente se requiere de acuerdos políticos, económicos e institucionales duraderos, en democracia. Es decir, la polarización y fragmentación social y política no puede llevar al desarrollo.

Hoy tenemos el desafío de recuperar la institucionalidad para recuperar la capacidad de pensar en un modelo de desarrollo integrador y sostenible.

¿Cuándo un modelo desarrollo económico es exitoso?

Efraín Gonzales de Olarte

En el Perú y en buena parte de América Latina hasta ahora no se ha encontrado el modelo de desarrollo económico capaz de resolver los principales problemas de sus habitantes: ingresos y empleo decentes, satisfacer las necesidades básicas y sociales de cada familia, acceso a servicios educativos, de salud e infraestructura básica, asegurar pensiones para la vejez, y la posibilidad de integrarse fácilmente a la sociedad del conocimiento, todo ello manteniendo un medio ambiente saludable. Es verdad que los estándares del desarrollo van aumentando constantemente, en la medida que aumenta el conocimiento, aparecen nuevas tecnologías, la constante expansión de la sociedad de la información y las aspiraciones crecientes de todos para alcanzar mayores niveles de vida y de cultura.

En América Latina se ha ensayado varios modelos de crecimiento: primario-exportador, primario-exportador y semi-industrial, industrialización por substitución de importaciones, primario-exportador y de servicios. En cada tipo de modelo la intervención del Estado ha sido variable, en el primero y el último su presencia ha sido limitada y la iniciativa privada ha constituido el motor del crecimiento, mientras que en los otros el Estado fue el promotor. Además, todos estos modelos han sido impulsados por gobiernos democráticos o alternativamente por gobiernos autoritarios, sino dictatoriales. Es decir, no ha habido estabilidad en los modelos de crecimiento por largas décadas y tampoco democracias duraderas, salvo excepciones como Costa Rica y hasta cierto punto Uruguay. Después de la segunda guerra mundial, el resto de países ha tenido períodos de crecimiento seguidos por etapas de crisis, pero la tendencia del crecimiento promedio ha sido bastante modesta en comparación con los países asiáticos, especialmente los del sud este.

El denominador común de estas tendencias ha sido la inestabilidad económica y política, que no ha permitido generar consensos nacionales para buscar el modelo de crecimiento económico que lleve al desarrollo social y humano. Obviamente, la pregunta que se plantea es: ¿por qué? No es fácil responder a esta pregunta, pero hay varios factores que pueden explicar este fenómeno tan complejo.

En primer lugar, hay factores históricos como la herencia colonial que generó la continuidad de economías primario exportadoras y Estados centralistas. El atraso económico de España y Portugal frente a los países que iniciaron la revolución industrial, impidió algún tipo de industrialización en el siglo XIX, la industrialización de varios países de América Latina sólo comenzó a raíz de la crisis de 1929, generándose la primera ola de industrialización para substituir los productos que ya no se podían importar. Luego vendría la industrialización por substitución de importaciones (ISI), posterior a la segunda guerra mundial, promovida por la CEPAL, que tuvo una década de auge y después entró en crisis, En todo caso fueron procesos de industrialización tardía, cuya principal característica fue producir para el mercado interno y no como los países asiáticos cuyos modelos de crecimiento fueron de industrialización para la exportación.

En segundo lugar, ninguno de los modelos de crecimiento logró resolver el problema de la desigualdad en la distribución de la riqueza y de los ingresos, al contrario, en cada fase de crecimiento económico las desigualdades se incrementaron. El problema central de las desigualdades de ingresos es que generan estructuras de demanda también desiguales, es decir, los que tienen altos ingresos tienen capacidad para importar los bienes industriales y servicios que deseen, en cambio los de bajos ingresos, que son la mayoría, sólo pueden comprar los productos nacionales como alimentos, ropa y algunos servicios y como su demanda agregada es relativamente pequeña no constituye una base para alentar el incremento de las inversiones para aumentar la oferta. De otro lado, las desigualdades son un freno para el desarrollo de los mercados de trabajo y capitales, que se desprende de la baja tasa de inversión. Además, las desigualdades generan tensiones sociales entre los que tienen mucho y los que tienen poco o nada. Ningún modelo de crecimiento y ningún gobierno ha logrado resolver este gran problema. Por ello, cada vez que hay una crisis de crecimiento, salen propuestas políticas de signo contrario para corregirlas, en consecuencia, se genera un péndulo entre políticas pro-mercado y políticas estatistas, generando una inestabilidad que hace perder el norte del desarrollo de largo plazo.

En tercer lugar, dada la discontinuidad de los modelos de crecimiento y las desigualdades inmanentes, la construcción de instituciones económicas, políticas y sociales ha tenido las mismas tendencias: han sido cambiantes frente a cambios en las coyunturas económicas y políticas, no han logrado reducir las desigualdades, por ejemplo: a partir de políticas sociales con metas de largo plazo en educación, salud, infraestructura básica y cultura. Sin embargo, las instituciones económicas (BCRP, SUNAT, SBS, etc.) han sido más estables que las instituciones que manejan las políticas sociales y las instituciones políticas, lo que muestra que los intereses económicos predominan sobre las necesidades sociales. Por otro lado, los partidos políticos, se han ido debilitando y se han ido desconectando de las necesidades de sus electores y del carácter igualador de las políticas estatales, es decir, las preferencias colectivas han perdido sus representantes al llegar al gobierno, con resultados económicos y sociales inciertos para todos.

Frente a este panorama complejo e inestable, uno se pregunta ¿qué se puede hacer para buscar un modelo de desarrollo capaz de resolver los principales problemas de las personas y de la sociedad? Además, ¿Quién debe o podría promover los cambios en base a propuestas que sean convincentes para los electores y los ciudadanos?, pero sobre todo que tengan credibilidad que lo que se promete se ha de realizar. La debacle en América Latina comenzó cuando los partidos que ganaban las elecciones con promesas populistas, al llegar al poder se convirtieron en neoliberales, este fue el caso de Menem en la Argentina y de Fujimori en el Perú. Es decir, se rompió la esencia de un pacto electoral: la credibilidad que progresivamente fue decreciendo y también el rol de los políticos en la promoción del desarrollo.

Las experiencias internacionales de éxito en el desarrollo han tenido varios ingredientes: 1. Mantener una estabilidad política e institucional por largo tiempo. 2. La generación de confianza en el modelo de desarrollo, cualquiera que sea, basado en que sus resultados favorezcan a las mayorías. Uno apoya lo que le favorece. 3. Construir un modelo de crecimiento capaz de aumentar constantemente las productividades, en base a la innovación tecnológica y al empuje del capital humano, acompañado de un Estado capaz de asociarse con el empresariado y, al mismo tiempo, tener una robusta política redistributiva apoyada tanto por el empresariado como por la sociedad civil. Crecimiento con redistribución es la fórmula, es decir una economía mixta en la empresariado y Estado cooperan y que se asocia a un modelo político democrático, con instituciones fuertes y descentralizado.

Obviamente, cada país debe buscar de construir su propio modelo de desarrollo, pero para ello se requiere de consensos, confianza y estabilidad política por 30 o 40 años, es decir por dos generaciones por lo menos. Todo un desafío para la América Latina tropical.

6.03.2024

A DÓNDE NOS LLEVA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Efraín Gonzales de Olarte

Nos hemos preocupado por las potencialidades y amenazas de la inteligencia artificial (AI), pero no estamos tomando en cuenta que sus posibilidades serán aprovechadas por quienes están más equipados: los ricos, los de mayor educación, los países más desarrollados, las grandes empresas y el resto probablemente no tendrá las mismas oportunidades. En consecuencia, la mayor amenaza de la IA es que, con seguridad, va a incrementar las desigualdades entre personas, regiones y países, o sea que en el futuro habría un incremento de las divergencias en el desarrollo en el mundo, en los países y las regiones, que llevarán a un dualismo, de pronto insalvable.

Según Google “La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción”. Es decir, es una tecnología que busca emular la inteligencia y la acción humana, que requiere de conocimientos de informática, que pueden ser aplicados tanto a la construcción de un robot, como a la producción de teléfonos celulares y a la posibilidad de realizar cualquier tarea a pedido, tal es el caso de ChatGPT, que no sólo es capaz de responder cualquier pregunta, escribir un poema, pintar un cuadro, escribir una tesis  universitaria e, incluso, ayudar a resolver problemas científicos complicados. Es decir, es capaz de ir reemplazando a nuestro cerebro o acelerando sus potencialidades.

Sin embargo, las múltiples aplicaciones de la IA nos vienen desde fuera y nos convierten en usuarios pasivos de sus avances. Por ejemplo: el uso masivo de los celulares y sus programas prefabricados nos han hipnotizado y nos hemos convertido casi en sus esclavos. El efecto de estas nuevas tecnologías, basadas en la IA, están cambiando las relaciones sociales, antes teníamos los amigos del barrio a quienes conocíamos y nos juntábamos para departir o hacer deporte, hoy tenemos amigos virtuales de todo el mundo, que son imágenes y voces que no sabemos si son reales o artificiales. Estamos perdiendo, pues, el contacto humano tan necesario para vivir en sociedad. Aunque es obvio que las siguientes generaciones serán muy diferentes y serán dependientes de las innovaciones tecnológicas, de manera permanente. Es decir, habrán perdido mucho de la libertad y de la iniciativa personal

Es evidente que habrá muchos que utilizarán la IA para progresar, dentro de los parámetros que se están estableciendo en un mundo crecientemente dominado por la IA, esos serán los que tienen recursos para comprar las tecnologías, recursos para tener mayores niveles educativos y obviamente, aparecerán muchas empresas nuevas nacidas de esta matriz. Claro está que son y serán las grandes empresas las que liderarán las transformaciones e innovaciones, que nos las irán transfiriendo constantemente y, nosotros, como usuarios no sólo no tendremos opción, sino que estaremos excitados en cada aparición de algo nuevo, es decir, estaremos yendo apresuradamente a una nueva clase de alienación, de la cual será difícil salir y recuperar la libertad de pensar y actuar por uno mismo.

Pero aquellos que no tienen los recursos financieros y tienen bajos niveles de educación, obviamente se quedarán atrasados y no podrán hacer parte de la “modernidad y potencialidad de la IA” y serán los nuevos omitidos de la sociedad de la IA.

Las preguntas que me hago son: ¿quién será más libre? y “la libertad tendrá una nueva connotación? en un mundo compuesto por los que producen nuevas tecnologías, mercancías y servicios y los consumidores incapaces de revelar sus preferencias. En verdad, el capitalismo ha sido siempre así, los productores de todas las innovaciones industriales y culturales han condicionado nuestras canastas de consumo con los nuevos productos y servicios que aparecen. El capitalismo de la IA será, obviamente, mucho más innovador de innumerables nuevas tecnologías, que nos alinearán sin remedio, pero también marcará nuevos criterios de desigualdad.

Estamos advertidos.

LA DESCENTRALIZACIÓN PASMADA 2003-2023[1]

Efraín Gonzales de Olarte

Acabo de publicar el libro del título. Las principales conclusiones a las que llegué son las que siguen. Nuestra intención es volver a poner en agenda la descentralización como reforma del Estado con el objetivo de promover el desarrollo regional y local, la democracia y el desarrollo hunmano. En la primera parte veremos los resultados del proceso de descentralización 2003-2023, en la segunda presentaré la propuesta para relanzar la descentralización pasmada.

1. LOS RESULTADOS.

La búsqueda del desarrollo regional integrado, convergente, equitativo y equilibrado sigue siendo un objetivo de largo plazo en el Perú. El crecimiento económico, en el período 2003-2018, ha sido positivo de manera agregada, pero bastante desigual a nivel regional. Los principales factores de crecimiento han sido la inversión privada en primer lugar, los precios internacionales de las exportaciones peruanas y la inversión pública, que se vinculan el ciclo internacional expansivo. Dentro de este contexto, la descentralización se conectó sobre este ciclo económico, ha sido la primera vez que se lleva a cabo un proceso de descentralización don una economía en crecimiento.

La descentralización iniciada en el 2003 ha contribuido con un pequeño avance en el plano económico, ciertamente ha sido un  modestísimo factor de crecimiento regional o local, en la medida que ha mejorado la integración física, estatal y económica. La descentralización del poder de decisión hacia los gobiernos locales y regionales sobre las decisiones de inversión ha contribuido a esta tendencia, sin embargo no podemos afirmar que la descentralización haya sido, hasta ahora, un importante factor de desarrollo regional.

El mayor impacto de la descentralización ha estado en el plano político, en la medida que ha permitido la reforma de un Estado demasiado centralista y la transferencia de competencias y presupuestos a los gobiernos regionales y locales. Pero, aún en este tema, la descentralización careció de un plan de largo plazo y de una concertación amplia entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil en cada región, provincia y distrito. Lo que no ha logrado generar una vigorosa adhesión al proceso de descentralización por las sociedades regionales y locales.

Hay cinco factores que han limitado la capacidad desarrollista de la descentralización: a. el pequeño tamaño del Estado, tanto presupuestalmente como en sus funciones, burocracia poco calificada y capacidad de gestión; b. los vaivenes en su aplicación en cada cambio de los cuatro gobiernos (2002-2020) c. la falta de un plan que orientara, coordinara y ordenara el proceso de descentralización; d. la persistente corrupción, e. fue una descentralización sin regionalización.

Un Estado que recauda apenas el 15% a 16% del PBI y gasta alrededor de 21% del PBI, en un país con grandes desigualdades regionales y locales, es insuficiente para acometer objetivos de promoción del crecimiento económico (inversión pública) y de redistribución (gasto social) de manera simultánea. En estas condiciones, la descentralización solo pudo aspirar a una mayor eficiencia en la asignación de la inversión y del gasto público, sin embargo, el Estado peruano no tiene una buena capacidad de gestión, no hubo coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo la corrupción se hizo dramáticamente creciente durante el período de aplicación. En consecuencia, no hubo más eficiencia en el gasto público descentralizado.

Una política de Estado como la descentralización tuvo que haber tenido un plan de largo plazo y una hoja de ruta que fuera cumplida por cada nuevo gobierno. La ausencia de metas intermedias en la descentralización ha sido notoria. Además, cada nuevo gobierno ha tenido una apreciación diferente de las potencialidades de la descentralización. Tampoco desde la sociedad y desde los sectores productivos ha habido una participación comprometida e interesada con el proceso.

La ausencia de un plan de descentralización se ha hecho patente en la forma como se ha llevado a cabo el proceso. Las etapas aconsejadas por la experiencia internacional (1. descentralización política, 2. descentralización administrativa, 3. descentralización del gasto, 4. descentralización tributaria) no fueron tomadas en cuenta. La descentralización política tuvo como falla de origen el no definir una nueva regionalización. la descentralización administrativa fue descoordinada y desfinanciada, la descentralización tributaria, que se supone es la última etapa de este proceso, se dio desde el inicio del proceso debido al incremento sustantivo del canon, las regalías mineras y de otros recursos, para cuyo manejo y asignación no estaban preparados los gobiernos regionales y locales, por lo que no se aprovechó adecuadamente de estos recursos, la única que funcionó fue la descentralización del gasto.

Estas son las razones por las cuales la descentralización a la peruana de los últimos casi 20 años, ha tenido un desempeño bien modesto y, sobre todo, ha entrado en una etapa de somnolencia.

Quizás el aspecto más negativo de este proceso ha sido la descentralización de la corrupción, hay suficiente evidencia judicial y de la procuraduría anticorrupción sobre la profundidad de este problema. El inédito ciclo de crecimiento económico, durante los diez primeros años del proceso de descentralización generó recursos fiscales mayores a los de décadas anteriores y, en la medida que los mecanismos de fiscalización por parre de la Contraloría han sido muy débiles, la corrupción ha crecido y prácticamente se ha institucionalizado en todos los niveles de gobierno. Así, la carrera política se ha convertido en una meta de enriquecimiento ilícito para quienes son elegidos alcaldes, gobernadores, presidente y otros funcionarios del Estado.

La corrupción ciertamente reduce las posibilidades de brindar mejores servicios públicos, de realizar inversiones con mayor beneficio social e incrementa la asimetría de la información pública. Se trata de una redistribución de los recursos del Estado de manera delincuencial y que favorece la concentración del ingreso en los partícipes de la corrupción. Este es, a todas luces, uno de los problemas más difíciles de resolver para la continuidad de la descentralización.

En suma, las grandes expectativas puestas en la descentralización como promotora del desarrollo regional y local han sido puestas en su real dimensión: un país económicamente concentrado espacialmente (ciudades y Lima), con un Estado pequeño y con poca claridad sobre las metas de la reforma, solo ha avanzado en una mayor democratización de la sociedad y de manera modesta en la descentralización política. En su dimensión económica, la descentralización no ha logrado reducir las desigualdades regionales, la divergencia en el crecimiento, aunque sí ha avanzado en la integración física, económica y estatal.

2. LA PROPUESTA.

Pese a los modestos resultados de la descentralización, ésta continúa siendo una posibilidad –quizás la única- para reformar el Estado y para encaminar a la sociedad y a la economía a una senda distinta de desarrollo regional y local, impulsada por una democracia robusta. El hecho de haber distribuido el poder en los cuatro niveles de gobierno es un avance en sí y debería retomarse, pero requiere de un balance y, probablemente, de un relanzamiento con un plan que tenga objetivos de mediano y largo plazo para el desarrollo territorial y, en consecuencia, para el desarrollo humano. Los pasos que habría que seguir son los siguientes:

El primer paso es rehacer la descentralización política con un pacto entre el Estado, los empresarios y la sociedad civil (que debe incluir a los gremios, entidades de la sociedad civil y ONGs) también de manera descentralizada, es decir un “pacto descentralista para el desarrollo”. La verdadera reforma del Estado descentralizado debe partir de un acuerdo social y político en el que intervengan estos tres grandes estamentos de la sociedad.

Un tema esencial del relanzamiento de la descentralización es reinstaurar la reelección de autoridades regionales y locales. La no reelección ha sido un factor muy dañino para el desarrollo regional y ha promovido la corrupción

Pacto descentralista de largo plazo.

El segundo paso, es establecer una política de desconcentración económica territorial a partir de planes concertados de inversión definidos en el pacto, en los tres tipos de inversión: capital humano, capital físico y capital institucional, en cada región. Es imprescindible establecer metas de mediano y corto plazo en un plan concertado. La asociación y cooperación entre la inversión pública y privada es un tema central, para lograr el desarrollo desconcentrado de regiones. Es necesario generar incentivos para que la inversión desconcentrada tenga tasas de crecimiento bastante mayores que las de Lima. El efecto adicional de este proceso es generar una desconcentración de la base fiscal que fortalecería la descentralización del Estado. Desconcentrar para descentralizar y descentralizar para desconcentrar

Tercero, es necesario incrementar el tamaño del Estado en términos fiscales y a mejorar su calidad de gestión. La descentralización y el desarrollo regional no tendrán éxito si la presión tributaria no llega por lo menos a 20-22% y el gasto público a 25-26% sobre el PBI. Es imprescindible la ampliación de la base tributaria^[2] y disminuir la dependencia de la economía fiscal los precios de las exportaciones. Es necesario que la mayor parte de los impuestos -generados regional y localmente- provengan de los sectores productores para el mercado interno: agricultura, agroindustria, industria y servicios, en las distintas regiones- y una mayor diversificación de las exportaciones internacionales. Con un Estado chico la descentralización no tendrá éxito.

Cuarto. Es necesario precisar el rol subsidiario de un Estado descentralizado. En un país con desigualdades regionales y locales, es necesaria la presencia activa del Estado en aquellos lugares (provincias, distritos o regiones) en los que el sector privado o es débil o sus negocios no son viables. Esto sucede, sobre todo, en aquellas poblaciones pequeñas, relativamente aisladas y con escasos recursos naturales, donde el Estado debería asumir el rol de productor de bienes y servicios. El Estado y el sector privado deberían cooperar para incrementar la integración económica, física y estatal, base del desarrollo territorial y para desconcentrar la inversión productiva a regiones fuera de Lima sobre la base de la acción subsidiaria del Estado en las regiones más débiles. Redefinir el rol subsidiario del Estado descentralizado

Quinto. Es preciso definir un modelo de desarrollo económico regional que debería ser Desconcentrado, Integrado y Exportador, tanto al exterior como entre regiones (DIDE). La desconcentración es en el fondo un proceso acelerado de incremento de la división del trabajo a nivel regional y de aumentos sustantivos de la productividad.

Sexto. La regionalización. Un tema que ha quedado de lado es la conformación de macrorregiones. E     sta ha sido una falla de origen del actual proceso de descentralización y no será fácil volver a procesarlo. Este problema está vinculado a dos temas: el tamaño de la “región óptima” y los intentos de crear mancomunidades regionales o regiones integradas. El tamaño de las economías regionales es importante, porque permiten activar los beneficios de las economías de escala y las externalidades, que son factores probados de mayor desarrollo.

Las mancomunidades no deberían reducirse a la coordinación de la inversión, el gasto público y las propuestas de proyectos inter gubernamentales de desarrollo, debería incluirse la integración económica como meta de largo plazo. Lograr que las regiones actuales se integren económicamente –aunque no tengan gobiernos macrorregionales- es una necesidad para el desarrollo regional y para el fortalecimiento de la democracia. Es imprescindible  establecer algún sistema de premios para promover la inversión y el gasto público por macrorregiones o mancomunidades. La descentralización “recargada” y la cooperación entre departamentos para conformar macrorregiones.

Séptimo. Un aspecto no menor y que a menudo se soslaya es el poder de la ideología descentralista, que ha decaído y debería volver a ser parte del proceso de descentralización. El conjunto de ideales sobre cómo la descentralización puede ser una vía efectiva de desarrollo regional Las ideologías, son parte del capital inmaterial que pueden movilizar las voluntades, a los ciudadanos, a los empresarios y a la sociedad civil. El poder de la ideología descentralista.

Finalmente: ¿qué hacemos con la corrupción? Tema complejo y de difícil solución, pero que es necesario acometer. Proponemos un conjunto de soluciones jurídicas, institucionales y éticas para enfrentar este corrosivo problema: 1. Crear un sistema judicial especial para el juzgamiento rápido de los delitos de corrupción, de manera descentralizada. 2. Descentralizar la contraloría de manera efectiva, que las oficinas regionales cuenten con cierta autonomía. Hacer transparentes los procesos de licitación, concesión, compras y adquisiciones, a través de plataformas informáticas, interactivas. 3. Incorporar códigos éticos y conformar liderazgos éticos a nivel de regiones y localidades. Realmente se necesita una cruzada anticorrupción. 4. Mejorar la vigilancia ciudadana ampliando las funciones de los foros para los presupuestos participativos, dándoles la función de fiscalización de los presupuestos aprobados y en ejecución. 5. Crear incentivos para premiar las buenas prácticas limpias de corrupción. 6. Hacer que los acuerdos de los presupuestos participativos sean vinculantes, lo que permitiría la fiscalización ciudadana de las ejecuciones presupuestales.

Concluimos. Para generar desarrollo humano el crecimiento económico tiene que estar en función de las personas. Para ello, la condición necesaria es la desconcentración de la inversión privada en coordinación con la inversión pública. La condición suficiente es que la inversión debe ser hecha en las tres formas de capital: humano (educación), físico (infraestructura básica y productiva) e institucional (normas simples y claras y buen gobierno) y debe generar desconcentración económica. La condición sostenible es la conversión imperativa del capital natural en capital humano y en capital físico. La condición imprescindible es la aprobación de un “pacto social” para descentralizar para desconcentrar y desconcentrar para descentralizar entre: empresariado, Estado y sociedad civil. Una descentralización sin una participación política institucionalizada y activa no tendrá los resultados que se esperan.

Lima, enero 2024

[1] LA DESCENTRALIZACIÓN PASMADA. Desconcentración y desarrollo regional en el Perú 2003-2020, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima diciembre 2023.

^[2] Hay dos caminos para lograr este objetivo: una agresiva campaña para reducir la elusión y la evasión tributaria y un cambio progresivo de la estructura económica hacia sectores que produzcan con mayor valor agregado dirigidos al mercado interno y al externo.

LA IMPORTANCIA DE SER “CAVIAR”

Efraín Gonzales de Olarte

Estoy seguro de que la mayor parte de quienes usan la palabra caviar y sus derivados en el Perú no saben que se trata de los huevos del esturión, pez que no existe en nuestro país. Como apelativo político, comenzó a usarse en París en mayo de 1968 cuando estudiantes de sectores acomodados, acostumbrados a consumir productos de lujo en ocasiones importantes como el caviar, fueron actores de manifestaciones estudiantiles y sindicales apoyando cambios radicales en la política y sociedad francesas. A ellos los denominaron caviares.

En el Perú de los últimos años se ha generalizado su uso tanto por políticos tanto derechistas como izquierdistas que tienen en común ser sectarios y profundamente ignorantes, con el fin desacreditar, estigmatizar o denigrar a personas que no comulgan con sus ideas y que,  proviniendo de clases medias  promueven la democracia, los derechos humanos, la separación de poderes, la justicia social, inclusión y la tolerancia y que se caracterizan por tener niveles educativos e intelectuales bastante mejores que sus detractores.

La descalificación proviene de que alguien con un nivel acomodado de vida no puede ser progresista ni debe preocuparse políticamente por los pobres o por los excluidos. Se niega la posibilidad de tener sensibilidad social y promover la solidaridad. Como si estuviera prohibido pensar en el bienestar de quienes pertenecen a una clase o grupo social distintos del propio. Se trata pues de un pensamiento profundamente reaccionario.

Así, los “caviares” y el “caviarismo” se han convertido en un fantasma al cual tanto la derecha bruta y achorada como la izquierda bruta e ignorante le atribuyen todos los males del Perú, a tal punto que el “anti-caviarismo” se ha convertido en una muletilla, que cualquier político o ciudadano que tiene un problema cuyo origen no sabe explicar, utiliza para descalificar a cualquiera que tenga una explicación lógica y coherente y, especialmente, progresista y democrática. .

Es interesante cómo “los caviares” -que no tienen organización, tampoco líderes, no tienen militantes, ni financiamiento- han sido construidos como enemigo político por los seudo políticos que, identificándose a sí mismos como “de derecha” o “de izquierda” sin ideología ni doctrina política claras, coinciden en algunas cosas importantes: en primer lugar, en su afán por gobernar promoviendo sus intereses particulares o corporativos, sin preocupación por el bien común. En segundo, en sus esfuerzos por corromper o destruir todo vestigio de institucionalidad en el país que pudiera ser obstáculo para sus intereses. En tercero, en sus ataques para hacer retroceder todo logro en términos de derechos y justicia social que se haya podido alcanzar hasta ahora. Como no son capaces o no les interesa justificar o siquiera debatir las ideas, todo se reduce a adjetivos, insultos y prepotencia.

En la práctica, los ataques de derecha e izquierda están configurando a los “caviares” como una opción de centro que, interesantemente, se va ampliando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha menos radicales que conservan convicciones democráticas. Y ése es quizás el mayor temor de los extremos, pues estas alturas del proceso político peruano, los políticos que están en el Congreso casi todos ellos “anti-caviares” y el gobierno, tienen más de 90% de rechazo de la ciudadanía.

Quizás sea el momento propicio para conformación de un partido o un frente de centro que el Perú está reclamando para volver a dialogar, a buscar salidas conjuntas a la crisis, rescatar las instituciones que han sido objeto de cambios que las desnaturalizan y, sobre todo volver a pensar en el bien común de los peruanos.

Lima, septiembre 2023

LA REBELIÓN DE LA PERIFERIA

Efraín Gonzales de Olarte

El Perú está organizado geográfica, económica y socialmente en un sistema centro-periferia. Lima es el centro nacional y el resto de departamentos y provincias es la periferia nacional. Sin embargo, en cada departamento cada ciudad –de acuerdo a su tamaño- es un centro de una periferia rural o de ciudades más pequeñas. La economía y la sociedad se organizan económica y espacialmente dentro de este sistema, y dependiendo de dónde uno vive estará en el centro o en la periferia.

Esta es generalmente la forma como están organizados casi todos los países en su geografía. Sin embargo, el caso peruano tiene algunas características de un sistema centro-periferia atrofiado, que permiten explicar las protestas y marchas más prolongadas de su historia y que, a estas alturas, configuran una verdadera rebelión de la periferia.

El sistema centro-periferia del Perú está caracterizado por: 1. El producto per cápita promedio de Lima es 4 veces más grande que del resto de departamentos. 2. El crecimiento de Lima es divergente del crecimiento del resto del país, es decir, la brecha de producción, ingresos y productividades se va haciendo cada vez más grande. Esta tendencia se repite entre los centros y las periferias de las regiones. 3. Esto se explica porque no hay causalidad entre el crecimiento del centro y el crecimiento de la periferia, es decir el crecimiento de Lima no necesariamente genera crecimiento del resto de regiones, así como el crecimiento del resto de regiones no genera el crecimiento de Lima. El mismo patrón se repite en cada región del Perú, pues las relaciones económicas de ida y vuelta entre las ciudades y los entornos rurales son muy débiles. 4. El resultado de este sistema centro periferia es que el ingreso promedio de un trabajador limeño es tres veces más que el de un trabajador de Huancavelica y la relación entre el ingreso urbano con el de un trabajador rural es también de 3 a 1. Esto no debería suceder en una economía de mercado. 5. Esto se refleja en el índice de desarrollo humano de Lima es 0.7, mientras que el de Apurímac es de 0.4, esta es una diferencia parecida a la que hay entre países de Europa y países africanos, es decir, una gran desigualdad en el desarrollo humano entre el centro y la periferia del Perú.

Estas cifras nos dicen dramáticamente que hay una persistente desigualdad entre los centros y las periferias, que en el tiempo no se van a igualar porque están económicamente poco integrados y es probable que en largo plazo esta situación de desigualdad y de desconexión no varíe, si las bases económicas y políticas no cambian.

Bajo esta óptica las protestas, las tomas de carretera y pedidos de cambios políticos tienen sustento. Estamos frente a la rebelión de las periferias, que han tomado conciencia política de las desigualdades, de la exclusión económica y de la falta de una respuesta a su situación, desde el Estado y de los gobiernos, pero también desde el sector privado moderno. Respuesta que podría cambiar su situación. Por ello, apoyaron a un representante de las periferias como presidente de la república y quienes votaron por él tenían grandes expectativas, creo que exageradas, que estando en el gobierno alguien como ellos, pudiera cambiar las cosas. Pero obviamente, Pedro Castillo no dio la talla, el establishment político y el congreso tampoco.

La simbólica “toma de Lima”, en realidad habría que interpretarla como la toma del centro por las periferias. Lima y las ciudades son lugares donde está el poder, desde dónde se pueden cambiar los problemas de exclusión económica y social, de desigualdad y de donde se toman las decisiones políticas. Por ello, las marchas han convertido a la periferia en un actor político, que espera una respuesta del centro, del gobierno, en una coyuntura especialmente crítica, en la que se puede definir el futuro del Perú y de la mayoría de los peruanos, sobre todo los que viven en las periferias.

Las soluciones no son muchas, la primera es la respuesta militar y policía que el gobierno de Dina Boluarte ha asumido. Esta solución está generando un gobierno cívico-militar cuyas decisiones no cambiarán los problemas que venimos de señalar, la rebelión continuará meses, quizás años, con el efecto de un país sin futuro, sin democracia y la deriva. La solución histórica sería la de asumir el reto de darle más poder a las periferias, lo que pasaría por elecciones lo antes posible, seguido de un diálogo nacional capaz de romper nuestros códigos de comportamiento social excluyente y adjetivado (terruco, DBA, DBI, caviar), admitir las diferencias, conversarlas y llegar a acuerdos, y obviamente relanzar la descentralización con el propósito de integrar los centros con sus periferias. Esta sería la salida política para cambiar el contrato social que tenemos y canalizar la enorme energía social que tienen las periferias. ¿Tendrá la presidenta Boluarte el coraje de renunciar y precipitar las elecciones? Si lo hace habrá contribuido, quizás, a un cambio mayor y en democracia.

Febrero 2023

IS PERU VIABLE AS A COUNTRY?

By Efraín Gonzales de Olarte

 The Peruvian political crisis, which has been ongoing for several years, had a point of inflection when the former president, Pedro Castillo, made an inexplicable attempt to become a dictator. On December 7, the inviability of Peru, both as a country and as a nation, was confirmed, since in the last 50 years, neither rightist nor leftist governments have managed to integrate Peruvians so that they feel part of a shared collective — of “our” country, and not, as is the case with the majority of the population, of an alien country: a country that belongs to the others. The result of this crisis is the division of Peru into at least two “Perus”.

Why would December 2022 be a moment of inflection in the history of this budding country? Never before had such a Peruvian come to power: a precariously educated, working-class man with a truly provincial origin — a small town in Cajamarca, one of the poorest regions in Peru. Pedro Castillo, the rural teacher, led the roster of a provincial “political party” with a confusing set of ideas, derived from an anachronistic Marxism, to win a national election. Up to that moment, all previous government leaders had come from political, corporate, military, or intellectual elites. In other words, they had come from socioeconomic sectors enjoying higher income and post-secondary levels of educational attainment (though not always from Lima, as was the case with A. Toledo, V. Paniagua, and J. Velasco), and had been endorsed by more-or-less organized political organizations — or had had the support of the armed forces as the foundation of their power.

In fact, the coming to power of the schoolteacher Pedro Castillo was the result of a profound crisis of political representation, characterized by the political atomization and the near disappearance of doctrinal parties, which is why Castillo was able to win a national election with just 18.9% of the votes in the first round, ultimately defeating Keiko Fujimori by 40,000 votes in the second round. It was almost a penalty shootout. In other words, Castillo came to power due to the convergence of a series of circumstances developing over the last nine years, and whose origins can be traced to much earlier events, such as the 1992 “self-coup” of Alberto Fujimori’s government and its aversion to political parties, and even further back in time, to the colonial heritage that split Peru in two: the colonialists and the colonized — a duality that changed only in terms of actors and names throughout Peruvian history, and which now makes a dramatic reappearance.

Obviously, coming to terms with the election of Castillo was not easy, especially for the urban and Limeño Peru, as it generated uncertainty for several reasons. On the one hand, he came in representation of a small provincial party whose owner and leader, Vladimir Cerrón, is a Cuban-educated physician who is being investigated by the authorities, and whose party, Perú Libre, had no plan of government, properly speaking, but a set of ideas written with the aid of some Marxism manual from the last century, which proposed changes that would lead Peru to become a communist/socialist country like Cuba. Incidentally, after 30 years of experience with neoliberalism, the proposals contained in Perú Libre’s ideology created panic in many sectors of the country. On the other hand, Pedro Castillo appeared rather like a cut-to-size guest to lead the party’s roster, given that Perú Libre had overmodest aspirations: obtaining a minimal number of votes to retain its political party status and, perhaps, one or two seats in congress. This caused Castillo’s electoral campaign to be characterized by a populist discourse in the most remote communities, unvisited by the other candidates, where he promised to solve all their local problems. This had two effects: (1) the places in greatest need (e.g., southern Peru, the poorest region in the country) voted for him; and (2) they saw him as a genuine representative (i.e., they felt identified with him, for he was like them).

Castillo’s coming to power further transparentized the great socioeconomic inequalities found in Peru, both in social sectors and in regions and municipalities, which translated into multiple requests for public spending and investment. It was obvious that a leftist government had to be, at the very least, of a redistributionist nature, but this was understood by neither Castillo nor Perú Libre, for they were not prepared to propose an economic and social policy of this cut: they had neither the ideas nor the “executives” to do so.

Things took a more anthropological turn. His social origin, combined with Perú Libre’s precarious organization and the judicial problems of its leader, led Castillo to govern based on his small social foundations, prioritizing his family, friends, and neighbors from Chota, his hometown, and some Cajamarquinos, friends of his family or neighbors, and the “executives” provided by Vladimir Cerrón. Obviously, the result was translated into a familial and Chotano cronyism, which led to a utilization of government resources for the benefit of his entourage — something that previous administrations had also done, but that, in this case, was too evident: they were too transparent in their acts of corruption, and the press, especially the conservative one, took care of keeping a close tally on these dealings, given their animosity towards Castillo since his success in the first electoral round.

The biggest problem is that, due to the priority given to his entourage and the nearly absolute lack of direction in its economic and social policies, Castillo’s government was a chain of blunders (e.g., in the election of both its ministers and other officials) that caused the weakening of the government’s actions, which brought a sense of unprecedented precariousness. The fact that he had 80 ministers in his first year and a half in office gives us an idea of how improvised this administration was. It was not a leftist government — it was an incompetent government.

Paradoxically, said precariousness and instability did not affect the performance of the Peruvian economy, for it has been over 25 years since the economic cycle gained its independence from the political one. This clearly favored Castillo, as — despite not having clear policies and showing a tortuous management of the public apparatus — the Peruvian economy continued to grow, and inflation remained under control (except, obviously, during the two years of the COVID-19 pandemic). Curiously enough, said outcomes stem from the primary-exporter and service economy model (primario-exportador y de servicios, PESER) inherited from Fujimorismo, as well as the autonomy of the Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva, BCR) and the regulatory bodies — all of which Castillo promised to eliminate during his electoral campaign.

Another aspect of the former president, by no means insignificant, were his limited communication and dialogue skills with the media; these were made evident in that pitiful CNN interview in January 2022, after which his counselors advised him not to face the press, and to establish other channels of communication to contact the population. It was for that purpose that the decentralized cabinets were established — and their audiences carefully chosen, obviously based on their affinity towards the president — providing Castillo with a platform from which, true to his syndicalist style of a “permanent candidate,” he continued promising to solve the population’s problems, knowing perfectly well it would not be possible for his administration to do so. In the best populist style, and driven by his ineptitude, he became a demagogue, feeding false hope to his voters. Most importantly, it was thanks to these platforms that Castillo started to create a strand of opinion in the populations of the provinces — that of being a president who was close to the problems of “the people” — and managed to convey the idea that Congress, the right, and the conservative media were not letting him govern. This is how he created an opinion that favored him, based on him being a leader of the people, one of them, who was not allowed to govern by the greater powers. His incompetence and the poor human capital of his various cabinets were hidden behind his transformation into the victim of a system that could not stand the fact that a provincial teacher of underprivileged origin had been elected president of Peru. The most important social effect was that his government caused the polarization of society, to the extreme of generating a growing socioeconomic dualism.

Nevertheless, said transformation went hand in hand with reports and investigations on a series of acts of corruption involving Castillo, his family, his entourage, and some of his ministers. Further evidence of this is that some of his relatives and former officials, who were being investigated by the Attorney’s Office, have either fled the country or gone into hiding. For this reason, there are those who think that the objective of the “coup” was to stop all the investigations related to corruption that the Public Ministry had started against him — this is why, in his address to the nation, not only did Castillo dissolve Congress, but also stated his intention to intervene in the Attorney’s Office and the Judicial Branch; in addition, he asked one of his aides to arrest the Attorney General of the nation who started the aforementioned investigation against him. The truth is he was not only incompetent as a president, but he was also incompetent when it came to managing the corruption he promoted and staging the coup.

After his attempted coup and his aspiration to become a dictator in the style of Maduro or Ortega, it was not surprising that a third of the population felt identified with Castillo and demanded he be reinstated, on the idea that he had been a victim. For his supporters, corruption was barely a venial sin that, in addition, remained to be proved — one like themselves had not been allowed to govern.

The next episode was the assumption of the government by Vice-President Dina Boluarte, which was accompanied by two circumstances that ended up confusing a significant portion of the population. The first one is that, upon violating the Constitution by announcing his coup, Pedro Castillo became automatically disqualified to continue to govern; as a result, Congress had the obligation to invite the vice-president to assume the presidency, in accordance with the Constitution. The second one is that — in an unnecessary act, given that Castillo was no longer president after having violated the Constitution — Congress passed a vacancy motion, in a rather theatrical fashion, to impeach the president on the grounds of “moral incapacity,” with 103 votes in favor out of the 130 possible votes. The interpretation of these events caused a significant portion of the population — especially from regions outside of Lima — to believe that Castillo had been removed by Congress, and that Dina Boluarte had been favored by his removal and was, consequently, a traitor. The truth is that a narrative was created based on the role of Congress — which was in constant confrontation with Castillo throughout his administration — as the cause of Castillo’s downfall, with Dina Boluarte as its accomplice. In her inauguration speech as president, she did not clarify why she had assumed the presidency according to the Constitution and did not distance herself from the Congress’s decision to impeach Castillo — though Congress had evidently taken advantage of the coup to finally find grounds for the impeachment (as unnecessary as it was, institutionally speaking).

After former President Castillo was put in custody, protests started to become generalized in the whole country, reaching unwanted levels of violence, with civilian casualties caused by police and army fire, but also police casualties brought about in the most brutal ways. The demands are as follows: (1) that Congress be closed; (2) that the current president, Dina Boluarte, step down; (3) that new elections be called; and (4) that a referendum be included to create a constituent assembly for the drafting of a new constitution.

The image portrayed by Castillo through his style of government was believed by a portion of the population with very little information, an extremely low capacity for discernment in political matters, and a high level of feelings of basic identification (i.e., support for their neighbors and relatives — or, in this case, for someone like themselves, who had promised the moon and the stars, but was unable to keep his promises because “they did not let him govern”). Never mind the fact that Castillo received money to promote officers or to appoint people to certain positions, as all previous administrations would have done the same, and, in the eyes of his supporters, this was not the cause of his impeachment by Congress. In addition, a significant portion of those demanding immediate elections and a new constitution have not even read the current one, which is why their stance has nothing to do with the rules governing Peruvian democracy, but with the incompetence of what they call the “political class” (as well as that of Congress) and the government’s neglect of the regions. In other words, what is worth analyzing are the social and economic outcomes of the political and economic system, and these have been rather scarce in the more popular areas and in the poorest regions.

Located in southern Peru, Puno, Apurimac, Cusco, and Arequipa are the regions with the largest number of protests and road blockades, which are the mechanism used to paralyze all activity; these, however, are spontaneous mobilizations of rural communities, combined with agitators from radical left groups and illegal sectors (e.g., drug trafficking, illegal mining and logging, and contraband), which do not come from a known organization with visible leadership. These mobilizations are a wave of discontent triggered in the protesters not only by the removal of a president like themselves, but above all by the poor performance of public institutions (e.g., health, education, utilities, and infrastructure) and by the poverty, underemployment, and informality in which the majority of people live.

Informality in Peru — characterized by the fact that 70% of the population is employed informally and generates only 20% of the gross domestic product — is an underlying problem from an economic, social, and political standpoint: it is the backdrop of the current crisis. From an economic standpoint, informality is synonymous with low productivity and, consequently, low income and precarious employment (i.e., poverty and the absence of a better future). From a social standpoint, as it does not foster stable work and production relationships, informality does not create the necessary social fabric for progress in a society (i.e., it is not possible to form guilds, unions, and associations having common interests — those with informal employment are on their own). From a political standpoint, the government does not manage to integrate those with informal employment so that they may enjoy the benefits of social security and retirement pensions — but above all, these people have no reason to organize themselves politically, and they will obviously vote for whomever offers them something or looks like them. As the Peruvian government apparatus is small, following the structural adjustment of the 1990s, it is unable to reduce inequality and provide more opportunities for the large majority of people. Informality is the latest form of the aforementioned duality and lack of socioeconomic integration in Peru.

From this perspective, the current protests are, in reality, a wake-up call given by people demanding a government that takes care of them and integrates them. Informality is the best route to social segregation. For these reasons, these protest mobilizations have no interlocutors with whom the government could dialogue to reach an agreement, thus the political settlement is fairly uncertain, and Peru may well be at the brink of social collapse or anomie, or at the gates of a military coup.

The current crisis has exacerbated the fragmentation of Peruvian society, which translates into: (1) the growing confrontation between Lima and the rest of the country, which decentralization has not managed to assuage; (2) the labor and economic informality stemming from the inability of the Peruvian development model (primary-exporter and service economy) to integrate those with informal employment; and (3) an inefficient and relatively small government apparatus, evidently incompetent when it comes to solving differences of an economic, social, and cultural nature. Ultimately, Castillo’s administration and his coup have unveiled the precariousness of Peru as a country.

EPILOGUE

It is evident that the settlement of the current political and social crisis in Peru, after Castillo’s coup, is not to be righted in the short term (and, perhaps, not even in the medium term), given the complexity of Peru’s predicaments — a fragmented society in social, regional, and cultural terms, overwhelming socioeconomic inequality, informality, political atomization, an economic model unable to create enough “decent” employment, a small and inefficient government apparatus corroded by corruption, and a dual education system unable to promote social equalization. These are problems requiring a sort of refounding of the country.

In the short term, three possible scenarios are expected: (1) a transitional government that manages to swiftly call an election; (2) a military coup; or (3) social anomie (i.e., the current situation as a futureless way of social survival). Given these problems, Peru does not seem to be viable as a country, unless a social or political miracle occurs — as former President Manuel Prado once said about our country’s inner workings, the problem will either solve itself or remain unsolved. On this occasion, no settlement mechanisms seem to exist.

Lima, January 2023