Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
![Fuente de la imagen: http://www.autogestores-gorabide.blogspot.com/](http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/288/2011/04/agenda.jpg)
El próximo domingo 10 de abril del 2011 los peruanos y peruanas asistiremos a emitir nuestro voto para elegir al nuevo Presidente de la República y a los nuevos integrantes del Congreso de la República. En el presente post deseamos hacer un recuento de aquellos temas relacionados con el respeto y garantía de los derechos fundamentales que deberían formar parte de la agenda del próximo Congreso, lo cual esperamos que pueda servir, asimismo, de orientación para que los ciudadanos y ciudadanas puedan escoger mejor a quienes respaldarán con su voto preferencial.
1- Ley de libertad de reunión: El artículo 2º inciso 12º de la Constitución Política reconoce la libertad de reunión como un derecho fundamental. Sin embargo, en la práctica se han presentado diversos problemas relacionados con la competencia de las autoridades a quienes se debe dirigir la comunicación previa sobre la realización de la reunión. Asimismo, no quedan claros los supuestos en los cuales podría restringirse el ejercicio de este derecho. Por ello, como ocurre en países como España y Colombia, es importante contar con un marco legal sobre la materia. En marzo del 2010 la Comisión de Constitución y Reglamento debatió un proyecto de ley presentado sobre este tema (proyecto 2222/2007-CR), pero no llegó a aprobarse ningún dictamen, con lo cual el tema continuará pendiente de desarrollo y debate.
2- Ley de protección de datos personales: El artículo 2º inciso 6º de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona a la protección de sus datos contenidos en registros o bases de datos, aunque con algunas deficiencias de redacción en cuanto a su contenido, que han sido luego subsanadas adecuadamente a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Código Procesal Constitucional (artículo 61º). Sin embargo, se requiere un marco legal amplio sobre la materia, como existe en experiencias comparadas, en donde queden en claro los derechos de toda persona sobre sus datos personales, así como las obligaciones de las entidades públicas y privadas que administran registros y bases de datos. Actualmente hay un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo (proyecto 4079/2009-PE), que se encuentra pendiente de debate por la respectiva comisión dictaminadora. Si el tema no llega a verse por el Pleno en esta legislatura, corresponderá al próximo Congreso abordarlo como la urgencia que el mismo requiere.
3- Ley de consulta previa a los pueblos indígenas: El derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre esta materia fueron presentados diversos proyectos de ley y el estado actual es la de una Autógrafa de Ley observada por el Poder Ejecutivo, respecto a la cual existe un dictamen de allanamiento y otro de insistencia pendiente de ser debatidos por el Pleno del Congreso. Si ambos dictámenes no se debaten antes de finalizar la legislatura, el próximo Congreso habrá de partir de cero respecto a este tema, con lo cual deberán presentarse nuevamente las iniciativas legislativas que correspondan así como buscar los consensos necesarios para el análisis de un tema bastante polémico.
5- Protección judicial de los derechos fundamentales: Si bien consideramos que no es necesaria ni urgente una reforma del actual Código Procesal Constitucional, sí estimamos importante que pueda debatirse una reforma a las competencias del Tribunal Constitucional reconocidas en el artículo 202º de la Constitución Política, de modo tal que deje ser una tercera instancia en materia de procesos constitucionales y se convierta en un Tribunal que seleccione los casos de importancia que merecen un pronunciamiento por parte del supremo intérprete de la Constitución.
6- Ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia consuetudinaria: De acuerdo con el artículo 149º de la Constitución Política, mediante una ley se debe establecer las formas de coordinación entre la justicia impartida por las comunidades campesinas y nativas y los órganos que conforman el Poder Judicial. Al respecto existe un proyecto de ley (proyecto 1265/2006-CR), pero el mismo no ha sido objeto de algún dictamen que pueda ser considerado por el Pleno, por lo que se trata de una materia que deberá ser abordada por el próximo Congreso.
7- Designación de magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo: Es probable que en lo que queda de este período legislativo no se alcancen los consensos necesarios para elegir a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional (que reemplazaría a Vergara Gotelli) y al nuevo Defensor del Pueblo, autoridades de los órganos más importantes de defensa de los derechos fundamentales. Lo más razonable es pensar que esta labor recaerá en el siguiente Congreso. Pero aparte de ello, los siguientes congresistas tendrán la responsabilidad de elegir a cinco nuevos magistrados del Tribunal, que culminan sus períodos en los siguientes años, en particular en el 2012, siendo lo más apropiado que la renovación del Tribunal se produzca casi en su conjunto, es decir, que se aproveche un solo proceso de selección para cubrir seis plazas.
Luego de haber leído esta selección de temas en materia de derechos fundamentales, le pedimos al lector que piense bien su voto, es decir, que analice si las personas a las cuales va a respaldar con su voto preferencial, independientemente de las simpatías que pueda tener hacia ellas, se encuentran debidamente capacitadas para la comprensión, análisis y debate de los temas aquí planteados, y si son capaces de generar consensos para el análisis de materias que generan en muchos casos posiciones encontradas. Si lo está, en buena hora. Si no lo está, no se sorprenda luego que pasen otros cinco años y sigamos con los mismos vacíos normativos y problemas, con el consiguiente perjuicio a los derechos fundamentales.
Tambien proteccion del derecho fundamental del medio ambiente, como bien comunitario en las comunidades campesinas.