El Ministro de Justicia, Víctor García Toma, realizó el martes 17 de agosto del 2010 una importante exposición ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, en la cual dio a conocer datos de especial importancia sobre el desarrollo de los procesos contra el Estado peruano en el sistema interamericano y universal de protección de derechos humanos. Entre los datos ofrecidos se encuentran los siguientes:

1) Respecto a los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

– Existen un total de 320 casos ante la Comisión Interamericana, que involucran 10,303 peticiones individuales. De ese total, 285 se encuentran en la fase de admisibilidad y 35 en fase de fondo.
– Los temas objeto de demanda son los siguientes, según la clasificación efectuada por el MINJUS: protección del derecho a la vida, integridad y tortura (18), desaparición forzada-ejecución extrajudicial (21), terrorismo (127), debido proceso (30), cese de magistrados (29), anticorrupción (7), medio ambiente – indígenas (2), narcotráfico (6), materia electoral (3), temas laborales (38) y temas previsionales (29).
– Existen 10 medidas cautelares concedidas y 26 en trámite.

2) Respecto a los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

– Existen 25 procesos con sentencia, que incluyen a 2,077 víctimas declaradas.
– Existe un (1) proceso en trámite, que incluye a 223 presuntas víctimas.
– Existen 2 medidas provisionales.
– Las reparaciones económicas dispuestas en las sentencias de la Corte ascienden a 30´945,253.09 millones de dólares. De ese monto se ha pagado 22´070,612.82, quedando pendiente de pago 8´874,640.27 (sin contar intereses).

3) Respecto a los casos ante Naciones Unidas:

– Doce (12) proceso concluidos con informe o recomendación.
– Doce (12) procesos en trámite.

Sin duda, la información proporcionada por el Ministro de Justicia permite tener un panorama claro sobre la situación de los procesos internacionales contra el Estado peruano en materia de derechos humanos. Sólo con información clara sobre la materia pueden establecerse lineamientos sobre la política de defensa del Estado ante los tribunales y otros órganos internacionales.