El día de ayer tuve la oportunidad de participar en una entrevista en Radio Nacional, en la cual tratamos sobre las causas de los conflictos socio-ambientales en el Perú, y noté especial interés en el entrevistador sobre el tema del canon minero y de los Estudios de Impacto Ambiental.

A la pregunta de si la nueva distribución del canon minero que está planteando el Gobierno – que otras Regiones, que no tienen actividad minera, también puedan compartir los ingresos del canon minero- ayudaría a resolver los conflictos socio-ambientales, considero que el canon si puede ayudar a gestionar la solución de los conflictos sociales, en la medida que responde a las expectativas por beneficios de las poblaciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el canon se da cuando el proyecto minero ya está en ejecución, es decir, cuando genera rentabilidad. Para explicarnos mejor, el canon está constituido por el 50 % del Impuesto a la Renta que pagan las empresas producta de la veta de minerales, porcentaje que está destinado a los gobiernos regionales y locales de la región en donde se encuentra ubicado el yacimiento minero.

Esto quiere decir, que antes de la etapa de explotación y operación de la mina no hay canon, y en consecuencia resulta indispensable o mejorar la fórmula de Fondos Sociales o generar otros mecanismos que permitan atender oportunamente y en la mejor forma participativa esta situación. Situación muy importante a considerar porque la mayoría de los conflictos socioambientales no surgen cuando la mina está en operación sino por el contrario cuando el proyecto aún está en exploración o acaso a nivel de concesión. Y es en esa etapa donde sectores tienen reparos frente a la actividad minera.

En parte, es lo que ha venido pasando en los proyectos mineros Conga y en la región Andahuaylas, donde además algunas comunidades sienten inseguridad con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados por consultoras contratadas por la misma empresa minera y esto no se da por que la empresa así lo quiera, sino porque así está estipulado en la Ley, lo que hace que la comunidad desconfíe de los estudios, incluso si ha sido revisado por la autoridad del sector Ministerio de Energía y Minas de quien desconfían porque es a la vez la promotora de la actividad minera.

Entonces, ¿qué hacer frente a estos dos temas, el canon y los Estudios de Impacto ambiental? Respecto del canon minero se debe garantizar que las comunidades participen en la administración del mismo junto con sus Gobiernos Locales y Regionales; fortaleciendo mecanismos como el del presupuesto participativo, en los cuáles la comunidad misma expresa sus necesidades y prioriza proyectos para satisfacerlas, logrando que se beneficien con proyectos de desarrollo sostenible que pueden estar relacionados a agricultura, al sector agropecuario, etc. Para ello, es necesario capacitar a las comunidades para que puedan intervenir eficazmente en la priorización de proyectos con presupuestos locales y además implementar sus propios proyectos de desarrollo; y en eso creemos que las Universidades, como la nuestra, debemos colaborar.

Por el lado de los Gobiernos Regionales y Locales se les debe exigir una mejor gestión y eficiencia en el uso de los recursos públicos, y por qué no implementar comités de monitoreo participativo del uso del canon minero como una forma de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo cabe anotar que los gobiernos locales y regionales deben tomar en cuenta que la legislación vigente mantiene decisiones en manos del Gobierno Central en el caso del canon vía el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que debe proponerse medidas de flexibilización que conceda mayores facultades a los Gobierno Locales y mayor capacidad de decisión a las comunidades.
Respecto al Estudio de Impacto Ambiental, el régimen vigente genera desconfianza por dos razones, en primer lugar la empresa minera es la que contrata a la consultora que realiza el Estudio de una lista que mantiene el MINEM y en segundo lugar es el propio MINEM quien a su vez aprueba el estudio, no obstante que a su vez es el encargado de promover la actividad minera. Una alternativa es constituir un Fondo formado con aportes de las empresas mineras y otros recursos del cual el Estado pueda usar para financiar la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, siendo, por tanto el propio Estado quien elija y contrate a las consultoras y a su vez sea, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente la entidad encargada de aprobar el EIA y luego hacer el seguimiento participativo de su cumplimiento reforzando para ello, las tareas de la OEFA.