Marlene Anchante Rullé
Directora Adjunta del Centro de Análisis y Prevención de Conflictos PUCP
La viabilidad política y social de proyectos mineros en el Perú ha sido y sigue siendo objeto de preocupación para el gobierno y las empresas. Como estrategia para enfrentar los conflictos sociales por la minería, en nuestro país se apostó por redistribuir los ingresos fiscales generados por dicha actividad a los gobiernos sub nacionales de regiones mineras. Y en forma complementaria, se impulsó la responsabilidad social empresarial para buscar contribuir al desarrollo local. De esta manera, se esperaba que los conflictos sociales disminuyan al percibir la población que los proyectos mineros les traen desarrollo. No obstante, con el pasar de los años ambas estrategias han enfrentado dificultades, de un lado problemas y limitada ejecución del canon; y de otro lado empresas envueltas en un círculo vicioso de sustitución del Estado.
El tema de fondo sigue pendiente, cómo logramos que los proyectos mineros en el Perú sean una verdadera oportunidad de desarrollo para el país. Y en especial, para las poblaciones rurales que viven cerca de ellos y cuyas expectativas por oportunidades laborales se ven despertadas. A fin de contribuir a dar respuesta a este gran desafío, actualmente el gobierno viene promoviendo el mecanismo de obras por impuestos. Dicho mecanismo consiste en que la empresa privada tiene la posibilidad de pagar de manera adelantada su impuesto a la renta, ejecutando proyectos de inversión pública que hayan sido priorizados por Gobiernos Regionales, Locales y Universidades Públicas. La idea es que en la práctica se puedan ejecutar dichos proyectos con mayor calidad, eficiencia y rapidez, gracias a la sinergia gobierno-empresa.
Es así que según información de PROINVERSION, desde que comenzó a funcionar este mecanismo a la actualidad, han participado 49 empresas privadas y 16 gobiernos sub nacionales. La mayor parte de los proyectos de inversión han sido ejecutados por empresas como por ejemplo, Southern Perú, Banco de Crédito y Telefónica del Perú; siendo las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna, La Libertad, Pasco, Puno, Piura, Ancash y Junín las que más han apostado por dicho mecanismo.
En el Conversatorio sobre Obras por Impuestos organizado por el CARC el pasado 7 de agosto, se resaltaron los beneficios del mecanismo, desde que los gobiernos regionales podrían acelerar la ejecución de obras, a que las empresas encaucen mejor sus recursos aportando en obras de verdadero impacto social para las personas. Y por consiguiente ganando en imagen frente a su entorno social. Sin embargo, lo más importante, será siempre tener presente a las personas que se beneficiarán de las obras y a sus ideas o nociones de desarrollo. Los desafíos para la puesta en marcha del mecanismo, no solo pasan por promocionar el mismo, y brindar información a los posibles interesados, se necesita confianza entre los gobiernos sub nacionales y las empresas privadas. Se necesita que entendamos que el desarrollo requiere necesariamente la participación del gobierno, empresa y sociedad civil. Es un proceso en construcción, al cual el mecanismo de obras por impuestos podría contribuir. Pero todavía estamos comenzando.
