Autora Marlene Anchante
El desenlace de lo que ocurrirá con el Proyecto Conga está aún pendiente. Sin embargo, creo que hay una serie de cuestiones que debemos recordar y reflexionar más allá del Proyecto Conga. ¿Quiénes y por qué se oponen a un proyecto minero?, también podría ser de hidrocarburos o energía. No debemos poner a todos en el mismo saco, diferenciar los intereses por grupos o sectores es fundamental para diseñar una estrategia de intervención. Una cosa son los “grupos radicales” cuyas motivaciones son ideológicas y políticas; y otra son los pobladores que sienten desconfianza y temen legítimamente que se dañe sus tierras, agua, animales, plantas, etc. Todo ello central y de alto valor en la vida de las comunidades. A diferencia de otros conflictos vividos en el país, considero que Conga ha visibilizado con mayor claridad, que existen (y han existido en los últimos años) personas y grupos que usando como pretexto discursos ambientales (“no minería en cabecera de cuenca”), buscan imponer violentamente sus posiciones y puntos de vista. No hay que ser politólogo para darse cuenta que en Cajamarca, líderes políticos están desafiando al gobierno central, y al presidente Ollanta, porque consideran que han sido traicionados. No es nuevo que gobiernos locales y regionales se opongan a la minería, y se enfrenten al poder ejecutivo; generando alianzas con Frentes de Defensa, Rondas Campesinas y ONGs. En la mayoría de evaluaciones de conflicto en distintos puntos del país, identificamos a los Frentes de Defensa del Medio Ambiente, organizaciones efímeras, es decir una vez que termina la lucha se desintegran. Recordemos el Frente de Defensa por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, que se activó frente al Proyecto Río Blanco en Piura, y desapareció cumplida su tarea. Los Frentes tienen una propuesta reactiva pero no propositiva. El Frente de Defensa organizativamente es incoherente porque actores sociales con agendas muy diversas pueden confluir. Tener claro quién es cada actor, qué representa y a quiénes representa resulta clave para el dialogo, para manejar las crisis y para pretender intervenciones de largo plazo con enfoque preventivo. Ojo no se trata de desconocerlos sino tener claro qué intereses representan.
Pero las situaciones de crisis, donde la dimensión política de un conflicto, cobra protagonismo no deben llevarnos a olvidar las otras
dimensiones de un conflicto y sus diversas causas. ¿Quién puede negar que durante estos años las instituciones del gobierno NO se han mostrado independientes o han evidenciado incapacidad técnica en algunos aspectos?. La falta de credibilidad que tienen los Estudios de Impacto Ambiental, porque son pagados por las empresas o porque el gobierno “coincidentemente” siempre los aprueba, es algo que muchos venimos repitiendo hasta el cansancio hace varios años. ¿Qué han hecho los gobiernos al respecto? NADA!. De igual modo, ¿quién puede negar que han existido empresas que ofrecieron trabajo a las comunidades, proyectos productivos/desarrollo y luego no cumplieron?. Los incumplimientos de compromisos son una constante fuente de conflictos entre empresas y comunidades. ¿Cómo pedirle a las comunidades que abran sus brazos a los proyectos extractivos, sino palpan los beneficios?. Las dificultades en la ejecución de los recursos del canon es una historia vieja. ¿Qué hemos hecho?. ¿De qué sirve que le contemos a los comuneros y comuneras de a pie que el 80% del canon está en los bancos sin usar?. Todo esto forma parte de un conjunto mayor de causas que generan conflictos sociales en el país, sobre las cuales no hemos hecho prácticamente nada. Y para ponerle la cereza al pastel, nos han faltado estrategias, procedimientos y políticas para hacer frente a los conflictos. Una serie de intervenciones incoherentes, que han olvidado que para intervenir en un conflicto es necesario analizar las causas y sistematizar la información. Me parece importante hacer este recuento de hechos y situaciones porque no creo que las cosas sean tan simples como algunos dicen “el proyecto debe ir porque lo necesitamos para recaudar los recursos para financiar los programas sociales”. Estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de los recursos para materializar la anhelada inclusión social, pero los proyectos NO se pueden imponer a la fuerza. La credibilidad y la confianza no se imponen sino se construyen con coherencia y honestidad. Ojalá el gobierno insista en el dialogo y no pise el palito de la violencia. El reto es buscar el equilibrio entre las preocupaciones legítimas de la población y la necesidad de la inversión extranjera que tiene nuestro país.
