Autor: Fabián Perez Nuñez
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El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una Resolución que vale la pena comentar en estas breves líneas. El caso: la Municipalidad de San Pablo, en Cajamarca, constituyó en el 2007 un Área de Conservación Ambiental Municipal (ACAM) en la zona de Las Lagunas y de Pozo Seco; en donde coincidentemente Minera Yanacocha S.R.L. es propietaria de concesiones mineras, y como tal considera que verá afectados sus derechos de propiedad con la creación del área de conservación y por eso pide al Poder Judicial la inaplicabilidad de la Ordenanza que crea la ACAM.
Si bien el TC no ha resuelto el caso, sino que ha ordenado que el juez de primera lo haga, si plantea la discusión en torno a algunos aspectos importantes de la relación Estado-sociedad-industrias extractivas y que suelen presentarse en los conflictos socioambientales. El primero, la competencia de las autoridades en materia ambiental, ¿Qué autoridad es competente para qué? ¿están claros los límites en los niveles de gobierno?; el segundo la propiedad, ¿es tan absoluta como parece? ¿podemos limitarla por cuestiones ambientales? y de ser así ¿cuándo es razonable o justificable hacerlo? El tercero, sin ser el último, ¿es posible ordenar, consensuada y técnicamente, nuestro territorio y determinar las mejores aptitudes de cada zona? Como verán son preguntas, que seguro el juez de la causa tendrá que hacerse, pero también cada uno de nosotros, y por eso quisiera invitarlos a dicha reflexión.
Finalmente y más allá de la posición que cada uno tenga antes estos temas de discusión, creo que es importante resaltar que al menos este conflicto no se discute en las calles o con movilización, estamos ante un procedimiento institucional y legal.
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