Cuando queremos analizar porque ocurren actos de corrupción, podríamos señalar una hipótesis inicial, con cargo a desarrollarla con mayor énfasis más adelante, la cual consiste en que, cuando los gobiernos gozan de un mayor libertad en la toma de decisiones y de mayores mecanismos discrecionales para alterar y asignar recursos, existen mayores posibilidades para que dichos recursos y las ventajas resultantes puedan ser utilizadas para fines inadecuados o ilegales (1).

En otras palabras, mientras mayor control posea el Estado sobre la economía y la sociedad, mientras existan mayores limitaciones a las actividades de los particulares y mayores restricciones institucionales al intercambio económico, mayor serán las posibilidades de que el sistema político se corrompa. En una democracia saludable los mecanismos de control funcionan de manera adecuada, limitando la generación de actos de corrupción. Además, en este contexto juega un rol preponderante la existencia de mecanismos de participación y control ciudadanos.

En consecuencia, mientras mayor sea la influencia del aparato estatal en la economía y el orden político de un país, mayores serán las posibilidades de que encontremos fenómenos de corrupción. De hecho, los gobiernos colectivistas y totalitarios – caracterizados por implicar aparatos estatales grandes y muy centralistas – han sufrido con gran amplitud de serios procesos de corrupción.

En contraposición, los estados partidarios de una economía de mercado deberían mostrarse menos corruptos (2). En muchos casos, la corrupción ocurre por la acumulación de capital en manos de determinados detentadores de poder, situación que no es propia de un esquema de libre mercado, sino más bien de una economía mercantilista, donde además no existen incentivos adecuados a nivel del funcionamiento del sistema legal.

Si queremos explicarlo de manera económica, empleando el análisis propio del Public Choice, vemos que el móvil del comportamiento corrupto del funcionario público ocurre puesto que él pretende ampliar la cuota de poder que se posee, en la lógica búsqueda de rentas (3), buscando obtener un provecho indebido del cargo que ocupa, sea por elección o por designación.

Ahora bien, y tal como lo hemos señalado líneas arriba, la libre disposición de recursos por parte de ciertos agentes de Gobierno, la posibilidad de otorgar ventajas y privilegios y la capacidad de redistribuir recursos a través del sistema impositivo permiten una libertad de acción muy grande a favor del Estado (4). Cabe señalar entonces que la economía de mercado, cuyas distorsiones sean corregidas correctamente, es menos consistente con los actos de corrupción (5).

En la práctica, lo que se está generando es una privatización de lo que es público por definición. Fondos, decisiones o recursos que deben destinarse a actividades en beneficio de todos se utilizan más bien en beneficio de algunas personas o empresas particulares. La corrupción implica siempre una abdicación, por parte del Estado, de sus funciones de garante del interés general.

Si a ello le sumamos el comportamiento racional del funcionario público, al cual ya nos hemos referido, el resultado es bastante claro: el riesgo de situaciones corruptas va a estar siempre latente, y se da efectivamente en muchas áreas del Estado. Como resultado, este fenómeno encuentra un caldo de cultivo ideal en regímenes en los cuales el nivel de intervención es elevado y donde los mecanismos democráticos funcionan de manera deficiente.

Es preciso señalar finalmente, que existen discutibles estudios respecto a una posible relación favorable entre la corrupción y el crecimiento económico (6). Sin embargo, en los últimos tiempos, ya existe un mayor consenso respecto de los perjuicios que genera la corrupción a una economía determinada. Resulta evidente que la corrupción afecta seriamente el crecimiento económico, generando pérdidas incalculables a la sociedad y al mercado.

1. CHAFUEN, Alejandro y GUZMÁN, Eugenio – Estado y Corrupción. En: Serie Documentos de Trabajo N.° 274. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos, 1997, p. 8.

2. El Comercio – “Corrupción ideológica”. Editorial del 27 de enero de 2017.

3. Sobre el particular: LEON MENDOZA, Juan – “Análisis económico de la corrupción”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, Año V N.° 18. Lima: UNMSM, 2000, p. 90 y ss.

4. Sobre el particular: SIMONETTI, José María – “Notas sobre la corrupción”. En: Pena y Estado, revista latinoamericana de política criminal, N.° 1. Buenos Aires: Editores del Puerto, 1995, p. 182. El autor también hace una importante referencia a la intervención del Estado en la vida económica de la sociedad. En vez de prestar atención a los temas de real importancia, el Estado está más bien utilizando su poder en beneficio de algunos cuantos, y a cambio de ventajas económicas y políticas para quienes se encuentran en el poder.

5. Sobre el particular, y para el caso chileno: REHREN, Alfredo – “Clientelismo Político, Corrupción y Reforma del Estado en Chile”. En: Reforma del Estado Vol. II. Santiago de Chile: Centro de Estudios Públicos, 2000, p. 157.

6. BBC Mundo – “¿La corrupción favorece el crecimiento de las economías?” En: El Comercio. 14 de marzo de 2018.

Se entiende por principio de subsidiaridad en sentido estricto la obligación que posee el Estado de realizar actividad empresarial únicamente ante la ausencia de inversión privada en el rubro respectivo, y cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma constitucional. Ahora bien, a fin de hacer efectivo dicho principio se debe cumplir con tres requisitos:

a. Autorización por Ley, expresa, es decir, emitida por el Congreso.

Ello implica, en primer lugar, que la autorización para desempeñar actividad empresarial debe estar ligada de manera directa a la necesaria discusión entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Parlamento. En general, cuando la Constitución hace referencia a la Ley se refiere a la norma emitida por el Congreso, la cual debe distinguirse claramente de otras normas de inferior jerarquía, siendo que no cabe autorizar actividad empresarial a través de reglamentos o de directivas.

En segundo lugar, no cabe autorización alguna a través de decretos legislativos, decretos de urgencia, u ordenanzas, sean regionales o municipales. Si bien dichas normas poseen lo que se denomina rango de ley – con las atingencias que la jurisprudencia ha efectuado en relación a las ordenanzas – no han sido emitidas como resultado de la deliberación parlamentaria.

En tercer lugar debe entenderse que estamos hablando de una ley cuya aprobación sigue el trámite normal, a diferencia del caso chileno, por ejemplo, en el cual se requiere quórum calificado . Sin embargo ello no ha impedido que en Chile la empresa productora de cobre, CODELCO, se encuentre todavía en manos del Estado, sin visos de ser privatizada; no obstante no existir razón alguna, desde el punto de vista económico, para mantenerla en su titularidad; teniendo en cuenta que fue adquirida a través de una expropiación. Es necesario tener en cuenta que, para ello, se requiere una reforma constitucional, puesto que se considera que la Constitución Chilena prohíbe la privatización de la gran minería del cobre .

b. Por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.

Vale decir, la actividad empresarial del Estado se encuentra autorizada en estado de necesidad, cuando no exista ningún mecanismo alternativo que pueda corregir la situación que genera la necesidad de desempeñar dicha actividad por parte del Estado, como el empleo de las agencias de competencia o los mecanismos de regulación económica.

El empleo de la actividad empresarial del Estado, en tanto constituye una intervención directa del mismo en la economía, debe ser, en consecuencia, última ratio. A ello debe agregarse que dicha intervención debe ser idónea, lo que implica que debe dirigirse a obtener la finalidad pretendida con la misma. Caso contrario, dicha intervención devendría en inconstitucional

c. Ante la ausencia de actividad privada en el sector del cual se trata.

El Estado interviene desempeñando actividad empresarial si es que los particulares no pueden hacerlo, puesto que si existe actividad privada la actividad estatal deviene e innecesaria . El criterio empleado por el Estado es la prohibición de intervención en aquellos mercados en los que la oferta de las empresas privadas se considera suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo el territorio nacional o en la parte en donde atienden; siendo que se presume, salvo demostración en contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados en los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí .

A su vez, cuando no es posible que la actividad privada cubra la deficiencia en la inversión, es necesario que se establezcan mecanismos que lo hagan. Sin embargo, incluso en estos supuestos existen mecanismos que permiten cubrir deficiencias y que no implican la creación o empleo de empresas públicas, como por ejemplo la asignación de cuotas de inversión a las empresas privadas que prestan servicios públicos.

El principio de subsidiaridad tiene sentido en el hecho de que la actividad empresarial del Estado debe encontrarse fuertemente limitada. No solo por el hecho de que el Estado es un empresario ineficiente, sino además porque la existencia de empresas públicas es per se indebida desde el punto de vista económico. Las empresas públicas no solo generan competencia desleal respecto a las empresas privadas que concurren en el mercado, sino que además favorecen la corrupción y desincentivan la inversión en el mercado de servicios públicos y en la economía en general, como veremos enseguida. Como resultado, la economía de un país debe propender a la privatización de las empresas públicas y a la sustitución del régimen de control estatal a un esquema de competencia .
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Se ha discutido mucho respecto a los efectos de la reducción de un punto porcentual a nuestro impuesto al valor agregado, el Impuesto General a las Ventas o IGV. Ello nos lleva a comentar brevemente respecto a los efectos en general de una reducción de las tasas impositivas y si el mismo es favorable o desfavorable desde el punto vista social.

En general, los impuestos son contractivos. Es decir, un aumento de las tasas impositivas genera una reducción de las ganancias en una actividad económica determinada, lo cual a su vez reduce la cantidad de empresarios dispuestos a invertir en esa actividad. Es de esperar que la reducción de las tasas genere el efecto inverso, es decir, una aumento de la cantidad de empresarios que quieren participar en dicho mercado.

La evidencia empírica es bastante clara en este punto. Cuando se redujeron los tributos a los espectáculos, estos aumentaron con rapidez, pudiendo ver en Lima a artistas y grupos musicales que en otro contexto o habrían podido arribar. La reducción de los impuestos en esta actividad entonces permitió que la misma aumentara sustancialmente, con el consiguiente beneficio para los consumidores.

Mayor o menor recaudación.

Asimismo, es preciso discutir respecto a un mito recurrente. Este señala que a mayores tasas impositivos, mayor recaudación. Dicha afirmación parece muy lógica, puesto que si los empresarios producen 100 y la tasa es 30%, el Estado recibe 30. Si la tasa es 40%, el Estado recibiría 40, lo cual es evidentemente una cantidad mayor.

Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. El aumento de las tasas impositivas puede generar una reducción de la inversión en ese mercado, con lo cual el ingreso del Estado puede ser incluso menor. Los empresarios ya no van a producir 100, sino 70, entregando tan solo 28 al Estado.

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Varios candidatos presidenciales consideran necesario efectuar cambios en el “modelo económico”. Uno de los principales argumentos que se esgrimen consiste en afirmar, sin mayor sustento, que la economía de mercado perjudica a los más pobres. O, lo que es lo mismo, que el crecimiento económico producto de una economía de mercado genera mayor pobreza.

Ello no es cierto. Basta con ver el gráfico elaborado por el IPE – que adjuntamos – para darnos cuenta que todos los quintiles de ingreso han crecido, lo cual incluye al quintil más pobre, el cual además ha crecido más que el quintl más rico. Resulta muy riesgoso, por decir lo menos, emitir afirmaciones efectistas que no provienen de algún estudio serio, solo para intentar probar la falta de pertinencia de la economía de mercado.

Y claro, si es que dicho crecimiento no es suficientemente elevado ello se debe precisamente a que aun existen mucha trabas para que la economía de mercado funcione debidamente. Una adecuada infraestructura de uso público – en la que debe invertir especialmente el sector privado -, la eliminación de barreras administrativas a la inversión, tributos dirigidos adecuadamente son mecanismos, entre otros, para eliminar dichas trabas.

Hoy en día, la diferencia entre la “izquierda” y la “derecha” no puede estar en discutir respecto de la pertinencia de una economía de mercado sino más bien en la intensidad de la intervención en dicha economía de mercado. La economía de mercado no es un modelo económico, sino que constituye la manera como es que la economía funciona. Sigue leyendo →

En los medios de comunicación se observa que la necesidad de gravar las llamadas sobreganancias mineras se ha vuelto a poner sobre el tapete, como resultado de las declaraciones de algunos candidatos o de miembros de su equipo económico. Ello nos obliga a comentar sobre el tema.

La existencia de ganancias inesperadas o sobreganancias y la necesidad de un control sobre las mismas, se han esgrimido muchas veces como una justificación para la regulación económica. De hecho, se ha llegado a establecer que las ganancias no merecidas de los empresarios deberían ser distribuidas a la sociedad, porque no han sido un resultado de un esfuerzo empresarial, sino de situaciones externas a los mercados en los cuales dichos empresarios actúan . Este concepto se ha hecho común en el caso de la actividad minera, especialmente favorecida por el contexto de la especial bonanza económica por la que atraviesa la exportación de metales.

Este concepto es sumamente discutible. En primer lugar porque no existe un criterio unívoco para definir cuando nos encontramos ante una ganancia inesperada y como es que debe gravarse ésta, porque tendríamos que distinguir entre la misma y la utilidad que es resultado directo del esfuerzo empresarial, lo cual no es fácil. La determinación de un mecanismo de regulación, a su vez, podría terminar generando incentivos negativos a la actividad empresarial.

En segundo lugar, hablar de sobreganancia es errático, puesto que el mercado se encargaría de absorber y distribuir correctamente las ganancias obtenidas por los empresarios. A ello debemos agregar que el aumento de la utilidad empresarial redunda de inmediato en un aumento de la recaudación tributaria, razón por la cual la imposición de mayores impuestos es innecesaria.

En tercer lugar, y lo que podría resultar ser más peligroso aun, es que si existen ganancias inesperadas, también existen pérdidas inesperadas, las cuales, a través del mismo principio, también deberían ser controladas – por el Estado – para corregir la aparente falta de equilibrio del mercado.
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Se dice mucho que la crisis financiera que se está viviendo en gran parte del mundo implica una crisis del libre mercado y que no estamos enfrentando ante la necesidad de gobernar el mercado a fin de evitar nuevas crisis en el futuro. En realidad no nos encontramos ante una crisis del libre mercado, elemento básico del liberalismo económico, sino más bien ante una crisis de la regualción económica, que obliga a replantearla cuidadosamente, estableciendo la necesidad de que el Estado deje de intervenir en determinados ámbitos del mercado, pero que intervenga con un mejor criterio en otros.

Ahora bien, el liberalismo económico no postula la ausencia del Estado. Sino más bien, establece el concepto de Estado Mínimo, que no es otra cosa que la intervención del mismo en la economía cuando ello sea estrictamente indispensable. Lo cual evidentemente implica intervenir cuando ello se requiera, a fin de garantizar precisamente la libertad en el mercado. Así se justifica por ejemplo el derecho de la competencia, la eliminación de barreras burocráticas, así como la tutela del derecho de propiedad.
En este orden de ideas, la actual crisis financiera no proviene del libre mercado – ni implica una crisis del mismo -, sino más bien de la violación de los principios que permiten que el mismo funcione. Todo lo contrario a lo que se ha dicho en mucho artículos y reuniones sobre el particular.

En primer lugar, las tasas de interés. No existe justificación alguna, ni técnica ni jurídica, para que sea el Estado el que regule las tasas de interés. Esa es una de las causas de la crisis financiera en Estados Unidos, el manejo indiscriminado e irresposable de dichas tasas por parte del la Reserva Federal (la Fed), generando las ya famosas “hipotecas basura”. Si las tasas de interés fueran reguladas por el mercado – puesto que no son otra cosa que el precio del dinero – estas nos informarían con mejor precisión que un organismo público respecto al estado de los mercados de capitales, pudiendose tomar las decisiones empresariales y personales adecuadas en el momento oportuno, situación en la cual las crisis financieras se reducirían ostensiblemente. En una economía de mercado los precios son regulados por la oferta y la demanda, salvo que dicho mercado se encuentre distorsionado, lo que genera que el Estado deba intervenir para remover la distorsión y no para generar una adicional.

En segundo lugar, es evidente que la tasas de interés no constituyen la única causa del problema. Hay una que se ha mencionado mucho y es la falta de regulación del mercado financiero norteamericano, de donde se deduce que nos encontramos ante una crisis del libre mercado, porque los mercados no pueden ser regulados de manera espontánea. En realidad es todo lo contrario, la regulación de las empresas financieras es consustancial a la economía de mercado, y precisamente, regularlas deficientemente afecta a la misma, como veremos seguidamente.

En una economía de mercado existen dos derechos que deben ser tutelados a toda costa. El derecho de propiedad y la libertad de empresa. Y la propiedad se tutela de diversas maneras, desde la limitación de las causales de expropiación hasta el establecimiento de parámetros para la limitación de diha propiedad por razones de urbanismo. Ahora bien, en el caso de las empresas financiaras la regulación de las mismas proviene precisamente de la protección del derecho de propiedad de los clientes de las referidas empresas, puesto que dicha propiedad no puede ser empleada indebidamente, caso contrario dicho propiedad se vería en riesgo, como en efecto ha ocurrido. Y el derecho de propiedad debe protegerse en una economía de mercado puesto que el mismo asegura que los bienes sean empleados de manera eficiente. La regulación económica limita la libertad de empresa, es verdad, pero la economía de mercado – y el Estado de Derecho que es su base política – admite limitaciones a derechos fundamentales provenientes a su vez de la tutela de otros derechos fundamentales, en este caso, el derecho de propiedad. Los bancos, por ejemplo, no trabajan con su dinero sino con el de sus clientes; es irracional entonces que, en una economía de mercado, dichas empresas pueden emplear dicho dinero de manera irresponsable, siendo necesario que dicho uso sea cuidadoso; debiéndose establecer parametros por parte del organismo supervisor, los mismos que sean razonables y proporcionales al fin que se desea obtener con dichos parámetros – se ha dicho y escrito mucho respecto a estos dos principios – , que evidentemente no debe implicar una intervención indebida en el mercado.

¿Nos encontramos ante una crisis de la economía de mercado? Los especialistas afirman que no. Unicamente nos encontramos ante una crisis de la regulación económica, la misma que debe ser empleada, no como un fin en si mismo, sino como un mecanismo para asegurar que el mercado funcione adecuadamente, que sigue siendo el mecanismo más eficiente para asignar los recursos escasos en una sociedad.
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A estas alturas ya todos nos hemos dado cuenta que no es posible luchar contra la piratería a través de mecanismos únicamente jurídicos. Lo que ocurre es que la piratería constituye tan buen negocio, que los mecanismos empleados para afectarlo no generan mayor resultado.

Ahora bien, es preciso señalar que el comportamiento de los actores económicos en general no permite corregir esta situación, siendo más bien su obligación establecer mecanismos creativos para apoyar al sistema jurídico en su lucha contra dicho delito. Ello ocurre con los libros, los discos compactos y que duda cabe, los videos de películas.

Un buen ejemplo de esta situación son las empresas distribuidoras de películas. Desconocemos el criterio que las mismas emplean para definir que películas se estrenan en nuestro alicaído círculo comercial, y cuales no. Hemos podido constatar con gran consternación que en nuestro país es imposible ver todas las películas nominadas a las diversas categorías del Premio de la Academia (conocido como Oscar) antes que se realice la respectiva ceremonia de premiación. Varias de las películas nominadas, e incluso algunas premiadas en algunas categorías aun no han sido estrenadas a la fecha. Mientras que, aunque parezca increíble, hemos podido ver todas las películas nominadas al famoso premio Razzie, que premia lo peor de Hollywood, incluso durante el año pasado.

¿Cuál es el lógico efecto de esta paradoja? Las personas amantes del buen cine, que son muchas, ya pueden predecir con mucha antelación, y más o menos exactitud, gracias a los medios de comunicación, que películas van a ser nominadas al Oscar. Sabemos cuales son las nominadas en las diversas categorías con bastante previsión. Con lo cual, nos preguntamos que debe hacer una persona cinéfila para poder ver las películas antes de la ceremonia de premiación. La respuesta es muy sencilla, obtenerlas a través del mercado negro, en el cual dichas películas evidentemente ya se están vendiendo, como se puede constatar fácilmente en cualquier tienda de videos pirata. Hace algunos años, una película bastante buena, llamada Transamerica, fue nominada a varios premios de la Academia, entre ellas, a la categoría de mejor actriz principal para Felicity Huffman. La película fue estrenada en el Perú casi un año después de haber sido nominada. En dicha fecha evidentemente todas las personas interesadas en dicha película ya la habían visto, incluso en cable Premium. Pero aun, hasta el momento solo hemos podido ver tres nominadas al Premio de la Academia a mejor película, “Michael Clayton”, “No country for old men” y “There will be blood” (me resisto a emplear los nombres en castellano, mal traducidos), no obstante que las películas fueron estrenadas el año pasado.

En el mercado, la oferta y la demanda de un bien o servicio tienden al equilibrio. Vale decir, un bien se mantiene en el mercado mientras exista quien esté dispuesto a adquirirlo. La piratería de videos persiste, al margen de las consideraciones legales, en tanto existe una demanda por satisfacer, que evidentemente no es satisfecha a través de la oferta legal. La existencia de multicines, así como su ubicación en centros comerciales debería permitir a los distribuidores de películas el satisfacer el mercado de una manera más adecuada, lo cual evidentemente reducirá la demanda de videos piratas en el mercado; con mucha mayor eficacia que cualquier norma o campaña en los medios de comunicación.
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