Sobre los golpes y las asonadas militares del pasado se ha dicho y con razón, que el balance de los mismos era diferente y variaba en función de si esos movimientos triunfaban o no. Si el golpe era develado, se hablaba que “la legalidad se había impuesto”, que “la democracia estaba a salvo”, y a los golpistas derrotados se les señalaba poco menos que como traidores de la patria. En cambio, si este triunfaba, aunque parezca una contradicción, los autores eran reconocidos como “salvadores de la patria y de la legalidad”, por más que la misma hubiese, justamente, haber sido encarnada por los depuestos.
Continuando con los recuerdos de los 80 años de iniciada la guerra civil española, algo muy similar ha ocurrido con la valoración que la historia dedica a la asonada militar que puso fin al gobierno de la república y que, precisamente, por no haber alcanzado el éxito total, propició el estallido del conflicto.
El sábado 18 de julio de 1936, el movimiento militar iniciado el día anterior en Ceuta y Melilla, posiciones del antiguo protectorado español en el actual Marruecos, se extendió prácticamente por todo la península, comenzando en el sur andaluz, en Sevilla. Durante varios días se suscitaron duros combates en casi todas las ciudades importantes pero también en cada alejado pueblo del reino. De un lado, la mayoría de las unidades del Ejército, la Armada y de la Guardia Civil, con el apoyo de milicias fascistas y monárquicas, del otro, las milicias sindicales obreras y campesinas de los partidos y sindicatos de izquierda, con el apoyo de la pequeña parte de militares y guardias civiles que no se plegaron al movimiento.
Hacia el miércoles 22 de julio, hoy hace exactamente 80 años, prácticamente la península apareció dividida en dos sectores, los lugares donde triunfó el golpe, (Canarias, Galicia, gran parte de Asturias, Castilla – León, Extremadura, buena parte de Andalucía), y los lugares donde este fracasó, en donde el pueblo en armas había tomado, en la práctica, el poder (Castilla – La Mancha, Levante, Cataluña, Aragón y el País Vasco, zonas que incluían a las principales ciudades del país, como la capital, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao). Se habían producido ya episodios terribles como el asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, o el feroz combate en los alrededores del monumento a Colón en Barcelona, y comenzaba, ese mismo día, el mítico asedio del Alcázar de Toledo.
En las zonas bajo control de los insurrectos, más tarde llamada zona o bando nacional, se instauró, paralelamente a las acciones propias de la guerra, un típico régimen militar de mano dura, antecesor de los sanguinarios gobiernos castrenses que conoceríamos en América Latina en los años setenta. Gobernar por medio de bandos militares, Ilegalización de los partidos del Frente Popular y sindicatos afines, persecución implacable de los miembros y simpatizantes de dichas agrupaciones, llegando al exterminio físico en la mayoría de casos, férreo control de la prensa. Incluso, cuando la situación se estabilizó en ambos sectores, se llegó a juzgar y condenar a los derrotados, a quienes defendieron la legalidad republicana, por el delito de “rebelión militar”, tremenda aberración y contradicción tanto jurídica como política. No caben, entonces, mayores dudas, el contenido de los hechos históricos es dictado, la mayoría de las veces, por quienes resultan vencedores y beneficiados con los mismos.