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La vulnerabilidad monetaria en el Perú

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Dependiendo de nuestra relación con los bienes económicos y sociales, y considerando los espacios territoriales donde nos encontremos, podemos estar o no dentro del universo de la vulnerabilidad, una situación de precariedad que nos expone a muchos o todos los riesgos.

Esto ocurre porque en tanto vulnerables -una condición variable de riesgo e inseguridad- estamos expuestos a cambios bruscos que alteran o nos alejan de los medios de vida sostenibles. En esta categoría se ubica la población no pobre pero susceptible de caer en pobreza, es decir, aquel sector que desde el punto de vista de los ingresos se encuentra en el umbral de la Línea de Pobreza, el costo monetario de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (para el año 2020 era de S/ 360 mensuales por habitante, según el INEI).

Esta es la situación de miles de familias peruanas de la costa, sierra y selva, en un país que antes de la pandemia del Covid-19 se preciaba de ser una nación de ingresos medios no obstante su alto nivel de informalidad.

La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional, pero tiene obviamente características propias con un rango más amplio de consideraciones. El Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo identifica cinco dimensiones claves: vulnerabilidad monetaria, vulnerabilidad alimentaria, vulnerabilidad laboral, vulnerabilidad financiera y vulnerabilidad hídrica, y sus umbrales son, en ese orden, línea de pobreza total, línea de requerimientos calóricos mínimos, salario mínimo vital por ley, fuente de ahorro con mayor liquidez, y fuente de abastecimiento de agua por red pública (Vulnerabilidades: más allá de la pobreza. PNUD Perú, 2021).

En febrero pasado el INEI presentó el Mapa de Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria, y dio cuenta que el 34.0% de la población peruana era “no pobre vulnerable”; y apenas el 45.8% “no pobre no vulnerable”.

Estas cifras no recogen los impactos de la pandemia pero revelan desde ya la gran magnitud de la vulnerabilidad monetaria en el Perú, pues ha de tenerse en cuenta que la pobreza total para entonces llegaba al 20,2% y hoy es del 30.1% de acuerdo al último Informe de Pobreza Monetaria publicado en mayo de 2021, un incremento de diez puntos porcentuales en tan solo un año.

Y es que si bien la pandemia del Covid-19 es una amenaza de origen biológico, las vulnerabilidades con las que interactúa en los hogares peruanos son de carácter económico y social.

Las cuatro provincias más vulnerables a la pobreza monetaria son Purús, Padre Abad (departamento de Ucayali), Puerto Inca (Huánuco) y Atalaya (Ucayali) con una incidencia entre el 61.9% y el 53.3%, en ese orden; y las cuatro provincias menos vulnerables son Lima, Ilo, Trujillo y Arequipa, que se ubican entre 23.3% y 24.2%, respectivamente. Así estamos.

Inclusión económica

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La generación de oportunidades para la población rural en condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión como soporte para salir de estas condiciones que limitan su progreso, puede tener diversos caminos. La inclusión económica, es una de ellas.

No es un fin en sí mismo, sino una tarea estratégica para una salida sostenible de la pobreza, orientado a procesos de crecimiento y desarrollo comunal, y de bienestar familiar.

Que sea sostenible supone no sólo la construcción y ampliación de una base material productiva sino además capacidades para lograr habilidades e iniciativas que faciliten el incremento de ingresos autónomos.

Las políticas para la reducción de la pobreza podrán alcanzar tal propósito si conllevan componentes habilitadores que vayan más allá de la protección social. Y el Estado los tiene: Procompite, Haku Wiñay/Noa Jayatai, Agrorural, Agroideas, Trabaja Perú, entre otros. Pero requieren ampliar su cobertura, financiamiento y articularse no sólo arriba (políticas públicas) sino también abajo (intervenciones territoriales) focalizando hogares para incorporarlos no como beneficiarios sino como usuarios (responsabilidades compartidas entre el Estado y ciudadanos en tanto sujetos de derecho).

Al objetivo de la inclusión económica, es pertinente y necesaria la inclusión financiera como otra estrategia que facilita y estimula la movilidad de los campesinos y pequeños productores para implementar sus actividades agropecuarias y de transformación de productos naturales para obtener valor agregado, como la artesanía y la gastronomía, o desarrollar servicios rurales como hospedaje, turismo comunitario, transporte local, entre otros.

En esta perspectiva, el acceso a los mercados locales y regionales es clave, más todavía si estos pueden extenderse de modo que los ciclos productivos sean también sostenibles en el contexto del ciclo de vida de las personas.

Es particularmente relevante que, como impacto de la pandemia y las urgencias de enfrentar la emergencia sanitaria, desde el Estado se fomente mecanismos que mejoran las capacidades financieras de la población rural, como está ocurriendo con los bonos para mitigar los impactos del Covid (billetera móvil, cuentas de ahorro, cuenta DNI y otras modalidades). Cuando las condiciones mejoren y el hambre amengüe, la cultura del ahorro a partir de la bancarización podrá tener mayor opción entonces, una condición importante para la protección y reproducción de los activos familiares.

La inclusión económica está en la línea de otros fines de las políticas públicas, la diversificación productiva y el desarrollo de la agricultura familiar, instrumentos de la acción estatal que debe complementarse mediante el consenso y la coordinación intersectorial e intergubernamental, sumándose al dinamismo de la economía y reconociendo la nueva ruralidad, expresada hoy en la interdependencia de los espacios rurales y urbanos, que implican igualmente, mejores oportunidades económicas para  el incremento de los ingresos y su diversificación.

Perfil demográfico

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El mapa demográfico del Perú ha sufrido cambios sustanciales en las últimas décadas. La intensa migración interna del campo a la ciudad transformó el rostro del país. La distribución de la población por área de residencia muestra que en 1940 el 64.6% de los peruanos vivían en áreas rurales, y sólo un 35.4% en áreas urbanas, de acuerdo al censo de aquel año.

Las cifras del Censo de Población, Vivienda y de Comunidades Indígenas de 2017, el último de su tipo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, reveló que sólo el 17.6% vivía en la zona rural y un aplastante 82.4% en la zona urbana. Cuatro años después, para este 2021, la proyección del INEI lo confirma con el 18.5% y 81.5%, respectivamente.

Sólo en términos numéricos, se ha producido un vuelco total en cuanto a la ocupación del territorio. La búsqueda de mejores condiciones de vida asociada a las escasas oportunidades es una de las causas principales, aunque no la única.

La distribución poblacional por regiones naturales también cambió. Para este 2021 la estimación es la siguiente: 58,8% habita en la costa. 27.0% en la sierra y el 14.2% en la selva.

La esperanza de vida se elevó y con ella el número de habitantes de 60 a más años de edad, que pasó de 5.9% en 1972 a un 13% en la actualidad.

Hoy somos 33 millones 35 mil 300 habitantes; el 13.9% habla el quechua, el 1.7% aimara, el 0.8% lenguas amazónicas y el 82.6% el castellano.

¿Y la estructura del Estado? Creció en cantidad y en calidad, pero no lo suficiente como para responder a esta realidad.

El último reporte del Índice de Densidad del Estado (IDE) publicado por el Programa de las Naciones Unidas – PNUD Perú, dibuja un mapa distinto al demográfico, con brechas significativas de la presencia de los servicios estatales en distritos y provincias, en particular de la sierra y la selva, lo que implica limitaciones en el acceso ciudadano y, por ende, menores oportunidades para alcanzar el desarrollo humano.

El IDE usa como indicadores la identidad (habitantes documentados), educación (tasa de asistencia a la escuela secundaria), salud (número de médicos por cada 10 mil habitantes), saneamiento (proporción de viviendas con agua y desagüe) y electrificación (viviendas con energía eléctrica). Dentro de un rango de 0 a 1 Lima tenía un IDE de 0,8770 y Loreto apenas 0,5329, ubicándose estas regiones en los extremos opuestos del ranking.

Los servicios del Estado peruano no siempre llegan a toda la población en un territorio extenso y diverso. Los esfuerzos son aún insuficientes y las brechas enormes todavía. Estas son las otras fracturas que delinean la dramática radiografía del país.

Reducir la desigualdad

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Una sociedad más igualitaria y equitativa, incluyente, con amplias oportunidades para la población es una aspiración compartida por los países y uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, firmada por 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

Proclamada el 25 setiembre de 2015, la plataforma ODS se sostiene en una visión transformadora de la realidad global para erradicar la pobreza y asegurar la prosperidad para todos, protegiendo el planeta y promoviendo medios de vida saludables.

Reducir la desigualdad al interior de las naciones y entre ellas es una enorme tarea de múltiples dimensiones pero de urgente necesidad, pues en el mundo como en el Perú, millones de ciudadanos se encuentran excluidos del bienestar por las brechas que muchas naciones mantienen debido a los escasos compromisos de sus líderes con la transformación de sus sociedades, y por las dinámicas globales que refuerzan estructuras económicas y sociales que no favorecen el crecimiento con desarrollo social.

La desigualdad afecta a las personas de manera dramática. Sólo dos ejemplos, recurrentes, por cierto, muestran descarnadamente una cruenta situación que padece la población infantil:

“Unos 69 millones de niños menores de 5 años morirán por causas en su mayoría prevenibles. Las mujeres de las zonas rurales tienen el triple de probabilidades de morir en el parto que las mujeres de los centros urbanos… Las desigualdades en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo. Amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan a la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas (https://bit.ly/3xH5x2p).

La búsqueda de mejores escenarios demanda un conjunto de metas, lamentablemente hoy muy difíciles de obtener debido al impacto de la pandemia del covid-19. En el 2015 se había fijado alcanzar al 2030 el crecimiento progresivo de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional.

No obstante, otras metas aún son posibles si hay voluntad política y compromisos de los Estados, gobiernos, empresa y sociedad civil organizada: promover la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición; garantizar la igualdad eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias; y adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social que promuevan la equidad.

Promover la igualdad y reducir la desigualdad, es posible. Y, ojo, esto no es comunismo.

Articulación de la política social

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Las políticas sociales buscan reducir las brechas que impiden a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, acceder a una educación y salud de calidad, a ingresos autónomos dignos, y a oportunidades de desarrollo socioeconómico que les garanticen ejercer sus libertades y sus capacidades humanas.

Esta tarea supone pertinencia, eficacia y eficiencia de la gestión estatal, y demanda la disponibilidad de recursos para financiarla, soporte administrativo y tecnológico, y equipo humano con liderazgo.

Pero no es lo único. Se requiere de una intervención diseñada sobre una lógica causal de objetivos y metas que contribuya a resolver el problema y generar evidencia de ello.

En estos lineamientos de política pública -diríamos además en el contexto de los esfuerzos de modernización del Estado- se ubican los Programas Presupuestales, tal como ya lo tienen ministerios, proyectos especiales, gobiernos regionales y locales. El gran reto es articularlos y traducir estas intervenciones en resultados.

Todo ello no es viable si no hay voluntad gubernamental, es decir, decisión de transformar el estado de cosas existente a una condición mejor que asegure el presente y futuro de estos segmentos de la población en un escenario de igualdad de oportunidades con enfoque inclusivo. No es una utopía, hubo y hay avances significativos en algunas regiones como Huancavelica, Ayacucho y Cajamarca.

La construcción de un sistema de políticas sociales articuladas y coordinadas en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), con programas y proyectos que incorporen indicadores de desempeño, de efectos e impactos, adaptables y flexibles a los espacios geográficos, así como a las realidades socioeconómicas y culturales de un país tan diverso como el nuestro, es uno de los más grandes desafíos del Estado, pues comprende, entre otras consideraciones básicas, una visión compartida, un amplio consenso y un acuerdo estratégicamente sostenible de mediano y largo plazo, es decir, gobernanza territorial.

En ese camino, el enfoque de derechos (que reconoce a las personas no como “beneficiarios” sino como “usuarios” de la política social, es decir, con responsabilidades compartidas entre el Estado y el ciudadano), puede allanar la ruta para estos acuerdos y para la ampliación de los programas habilitadores de oportunidades económicas (existen pero son pocos) en ámbitos locales, aprovechando corredores socioeconómicos y microcuencas bajo esquemas vinculantes con la institucionalidad existente en los territorios.

¿Es posible todo esto? Pues sí. También lo es, bajo el mismo enfoque, la universalización de la seguridad social, transferencias económicas condicionadas a objetivos de salud y educación para los estratos en pobreza extrema, inclusión laboral y productiva e ingresos dignos con salario mínimo. Contribuirán a reducirán la desigualdad y la pobreza, y promoverán el desarrollo social con más oportunidades.

Programas presupuestales

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Los programas sociales del Estado han sido vistos casi siempre como botín electoral por muchos gobiernos y partidos, y fuente de recursos para movilizar a los ciudadanos, en especial a la población vulnerable y pobre, para propósitos políticos.

De esto mucho sabemos los peruanos, y ha ocurrido en todos los niveles de gobierno. En la última década, sin embargo, con la apuesta por mejores políticas nacionales y la modernización del Estado en un contexto de exigencias ciudadanas, se han dado pasos importantes para un desempeño más responsable de la administración gubernamental sobre sus intervenciones sociales y un mayor compromiso para alcanzar objetivos y metas. Una expresión de ello es la incorporación del enfoque de gestión por resultados como lineamiento de política pública.

Los hitos relevantes vinculados a este enfoque son la Ley Marco de la Modernización del Estado (enero 2002) y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (diciembre 2007) que establece seis principios rectores, entre los cuales figuran el servicio al ciudadano (eficacia, eficiencia, rendición de cuentas); inclusión y equidad (incorporación social, política económica y cultural de las poblaciones vulnerables; igualdad en el acceso a oportunidades y beneficios); y la participación y transparencia (derecho a intervenir y a vigilar la gestión estatal). En esta misma línea se ubica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (febrero 2013).

El Presupuesto por Resultados es una estrategia de la gestión pública que prioriza el gasto y mejora la calidad de las intervenciones. Vincula la asignación de recursos a la prestación de bienes y servicios; está sujeto a medición y evaluación, y debe mostrar evidencia sobre el cumplimiento de metas. Y aquí entramos a un principio clave, la rendición de cuentas, no sólo en términos monetarios sino además en las metodologías y prácticas más eficaces que contribuyan a conquistar los objetivos planteados.

Uno de los instrumentos del Presupuesto por Resultados son los Programas Presupuestales, los cuales se definen como una unidad de programación de acciones integradas y articuladas para proveer productos, y contribuir a un resultado final asociado a un objetivo de política pública. La validación del diseño e implementación y la continuidad de la transferencia de fondos para las actividades de los programas está y debe estar condicionada a objetivos y metas,  y demostrarse con evaluaciones externas.

La relevancia de los Programas Presupuestales de las carteras ministeriales, programas y proyectos, radica en que estos identifican y asignan, prioritariamente, recursos para los productos que más impacto social representan. Permiten, además, evaluar el gasto, conocer y analizar sus resultados bajo indicadores de desempeño construidos con criterios técnicos e independientes. Eso es lo que se espera de toda gestión pública eficiente y comprometida con el desarrollo y bienestar ciudadano.

Políticas sociales y oportunidades económicas

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El entorno de grave crisis y los esfuerzos de recuperación económica en un escenario de pandemia ha traído a debate las políticas sociales y su eficacia para enfrentar la pobreza y pobreza extrema en América Latina, la región más desigual del planeta, con economías de bajo crecimiento y escasa productividad.

Los nuevos desafíos de los gobiernos llaman la atención sobre las estrategias, la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas sociales, considerando la vasta experiencia de los estados latinoamericanos en intervenciones públicas para aliviar las precariedades de los hogares urbanos y rurales, aprendizajes que deben acompañar los procesos de decisión gubernamental sobre los sistemas de protección social, entendidos estos como una estructura de oportunidades no sólo asistenciales, como las que alivian el hambre; sino también las que, al tiempo de asegurar derechos básicos, fortalecen capacidades y desarrollan iniciativas para la autogeneración de ingresos.

Pero no siempre ha funcionado así. La complejidad de las sociedades latinoamericanas, disgregadas y fracturadas, con sectores excluidos de los beneficios del crecimiento económico, y gobiernos que han hecho muy poco -y a veces todo mal- por superar la pobreza y apostar por el desarrollo humano, generaron políticas compensatorias que no cumplieron sus propósitos, e inclusive ineficaces a costos elevados para las economías nacionales.

La percepción de la inequidad de la política social en Latinoamérica revela la necesidad de contar con un sistema de protección más inclusivo, favorable al crecimiento y redistributiva entre los segmentos de la población más pobre y vulnerable, de modo que contribuya a reducir la desigualdad y a la ampliación de las oportunidades sociales y económicas.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD (https://bit.ly/2SEcJxG) que comentamos la semana pasada, advierte que para reducir la desigualdad es insuficiente subir los impuestos y aumentar la inversión social; se requiere revisar la articulación de los programas de protección en relación a la situación de los trabajadores en el mercado laboral, las condiciones de acceso a estos y su financiamiento.

Y aplicar el principio rector de la protección social: su universalidad, es decir, tiene que llegar a todos los que están expuestos a una determinada condición a través de un solo programa, y las prestaciones deben brindarse con la calidad debida para todos. Un ejemplo de esto en el Perú es el SIS, el Seguro Integral de Salud. Pero al principio de la universalidad debe sumarse el de la integralidad y complementariedad, pues construiría opciones con mayor equidad, reduciendo brechas y habilitando espacios para la cohesión y el desarrollo social.

El Informe de Desarrollo Humano 2021

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La desigualdad y la pobreza son los elementos estructurales de la realidad de América Latina y el Caribe que impactan en la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Tan igual como la pobreza, la desigualdad es un fenómeno multidimensional y es particularmente significativa en esta región del planeta.

Salir de este hoyo sí es posible con una escalera que establezca la ruta para la desconcentración y democratización del poder, que reduzca la violencia, y que diseñe políticas públicas integrales y pertinentes a partir del crecimiento económico y una mejor redistribución de la riqueza, a la par de un cambio sustancial en las percepciones sobre ellas y su naturaleza por cuenta de los actores sociales, políticos y gubernamentales.

Nada fácil ni cercano. Una de las características típicas es el alto grado de transferencia intergeneracional de la pobreza y la desigualdad que se transmite de padres a hijos, quienes resultan heredando las ventajas y desventajas de sus progenitores y su posición en el seno de la vida económica y social de los territorios que habitan.

La concentración del poder político y económico, la violencia (que deteriora derechos y libertades y “fractura” el capital social), y políticas públicas verticales -con efectos indeseables e inesperados- constituyen la trampa para la desigualdad, el crecimiento y la productividad. Así lo precisa el reciente Informe Regional de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, junio 2021), cuyo título expresa la condición gravitante de la región: “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”. Puede descargar el informe completo o un resumen de él desde aquí: https://bit.ly/2SEcJxG

El PNUD incorporó las variables de la violencia y la pandemia en su último análisis anual sobre el desarrollo humano, reconociendo la profundización de las brechas socioeconómicas que han generado en nuestras naciones los impactos del covid-19.

La superación de la alta desigualdad, la recuperación del bajo crecimiento y la mejora de la productividad de los países latinoamericanos y caribeños, supone  políticas públicas articuladas e integrales de mediano y largo plazo, cuyo diseño e implementación deben responder a una visión compartida del futuro próximo atendiendo las urgencias nacionales del presente.

Las percepciones sobre la desigualdad y la pobreza que tienen los líderes políticos, la academia, los tecnócratas estatales, los agentes económicos, y en especial los ciudadanos, son asuntos cruciales a tener en cuenta en un escenario de crisis políticas y sanitarias como las que se presentan, por ejemplo, en Colombia, Chile y Perú,  y demandan atención y compromiso gubernamental con políticas públicas para la reactivación económica con empleo digno, la reconstrucción y el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y de la seguridad social, así como programas y proyectos productivos orientados a la generación de oportunidades, especialmente en el mundo rural.

En este contexto los sistemas de protección social contribuirán a reducir la desigualdad, pero deberán de ser “más inclusivos y redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”, pues continúan muy fragmentados por la alta informalidad del mercado laboral y la inequidad de las oportunidades para la población vulnerable y los más pobres, todo lo cual impacta, subsecuentemente, en los niveles de ingreso y en la productividad. Un principio clave de la protección social deber ser, sostiene el PNUD, la universalidad de la seguridad social con los beneficios de la misma calidad para todos.

Pertinencia de la política social

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La manera en que se van a implementar las decisiones y quehaceres de la política social del nuevo gobierno exige una mirada pertinente a la realidad sociocultural y política de los territorios, especialmente rurales, que no corresponden siempre ni necesariamente a los patrones generales de la cultura occidental, como bien sabemos desde hace mucho, si no, por el contrario, a las particularidades de las culturas y de las prácticas locales inclusive.

Y esto no es un enfoque ni académico ni caprichoso, es un abordaje intercultural validado a lo largo de los años, resultado de las experiencias públicas y privadas, y de los aprendizajes en la lucha contra la pobreza rural en el mundo andino y amazónico.

Tenemos en el Perú 48 lenguas originarias, 44 de ellas se hablan en la Amazonía y 4 en la zona andina: quechua, aimara, jaqaru y kawki (el jaqaru se habla en los distritos de Tupe y Catahuasi, provincia de Yauyos; y el kawki o cauqui en el pueblo de Cachuy ubicado dentro de la jurisdicción de Catahuasi). Pero además, los peruanos vivimos en tres regiones naturales, que se diferencian no sólo por la geografía, la economía y la cultura, sino también por la forma cómo las comunidades y la gente que las habita se articulan a los pueblos más grandes, a las ciudades intermedias y a las metrópolis, especialmente de la sierra y la costa; dinámicas atravesadas a su vez por elementos histórico-culturales y en particular por modelos de desarrollo que restringen las oportunidades, generan desventajas e  imponen exclusiones.

Son las brechas de la desigualdad y la pobreza las principales barreras en la construcción del desarrollo y el bienestar. En este escenario, sin embargo, cabe observar y tener presente la percepción de bienestar de las personas, sus aspiraciones de cambio, su disposición y capacidad para la transformación, así como los factores socioeconómicos, educativos y políticos que lo bloquean o dificultan.

En esa coyuntura crítica, de polarización social y política, es crucial romper la visión apocalíptica del futuro de la Nación y asumir el esfuerzo de construir a base de consensos mínimos las prioridades de las políticas sociales, con la pertinencia y las especificidades descritas para enfrentar con eficacia y mejores resultados el hambre y la pobreza que hoy vulnera los derechos básicos de al menos 30 por ciento de peruanos, como consecuencia, entre otras razones, de la pandemia del covid.

El Estado peruano ha acumulado ya una vasta experiencia no solo en el diseño, y ejecución de políticas, programas y proyectos sociales, sino además en su evaluación y rediseño, validadas inclusive internacionalmente, de modo que no hay razón para volver a los años funestos del uso político de los programas sociales como ocurrió en la década de los 90 del siglo pasado.

La hora final

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El enfoque de desarrollo territorial rural como un modelo de intervención que articula a los actores institucionales, colectivos e individuales sobre la base de las potencialidades del espacio geográfico y económico, y alrededor de las necesidades y expectativas de la población para construir el cambio, tiene el propósito estratégico de promover el bienestar en sus dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales.

Es esta perspectiva, creemos, la que debe gobernar el proceso de construcción de las políticas y programas sociales para el mundo andino y amazónico, involucrando en la gestión a las comunidades y usuarios organizados, siempre que asuman una responsabilidad compartida que evite la clientela política, la dependencia asistencial y el populismo de antaño. Ha llegado la hora.

Los procesos colectivos facilitan los cambios hacia un desarrollo territorial inclusivo, pero para ello deben renovarse y reajustarse las políticas nacionales del Estado peruano a partir de un consenso mínimo de los sectores públicos y privados, sociedad civil y el concurso de los ciudadanos reconocidos por sus compromisos y prácticas honorables. La coordinación intersectorial y la colaboración multinivel convergen en sinergias para facilitarlo. La coyuntura no puede ser más propicia hoy en el año del bicentenario, y un nuevo Acuerdo por la Gobernabilidad puede ser la plataforma más pertinente.

El modelo expresa una estrategia liberadora de las capacidades y fortalezas del territorio (entendido como espacio de interacciones que conllevan una visión compartida del desarrollo y actores comprometidos en su construcción), más aún cuando se encuentran aliados institucionales, cuando se extiende la confianza mutua y se reconoce al interlocutor en todas sus dimensiones humanas, y cuando se generan oportunidades para una salida sostenible de la pobreza sin dañar la dignidad de las personas.

Hemos sido testigos de cómo las ofertas ofensivas a la situación de pobreza de miles de compatriotas durante la campaña contaminaron el discurso electoral, cobrando inusitadas promesas en la segunda vuelta, por ejemplo, de una candidatura empeñada en una fuga hacia adelante, para lo cual no escatimó anuncios de distribución de dinero a cuenta de los recursos del canon minero.

En un contexto de crisis sanitaria, crisis política y crisis económica; y en un escenario crispado por pugnas y puyas de grueso calibre, un nuevo modo de gestionar la política pública, y más precisamente un nuevo estilo, transparente y democrático, se hace urgente en las horas cruciales de la patria, cuando iniciamos la tercera década del segundo milenio, cuando nos envuelve el Bicentenario de la Independencia Nacional, y cuando está próximo el fin y el inicio de un nuevo gobierno.