Los programas sociales del Estado han sido vistos casi siempre como botín electoral por muchos gobiernos y partidos, y fuente de recursos para movilizar a los ciudadanos, en especial a la población vulnerable y pobre, para propósitos políticos.

De esto mucho sabemos los peruanos, y ha ocurrido en todos los niveles de gobierno. En la última década, sin embargo, con la apuesta por mejores políticas nacionales y la modernización del Estado en un contexto de exigencias ciudadanas, se han dado pasos importantes para un desempeño más responsable de la administración gubernamental sobre sus intervenciones sociales y un mayor compromiso para alcanzar objetivos y metas. Una expresión de ello es la incorporación del enfoque de gestión por resultados como lineamiento de política pública.

Los hitos relevantes vinculados a este enfoque son la Ley Marco de la Modernización del Estado (enero 2002) y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (diciembre 2007) que establece seis principios rectores, entre los cuales figuran el servicio al ciudadano (eficacia, eficiencia, rendición de cuentas); inclusión y equidad (incorporación social, política económica y cultural de las poblaciones vulnerables; igualdad en el acceso a oportunidades y beneficios); y la participación y transparencia (derecho a intervenir y a vigilar la gestión estatal). En esta misma línea se ubica la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (febrero 2013).

El Presupuesto por Resultados es una estrategia de la gestión pública que prioriza el gasto y mejora la calidad de las intervenciones. Vincula la asignación de recursos a la prestación de bienes y servicios; está sujeto a medición y evaluación, y debe mostrar evidencia sobre el cumplimiento de metas. Y aquí entramos a un principio clave, la rendición de cuentas, no sólo en términos monetarios sino además en las metodologías y prácticas más eficaces que contribuyan a conquistar los objetivos planteados.

Uno de los instrumentos del Presupuesto por Resultados son los Programas Presupuestales, los cuales se definen como una unidad de programación de acciones integradas y articuladas para proveer productos, y contribuir a un resultado final asociado a un objetivo de política pública. La validación del diseño e implementación y la continuidad de la transferencia de fondos para las actividades de los programas está y debe estar condicionada a objetivos y metas,  y demostrarse con evaluaciones externas.

La relevancia de los Programas Presupuestales de las carteras ministeriales, programas y proyectos, radica en que estos identifican y asignan, prioritariamente, recursos para los productos que más impacto social representan. Permiten, además, evaluar el gasto, conocer y analizar sus resultados bajo indicadores de desempeño construidos con criterios técnicos e independientes. Eso es lo que se espera de toda gestión pública eficiente y comprometida con el desarrollo y bienestar ciudadano.

El entorno de grave crisis y los esfuerzos de recuperación económica en un escenario de pandemia ha traído a debate las políticas sociales y su eficacia para enfrentar la pobreza y pobreza extrema en América Latina, la región más desigual del planeta, con economías de bajo crecimiento y escasa productividad.

Los nuevos desafíos de los gobiernos llaman la atención sobre las estrategias, la pertinencia y la eficacia de las políticas y programas sociales, considerando la vasta experiencia de los estados latinoamericanos en intervenciones públicas para aliviar las precariedades de los hogares urbanos y rurales, aprendizajes que deben acompañar los procesos de decisión gubernamental sobre los sistemas de protección social, entendidos estos como una estructura de oportunidades no sólo asistenciales, como las que alivian el hambre; sino también las que, al tiempo de asegurar derechos básicos, fortalecen capacidades y desarrollan iniciativas para la autogeneración de ingresos.

Pero no siempre ha funcionado así. La complejidad de las sociedades latinoamericanas, disgregadas y fracturadas, con sectores excluidos de los beneficios del crecimiento económico, y gobiernos que han hecho muy poco -y a veces todo mal- por superar la pobreza y apostar por el desarrollo humano, generaron políticas compensatorias que no cumplieron sus propósitos, e inclusive ineficaces a costos elevados para las economías nacionales.

La percepción de la inequidad de la política social en Latinoamérica revela la necesidad de contar con un sistema de protección más inclusivo, favorable al crecimiento y redistributiva entre los segmentos de la población más pobre y vulnerable, de modo que contribuya a reducir la desigualdad y a la ampliación de las oportunidades sociales y económicas.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD (https://bit.ly/2SEcJxG) que comentamos la semana pasada, advierte que para reducir la desigualdad es insuficiente subir los impuestos y aumentar la inversión social; se requiere revisar la articulación de los programas de protección en relación a la situación de los trabajadores en el mercado laboral, las condiciones de acceso a estos y su financiamiento.

Y aplicar el principio rector de la protección social: su universalidad, es decir, tiene que llegar a todos los que están expuestos a una determinada condición a través de un solo programa, y las prestaciones deben brindarse con la calidad debida para todos. Un ejemplo de esto en el Perú es el SIS, el Seguro Integral de Salud. Pero al principio de la universalidad debe sumarse el de la integralidad y complementariedad, pues construiría opciones con mayor equidad, reduciendo brechas y habilitando espacios para la cohesión y el desarrollo social.

La desigualdad y la pobreza son los elementos estructurales de la realidad de América Latina y el Caribe que impactan en la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Tan igual como la pobreza, la desigualdad es un fenómeno multidimensional y es particularmente significativa en esta región del planeta.

Salir de este hoyo sí es posible con una escalera que establezca la ruta para la desconcentración y democratización del poder, que reduzca la violencia, y que diseñe políticas públicas integrales y pertinentes a partir del crecimiento económico y una mejor redistribución de la riqueza, a la par de un cambio sustancial en las percepciones sobre ellas y su naturaleza por cuenta de los actores sociales, políticos y gubernamentales.

Nada fácil ni cercano. Una de las características típicas es el alto grado de transferencia intergeneracional de la pobreza y la desigualdad que se transmite de padres a hijos, quienes resultan heredando las ventajas y desventajas de sus progenitores y su posición en el seno de la vida económica y social de los territorios que habitan.

La concentración del poder político y económico, la violencia (que deteriora derechos y libertades y “fractura” el capital social), y políticas públicas verticales -con efectos indeseables e inesperados- constituyen la trampa para la desigualdad, el crecimiento y la productividad. Así lo precisa el reciente Informe Regional de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, junio 2021), cuyo título expresa la condición gravitante de la región: “Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe”. Puede descargar el informe completo o un resumen de él desde aquí: https://bit.ly/2SEcJxG

El PNUD incorporó las variables de la violencia y la pandemia en su último análisis anual sobre el desarrollo humano, reconociendo la profundización de las brechas socioeconómicas que han generado en nuestras naciones los impactos del covid-19.

La superación de la alta desigualdad, la recuperación del bajo crecimiento y la mejora de la productividad de los países latinoamericanos y caribeños, supone  políticas públicas articuladas e integrales de mediano y largo plazo, cuyo diseño e implementación deben responder a una visión compartida del futuro próximo atendiendo las urgencias nacionales del presente.

Las percepciones sobre la desigualdad y la pobreza que tienen los líderes políticos, la academia, los tecnócratas estatales, los agentes económicos, y en especial los ciudadanos, son asuntos cruciales a tener en cuenta en un escenario de crisis políticas y sanitarias como las que se presentan, por ejemplo, en Colombia, Chile y Perú,  y demandan atención y compromiso gubernamental con políticas públicas para la reactivación económica con empleo digno, la reconstrucción y el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y de la seguridad social, así como programas y proyectos productivos orientados a la generación de oportunidades, especialmente en el mundo rural.

En este contexto los sistemas de protección social contribuirán a reducir la desigualdad, pero deberán de ser “más inclusivos y redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”, pues continúan muy fragmentados por la alta informalidad del mercado laboral y la inequidad de las oportunidades para la población vulnerable y los más pobres, todo lo cual impacta, subsecuentemente, en los niveles de ingreso y en la productividad. Un principio clave de la protección social deber ser, sostiene el PNUD, la universalidad de la seguridad social con los beneficios de la misma calidad para todos.

La manera en que se van a implementar las decisiones y quehaceres de la política social del nuevo gobierno exige una mirada pertinente a la realidad sociocultural y política de los territorios, especialmente rurales, que no corresponden siempre ni necesariamente a los patrones generales de la cultura occidental, como bien sabemos desde hace mucho, si no, por el contrario, a las particularidades de las culturas y de las prácticas locales inclusive.

Y esto no es un enfoque ni académico ni caprichoso, es un abordaje intercultural validado a lo largo de los años, resultado de las experiencias públicas y privadas, y de los aprendizajes en la lucha contra la pobreza rural en el mundo andino y amazónico.

Tenemos en el Perú 48 lenguas originarias, 44 de ellas se hablan en la Amazonía y 4 en la zona andina: quechua, aimara, jaqaru y kawki (el jaqaru se habla en los distritos de Tupe y Catahuasi, provincia de Yauyos; y el kawki o cauqui en el pueblo de Cachuy ubicado dentro de la jurisdicción de Catahuasi). Pero además, los peruanos vivimos en tres regiones naturales, que se diferencian no sólo por la geografía, la economía y la cultura, sino también por la forma cómo las comunidades y la gente que las habita se articulan a los pueblos más grandes, a las ciudades intermedias y a las metrópolis, especialmente de la sierra y la costa; dinámicas atravesadas a su vez por elementos histórico-culturales y en particular por modelos de desarrollo que restringen las oportunidades, generan desventajas e  imponen exclusiones.

Son las brechas de la desigualdad y la pobreza las principales barreras en la construcción del desarrollo y el bienestar. En este escenario, sin embargo, cabe observar y tener presente la percepción de bienestar de las personas, sus aspiraciones de cambio, su disposición y capacidad para la transformación, así como los factores socioeconómicos, educativos y políticos que lo bloquean o dificultan.

En esa coyuntura crítica, de polarización social y política, es crucial romper la visión apocalíptica del futuro de la Nación y asumir el esfuerzo de construir a base de consensos mínimos las prioridades de las políticas sociales, con la pertinencia y las especificidades descritas para enfrentar con eficacia y mejores resultados el hambre y la pobreza que hoy vulnera los derechos básicos de al menos 30 por ciento de peruanos, como consecuencia, entre otras razones, de la pandemia del covid.

El Estado peruano ha acumulado ya una vasta experiencia no solo en el diseño, y ejecución de políticas, programas y proyectos sociales, sino además en su evaluación y rediseño, validadas inclusive internacionalmente, de modo que no hay razón para volver a los años funestos del uso político de los programas sociales como ocurrió en la década de los 90 del siglo pasado.