La medición de la pobreza, que abordamos en esta columna la semana pasada, es una manera de calcular o estimar su incidencia en las personas y la sociedad, pero esta es sólo la mitad de la naranja. La otra es la percepción que tenemos sobre ella. La forma en cómo nos percibimos está atravesada por las subjetividades y a su vez, están vinculadas al entorno social, cultural y económico.

La percepción de la pobreza, expresa la relación de las personas con los medios de vida disponibles. Y si bien la medición puede ser objetiva y la percepción, subjetiva, ambas entradas al fenómeno se complementan y son claves para abordarlas desde las políticas públicas, y en particular en la formulación e implementación de las políticas sociales.

Más allá de los derechos fundamentales de las personas a una identidad, el derecho a la vida, la libertad y al trabajo, es insuficiente el enfoque de derechos; es decir, aquella manera de demandar al Estado lo que nos asiste como ciudadanos, en particular servicios como agua potable, saneamiento, educación, salud y vivienda. Resulta hoy igualmente insuficiente la equidad de género y la igualdad de oportunidades, que, si bien son imprescindibles para el ejercicio de una ciudadanía plena, se tienen limitaciones si a estos derechos no agregamos su contra parte, las obligaciones de todas las personas como miembros de una colectividad que procura el bien común.

La experiencia me lleva a afirmar que muchos se reclaman ser más pobres que sus vecinos a la hora de la ayuda social, y en particular en periodos electorales. Por ello es importante impulsar el enfoque de corresponsabilidad, es decir, la contraparte que se asume en tanto ciudadanos de un territorio. El respeto a los derechos de los demás, la equivalencia de las tareas en la lucha por el bienestar.

Esto supone evaluar las inequidades y las brechas que subsisten y que impiden a ciertos sectores de la población -así lo quisieran- cumplir u honrar la responsabilidad que le compete. Entonces, requerimos intervenciones de protección social, las orientadas a habilitar capacidades, y las destinadas a generar oportunidades. En la tarea de reducir las brechas económicas y sociales no hay lonche gratis.

Estas consideraciones son importantes en el debate público y en esta coyuntura política. Ayudan a evaluar y decidir en torno a la lluvia de ofrecimientos de los candidatos que pugnan por una cuota de poder.