El debate sobre la política social en este tramo de la carrera electoral cobra vida en la academia, en los foros universitarios e institutos de investigación, pero los equipos técnicos de los partidos y sus candidatos parecen ir a la zaga.

Es importante que los ciudadanos sepamos qué piensan, cuáles son sus propuestas y qué planes tienen o están formulando en materia de política y acción social; su percepción sobre la pobreza y cómo luchar contra ella; la evaluación que tienen sobre la pertinencia y eficacia de los programas sociales en la mejora de la calidad de vida, en la generación de mayores oportunidades, y en la construcción de medios de vida sostenibles.

Y es necesario también conocer y analizar cuáles son sus propuestas y cuáles son sus percepciones respecto a lo que el gobierno de transición está haciendo (estrategia Hambre Cero, por ejemplo) para los seis meses de gestión que le quedan, sobre todo en la contención de los embates de la primera, segunda, y una muy probable tercera ola del coronavirus.

Del conjunto de las políticas y programas sociales, aquellas orientadas a la eliminación de la pobreza rural siempre tuvieron el consenso de casi todos los sectores, pero en el modo de hacerlo y en las prioridades subsecuentes afloran las divergencias. Y ello responde al modelo de desarrollo que propugnan, el rol que le asignan al Estado y la agenda de intereses que conllevan los colectivos políticos y económicos, intereses que no siempre se ponen en evidencia en las lides electorales.

Los indicadores socioeconómicos no son alentadores. Si bien Arequipa se encuentra en una condición mejor respecto a muchas regiones, una mirada hacia adentro muestra las abismales inequidades entre la capital regional, las provincias y los distritos, y entre las zonas urbanas y rurales. El centralismo se repite y se vuelve más reacio al cambio por las oportunidades de poder que genera y reproduce.

De acuerdo a los últimos estudios disponibles, la pobreza monetaria total en el país se eleva de 20.2% (2019) a 30.3% en el 2020. En el caso de las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales las cifras son alarmantes: sube de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020), lo cual muestra la alta vulnerabilidad de este segmento poblacional.

Aquí está la agenda prioritaria no sólo para el gobierno de Sagasti, y no solo para quienes tomarán la posta gubernamental el 28 de julio, sino para todos.