El informe técnico presentado hace algunos días por el INEI confirmó las alertas de meses anteriores. La incidencia de la pobreza al cierre del año 2020 en el Perú trepó 9.9% y nos ha retornado al pasado. Es una pérdida impresionante en la lucha contra la precariedad monetaria en tan solo un año; de 20.2% en el 2019 hemos caído a 30.1% en el 2020.

Desde una perspectiva mayor, observamos que en el 2010 la pobreza monetaria era de 30.8%; al cierre del año 2020, 30.1%. Retrocedimos una década. La causa principal es sin duda la pandemia del Covid-19, pero no la única.

La progresiva reducción de la pobreza total en los últimos diez años, con un promedio de -2% anual, comenzó a ralentizarse hacia el 2015 (21.8%) y desde entonces los avances fueron mínimos, hasta el 20.2% del año 2019. Hoy el panorama es aterrador, pero la realidad rural es más dramática aún. Si en el 2019 teníamos ya 40.8%, al cierre del 2020 la pobreza rural general había escalado a 45.7%.

Por regiones naturales, la pobreza en la sierra rural es mucho mayor (50.4%) que en la selva rural (39.2%) y la costa rural (30.4%).

La expansión y duración de la pandemia han afectado los ingresos familiares debido a la caída del empleo. El gasto real promedio por persona disminuyó 17.9% en la costa, 13.6% en la sierra y 10.6% en la selva, de acuerdo al reporte del INEI. Y es que la línea de pobreza extrema (el valor monetario del gasto per cápita mensual de un hogar para la compra de alimentos) aumentó en el área urbana a 2.0% y en el área rural 1.2%, es decir, se necesita ahora más dinero para comprar la misma cantidad de alimentos, y no todos lo obtienen.

Los bonos entregados por el Gobierno Nacional aliviaron las secuelas de la cuarentena por la pandemia, pero la prolongación de la crisis sanitaria lo hizo insuficiente, como parece ocurrir con las medidas complementarias, aunque la estrategia Hambre Cero implementada desde el último trimestre del año pasado está aún -en el área rural- en proceso de afianzamiento y en expansión.

La Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza (que acompaña oficialmente las mediciones que realiza el INEI), ha dado cuenta en su informe que determinar el nivel de impacto de los bonos Covid y otras transferencias públicas es una tarea compleja que requiere simulaciones basadas en hipótesis que consideren efectos directos e indirectos; sin embargo, la estimación de la pobreza monetaria para el año 2020 -que se basa en la información auto declarada sobre el consumo- lo incluye.

El INEI utilizó la misma metodología de los años anteriores tanto para el cálculo de los gastos de los hogares como para el cálculo de las líneas de pobreza monetaria sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). La muestra fue de 37,103 viviendas y sobre ellas se aplicaron entrevistas presenciales en un 51% y entrevistas telefónicas en un 49%. La Comisión Consultiva evaluó los datos obtenidos y sostiene que “responden a un alto estándar de calidad y robustez”, y que el estudio reporta “información confiable”.

El gobierno anunció que la semana próxima adoptará un conjunto de medidas adicionales para fortalecer la economía familiar. El desafío es enorme, pero no bastarán nuevos bonos ni devolución de los fondos de las AFP ni ONP (recordemos que el 72.4% de la Población Económicamente Activa es informal y no cotiza a ningún fondo público ni privado de pensiones) si no se acelera la vacunación contra el Covid y la reactivación de la economía, se incremente la inversión pública y privada, y se mejore la eficacia y cobertura de los programas sociales.