Desigualdades perversas

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América Latina es una de las regiones con las mayores desigualdades en el mundo, empezando por las grandes brechas en los ingresos y las limitadas oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo económico y social. Elementos transversales a esta cruda realidad son el origen territorial y étnico, la educación, la salud, el empleo, las diferentes etapas del ciclo de vida, factores claves para alcanzar el bienestar.

Las desigualdades se expresan en la alta concentración de la riqueza en un reducido segmento de la población, por un lado, y de otro, la vulnerabilidad, la exclusión y la pobreza, que se extiende en vastos sectores con escasas posibilidades de empleo, educación de calidad y seguridad social, por ejemplo, afectando derechos y clausurando las salidas de escape a las precariedades cotidianas, mientras la informalidad y el incumplimiento de obligaciones ciudadanas reducen las cuentas fiscales.

El Covid-19 ha incrementado la desigualdad. Amplió las diferencias en materia de ingresos, profundizando las inequidades en sociedades ya fragmentadas por los males estructurales que los Estados y gobiernos no tuvieron voluntad de enfrentar ni capacidad para corregir en las últimas décadas.

Las víctimas de la pandemia son también aquellos que se encontraban entre el umbral de la pobreza y los de más abajo, es decir los pobres más pobres, cuyos gritos de hambre demandan con urgencia ampliar las redes de protección social de los Estados latinoamericanos mientras los gobiernos procuran recuperarse de la crisis económica para darles alguna esperanza de sobrevivir.

Todo esto explica en esta parte del mundo las sostenidas demandas de cambios al que se resisten las élites económicas y políticas que no parecen comprender que una mayor igualdad, la reducción de la pobreza, mejores indicadores en educación y derechos laborales son las bases económicas y sociales para la construcción de sociedades democráticas, con menos discriminación y mayor apertura a las dinámicas culturales integradoras, bastante lejos de la inequidad asumida como un mal necesario para la inversión y el crecimiento.

Una mejor distribución de los activos y de los ingresos puede propiciar un aumento de la productividad y la expansión del mercado interno, pero aún no se asimila la “igualdad multidimensional”, aquella que supone reformas y cambios estructurales que profundicen la democracia y promuevan la participación ciudadana, oportunidades de empleo, servicios públicos de calidad, y reconocimiento de las diferencias y de la dignidad de las personas.

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