Un correcto diagnóstico para cualquier decisión sobre política pública es clave, más aún si supone planeamiento, diseño, rediseño o mejora de los programas y proyectos, arquitectura organizacional, personal operativo calificado y asignaciones presupuestales, y si involucra, por supuesto, a los ciudadanos más vulnerables.

Esto es lo que debe hacer el Estado y sus instituciones en materia de políticas sociales, el diagnóstico más correcto para elevar la calidad de sus intervenciones, aunque es verdad que existen otros factores asociados a la toma de decisiones: voluntad política y propósito estratégico.

Ante el reciente Informe Técnico del INEI sobre pobreza monetaria que refleja parte de los impactos de la pandemia del Covid-19, es bueno recordar que la pobreza se manifiesta también en otras dimensiones más allá del ingreso/gasto: salud, educación, saneamiento, vivienda, empleo, transporte, conectividad, y otros indicadores vinculados, por ejemplo, a la territorialidad rural/urbana, y en el Perú en particular a la configuración geográfica (costa, sierra y selva) y su realidad sociocultural.

A esto sumamos el ciclo de vida diferenciada por la edad de las personas y el modo de su participación o inserción en las actividades económicas, sociales y culturales.

El análisis de la pobreza requiere pues un enfoque multidimensional y no sólo monetario, de modo que los reajustes a la formulación e implementación de las políticas sociales contribuyan a enfrentar con éxito la pobreza, la vulnerabilidad, la desigualdad y la exclusión. Lo necesitará el nuevo gobierno y lo necesitamos todos.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tienen que atender, este 2021, el compromiso pendiente de definir el Índice de Pobreza Multidimensional para un diagnóstico certero de las carencias de los ciudadanos y una radiografía más exacta del fenómeno de la pobreza. De este modo tendremos inversiones sociales más pertinentes, eficaces y eficientes.

El INEI trabaja en este tema con la ayuda de la Comisión Consultiva que le da soporte metodológico, en respuesta, además, a los compromisos del Estado peruano ante la comunidad internacional para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 proclamado por las Naciones Unidas en setiembre de 2015.

En efecto, la meta 1.2.  (“De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones…”) obliga al INEI a adoptar indicadores oficiales de pobreza multidimensional complementarias a la medición de la pobreza monetaria. Y junto a esta urgencia, debe actualizar también el “Año Base” con el que compara y evalúa los cambios en la vida económica y social de los peruanos tomando en cuenta los últimos censos y encuestas nacionales.

El informe técnico presentado hace algunos días por el INEI confirmó las alertas de meses anteriores. La incidencia de la pobreza al cierre del año 2020 en el Perú trepó 9.9% y nos ha retornado al pasado. Es una pérdida impresionante en la lucha contra la precariedad monetaria en tan solo un año; de 20.2% en el 2019 hemos caído a 30.1% en el 2020.

Desde una perspectiva mayor, observamos que en el 2010 la pobreza monetaria era de 30.8%; al cierre del año 2020, 30.1%. Retrocedimos una década. La causa principal es sin duda la pandemia del Covid-19, pero no la única.

La progresiva reducción de la pobreza total en los últimos diez años, con un promedio de -2% anual, comenzó a ralentizarse hacia el 2015 (21.8%) y desde entonces los avances fueron mínimos, hasta el 20.2% del año 2019. Hoy el panorama es aterrador, pero la realidad rural es más dramática aún. Si en el 2019 teníamos ya 40.8%, al cierre del 2020 la pobreza rural general había escalado a 45.7%.

Por regiones naturales, la pobreza en la sierra rural es mucho mayor (50.4%) que en la selva rural (39.2%) y la costa rural (30.4%).

La expansión y duración de la pandemia han afectado los ingresos familiares debido a la caída del empleo. El gasto real promedio por persona disminuyó 17.9% en la costa, 13.6% en la sierra y 10.6% en la selva, de acuerdo al reporte del INEI. Y es que la línea de pobreza extrema (el valor monetario del gasto per cápita mensual de un hogar para la compra de alimentos) aumentó en el área urbana a 2.0% y en el área rural 1.2%, es decir, se necesita ahora más dinero para comprar la misma cantidad de alimentos, y no todos lo obtienen.

Los bonos entregados por el Gobierno Nacional aliviaron las secuelas de la cuarentena por la pandemia, pero la prolongación de la crisis sanitaria lo hizo insuficiente, como parece ocurrir con las medidas complementarias, aunque la estrategia Hambre Cero implementada desde el último trimestre del año pasado está aún -en el área rural- en proceso de afianzamiento y en expansión.

La Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza (que acompaña oficialmente las mediciones que realiza el INEI), ha dado cuenta en su informe que determinar el nivel de impacto de los bonos Covid y otras transferencias públicas es una tarea compleja que requiere simulaciones basadas en hipótesis que consideren efectos directos e indirectos; sin embargo, la estimación de la pobreza monetaria para el año 2020 -que se basa en la información auto declarada sobre el consumo- lo incluye.

El INEI utilizó la misma metodología de los años anteriores tanto para el cálculo de los gastos de los hogares como para el cálculo de las líneas de pobreza monetaria sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO). La muestra fue de 37,103 viviendas y sobre ellas se aplicaron entrevistas presenciales en un 51% y entrevistas telefónicas en un 49%. La Comisión Consultiva evaluó los datos obtenidos y sostiene que “responden a un alto estándar de calidad y robustez”, y que el estudio reporta “información confiable”.

El gobierno anunció que la semana próxima adoptará un conjunto de medidas adicionales para fortalecer la economía familiar. El desafío es enorme, pero no bastarán nuevos bonos ni devolución de los fondos de las AFP ni ONP (recordemos que el 72.4% de la Población Económicamente Activa es informal y no cotiza a ningún fondo público ni privado de pensiones) si no se acelera la vacunación contra el Covid y la reactivación de la economía, se incremente la inversión pública y privada, y se mejore la eficacia y cobertura de los programas sociales.

América Latina es una de las regiones con las mayores desigualdades en el mundo, empezando por las grandes brechas en los ingresos y las limitadas oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo económico y social. Elementos transversales a esta cruda realidad son el origen territorial y étnico, la educación, la salud, el empleo, las diferentes etapas del ciclo de vida, factores claves para alcanzar el bienestar.

Las desigualdades se expresan en la alta concentración de la riqueza en un reducido segmento de la población, por un lado, y de otro, la vulnerabilidad, la exclusión y la pobreza, que se extiende en vastos sectores con escasas posibilidades de empleo, educación de calidad y seguridad social, por ejemplo, afectando derechos y clausurando las salidas de escape a las precariedades cotidianas, mientras la informalidad y el incumplimiento de obligaciones ciudadanas reducen las cuentas fiscales.

El Covid-19 ha incrementado la desigualdad. Amplió las diferencias en materia de ingresos, profundizando las inequidades en sociedades ya fragmentadas por los males estructurales que los Estados y gobiernos no tuvieron voluntad de enfrentar ni capacidad para corregir en las últimas décadas.

Las víctimas de la pandemia son también aquellos que se encontraban entre el umbral de la pobreza y los de más abajo, es decir los pobres más pobres, cuyos gritos de hambre demandan con urgencia ampliar las redes de protección social de los Estados latinoamericanos mientras los gobiernos procuran recuperarse de la crisis económica para darles alguna esperanza de sobrevivir.

Todo esto explica en esta parte del mundo las sostenidas demandas de cambios al que se resisten las élites económicas y políticas que no parecen comprender que una mayor igualdad, la reducción de la pobreza, mejores indicadores en educación y derechos laborales son las bases económicas y sociales para la construcción de sociedades democráticas, con menos discriminación y mayor apertura a las dinámicas culturales integradoras, bastante lejos de la inequidad asumida como un mal necesario para la inversión y el crecimiento.

Una mejor distribución de los activos y de los ingresos puede propiciar un aumento de la productividad y la expansión del mercado interno, pero aún no se asimila la “igualdad multidimensional”, aquella que supone reformas y cambios estructurales que profundicen la democracia y promuevan la participación ciudadana, oportunidades de empleo, servicios públicos de calidad, y reconocimiento de las diferencias y de la dignidad de las personas.

No sólo crisis sanitaria, sino casi todas las demás. Ya lo sabemos, pero revisemos cómo nos involucra y cómo nos compromete la búsqueda de una salida, esta vez desde las fortalezas que aún nos quedan para aprovechar las escasas oportunidades en un mundo de amenazas que desnudan nuestras debilidades.

¿Qué hizo, dejó de hacer y cómo hará el Estado para orientar a sus ciudadanos hacia la luz al final de un túnel que se alarga como una serpiente en fuga hacia adelante?

Con la pandemia todas las desigualdades brotaron de pronto como si hubieran nacido y crecido a la velocidad de la luz, y todos han volteado los ojos hacia el Estado clamando el auxilio salvador, incluyendo los que medraron de él, los otros que lo ningunearon desde la informalidad, la elusión y la evasión tributaria, e incluso aquellos que han trabajado intensamente para recortarle competencias y responsabilidades.

Ante la crisis global el Perú requiere revertir los indicadores claves de la economía con mayor inversión privada y pública, transformar su sistema de representación política, reconstruir y ampliar la salud pública, democratizar la educación de calidad y mejorar sus servicios, así como intensificar y ampliar las políticas sociales habilitadoras de oportunidades económicas, adoptando políticas públicas diversificadas y pertinentes a la realidades de la costa, sierra y selva para una recuperación que nos conduzca hacia un nuevo modelo de desarrollo centrado en las personas, y creemos, bajo un enfoque de desarrollo territorial inclusivo y articulador.

No es poca cosa, casi lo es todo.

Sin embargo, revertir la crisis sanitaria y la recuperación económica son las dos urgencias nacionales, que a partir de un acuerdo social y político de corto y mediano plazo, pueden despejar el camino de los escombros que nos deja la pandemia y la crisis política.

Compete por ello una enorme responsabilidad a las nuevas representaciones y liderazgos dentro y fuera del Congreso, y una tarea mayor a las dos fuerzas que pugnan por manejar las llaves de Palacio de Gobierno.

El marco orientador para las acciones y tareas del nuevo gobierno, debería estar alineado, a nuestro entender, a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, priorizando la erradicación del hambre, promoviendo la seguridad alimentaria, apostando por la salud y educación, mejorando el acceso al agua limpia y promoviendo la sostenibilidad del crecimiento económico. Para ello, tenemos que redefinir la agenda pública con políticas de Estado innovadoras, de modo que contribuyamos a construir sociedades más justas y sostenibles.