Las políticas sociales deben construirse también desde el foro público y una perspectiva amplia e integral que tome en cuenta las necesidades prioritarias de la población vulnerable, pobre y pobre extremo, y en particular, los derechos básicos de las personas, para diseñar e implementar intervenciones habilitadoras y promotoras de sus capacidades orientadas a una salida permanente de la pobreza; de este modo, podremos hablar no de gasto, sino de inversión social.

Al incorporarse de manera sostenible al desarrollo económico y social mediante actividades productivas, estos sectores de la población tienen mejores opciones para construir su bienestar. Necesitan una estructura de oportunidades desde la actividad privada y desde el sector público, como ya dijimos antes en este espacio, con un enfoque de corresponsabilidad y un rol más activo de los ciudadanos.

El Estado no puede -no debería- desarrollar políticas y programas sociales sobre la base del endeudamiento público, que no ha ocurrido antes sino hasta la emergencia sanitaria por el Covid-19. Se trata de una situación excepcional que todos tenemos que esforzarnos en superar, de lo contario no encontraremos nunca la luz al final de este túnel extendido por segunda ola, y tal vez, por una tercera que nadie desea.

Sabemos de las limitaciones del Estado para disponer de mayores recursos y financiar los servicios públicos y programas sociales si no tenemos una economía en crecimiento constante que permita elevar los ingresos fiscales. Pero el crecimiento sin desarrollo social tampoco hace sostenible al país considerando que el bienestar es un derecho universal.

Es una trampa en este escenario de crisis la falsa disyuntiva entre salud y economía, ambos son consustanciales; lo que se necesita es articular esfuerzos con el sector productivo y parece no haber aún la voluntad de impulsar iniciativas en este sentido en medio de la pandemia y la coyuntura electoral. Lo que abunda es la lluvia de ofertas en debates fugaces e intervenciones mediáticas que, lamentablemente, no llegan a estructurarse en propuestas sistematizadas que nos ayuden a tener claridad en materia de política pública.

Así, observamos que entre otros temas claves, la inclusión económica y la generación de oportunidades económicas para el cierre de las brechas de la desigualdad y exclusión que afectan a millones de peruanos, todavía esperan un espacio en el debate público y en la agenda política, a tan solo 45 días de acudir a las urnas.

La medición de la pobreza, que abordamos en esta columna la semana pasada, es una manera de calcular o estimar su incidencia en las personas y la sociedad, pero esta es sólo la mitad de la naranja. La otra es la percepción que tenemos sobre ella. La forma en cómo nos percibimos está atravesada por las subjetividades y a su vez, están vinculadas al entorno social, cultural y económico.

La percepción de la pobreza, expresa la relación de las personas con los medios de vida disponibles. Y si bien la medición puede ser objetiva y la percepción, subjetiva, ambas entradas al fenómeno se complementan y son claves para abordarlas desde las políticas públicas, y en particular en la formulación e implementación de las políticas sociales.

Más allá de los derechos fundamentales de las personas a una identidad, el derecho a la vida, la libertad y al trabajo, es insuficiente el enfoque de derechos; es decir, aquella manera de demandar al Estado lo que nos asiste como ciudadanos, en particular servicios como agua potable, saneamiento, educación, salud y vivienda. Resulta hoy igualmente insuficiente la equidad de género y la igualdad de oportunidades, que, si bien son imprescindibles para el ejercicio de una ciudadanía plena, se tienen limitaciones si a estos derechos no agregamos su contra parte, las obligaciones de todas las personas como miembros de una colectividad que procura el bien común.

La experiencia me lleva a afirmar que muchos se reclaman ser más pobres que sus vecinos a la hora de la ayuda social, y en particular en periodos electorales. Por ello es importante impulsar el enfoque de corresponsabilidad, es decir, la contraparte que se asume en tanto ciudadanos de un territorio. El respeto a los derechos de los demás, la equivalencia de las tareas en la lucha por el bienestar.

Esto supone evaluar las inequidades y las brechas que subsisten y que impiden a ciertos sectores de la población -así lo quisieran- cumplir u honrar la responsabilidad que le compete. Entonces, requerimos intervenciones de protección social, las orientadas a habilitar capacidades, y las destinadas a generar oportunidades. En la tarea de reducir las brechas económicas y sociales no hay lonche gratis.

Estas consideraciones son importantes en el debate público y en esta coyuntura política. Ayudan a evaluar y decidir en torno a la lluvia de ofrecimientos de los candidatos que pugnan por una cuota de poder.

El Perú debe avanzar hacia diagnósticos más certeros en la medición y evaluación de la pobreza. De ello depende una focalización más acotada de las intervenciones del Estado y decisiones más pertinentes del gobierno nacional y de los gobiernos subnacionales en materia de políticas y programas sociales.

La pobreza no sólo es monetaria, pero hasta ahora este es el factor predominante en su caracterización en el Perú, y se sostiene sobre la base de la relación ingreso/gasto de los hogares. Esta metodología, asociada al enfoque de Línea o Umbral de Pobreza, se expresa con un indicador referencial en términos monetarios para establecer si una persona es pobre, pobre extremo o no pobre.

La medición de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tiene otra mirada, con un indicador relacionado a cinco carencias:  a) hogares con niños de 6 a 12 años que no asisten a la escuela; b) hogares con jefe de hogar sin educación primaria completa; c) hogares en viviendas inadecuadas (paredes de estera, quincha, piedra con barro, y piso de tierra; d) hogares en hacinamiento (más de 3 personas por habitación); y e) hogares sin ningún tipo de servicio higiénico.

La combinación de las mediciones por Línea de Pobreza y por NBI, el método integrado, permiten un nuevo acercamiento a la realidad, muchas veces sometida a cambios muy rápidos (a consecuencia de la pandemia del Covid-19, por ejemplo); y nos ayuda a distinguir a los pobres crónicos, pobres estructurales, pobres coyunturales y a los socialmente integrados (no pobres y sin NBI). Desde otra dimensión, la incidencia de la pobreza puede medirse calculando las deficiencias calóricas de la población según la edad, sexo y hogar por hogar.

Organismos internacionales y nacionales han desarrollado y aplicado, igualmente, metodologías como el Índice de Desarrollo Humano; Mapas de Pobreza; y el Índice de Progreso Social, que evalúa necesidades humanas básicas, bienestar fundamental, y oportunidades de progreso.

El INEI debe implementar a partir del 2021 el Índice de Pobreza Multidimensional en el Perú, un enfoque más integral del fenómeno. Esta herramienta combina los ingresos de las personas con educación, salud y nivel de vida (bienestar) a través de diez indicadores: asistencia escolar, año de escolarización, mortalidad infantil, nutrición, electricidad, saneamiento, agua potable, suelo de la vivienda, uso de combustible, y bienes domésticos (radio, televisor, teléfono). Esperamos tener este instrumento para conocer mejor las dimensiones de la pobreza en cada territorio, las urgencias por atender y las estrategias para enfrentarla con mayor pertinencia y eficacia.

El debate sobre la política social en este tramo de la carrera electoral cobra vida en la academia, en los foros universitarios e institutos de investigación, pero los equipos técnicos de los partidos y sus candidatos parecen ir a la zaga.

Es importante que los ciudadanos sepamos qué piensan, cuáles son sus propuestas y qué planes tienen o están formulando en materia de política y acción social; su percepción sobre la pobreza y cómo luchar contra ella; la evaluación que tienen sobre la pertinencia y eficacia de los programas sociales en la mejora de la calidad de vida, en la generación de mayores oportunidades, y en la construcción de medios de vida sostenibles.

Y es necesario también conocer y analizar cuáles son sus propuestas y cuáles son sus percepciones respecto a lo que el gobierno de transición está haciendo (estrategia Hambre Cero, por ejemplo) para los seis meses de gestión que le quedan, sobre todo en la contención de los embates de la primera, segunda, y una muy probable tercera ola del coronavirus.

Del conjunto de las políticas y programas sociales, aquellas orientadas a la eliminación de la pobreza rural siempre tuvieron el consenso de casi todos los sectores, pero en el modo de hacerlo y en las prioridades subsecuentes afloran las divergencias. Y ello responde al modelo de desarrollo que propugnan, el rol que le asignan al Estado y la agenda de intereses que conllevan los colectivos políticos y económicos, intereses que no siempre se ponen en evidencia en las lides electorales.

Los indicadores socioeconómicos no son alentadores. Si bien Arequipa se encuentra en una condición mejor respecto a muchas regiones, una mirada hacia adentro muestra las abismales inequidades entre la capital regional, las provincias y los distritos, y entre las zonas urbanas y rurales. El centralismo se repite y se vuelve más reacio al cambio por las oportunidades de poder que genera y reproduce.

De acuerdo a los últimos estudios disponibles, la pobreza monetaria total en el país se eleva de 20.2% (2019) a 30.3% en el 2020. En el caso de las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales las cifras son alarmantes: sube de 48.3% a 62.3% (UNICEF Perú, Reporte Técnico, octubre 2020), lo cual muestra la alta vulnerabilidad de este segmento poblacional.

Aquí está la agenda prioritaria no sólo para el gobierno de Sagasti, y no solo para quienes tomarán la posta gubernamental el 28 de julio, sino para todos.