Los impactos de la pandemia del Covid-19 en el mundo hacen muy probable que la pobreza aumente considerablemente, retrayendo la reducción lograda en las dos primeras décadas del nuevo milenio. Un reciente estudio del Banco Mundial de enero 2021, estima que tendremos entre 143 y 163 millones de nuevos pobres en todo el planeta, y habrá un aumento significativo de la desigualdad, un hecho que “verdaderamente no tiene precedentes en la historia moderna”.
Aunque el incremento de la pobreza será mayor en Asia; América Latina no escapa a esta realidad que ya comenzamos a experimentar en la región. La proyección más pesimista es que la pobreza extrema trepará a un 27.6% en el presente año. La proyección de referencia es de 26.6%. Recordemos que la pobreza extrema se mide como la cantidad de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día.
La semana pasada recordábamos los ejes para retomar la lucha contra la pobreza, en particular, la pobreza rural, en un escenario previo a la pandemia: el fomento de la agricultura familiar; el impulso al empleo rural no agrícola; una nueva relación con los recursos naturales disponibles; extender y articular la infraestructura de servicios clave (vías, agua y saneamiento, energía y conectividad), e intervenciones para ampliar la protección social entre los más pobres y vulnerables. A estas recomendaciones de la FAO y CEPAL se suma, en el Perú, una estrategia de contención que debe priorizar la seguridad alimentaria.
El gobierno promulgó el último 20 de enero la norma que crea la Intervención Temporal Hambre Cero, a cargo del Midis, que pone énfasis en la lucha “contra la inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual” ante la vulnerabilidad de la población como efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, alineado en estas circunstancias al Objetivo 2 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU proclamada en setiembre de 2015.
Tiene tres componentes: desarrollo productivo, apoyo alimentario y articulación territorial. Es una iniciativa que va a requerir consensos previos en un contexto electoral que agita intereses políticos, y supone una tarea enorme para un gobierno de transición al que se le agota el tiempo. Focalizará su población objetivo en base a tres indicadores clave: índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, pobreza monetaria, y ruralidad y distribución poblacional.
Hogares más vulnerables fortalecen capacidades productivas y de suministro de alimentos, y tienen acceso efectivo a los alimentos. Estos son los dos primeros resultados que se esperan. El tercero, es uno de los mayores desafíos, la gestión territorial de las intervenciones en 188 distritos de 7 regiones (primera etapa): Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, La Libertad, Lima Metropolitana y Loreto.