El discurso de la descentralización parece haberse agotado entre los líderes y agentes locales del desarrollo, golpeados por la precaria institucionalización, la corrupción y en los últimos tiempos, por el Covid. Ha sido en efecto una cara demanda por décadas, pero los avances desde los espacios locales no han encarnado las necesidades y expectativas de los más pobres, aquellos con precarios activos productivos, ni de la pequeña y mediana agricultura familiar, proveedora de alimentos y gran generadora de empleo.

Aun cuando existen experiencias valiosas desde el Estado, -gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local- las prácticas políticas no han contribuido al desarrollo territorial ni a la ampliación de la base productiva y, no obstante, pequeños productores agropecuarios dan la batalla cotidiana, con mayor especialización y habilidades para la producción orgánica de alimentos, y muy dedicados a la transformación primaria.

En perspectiva, sin embargo, estos procesos que devienen de dinámicas internas -el esfuerzo de supervivencia, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de nuevas oportunidades en un escenario de despoblamiento- le están dando sentido al discurso de la “nueva ruralidad”, que supone una ruptura a la mirada romántica del campo como proveedora de alimentos naturales, vida ajena a la contaminación y la negación de sus potencialidades renovadoras. Pero, por otro lado, muestra la articulación de los espacios rurales y urbanos, el surgimiento de servicios diversos, el empleo y autoempleo no agrícola, y un mayor activismo de las comunidades y organizaciones que reclaman su espacio en la vida productiva, social, cultural y política.

Dos modelos en pugna, el desarrollo rural sobre la base de la participación en el mercado, y el desarrollo rural endógeno, que se sustenta en la autonomía y la autogestión, y, sin embargo, ambos atravesados por la desigualdad en los ingresos y la desigualdad en el acceso a los servicios públicos.

Ampliar la estructura de oportunidades para el desarrollo territorial rural con políticas habilitadoras, y con productos y servicios diversificados de las agencias públicas -Agroideas, Agrorural, Haku Wiñay, Procompite- como del sector privado, de modo que oferta y demanda se encuentren en territorios favorables a los mercados locales e intermedios, es tarea prioritaria para el próximo quinquenio.  Es decir, apostar por un modelo alternativo centrado, primero, en los hogares rurales con economías de subsistencia, en el fortalecimiento de las capacidades productivas, el desarrollo de los emprendimientos rurales y en su acceso a las cadenas de valor para la mejora sostenible de los ingresos en el mundo rural.