Las políticas sociales como articuladoras de las intervenciones que favorecen el desarrollo humano, ampliando y fortaleciendo las capacidades de la población vulnerable,  en situación de pobreza y de exclusión, sigue siendo un desafío histórico para la sociedad peruana. Parece no haber manera de lograr políticas públicas de largo aliento que se renueven y mejoren cada periodo de gobierno, que supongan estructuras de oportunidades transparentes, asociadas a las evidencias que se necesitan para evaluar su pertinencia, eficiencia y eficacia.

Ocurre que los buenos propósitos enfrentan todavía dos grandes vallas: por un lado, las limitaciones del Estado en recursos, infraestructura y calidad de gestión; y de otro, las malas prácticas e intereses que coquetean alrededor de las ambiciones personales y de aquellos grupos organizados e intencionadamente distantes del bien común, y, por cierto, de los objetivos estratégicos que dan origen a esas políticas.

Contrario a lo que uno pueda imaginarse, existen, no obstante, experiencias valiosas desde la sociedad civil, el sector privado y del propio Estado que requieren ser reforzadas y promovidas, particularmente en el ámbito de los gobiernos locales. Las lecciones aprendidas dan cuenta que la participación y el control ciudadano no es sólo un discurso de la academia, es una práctica milenaria bastante extendida, por ejemplo, en las comunidades andinas: el ayni, (cuyo origen no es inca sino preinca, ojo); y en particular la minka, como bien sabemos. El uso de los fondos debería, asimismo, estar sometida a una mayor vigilancia comunitaria, y su asignación, igualmente, debe partir de acuerdos socialmente validados, como las que aplican los Comités Locales de Asignación de Recursos hace ya hace bastante tiempo en varios proyectos y programas públicos.

Otros elementos claves parten del diseño de las intervenciones. Los Programas Presupuestales expresan, sin duda, políticas sociales de última generación, asignación y uso de fondos públicos directamente comprometidos a logros basado en evidencias, es decir, objetivos y metas alineados a indicadores desempeño y de impacto, que lamentablemente no ocurre con los programas ediles del Vaso de Leche, por ejemplo.

Un aspecto relevante es la incorporación de los enfoques que sustentan estas políticas, entre otros, el de interculturalidad, igualdad de oportunidades, y en particular, de corresponsabilidad, de modo que el “beneficiario” no sea sólo sujeto receptor de los servicios sino un “usuario”, un ciudadano consciente de sus derechos, pero también de sus deberes ante el Estado y la sociedad.

El discurso de la descentralización parece haberse agotado entre los líderes y agentes locales del desarrollo, golpeados por la precaria institucionalización, la corrupción y en los últimos tiempos, por el Covid. Ha sido en efecto una cara demanda por décadas, pero los avances desde los espacios locales no han encarnado las necesidades y expectativas de los más pobres, aquellos con precarios activos productivos, ni de la pequeña y mediana agricultura familiar, proveedora de alimentos y gran generadora de empleo.

Aun cuando existen experiencias valiosas desde el Estado, -gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local- las prácticas políticas no han contribuido al desarrollo territorial ni a la ampliación de la base productiva y, no obstante, pequeños productores agropecuarios dan la batalla cotidiana, con mayor especialización y habilidades para la producción orgánica de alimentos, y muy dedicados a la transformación primaria.

En perspectiva, sin embargo, estos procesos que devienen de dinámicas internas -el esfuerzo de supervivencia, la lucha contra la pobreza y la búsqueda de nuevas oportunidades en un escenario de despoblamiento- le están dando sentido al discurso de la “nueva ruralidad”, que supone una ruptura a la mirada romántica del campo como proveedora de alimentos naturales, vida ajena a la contaminación y la negación de sus potencialidades renovadoras. Pero, por otro lado, muestra la articulación de los espacios rurales y urbanos, el surgimiento de servicios diversos, el empleo y autoempleo no agrícola, y un mayor activismo de las comunidades y organizaciones que reclaman su espacio en la vida productiva, social, cultural y política.

Dos modelos en pugna, el desarrollo rural sobre la base de la participación en el mercado, y el desarrollo rural endógeno, que se sustenta en la autonomía y la autogestión, y, sin embargo, ambos atravesados por la desigualdad en los ingresos y la desigualdad en el acceso a los servicios públicos.

Ampliar la estructura de oportunidades para el desarrollo territorial rural con políticas habilitadoras, y con productos y servicios diversificados de las agencias públicas -Agroideas, Agrorural, Haku Wiñay, Procompite- como del sector privado, de modo que oferta y demanda se encuentren en territorios favorables a los mercados locales e intermedios, es tarea prioritaria para el próximo quinquenio.  Es decir, apostar por un modelo alternativo centrado, primero, en los hogares rurales con economías de subsistencia, en el fortalecimiento de las capacidades productivas, el desarrollo de los emprendimientos rurales y en su acceso a las cadenas de valor para la mejora sostenible de los ingresos en el mundo rural.

En Ancomarca, la comunidad altoandina escindida por la guerra con Chile, vive y trabaja don Enrique, un alpaquero que trepó los primeros peldaños del emprendimiento propio, desechando y esquivando los miedos. Lidera hace 8 meses un pequeño negocio en los que han puesto empeño también dos socios. Su producto, el charqui de alpaca, no llega más a los compradores chilenos que lo buscaban siempre en la feria internacional de Tripartito -en la confluencia territorial de Bolivia, Chile y Perú- para llevárselo por apenas 10 mil pesos el kilo.

Prefiere ahora transformar la carne del camélido y venderla en territorio patrio a mejor precio. Tras secarla bajo el sol y con sal al 3%, la envasa al vacío en presentaciones de 250 y 500 gramos, sellada y etiquetada.  No ha sido fácil para Ernesto Quispe Catunta, su esposa Veridiana Mamani Alave, y Catherine y Adelaida de 8 y 9 años, sus hijas. Tampoco para Yanet Sanga Mamani y María Catunta Cruz, pero las Carnes del Sur “YEM” (el acrónimo que unifica los nombres de los asociados), como así se marquetean, ingresa de a pocos a competir en los hogares tacneños.

Esteban Talase Estaca, vive en Challaviento, otra comunidad del mismo distrito, Palca, y aprendió de pequeño a elaborar quesos con leche de cabra; ganado caprino que la familia cría, curiosamente, en el altiplano fronterizo. Tiene tres hijos ya profesionales, formados como resultado de una tenaz y prolongada lucha contra la pobreza. Asociándose con dos coterráneos ampliaron el negocio familiar y diversificaron la producción. Incorporó nuevas técnicas y desarrolló otras variedades, como el queso con hierbas aromáticas.

El orégano, el romero y otras especias le tributan aroma y sabor. Puede satisfacer las exigencias de su paladar si contacta con el emprendimiento “8 de Diciembre”, y llegar a casa con la bendición de la Virgen de la Inmaculada Concepción, de la cual don Esteban es devoto.

Dos pueblos distintos unidos por la pobreza en el extremo sureste, tienen desde hace un año a familias campesinas en una historia común. Se organizaron, fortalecieron capacidades productivas y desarrollaron habilidades para incursionar en el mercado. Aprovecharon una plataforma de asistencia técnica que ofrece el Estado y desplegaron esfuerzo y creatividad.

Y este no es un cuento de Navidad, sino la evidencia que no se necesitan políticas sociales asistencialistas sino más bien habilitadoras e inclusivas, ahí donde algunos agentes económicos no pueden o no quieren llegar.