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Perú: Pobladores de Ocuviri protestaron contra minera Arasi

En el distrito de Ocuviri, según indican los pobladores, se han suscitado enfrentamientos con la minera Arasi, debido al incumplimiento del convenio marco suscrito en mayo del 2008. En dicho documento, la empresa se había comprometido a contratar al 100% de la mano de obra no calificada entre los pobladores; entre otras obras de corte social. Hasta el lugar llegó el fiscal del Medio Ambiente, Pedro Farfán Parrales, quien instó a la población a mantener la calma, debido a que los comuneros de la zona bloquearon parte de la carretera a la minera y se enfrentaron a efectivos de la Policía Nacional.

Sin embargo, una pobladora indicó que fue la policía la que inició la gresca durante el intento de desalojo de la vía de acceso a la mina. Hasta el cierre de la edición, los pobladores esperaban que los fiscales tomaran muestras del agua que usan para su consumo, la cual, según denunciaron, estaría siendo contaminada por la minera Arasi.

Fuente: La Mula
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El monstruoso contrasentido

Por Santiago Alfaro Rotondo

Los orígenes del conflicto con los pueblos indígenas están en la incapacidad del Estado para reconocerlos como sujetos de derecho.

José María Arguedas calificó como un “monstruoso contrasentido” el hecho de que las élites políticas y económicas peruanas a la vez que admiraban el arte indígena, despreciaran a sus creadores. Sus palabras no dejan de tener vigencia. El contraste entre cómo nos sentimos orgullos por nuestra diversidad cultural y cómo se interpreta el conflicto protagonizado por los pueblos indígenas de la Amazonía lo demuestra.

Por un lado, el Estado y múltiples empresas utilizan las expresiones culturales de los shipibos o asháninkas como un recurso para promover el turismo y ofrecer mercancías. Y por el otro, las demandas políticas de esas mismas poblaciones o no son escuchadas o se las concibe como el producto de la ignorancia y la manipulación de agentes externos, privándolas de toda capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Los pueblos indígenas de la Amazonía siguen siendo vistos solo como sujetos estéticos y no de derechos, como postales y no ciudadanos. Como consecuencia: palmas para Juaneco y su Combo, balas para los awajún.

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Bagua: no se puede manejar el tema con vaguedades

Por Mirko Lauer

La tragedia de Bagua se convirtió instantáneamente en una guerra de versiones lanzadas con furia y desaprensión, y que los medios vienen recogiendo con parecida actitud. El gobierno habla de una conspiración internacional y la oposición denuncia un genocidio planificado. Hasta el momento no hay realmente pruebas efectivas para ninguna de las dos cosas, pero igual se vienen repitiendo.

El número y las circunstancias de las muertes en muchos casos son lanzados al espacio público sin la menor demostración. Los de los policías sí son cadáveres demostrados, y lo mismo sucede con casi una decena de nativos. Pero los deudos de los quemados, o los lanzados al río (cientos en algunas versiones), o los ametrallados desde helicópteros no aparecen por ninguna parte.

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Ayer Ilave, hoy Bagua y mañana…

Por: Juan Paredes Castro

No quisiéramos pensar en otro escenario de sangre como el de Bagua, ¿pero qué nos asegura que no lo volvamos a vivir y sufrir, bajo otro nombre o forma y bajo la más grande de nuestras desgracias institucionales: la impunidad?

Hemos tenido más gobiernos militares que civiles, más años de inestabilidad que de continuidad exitosa, 20 años de terrorismo y 10 años de escandalosa corrupción como herencia de un régimen cuyos seguidores reclaman, ¡oh ironía!, el “activo” de la pacificación del país. Es más: no hemos olvidado el salvajismo de Ilave ni el desborde de Arequipa ni el levantamiento de Andahuaylas. ¿Y qué hemos aprendido?

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¿Quién ordenó disparar a muerte en el Perú?

Por Bartolomé Clavero*

Yehude Simón ya parece estar pensando en su defensa ante la justicia. Ayer día 8 de junio ha alegado ante el Congreso que el gobierno presidido por él no dispuso en ningún momento la utilización de armas letales, sino que siempre ha optado por el diálogo y la persuasión.(Foto: http://cavb.blogspot.com/) Según la Constitución de la República del Perú, “velar por el orden interno” así como “presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional” (art. 118.4 y 14) son competencias del Presidente de la República, Alan García ahora, y no del Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simón por el momento. Hay que darle a éste último la razón constitucional respecto a este estricto punto de la responsabilidad, pero éste es el único aspecto en el que la razón puede concedérsele.

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06 de junio. Bagua de sangre: día dos

Hoy continuó la matanza más salvaje que el Perú haya presenciado desde… desde… El Frontón (qué casualidad). El conteo extraoficial de cadáveres alcanza ya el medio centenar, entre policías y civiles.

El horror alcanzó el clímax por la mañana: se anunció que 9 de los 38 policías secuestrados ayer (ver dato de Paul Maquet al respecto) fueron degollados por los manifestantes.

Mientras tanto, el zombie que ocupa el premierato de este país insiste en que “sólo” nueve “nativos” han fallecido, cifra que es fácilmente desmentible: basta revisar las fotos de los asesinados publicadas por Amazon Watch y la Coordinadora de DD. HH. Los reportes de corresponsales en la zona indican que hablamos de unos 25 civiles muertos, mínimo.

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Perú: Repudian “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía”

Servindi, 7 de junio, 2009.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) repudió “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil”.

La CNDDHH denuncia la conducta negligente de las autoridades nacionales para resolver un conflicto social que viene durando más de 50 días y que ha culminado en este trágico desenlace.

La organización pidió que se brinde información oficial del número de civiles víctimas, “que hasta al momento son inciertas”.

Previamente, el vicepresidente de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo (FERIAAM), Abel Tsajupat, denunció que “el gobierno quiere ocultar los cuerpos de los muertos y las huellas de cómo han muerto”.

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El reclamo de la selva

¿CUÁL ES LA VERDAD SOBRE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS?

Por: Margarita Benavides. Antropóloga*

Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a los pueblos indígenas, dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es, pues, urgente avanzar para concluir el proceso de demarcación de los territorios indígenas. La otorgamiento de derechos a terceros sin tener los territorios indígenas debidamente saneados es y será una permanente fuente de conflictos en la Amazonía. Preocupa por ello que el 25 de mayo pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) publicara un comunicado en el que deslegitimó los reclamos de los pueblos indígenas y de paso desinformó sobre la extensión de los bosques de la Amazonía. Decía el comunicado que el Estado garantiza la protección de al menos 55 millones de hectáreas de bosques amazónicos cuando estos se extienden realmente sobre 67 millones de hectáreas.

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La Nación ensangrentada

Por Manuel Rodríguez Cuadros

La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.

La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.

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Colmillos del perro del hortelano

Por Javier Diez Canseco

Escindido y excluyente, el Perú volvió a estallar. La orden de García y su gabinete de desalojar ?a sangre y fuego? a los nativos que ocupaban Corral Quemado y las zonas aledañas de la carretera Fernando Belaunde desató una cruenta ola de violencia. Tropa de choque, vehículos blindados y helicópteros, que lanzaban lacrimógenas y tiros, encendieron el fuego. Rápidamente corrió de los caseríos a Utcubamba y Bagua Chica, hasta la estación de bombeo # 6, donde 38 policías estaban retenidos. El balance es incierto, pues los cadáveres habrían sido echados al río, pero sabemos que decenas de nativos, civiles y policías han muerto, sus familias los lloran sin poder recuperarlos, y viejas cicatrices se reabren.

Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que ?con gran firmeza? enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.

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