La tragedia de Bagua se convirtió instantáneamente en una guerra de versiones lanzadas con furia y desaprensión, y que los medios vienen recogiendo con parecida actitud. El gobierno habla de una conspiración internacional y la oposición denuncia un genocidio planificado. Hasta el momento no hay realmente pruebas efectivas para ninguna de las dos cosas, pero igual se vienen repitiendo.

El número y las circunstancias de las muertes en muchos casos son lanzados al espacio público sin la menor demostración. Los de los policías sí son cadáveres demostrados, y lo mismo sucede con casi una decena de nativos. Pero los deudos de los quemados, o los lanzados al río (cientos en algunas versiones), o los ametrallados desde helicópteros no aparecen por ninguna parte.

Es indispensable establecer los muertos y los hechos cuanto antes, separar los datos de los datoides, la información comprobable de las simples mentiras. Sin eso buena parte del supuesto análisis político, administrativo y jurídico se queda en simple gritería enconada contra la otra parte. Aunque es probable que cada uno de los bandos prefiera quedarse con su versión a reconocer alguna verdad.

El 5 de febrero de 1975 nació una leyenda urbana según la cual el Ejército había asesinado a cien, y hasta cientos de policías. Nunca apareció un solo cadáver policial ni un solo deudo, pero la versión (en ese tiempo el Apra estaba del otro lado del mostrador) siguió dando vueltas, probablemente hasta hoy, sin la menor preocupación por los hechos. Hasta hoy no ha aparecido el investigador de ese tema.

No se menciona lo anterior para minimizar a las víctimas de Bagua en los dos lados del conflicto, sino para llamar la atención sobre el clima de desinformación en que se ha venido dando todo el proceso, desde mucho antes de la tragedia. Más aun, buena parte de la tragedia ha sido causada precisamente por la deliberada desinformación a las dirigencias nativas sobre los más variados puntos.

Algo parecido sucede con el contenido mismo de la discordia: petróleo vs. hábitat nativo. El gobierno sostiene que los decretos por su cobertura no afectan a los nativos. Los nativos sostienen que sí los afectan. No hay información pública sobre qué se discutió, y sobre qué bases fácticas se dio la discusión, en el diálogo de sordos llamado diálogo Yehude Simon-Alberto Pizango.

Aunque suene paradójico, en circunstancias de gran conmoción un efecto de las noticias es desdibujar los hechos. Cuando uno persigue el titular de mañana a veces le queda poco tiempo para preguntarse si el titular de ayer decía las cosas como eran. En consecuencia, necesitamos los nombres y el número exacto de las víctimas, y los datos de sus deudos. Todo diálogo tiene que pasar por allí.