Las muertes producidas en Huancavelica, Tayacaja y Puno no son un hecho aislado. La forma como ha manejado Alan García los conflictos sociales estos años es ominosamente resumida por las cifras; durante su gobierno 103 peruanos perdieron la vida en algo más de 250 conflictos sociales (“Todos los muertos del Presidente”, Diario16, 1/7/11): casi un muerto por cada dos conflictos sociales. Existe una directa responsabilidad de García en este resultado. En julio del 2007 promulgó el DL 982, que modificaba el Código Penal declarando inimputables a los miembros de la PNP y de las FFAA que maten o hieran a civiles en sus operativos. Se decretó esta medida en lugar de aprobar la ley de consulta a los pueblos sobre las decisiones que atañen a su porvenir, su vida y sus territorios, algo a lo que el Estado estaba obligado por ser suscriptor del Convenio 169 de la OIT. El 2008, cuando se lamentaba la muerte de tres campesinos durante el desbloqueo de una carretera, García dio a los policías el consejo de que disparen primero y piensen después. El resultado se vio en Bagua, al año siguiente.