Diagnóstico aún vigente de un país aún excluyente.
Por Augusto Álvarez Rodrich
Me he preguntado varias veces en estos días qué comentar en esta columna sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), sin ser reiterativo con lo ya comentado durante la década pasada, en un día como hoy en el que se cumplen diez años de la entrega de su informe final.
Pues quizá haya no mucho, pero, para empezar, debiera decirse que el valor principal del documento es que, como no podía ser de otra manera, este no se limitó a describir esas dos décadas de profunda violencia que vivió y sufrió el país, las cuales marcaron el destino de al menos tres generaciones y enlutaron a miles de familias peruanas.
El informe de la CVR fue mucho más allá de eso y lo que ofreció al país fue un diagnóstico de una nación con serios problemas de exclusión, escisión, racismo y discriminación de diversa índole, la mayoría de los cuales siguen vigentes una década después de culminado el reporte.
No se puede decir, por supuesto, que no se han producido algunas mejoras desde entonces y que, en parte, eso es consecuencia del diagnóstico de la CVR así como de un conjunto de acciones tomadas durante la última década que han terminado por convencer a todos los peruanos –“los de arriba” y “los de abajo”– que el Perú no tiene un futuro viable si no es con crecimiento pero acompañado, de manera indispensable, por la inclusión.
Por ello, hoy es conveniente que el diagnóstico proporcionado por la CVR sea continuado, probablemente desde la estructura institucional que establezca el Lugar de la Memoria, el cual debe nutrirse de nuevos enfoques, de distintas disciplinas y diferentes enfoques políticos, con un espíritu convocante e incluyente.
Hay, también, una amplia agenda pendiente que da cuenta, como acaba de precisar la Defensoría, de un proceso inconcluso que se expresa en la necesidad de reabrir el registro de víctimas, reparaciones bajas, o atrasos en la reparación integral en áreas como salud o educación.
Asimismo, ha sido muy débil el trabajo sobre las desapariciones, estimándose que habría más de 15.000 desaparecidos, mientras las fosas sobrepasaron las 6.400.
La tarea pendiente, como se ve, una década después de entregado el informe final de la CVR, es enorme, tanto en términos de la significativa deuda incumplida por el Estado con las víctimas y familiares del tiempo de la violencia en el Perú, pero, también, en cuanto a la construcción de una sociedad que sea más digna y más justa, es decir, que sea un mejor lugar para vivir y en el que nunca más vuelva a ocurrir la tragedia nacional que se produjo en las dos décadas del terrorismo.
Fuente: La República