Por Rocío Silva Satisteban
Victoria Vigo es una guapa piurana que en 1996 dio a luz a una niña. Inmediatamente después, sin su consentimiento, fue esterilizada quirúrgicamente con una “ligadura de trompas” por los médicos del Hospital Regional mientras ella reposaba de la anestesia general por cesárea. Lamentablemente su bebita murió a los pocos días y Victoria ya no pudo tener más hijos. En 1997, en Anta, Cusco, Dolores Quispe Vásquez se dejó ligar las trompas porque una enfermera del puesto de salud había convencido a su esposo, analfabeto, de que firme un consentimiento expreso. Los funcionarios del Ministerio de Salud lo amenazaron con “hacer cumplir el contrato” y llevarlo preso si ella no se ligaba. Aún ahora cojea de la pierna izquierda. Dos años después, el 27 de marzo de 1998, la campesina de La Encañada, Cajamarca, Mamérita Mestanza, también fue esterilizada, esta vez con su consentimiento: durante varios meses enfermeras y técnicos de salud la habían visitado en su casa presionándola para que “se deje ligar las trompas”. Mamérita cedió porque esas enfermeras le habían dicho que el Estado peruano iba a cobrar un impuesto por cada hijo a partir del quinto. Ella lo creyó. El 4 de abril de ese mismo año murió por una infección producto de la esterilización. Dejó siete huérfanos.
Estas son apenas tres de las cientos de miles, sí, cientos de miles de historias de mujeres que durante los años del gobierno de Alberto Fujimori fueron esterilizadas contra su voluntad —ya sea porque lo hicieron mientras dormían o porque las engañaron— por un grupo de operadores de salud completamente antiéticos que engañaban, mentían, exageraban, presionaban y amenazaban a las diferentes mujeres para poder cumplir con las cuotas que el Ministerio de Salud les exigía para poder cobrar sus sueldos. Como sostiene Alejandra Ballón en un blog sobre esterilizaciones forzadas: “El programa de salud pública dio como resultado la esterilización de al menos 272.028 mujeres peruanas, casi en su totalidad rurales, 18 mujeres muertas y 22.004 varones a los que se les practicó la vasectomía. Este programa se aplicó sin el consentimiento genuino de las víctimas”.
El programa que llevaba el paradójico título de “La mujer es dueña de su destino” fue una política pública implementada por Resolución Ministerial Nº 071-96 SA/DM, documento que establecía cuotas y metas al personal de salud y que empezó a regir bajo la gestión de los ministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa Bauer, dos de ellos actuales miembros del Fuerza 2011. En la medida de que se trata de un delito generalizado y sistemático que es perpetrado por una estructura estatal puede sostenerse que se trata de “lesa humanidad” y por lo tanto no prescribe. En noviembre de 2012 el caso de las mujeres esterilizadas de Anta (1.500 personas) ha sido reabierto por la Fiscalía Supranacional y se espera poder llegar a juicio oral.
La información completa sobre los diversos casos en todo el Perú de esterilizaciones forzadas está ahora recopilada en el blog Forzadas.pe, un aporte de Demus y varias investigadoras y artistas. Se trata de un escalón contra la impunidad y un recordatorio de otro de los delitos cometidos por Fujimori que el mismo presidente Ollanta Humala deberá tener presente a la hora de evaluar el indulto, sobre todo recordando sus propias palabras: “(Las esterilizaciones forzadas) fueron una de la de formas más salvajes de violentar a una mujer”.
Fuente: La República