Servindi, 28 de agosto, 2012.- A nueve años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aún subsisten ciertas condiciones que hicieron posible el surgimiento de la violencia y, además, hay recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta.

El informe final de la CVR menciona que la pobreza, la desigualdad racial y étnica, el desprecio por las poblaciones indígenas fueron algunos de los factores que hicieron posible la violencia.

Según el informe muchos de los peruanos no se sintieron inmersos en la guerra interna que vivía el Perú hasta que la violencia se desató en la capital, como es el caso del atentado de Tarata del 16 de julio de 1992. Antes de eso, algunos sectores eran ciegos respecto a la tragedia que se vivía en el interior.

“Debido al racismo y la subestimación como ciudadanos de aquellas personas de origen indígena, rural y pobre, la muerte de miles de quechua hablantes fue inadvertida en la opinión pública nacional” .(1)

Los testimonios recogidos por la CVR, dan cuenta del modo en que los diversos actores del conflicto, tanto terroristas como fuerzas del orden, reprodujeron el racismo anti-indígena proveniente de la sociedad andina tradicional.

“En diversas localidades de la sierra rural de Ayacucho, Apurímac, Junín y Huancavelica, los abusos cometidos por las fuerzas del orden estuvieron cargados de un profundo desprecio racial y étnico”, se menciona (2).

Asimismo, se dice que “el profundo racismo existente en el Perú, producto de siglos de exclusión y subvaloración de las poblaciones indígenas, afloró al primer plano de las percepciones y fue el sustento de los criterios de identificación y selección de víctimas” (3).

El 75 por ciento del total de víctimas generadas por el conflicto interno tenía como lengua materna el quechua, más del triple de quienes tenían como lengua materna el castellano. Cifra altísima considerando que solo un quinto de los peruanos tienen como lengua materna el quechua.

La actuación de Sendero Luminoso en la Selva Central tuvo mayor intensidad. Allí la violencia fue desatada contra los indígenas asháninkas desapareciendo un total de 30 o 40 comunidades: se exterminó al 10 por ciento de esta población.

“Entre la segunda mitad de la década del 80 y los primeros años del 90, alrededor de 6,000 asháninkas fallecieron, mientras que 10,000 fueron desplazados y unos 5,000 fueron cautivos de Sendero Luminoso” (4).

Cabe precisar que en esta determinada zona del país sí llegó a concretarse una “guerra étnica” debido a la conformación de los denominados “ejércitos asháninkas”, los cuales reunían a indígenas decididos a combatir el terrorismo.

Las poblaciones indígenas fueron las más afectadas con los desplazamientos forzosos que tuvieron que sufrir, debió a que son pueblos originarios que mantienen una especial relación con sus tierras y territorios y que vieron afectadas radicalmente sus formas de vida.

La CVR afirma que aproximadamente el 70 por ciento de todos los desplazados internos en el Perú pertenecerían a comunidades campesinas, comunidades nativas, de procedencia rural e indígena. (5)

En el caso de la Selva Central, entre 1989 y 1993 cerca de 15,000 indígenas asháninkas y nomatsiguengas se habrían sentido obligados a abandonar sus tierras de origen, como consecuencia del conflicto.

Como parte del trabajo desempeñado por la CVR, se propusieron una serie de medidas orientadas a impedir que se repitan las condiciones que hicieron posible el surgimiento de la guerra interna en nuestro país.

Entre ellas, se acordó el “reconocimiento e integración de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en el marco jurídico nacional”, y en ese sentido se propuso:

Otra de las grandes recomendaciones fue la “creación de una institución u órgano estatal de política en materia indígena y étnica”.

Como se puede apreciar, la mayoría de estas recomendaciones quedaron finalmente en el papel y no han sido plenamente adoptadas por los entes competentes del Estado.