La encuesta de abril pasado de GFK para La República preguntó a los peruanos cuál es el camino que debía adoptar el gobierno para enfrentar los conflictos: ¿el diálogo o el uso de la fuerza? El 53% de los encuestados se pronunció entonces por el diálogo y solo el 6% por que adopte medidas de fuerza. Diálogo es lo que ha faltado, de uno y otro lado, en el conflicto de Espinar para llegar un acuerdo y evitar lo que hoy conocemos: la muerte de otros dos comuneros que se suman a los diez que han perdido la vida en lo que va del mandato presidencial de Humala, en una tragedia que se suma gobierno tras gobierno. Hay responsabilidades mutuas. En los dirigentes de la protesta, por cerrar las puertas a un entendimiento, y en el gobierno, que, ocurridos los hechos, acaba de nombrar una comisión ministerial y anuncia el envío de tres ministros a Espinar. Decisión que debió haber tomado el primer día en que se desató el conflicto.

Lo de Espinar es singular. Las relaciones entre la minera Tintaya, las autoridades y los comuneros de la provincia cusqueña eran presentadas como un modelo para las demás concesiones mineras. En los últimos tiempos, sin embargo, surgieron exigencias y denuncias de contaminación de los dirigentes comuneros y de las autoridades municipales que, tratadas en su momento, hubieran evitado que la espiral de violencia crezca al punto de provocar la declaratoria del estado de emergencia, con policías tomando el control de la ciudad, y con una huelga indefinida que al momento de escribir este comentario, miércoles 30 de mayo, mantiene paralizada a la ciudad de Yauri, capital de la provincia. El alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, y el presidente del Frente de Defensa, Herbert Huamán, líderes del paro, aseguran que los pasivos ambientales de la explotación del yacimiento de cobre afectan el agua, el suelo y el ecosistema de las comunidades. Según nuestro enviado especial, otro tema que ha deteriorado las relaciones entre la minera y los dirigentes es el manejo del fondo que proviene del 3% de las utilidades y que está destinado a la inversión en obras comunales (entre el 2004 y el 2011 generó recursos por más de US$ 60 millones). El dinero es manejado por la Fundación Tintaya y el reclamo es que sea administrado por una institución independiente. A ello se une la exigencia de que el 3% del fondo se aumente a 30%. Mollehuanca dijo, antes de su arresto , que se trata de un porcentaje que se puede discutir. Estos son los puntos principales en los cuales se asienta el conflicto. ¿Podían resolverse? Seguramente no en su conjunto, pero sí podían abordarse en una mesa de diálogo.

El gobierno sabía que el paro indefinido estaba en camino. La ausencia de operadores de conflictos –solo está Víctor Caballero, como cabeza visible–, la lentitud con que el Estado se mueve y la pasividad del ministro de Energía y Minas por no tomar el toro por las astas y desplazarse hasta Espinar para dialogar con los dirigentes, todo contribuyó a que la huelga continuara. La minera tampoco hizo su parte. Ante las exigencias respondió que había cumplido con los compromisos del convenio, aunque recién esta semana dijo estar dispuesta a revisar las denuncias de los pasivos ambientales. El alcalde y el presidente del Frente agudizaron a su vez el conflicto. Cuando una comisión de avanzada del Ejecutivo llegó hasta Espinar para reabrir el diálogo que debía realizarse en el local municipal, los pobladores desconocieron a sus autoridades y pidieron que sea en la plaza de armas, en un ambiente en el que, evidentemente, no existían las garantías para un entendimiento. Hoy el presidente del frente, que se declara responsable de la movilización y del paro, ya no exige el incremento del fondo, sino pide que la minera se vaya. Un absurdo. Nos parece bien que se revisen los compromisos asumidos por la minera para determinar si los está cumpliendo, que se promueva la firma de un nuevo convenio, y que un peritaje verifique o descarte la denuncia de contaminación, pero cerrar la mina no es el mejor camino, mucho menos en una provincia en la que la pobreza supera el 60%. El camino debe ser que el Estado se vuelque a Espinar, que los técnicos de la PCM se instalen en el municipio y ayuden a los funcionarios municipales a elaborar los proyectos en beneficio de las comunidades y el desarrollo de la provincia, y que el SNIP no sea el candado sino la llave que los viabilice. Se acusa al municipio de no gastar todo su presupuesto, y cómo lo va a hacer si no tiene los técnicos apropiados.

No podemos concluir sin decir que el presidente Humala debería sopesar sus afirmaciones antes de lanzarlas públicamente. Calificar a los responsables de la protesta de “violentos” y “extremistas” no es la mejor fórmula para el diálogo. Caen bien, seguramente, en quienes suponen que el uso de la fuerza, la represión de la policía, o el establecimiento del estado de emergencia son métodos eficaces para que este gobierno pueda enfrentar los conflictos. De hecho los que ayer lo criticaban hoy lo aplauden y felicitan. Es esa obnubilación, tan propia de los que ejercen el poder, la que podría llevar a Ollanta a olvidar que pueblos como el de Espinar, de los cuales hoy reniega, son los que lo llevaron a Palacio. Él no debería olvidar que prometió un manejo diferente de las demandas sociales. Lamentablemente hasta ahora solo sigue el camino de sus antecesores.