Por Carlos Castro
El gobierno sabía que el paro indefinido estaba en camino. La ausencia de operadores de conflictos –solo está Víctor Caballero, como cabeza visible–, la lentitud con que el Estado se mueve y la pasividad del ministro de Energía y Minas por no tomar el toro por las astas y desplazarse hasta Espinar para dialogar con los dirigentes, todo contribuyó a que la huelga continuara. La minera tampoco hizo su parte. Ante las exigencias respondió que había cumplido con los compromisos del convenio, aunque recién esta semana dijo estar dispuesta a revisar las denuncias de los pasivos ambientales. El alcalde y el presidente del Frente agudizaron a su vez el conflicto. Cuando una comisión de avanzada del Ejecutivo llegó hasta Espinar para reabrir el diálogo que debía realizarse en el local municipal, los pobladores desconocieron a sus autoridades y pidieron que sea en la plaza de armas, en un ambiente en el que, evidentemente, no existían las garantías para un entendimiento. Hoy el presidente del frente, que se declara responsable de la movilización y del paro, ya no exige el incremento del fondo, sino pide que la minera se vaya. Un absurdo. Nos parece bien que se revisen los compromisos asumidos por la minera para determinar si los está cumpliendo, que se promueva la firma de un nuevo convenio, y que un peritaje verifique o descarte la denuncia de contaminación, pero cerrar la mina no es el mejor camino, mucho menos en una provincia en la que la pobreza supera el 60%. El camino debe ser que el Estado se vuelque a Espinar, que los técnicos de la PCM se instalen en el municipio y ayuden a los funcionarios municipales a elaborar los proyectos en beneficio de las comunidades y el desarrollo de la provincia, y que el SNIP no sea el candado sino la llave que los viabilice. Se acusa al municipio de no gastar todo su presupuesto, y cómo lo va a hacer si no tiene los técnicos apropiados.
No podemos concluir sin decir que el presidente Humala debería sopesar sus afirmaciones antes de lanzarlas públicamente. Calificar a los responsables de la protesta de “violentos” y “extremistas” no es la mejor fórmula para el diálogo. Caen bien, seguramente, en quienes suponen que el uso de la fuerza, la represión de la policía, o el establecimiento del estado de emergencia son métodos eficaces para que este gobierno pueda enfrentar los conflictos. De hecho los que ayer lo criticaban hoy lo aplauden y felicitan. Es esa obnubilación, tan propia de los que ejercen el poder, la que podría llevar a Ollanta a olvidar que pueblos como el de Espinar, de los cuales hoy reniega, son los que lo llevaron a Palacio. Él no debería olvidar que prometió un manejo diferente de las demandas sociales. Lamentablemente hasta ahora solo sigue el camino de sus antecesores.
Fuente: La República