La ‘marcha de afectados por la violencia política’ iniciará en Putis y Lucanamarca el día 15 de abril y tendrá como destino final el centro de la capital. Al llegar a Lima, un grupo de representantes se reunirá con diversos parlamentarios para presentar las demandas de los afectados por la violencia política, centradas en la derogación del Decreto 051 y la lucha por un lugar de memoria.

Decreto 051: no más inscripciones

El Decreto Supremo N° 051-2011-PCM se emitió durante el gobierno de Alan García y establece que las reparaciones individuales deben limitarse a 10 mil soles por víctima. Esta suma luego debe ser repartida entre sus familiares.

Por otro lado, el decreto establece que el 31 de diciembre del año pasado se culminó el ‘Registro Único de Víctimas’, lo que implica dejar a cientos de personas sin acceso a una reparación económica.

LaMula.pe conversó con Gisela Ortiz, familiar del caso ‘La Cantuta’, sobre el tema: “El cierre del registro genera un problema de discriminación, hay aún muchas víctimas que no se encuentran inscritas. Esto no puede atribuirse a un desinterés de los afectados, se debe tener en cuenta la falta de trabajo del Estado en difundir la posibilidad de inscripción en los lugares más alejados del país”.

Los cabitos: un santuario para la memoria

Por otro lado, se reiterará el pedido de volver la zona adyacente al cuartel ‘Los Cabitos’ en un santuario de la memoria. LaMula.pe informó hace unos meses sobre esta solicitud para utilizar el espacio como un lugar para recordar a los fallecidos por el conflicto armado interno.

¿Por qué a los familiares les interesa este terreno? La zona tiene un fuerte valor simbólico ya que entre los años 1983 y 1985 se torturó, asesinó e incineró sistemáticamente a sospechosos de terrorismo en este lugar. Del terreno se han recuperado más de 100 cuerpos. Sin embargo, el proceso de identificación de los cadáveres ha sido muy complejo porque gran parte de los restos se encuentran calcinados.

Desde el año 2007, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) se encuentra en un litigio por estas tierras para construir un santuario de memoria. Para Yuber Alarcón, abogado del caso, la solicitud resulta significativa para los familiares: ”La demanda se ha transformado en la búsqueda de un lugar de memoria para que cientos y miles de familiares tengan un espacio para recordar a sus seres queridos y reflexionar sobre el pasado. Así se podrá construir una memoria que ayude a un mejor futuro”.