06 de diciembre, 2011.- Cada vez que el Estado recurre a la «licencia social» para enfrentar el estallido de un conflicto social alrededor de un proyecto de utilización de recursos naturales (minería, gas, petróleo, agua, etc.), deja la sensación de estar procediendo con demagogia, con el único objeto de aplacar momentáneamente el malestar de la población. Es importante esclarecer la naturaleza de la «licencia social», ahora que está en boga por su relación con megaproyectos como Inambari y Minas Conga.Licencia social equivale a aprobación continua o amplia aceptación, por parte de una comunidad local y sus grupos de interés (organizaciones sociales, sindicatos, empresas, asociaciones de profesionales, ONG, etc.), de un proyecto de inversión. Hay una secuencia de legitimidad, credibilidad y confianza en la obtención de este tipo de licencia. Un proyecto de inversión debe ser considerado legítimo antes de que la credibilidad tenga valor para la relación con los grupos de interés, y tanto la legitimidad como la credibilidad deben estar presentes antes de que se pueda desarrollar con ellos un vínculo de confianza significativa(1).