Los conflictos crecieron en número en relación al mes de octubre, cuando se dio cuenta de un total de un total de 217 conflictos sociales. Se trata del sexto mes consecutivo en que se incrementa el número de conflictos.
El departamento de Puno aglomeró la mayor cantidad de conflictos (21) durante noviembre, seguido por Áncash (18) y Cajamarca (17).
De los conflictos nuevos registrados, dos son de carácter socioambiental y se registraron en los departamentos de Áncash y Puno; uno de tipo laboral se registró en Lima, en donde también se registró uno vinculado a “Asuntos de Gobierno Nacional”.
Asimismo se registró uno por “Asuntos de Gobierno Regional” en Áncash y otro por oposición al incremento de las precios de las tarifas de transporte urbano en Cusco.
Además se registran dos conflictos por demarcación territorial, reactivados: uno en Cajamarca, y otro, en Junín, el cual se encontraba como caso en observación desde septiembre del 2011.
Empresas involucradas
En el problema de los conflictos sociales que se registran en el país están involucradas más de 90 empresas, de las cuales 57 son mineras.
Significa que dos nuevas firmas mineras están involucradas en conflictos sociales para el mes de noviembre.
Otras 14 empresas involucradas se dedican al rubro de hidrocarburos. Por otro lado, ocho empresas se dedican a la energía, tres a la agroindustria, y una a la actividad forestal.
Conflictos socioambientales
Del total de conflictos registrados en el reporte, elaborado por la Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales, el 56,8% (125 casos) corresponde a conflictos socioambientales.
Mientras tanto, el 8,2% (18 casos) de los conflictos tiene que ver con “Asuntos de Gobierno Nacional”, el 7,7% (17 casos) con “Asuntos de Gobierno Local”.
El informe registra 81 casos que continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo, correspondiente al 54% de los casos activos, de los cuales 36 fueron atendidos mediante mesas de diálogo.
Por otra parte, el reporte indica que 11 conflictos sociales han pasado del estado activo al latente. Además, se ha retirado del registro principal a cuatro conflictos sociales latentes, por considerarse que los actores involucrados no mantienen activas sus diferencias.
Quiénes deben atender los conflictos
La entidad, en donde por sus competencias recaen la atención de la mayoría de conflictos es el Gobierno Nacional, que debe resolver 143 casos (65%).
En segundo lugar, los gobiernos regionales son los principales responsables en la solución de 46 casos (20,91%); mientras que los Gobiernos Locales (ya sean provinciales o distritales) son responsables, de 22 casos (10%).
Durante el mes de noviembre se registraron 66 acciones colectivas de protesta.
Además se da cuenta de un total de 190 actuaciones defensoriales, de las cuales 158 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 22 a las correspondientes a intermediación. Además, el reporte da cuenta de 10 acciones de defensa legal.
Caso Conga
La Defensoría del Pueblo invocó a las autoridades nacionales, regionales y locales , y a todos los actores sociales involucrados, retomar el diálogo sobre el caso del proyecto minero Conga, con el fin de lograra acuerdos sustentables.
Asimismo, instó a las autoridades atender dos casos, uno en Áncash referido al Proyecto Chinecas, cuyo estudio a nivel del perfil es objetado por las organizaciones sociales de las provincias de Santa y Casma.
Por otro lado, en el distrito de Quiruvilca (La Libertad), los campesinos y ronderos demandan el retiro de la Empresa Minera Barrick por temor a la contaminación a las lagunas y la afectación a las labores agrícolas y ganaderas.
Fuente: Servindi