La reciente publicación del informe “Situación de los bosques del mundo 2011” de la FAO durante la semana de inicio de la celebración del “Año Internacional de los Bosques” ha abordado directamente dos temas cruciales: el papel de los bosques en la mitigación del cambio climático y la adaptación, y el valor local de los bosques.

El informe señala que debido a la contribución de los bosques para disminuir el carbono en la atmósfera y fijar en los árboles la visibilidad política de los bosques es mayor que nunca. Esto plantea oportunidades pero también nuevos retos que exigen medidas urgentes para analizar y proteger aun más el valor local de los bosques. Para superar estos retos se deberá realizar una amplia reforma de la gobernanza de los bosques y fomentar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ello pasa por determinar claramente los derechos sobre el carbono de los árboles y reconocer los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre los bosques que les proporcionan sus medios de vida.

Si bien la propiedad y la ordenación de los bosques por parte de las comunidades van en aumento, los Estados aún tienen el dominio del 80% de los bosques y los marcos regulatorios aún son confusos o insuficientes para asegurar el derecho de las poblaciones locales y los pueblos indígenas sobre los bosques.

En el Perú los pueblos indígenas tienen cedido en uso aproximadamente el 18% de los bosques, es decir, no tienen la propiedad sino solamente la potestad de poseer y usar los bosques. Según un estudio realizado en toda la Cuenca Amazónica el marco legal peruano es el menos conveniente para los pueblos indígenas en lo que respecta a la protección de sus derechos en la determinación de derechos sobre el carbono forestal.

Ante esta situación las organizaciones indígenas plantean la necesidad de resolver primero el tema del saneamiento de los territorios antes de iniciar cualquier mecanismo de mitigación del cambio climático en los bosques. Si bien este es un reclamo que se sustenta en los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, también, se justifica en el hecho de reconocer que no se puede esperar proteger de manera efectiva a los bosques sin antes proteger a la gente que vive en ellos.