7 de febrero, 2011.- Imagínese usted que, a pesar de no conocer el idioma ni la forma de vida de la comunidad, lo nombran docente de una escuela primaria de niños y niñas asháninkas, ¿cómo cree que podría enseñarles o responder las preguntas que pudieran hacerle? Esta situación, que a primera vista parece extrema, ocurre todos los días en decenas de escuelas de comunidades amazónicas y andinas, impactando negativamente en la educación de niños y niñas.

A fin de proponer soluciones frente a esta problemática y atender las crecientes quejas de la población indígena, la Defensoría del Pueblo supervisó ?entre mayo y septiembre del 2010?, 50 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) respecto de su obligación de contratar a docentes bilingües, quienes además de dominar la lengua originaria de sus futuros alumnos deben contar con la especialización adecuada para garantizar una enseñanza de calidad.

Como resultado de esta intervención, se constató que 15 de las UGEL supervisadas no contaban con datos sobre los docentes contratados con formación especializada en Educación Intercultural Bilingüe (EIB); en tanto que 20 de ellas no precisaron si los docentes contratados contaban con –al menos– capacitación en EIB.

Asimismo, resulta alarmante comprobar que solo nueve UGEL reportaran haber contratado –en conjunto– a 530 docentes sin formación en EIB y sin capacitación en dicha especialidad, así como a 87 docentes sin título pedagógico. Solo 12 UGEL identificaron a los docentes contratados que tenían formación especializada (de pregrado) en EIB.

Respecto al cumplimiento en la identificación del bilingüismo del docente, 15 UGEL señalaron que no incorporaron al Comité de Contratación a un docente bilingüe que evalúe y certifique el dominio del idioma de los postulantes, incumpliendo así con lo dispuesto por el Ministerio de Educación.

Mientras que solo 17 UGEL permitieron la participación de representantes de los pueblos indígenas o de sus organizaciones en los procesos de contratación. Asimismo, apenas seis UGEL informaron haber cumplido con el proceso de contratación antes del inicio del año escolar (1 de marzo del 2010).

De otro lado, en promedio, 20 de las UGEL no respondieron a las preguntas referidas al perfil profesional de los docentes contratados o señalaron que no contaban con información. Al respecto, el Ministerio de Educación afirmó que tampoco posee dicha información pues –en su opinión– serían las direcciones regionales de educación, así como las UGEL y municipalidades las que debieran tener tales datos.

Como se observa, los diversos problemas existentes en la gestión del sector Educación provocan que muchos niños, niñas y adolescentes indígenas no cuenten con docentes especializados que garanticen su derecho a la educación. Enfrentar estas carencias es una obligación que no debe ser soslayada porque no existe nada peor que ponerse de espaldas a los derechos de quienes requieren nuestra mayor dedicación.

Los autores Alicia Abanto y Jhordan Morales integran el Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.