Alarcón sindica a Acate Coronel como cómplice primario del delito “contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos en la modalidad de atentados contra los medios de transporte y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en agravio de la población yuriaguina y Estado peruano”.
Asimismo, lo sindica de cómplice primario por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en su figura de instigación al delito de rebelión”.
Adicionalmente, la fiscal recomienda un pago de 15 mil nuevos soles como reparación civil, además de los 10 años de pena privativa de libertad.
Del mismo modo la fiscal Alarcón, solicita 11 años de prisión para el Padre Mario Bartolini, párroco de Barranquita, a quien también acusa de ser uno de los promotores de los hechos de violencia durante la protesta amazónica.
De proceder la sanción, Bartolini, también sería objeto de la denominada pena “restrictiva de la libertad” lo que conllevaría a su expulsión del territorio peruano.
En la demanda penal, la fiscal incluye a los dirigentes del Frente de Defensa de Alto Amazonas, Gorki Vásquez, Adilia Tapullima, Elías Sánchez, Javier Alava y Bladimiro Tapayuri para quienes también pide “diez años de pena privativa de la libertad”.
También se les pretende imponer el pago por concepto de reparación civil de forma solidaria ascendente a quince mil nuevos soles a favor de los agraviados.
De esta manera, se concretaría una persecución judicial contra dirigentes sociales y contra periodistas de una emisora que sólo cumplió con su labor de informar los hechos que venían sucediendo durante la protesta amazónica.
Fuente: Servindi