El 5 de junio de 2009 el desalojo policial de una carretera ocupada por indígenas amazónicos dejó un saldo de 34 muertos y decenas de heridos de bala. Este hecho luctuoso tanto para la familia policial como para los indígenas del pueblo Awajún ha evidenciado la incapacidad del Estado para comprender y atender las demandas de los pueblos indígenas mientras que éstos han cobrado un importante protagonismo en la vida política del país.

El trasfondo
La amazonía constituye el 60 por ciento del territorio nacional, con un total de 77 millones de hectáreas. En razón de la variedad de sus pisos altitudinales, la amazonía peruana alberga una extraordinaria biodiversidad y posee valores asociados de índole cultural, paisajístico y científico

El gobierno del Partido Aprista Peruano ha venido alentando aceleradamente la entrega de los recursos del subsuelo amazónico a la inversión extranjera, a tal nivel que más del 70 por ciento de la amazonía peruana está concesionada para exploración o explotación de gas o petróleo. Las concesiones se sobreponen no sólo a tierras comunales sino incluso a áreas naturales protegidas y territorios donde existen evidencias de pueblos en aislamiento.

La política entreguista y primario-exportadora del Presidente Alan García Pérez -aún a costa de avasallar a los pueblos amazónicos- se expuso en sendos artículos donde el presidente alude a las comunidades indígenas como “perros del hortelano”, es decir, obstáculos para la inversión y el desarrollo porque poseen inmensas riquezas que no “comen ni dejan comer”. Esta política se concretó en el centenar de decretos legislativos que promulgó el Poder Ejecutivo, aprovechando las facultades que le otorgó el Congreso de la República para adecuar la legislación del país al Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.

Como lo advirtieron diversos constitucionalistas el gobierno no solo se excedió en sus facultades porque muchos de los decretos no estaban relacionados a dicho propósito, sino que además vulneraban la Constitución Política, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y buscaban hacer flexible el régimen comunal de tierras para que la gran inversión privada acceda a las mismas.

Algunos de los principales propósitos ocultos detrás del paquete legal es promover los agro-combustibles y los cultivos transgénicos, facilitar la apropiación de los recursos genéticos de la biodiversidad mediante el régimen de patentes y favorecer a grupos de poder interesados en acceder a los mercados de carbono.

Los errores del gobierno
El movimiento indígena amazónico articulado en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) inició el 9 de agosto de 2008 una jornada de movilización que se coronó con éxito al lograr que el Congreso derogue dos de los decretos legislativos más cuestionados (1015 y 1073).

El Congreso, presidido entonces por Javier Velásquez Quesquén, asumió el compromiso de analizar la constitucionalidad de otros decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas para lo cual se conformó una comisión multipartidaria.

A pesar que en diciembre de 2008 dicha comisión recomendó derogar otros decretos legislativos el Congreso hizo caso omiso a tal petición durante varios meses. Mediante sucesivos “diálogos” las autoridades se dedicaron a “pasear” a la dirigencia indígena. Los voceros del Congreso sostenían que la dirigencia indígena debería revisar con el Ejecutivo los contenidos lesivos a sus intereses, mientras que el Ejecutivo señalaba que no estaba en sus atribuciones modificar las normas o derogarlas, como exigían los indígenas.

El 9 de abril de 2009 AIDESEP reinició una segunda jornada nacional de protesta en diversas regiones de la amazonía peruana. Estaciones petroleras de bombeo como la Estación Nº 6 de PetroPerú fueron paralizadas mediante acuerdos de paz entre las comunidades locales y los contingentes policiales encargados de la custodia. Incluso, como una medida de garantía de tales acuerdos, los Apus o Jefes de las comunidades guardaron bajo llave el armamento policial para evitar cualquier enfrentamiento y derramamiento de sangre. Estos pactos de honor se celebraron incluso dos meses antes a los luctuosos sucesos del 5 de junio.

El miércoles 3 de junio en la sesión de Consejo de Ministros el Presidente Alan García pidió a la Ministra del Interior Mercedes Cabanillas liberar las carreteras tomadas por piquetes de manifestantes indígenas, armados con palos y lanzas de madera. La Ministra ordenó entonces el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el lugar denominado “curva del diablo”, para lo cual se envió comandos armados de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), tanquetas y helicópteros con gases para dispersar manifestaciones.

Las autoridades no evaluaron que la agresión armada y la ruptura del acuerdo de paz pondrían en riesgo la vida de los treinta y ocho efectivos policiales que custodiaban la Estación 6, quienes se hallaban incomunicados e ignoraban el operativo en curso.

El operativo policial del 5 de junio mostró graves deficiencias y una negligencia criminal. Un destacamento de avanzada policial, de 40-50 efectivos, que intentó rodear a los indígenas a las 5:30 de la madrugada no calculó que los indígenas, sin temor, irían masivamente a su encuentro, por lo que reaccionó disparando y provocando los primeros muertos indígenas, quienes a su vez desarmaron a los policías en defensa propia.

Ese destacamento estuvo incomunicado con el General Muguruza, quién recién había llegado a la zona el día anterior y su participación se retrasó a pesar de ser el soporte principal para el operativo, según se afirma, por haber celebrado su cumpleaños. El destacamento de avanzada logró comunicarse con el comando de Lima y recién éste informó de la situación al General Muguruza quién a las 7:30 a.m. avanzó a sangre y fuego sobre los manifestantes, ocasionando alrededor de 80 civiles heridos de bala, entre ellos el líder awajún Santiago Manuin, quién por querer detener el enfrentamiento recibió ocho impactos de bala.

Todo parece indicar que los indígenas no esperaban un desalojo armado y los policías no previeron que los nativos reaccionarían no huyendo, sino enfrentándolos frente a frente, situación que exacerbó los ánimos y la tensión en ambas partes con los nefastos resultados conocidos.

Se sabe que un operativo de rescate de los policías de la Estación 6 fracasó y -por el contrario- propició una situación que para el pueblo awajún significó la ruptura del acuerdo de paz y la declaratoria de guerra. Por esta situación, la policía registra un saldo de 24 muertos y un efectivo aún desaparecido.

Además de los 80 heridos de bala y diez civiles muertos se habló de decenas de indígenas desaparecidos por la policía y el ejército que acordonó el lugar durante horas e impidió el rescate de heridos. Sin embargo, autoridades como la Defensoría del Pueblo, aún no han podido verificar presuntos desaparecidos en base a denuncias de familiares.

A pesar del elevado costo humano, social y político el gobierno aprista no ha aprendido la lección. Las autoridades aún evitan dar información clara sobre los hechos, formar una comisión investigadora independiente y el Ministro de Justicia Aurelio Pastor ha repetido en su intervención el 3 agosto ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) con sede en Ginebra, Suiza, la tesis de que el movimiento indígena amazónico actuó con alevosía como producto de una conspiración y un complot internacional.

Peor aún, funcionarios del propio gobierno que laboran en el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa) vienen promoviendo organizaciones de fachada, paralelas al movimiento indígena, para un supuesto diálogo con el gobierno mientras que continúa la persecución legal y política contra los representantes de la AIDESEP, cuyo presidente, Alberto Pizango Chota, se encuentra asilado en Nicaragua mientras no se le modifique la orden de captura por la de comparecencia, según ha afirmado.

A manera de conclusión
Si la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que fundara Haya de la Torre en la década del 20 del siglo pasado, alguna vez reivindicó en su discurso indo-americano el respeto y valoración por las comunidades indígenas hoy el Partido Aprista acaudillado por Alan García se encuentra en la orilla opuesta.

Alan se ha convertido en el más obsecuente defensor de los intereses de los grupos de poder y el gran capital transnacional y no tiene escrúpulos, ni morales ni ideológicos, para servirlos así tenga que seguir enfrentando a los pueblos indígenas y al movimiento popular que hoy reivindica un desarrollo que incluya a todos y todas, que proteja el ambiente, la amazonía, la diversidad biológica y cultural.