Mercedes Cabanillas dijo ayer en relación con la iniciativa presentada por su compañero José Vargas que “un proyecto es un proyecto, no una versión final”, pero la verdad es que estamos ante un mamarracho inmejorable que debe ir al tacho de la basura para dejarlo sin efecto cuanto antes.

Hay consenso en que este proyecto es una clara amenaza a la libertad de expresión, como concluye el comunicado de Ipys emitido ayer. Es una opinión compartida por el Consejo de la Prensa Peruana y por prácticamente todos los medios de comunicación con la excepción de un par de diarios distraídos que seguramente hoy también se apuntarán en la dirección indispensable de rechazar esta iniciativa descabellada.

Dicho proyecto se ocupa de un asunto ya regulado, abre la puerta para exigir la rectificación de una opinión, y crea oportunidades para presionar con más efectividad al propietario del medio para evitar que se incomode al poderoso.

La contundente crítica a este absurdo se ha concentrado en la congresista Cabanillas, pero esto puede ser injusto pues todo apunta a que es parte de una decisión más corporativa. El viernes pasado, por ejemplo, durante la presentación del libro del aprista Luis Jiménez Borra, el presidente Alan García aludió a la necesidad de que los medios informen “objetivamente sin tomar partido político”, y en más de un discurso y artículo periodístico se ha quejado de la prensa –incluidos los blogs– e invitado a sus adeptos a quejarse ante ella.

Como se sostuvo ayer en esta columna, este gobierno no tiene las manos limpias en materia de libertad de expresión. Obviamente, no se puede comparar con la profunda corrupción periodística del fujimontesinismo, pero hay evidencia de que, ante la crítica o la denuncia, el Apra es muy intolerante.

Por ejemplo, el cierre de radios de provincias por sus contenidos –como La Voz de Bagua Grande–, iniciativas legislativas como las del hoy ministro Aurelio Pastor para que la difusión periodística de pruebas como un petroaudio requiera el permiso de un juez, además de presiones ya conocidas.

Pero no hay mal que por bien no venga: lo positivo de esta desafortunada iniciativa es que el Apra ha sentido el sólido rechazo a sus intentos de amenazar a la libertad de expresión, lo que se evidencia en el claro retroceso manifestado ayer.

El periodismo no puede interpretar, sin embargo, que esta victoria significa una patente de corso para actuar con irresponsabilidad –lo cual también abunda en la prensa peruana–, sino como un llamado indispensable para reforzar los mecanismos para mejorar la ética y el profesionalismo en el oficio.