El penúltimo discurso presidencial del segundo gobierno de Alan García, no fue el triunfalista del año anterior, pero si lleno de optimismo. Hecho no casual, pues desde hace unos años, el peruano promedio observa una actitud optimista sobre el futuro del país. Sin embargo, más allá de la retórica, el mensaje a la nación por fiestas patrias, fue detallista en el listado de obras, pero impreciso en el cómo llegar a las metas y reformas, tantas veces nombradas y, a la vez, esquivas.

El inicio del cuarto año, es poco auspicioso para el gobierno. Al terminar el ciclo de crecimiento económico, con la política económica seguida, algunos sectores se han beneficiado, pero más son los que no los ha alcanzado. Por eso, desde el inicio del segundo año, la evaluación sobre la gestión presidencial ha sido negativa, pese a un contexto económico favorable.

Ahora, con una recesión económica internacional, el presidente García se ha limitado a solicitar el fortalecimiento de la confianza, la autoestima y el optimismo ciudadanos, prometiendo logros en un par de años o para el bicentenario de la independencia (2021). Para ello, propone refundar el Estado con reformas en los campos de la descentralización, educación, salud, administración de justicia y reducción de la pobreza. Es decir, el largo plazo, por lo que no tiene que ver directamente con este gobierno.

De esta manera, para el presente año limitó su propuesta a dos grandes objetivos: defender el orden democrático, y salvar al Perú de la crisis mundial fortaleciendo, la inclusión social. Para el presidente García, el orden democrático significa defenderse de sus enemigos, que complotan internacionalmente (Chávez, sin nombrarlo), con sus aliados internos (la izquierda, sin nombrarla), que no tiene otro propósito que terminar con el sistema democrático. Visión, ciertamente maniquea de la realidad, pero que ha servido para desarrollar una campaña propagandística contra sus opositores, a quienes responsabiliza de los conflictos sociales.

En ese contexto, propuso dos reformas políticas e institucionales, la segunda vuelta para las elecciones regionales y la renovación del Congreso a la mitad del mandato. Si bien las medidas son populares, pues se cree que con ellas se va a mejorar la representación, el problema es que para su aprobación, se requiere altas votaciones en el Congreso (la renovación por mitades, de carácter constitucional), que difícilmente se obtendrá. Incluso, si se diera el caso, no se podría implementar para el presente período, cosa que no se dijo en el discurso.

Si bien el discurso contiene promesas, varias de ellas de consenso (lucha contra la pobreza, el analfabetismo, etc.), no se dijo cómo alcanzarlas y, como ya ha ocurrido con los tres discursos a la nación precedentes, no necesariamente se tienen que materializar. Otras, a su vez, pueden ingresar al siempre atractivo campo del populismo clientelista, como es el caso de los Núcleos Ejecutores en grupos juveniles. Alternativa que el gobierno propone para hacer obra pequeña, ante la incapacidad del Estado para desarrollar inversión pública. Sin embargo, si el resultado va ser el paso del manejo del gasto por parte del Estado al partido, la situación ya preocupa a más de uno.

Pero si hay elementos importantes, el tema de la corrupción fue el gran ausente del discurso. No se dijo nada relevante sobre el tema, al que se redujo al anuncio de la construcción de un nuevo Penal, en la selva peruana, para los sentenciados por corrupción. Medida antitécnica, costosa e ineficaz. La ausencia premeditada del tema, abona en la percepción generalizada que el gobierno no quiere o no puede contra un flagelo que ha tocado, con el llamado escándalo de los petroaudios, las puertas del poder.

Se inicia así, el cuarto año de gobierno del presidente García, con un horizonte electoral en ciernes (elecciones regionales y municipales, noviembre 2010 y generales, abril 2011), con el freno de un crecimiento económico, que en el discurso no quiso señalar para el presente año y con conflictos sociales latentes. El triunfo de Luis Alva Castro como presidente del Congreso y la designación de Javier Velásquez Quesquén –quien deberá presentar ante el Congreso para solicitar el voto de investidura- como primer ministro, pueden ayudar a proteger al Presidente de la República, pero difícilmente podrán impulsar reformas necesarias, en un gobierno que carece de voluntad y fuerza para desarrollarlas.