A fines de agosto el Ejecutivo presentó el Proyecto Ley de Presupuesto 2007 al Congreso de la República. Luego, como corresponde, este fue revisado por la Comisión de Presupuesto del Congreso y la Cuenta General de la República (CGR). Acto seguido, fue sustentado por el premier y los ministros. Lo que sigue es que la Comisión de Presupuesto y la CGR elaboran un predictamen que incorpora modificaciones al proyecto inicial. La cuestión es que, lamentablemente, este nuevo proyecto de presupuesto 2007 mantiene las mismas características centralistas que las presentadas por el Ejecutivo. Veamos:

•La distribución del presupuesto 2007 por niveles de gobierno muestra que la participación del gobierno nacional en el presupuesto total aumentará de 68.6% a 69.5%, mientras que la de los gobiernos subnacionales disminuirá de 31,4% a 30.5%.

•El incremento del presupuesto 2007 asciende a S/. 6,517 millones. El 77% ha sido destinado al gobierno central (S/. 5,029 millones), cifra que resulta 3.4 veces mayor comparada con el incremento de los fondos destinados a los gobiernos regionales y los gobiernos locales (S/. 1,108 y S/. 377 millones, respectivamente).

•Del total de recursos para inversión (S/. 10,070 millones) del presupuesto 2007, el 41% va al Gobierno Central y el 59% a los gobiernos subnacionales, lo cual es positivo. Sin embargo, se debe precisar que buena parte de los recursos de inversión que van para las municipalidades (por canon y regalías) están concentrados en unos 5 ó 6 departamentos.

•La distribución territorial de los recursos de inversión en manos del gobierno central o nacional da una imagen más clara de la recentralización de las inversiones. En efecto, de los S/. 1,735 millones en que crece la inversión nacional, el 50% lo manejará en forma directa el Gobierno Central, es decir unos S/. 865 millones, se destinan para Lima.

•El no disponer de un sistema administrativo formal de Planificación Estratégica, aunque se ha dado un avance mediante el Acuerdo Nacional (al que le faltan instrumentos operacionales) desemboca en un presupuesto “inercial”. Así, la autoridad presupuestaria trabaja sobre el presupuesto del año anterior y le agrega los impactos anualizados de decisiones ya tomadas (por ejemplo, aumentos salariales, cobertura de plazas, culminación de determinados proyectos de inversión y demás) y la diferencia de dicha proyección, con relación a los topes de gasto, son asignadas por el Consejo de Ministros.

El trámite para la aprobación del Presupuesto 2007 ya se acerca a su fin, pues debe debatirse en el Pleno antes de la fecha límite del 30 de noviembre. Esperamos que exista un verdadero debate y voluntad de cambio principalmente sobre los siguientes aspectos: 1) Mayor transparencia y menos discrecionalidad en la asignación de los ingresos no presupuestados que se incorporan como créditos suplementarios, que el próximo año bordearán los S/. 4,000 millones; 2) Consolidar la descentralización presupuestal transfiriendo a las regiones más funciones con recursos y asignando más recursos de inversión a las regiones con mayores carencias; 3) Reducir el nivel de discrecionalidad y de inercia a la hora de autorizar los gastos; y 4) Implementar el Centro de Planificación Estratégica (CEPLAN) y dotarlo de presupuesto para devolver al Estado una mínima capacidad de planeamiento, indispensable para mejorar la calidad del gasto público.

(*) Grupo Propuesta Ciudadana.

La Republica 28/11/2006
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Aunque usted no lo crea, el Estado peruano tiene una Ley que faculta el acceso de cualquier ciudadano a la información pública: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806 del 2002. Este acceso a la información tiene dos mecanismos: a) el derecho a solicitar información y b) la obligación de publicar información mediante la instalación de portales Internet institucionales y/o su difusión mediante diarios y reportes periódicos.

Gracias a esta Ley el Perú ha dado un importante paso, contando no solo con un derecho humano, sino además con una herramienta para la vigilancia de la gestión del Estado. O sea que la ciudadanía tiene un medio para hacer frente a la “cultura del secreto de la gestión pública” que apaña las malversaciones de fondos. Vale subrayar que el incumplimiento de esta obligación por las entidades públicas es sancionado como falta grave e incluso pueden ser denunciadas penalmente por abuso de autoridad.

Sin embargo, ante una solicitud de información, la experiencia nos indica que existen serios problemas de cumplimiento: no hay funcionario responsable, no se da la información completa, la información es distinta a la solicitada y la información brindada está fuera de los plazos de ley. Esto plantea una necesidad de correctivos.

Todas las entidades públicas (a nivel nacional, regional y local) están obligadas progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, a tener un Portal Internet de transparencia, teniendo éste como ventaja la reducción de los costos de transacción para el ciudadano que requiere información, lo que, a la vez, democratiza la información.

En “Vigila Perú” hemos evaluado dos casos relacionados con esta Ley. El primero se refiere la renta minera, donde lamentablemente no existe información disponible del impuesto a la renta ni de las regalías mineras que pagan las empresas, debido a la reserva tributaria. El segundo es la elaboración de la renta de hidrocarburos.

Lo que sí se publica en el portal del MEF es la información sobre la transferencia del canon (minero, petrolero y gasifero) y regalías mineras a los gobiernos regionales, locales. Pero si los alcaldes y presidentes regionales quieren saber si ese monto corresponde, efectivamente, a lo que le debe ser transferido como canon minero (50% del impuesto a la renta), entonces no pueden hacerlo por la “reserva tributaria”.

Si el Estado acaba de crear la Comisión de Trabajo que implementará la Iniciativa sobre Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, siglas en inglés), con el objetivo de transparentar los ingresos y pagos provenientes de los sectores minero, petrolero y gasifero hacia el Estado y desde este hacia las entidades finales del gasto público. Y si las empresas mineras publican en su país de origen la información financiera y tributaria, entonces, por qué no revisar la aplicación de la “reserva tributaria” en el caso minero y petrolero, ya que esta información es muy importante.

Cabe resaltar que, para el caso de la generación de renta en los hidrocarburos, el portal de Perupetro (http://www.perupetro.com.pe/estadisticas08-s.asp) permite acceder a información del volumen de producción, valor del hidrocarburo, valor de producción, el canon petrolero generado (12% del valor de producción para el caso de Piura) detallado por pozo, empresa y región.

Finalmente, un reto para los congresistas y el gobierno de turno es revisar la aplicación de la “reserva tributaria” para una cabal aplicación de la transparencia. Y que la ciudadanía vele para que lo poco que se ha alcanzado no se pierda, poniendo en práctica sus derechos.
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Publicado el 9 de mayo del 2005. La Republica Sigue leyendo →

Es preocupante que instituciones públicas no pongan en práctica la Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobretodo en actividades relacionadas con los recursos naturales, lo que interesa a las regiones productoras. Esto lo hemos comprobado al solicitarles información para nuestro Reporte Nacional Nº 4 sobre la Vigilancia de las Industrias Extractivas (www.participaperu.org.pe). Asimismo, invocando la responsabilidad social, se solicitó información a las empresas privadas.

Presentamos solicitudes de información a los gobiernos regionales (GR), a los principales gobiernos locales (GL) que reciben canon y a las universidades públicas (UP) de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica y Piura. Básicamente la información solicitada fue: ¿cuánto dinero han recibido de canon?, ¿en qué proyectos han pensado gastar? y ¿cuánto asciende el avance del gasto?

El comportamiento de las instituciones públicas ha sido diverso, reafirmando que aun continúa la “cultura del secreto”. En los GR, la información solicitada -por su relevancia para la vigilancia social- fue el programa de inversiones (que contienen información sobre: costo del proyecto, fuente de financiamiento, plan de ejecución, avance en la ejecución de las metas físicas y financieras, ubicación y si es un proyecto anual o multianual). Lamentablemente solo dos GR entregaron la información completa y dentro de los plazos de Ley (Ica y Arequipa). El GR de peor comportamiento fue Piura que entregó información incompleta y fuera de los plazos de Ley.

En cuanto a los GL, lamentablemente solo las municipalidades provinciales de Espinar (Cusco) y Marcona (Ica) han brindado la información solicitada completa y en los plazos de Ley. En cambio, tanto los GL de San Marcos e Independencia (Áncash) como los de El Alto y La Brea (Piura) se han negado a brindar la información solicitada, incumpliendo la Ley de Transparencia.

En el comportamiento de las UPs el panorama no ha sido muy alentador, pues Santiago Antunez de Mayolo (Ancash), San Agustin (Arequipa), San Antonio Abad (Cusco) y Piura (Piura) entregaron la información incompleta y fuera de los plazos de Ley. Y peor aún las de Santa (Áncash) y San Luis Gonzaga (Ica) simplemente no la entregaron.

Con respecto a las empresas privadas extractivas, invocando a sus prácticas de responsabilidad social y transparencia, se presentó solicitud de información sobre: el pago de impuesto a la renta (IR) del año 2005, las acciones e inversiones en proyectos de responsabilidad social, los mecanismos que tienen para relacionarse con las comunidades, entre otros.

Esta información es básica si queremos ayudar a la relación empresa-sociedad civil, pero lamentablemente ninguna brindó información completa y solo dos respondieron en forma incompleta: i) Yanacocha, mediante la Asociación los Andes de Cajamarca, dió información sobre los proyectos de responsabilidad social que gestionan, pero no información financiera o sobre valor de producción ii) Cerro Verde ha alcanzado sobre relaciones comunitarias, pero no sobre el pago de IR o sobre el valor de producción.

Resulta paradójico que empresas que dicen cumplir estándares internacionales de Responsabilidad Social no respondan a pedidos de información sensibles. Las que no se tomaron ni siquiera la molestia de responder fueron: Antamina, Barrick Misquishilca, Buenaventura, Mra. Phelps Dodge, Xstrata Tintaya, Plus Petrol, Shougang Hierro Perú, Petro Tech Peruana y Petrobras Energía Perú SA, entre otras.

Finalmente, nos queda una incógnita ¿cuál seria el resultado si el pedido de información lo realizaba un comunero y no alguna ONG socia del Grupo Propuesta Ciudadana? ¿Hubiera sido mejor atendido que nosotros? ¿ Qué piensan los lectores?
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Publicado La Republica el 02 de Octubre de 2006 Sigue leyendo →

Es necesario definir un nuevo sistema de transferencias para los gobiernos subnacionales, que sea más transparente y equitativo y consistente con las funciones y competencias que deben asumir. Los actuales sistemas de trasnferencias como el FONCOR, FONCOMUN y de las transferencias de canon, no comtemplan las inequidades entre las regiones ni al interior del departamento.

Respecto a las transferencia de las competencias y funciones , se deben asignar los recursos presupuestales que aseguren el ejercicio de dicha función, con las obligaciones y los instrumentos necesarios para cumplirlas. Sigue leyendo →