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El gobierno dejo de recaudar más US$ 2,500 millones, entre 2006-2007

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El gobierno dejo de recaudar más US$ 2,500 millones, entre 2006-2007
¿Por qué el Perú es ajeno a los cambios mundiales de una mayor participación del Estado en las rentas extractivas?
Por Nilton Quiñones

No se entiende por qué el Perú sigue “regalando” sus recursos naturales cuando en muchos países del mundo han tomado medidas para aumentar su participación en los beneficios generados por las actividades extractivas, modificándose las relaciones contractuales. Por ello, resulta extraño el interés del gobierno de reinstaurar los “Contrato de Estabilidad”, pues no es necesario dada la coyuntura (precios altos e importantes reservas) para promover nuevas inversiones. Además, estos contratos generan problemas al creerse que son escritos en piedra cuando en todas partes las han revisado de acuerdo a un nuevo contexto.

Asimismo, debemos se concientes que el Estado debe ser cauto con las empresas al momento de negociar los contratos para la explotación de los recursos naturales de todos los peruanos. Ya que según palabras de Joseph Stiglitz (premio Nóbel de Economía y ex asesor de la Casa Blanca), “el interés del sector privado es maximizar sus ganancias. Y el maximizar las ganancias significa minimizar lo que se le paga al gobierno, al Estado, por el recurso natural. De modo tal que sí, es verdad que cuentan con incentivos para ser eficientes, pero también cuentan con incentivos para minimizar los pagos al gobierno. Y este aspecto no ha sido adecuadamente enfatizado”.

En nuestro caso, por los “contratos de estabilidad jurídica” las principales empresas mineras (como Cia Mra. Yanacocha, Barrick, Antamina, o Cerro Verde, Xstrata Tintaya, entre otros) no pagan lo que establece la Ley de Regalías Mineras promulgada el año 2004. Debido a ello, el Estado peruano ha dejado de percibir más S/. 500 millones y S/. 600 millones el 2006 y 2007, respectivamente (por regalías no pagadas). Siendo sustituidos el pago de estas “regalías no pagadas” por el “aporte voluntario”, donde aportan más las empresas que no pagan regalías. Por lo tanto el Estado a claudicado el cobro de las regalías por un pago condicionado a si las empresas mineras obtienen ganancias extraordinarias, y teniendo la potestad las empresas mineras en decidir donde y en que invertir.

El Grupo Propuesta Ciudadana ha calculado que por los mayores precios las empresas mineras han recibido ganancias extraordinarias de S/ 10 mil millones y S/ 12 mil millones en el 2006 y 2007, respectivamente. Pues no hubo un gran incremento de producción de minerales. Pero, a cambio de ello el Estado sólo recibe un aporte ‘voluntario’ de S/. 500 millones anuales, que sólo durará cinco años y siempre que sigan los precios altos. Olvidando su promesa electoral el Gobierno de un cobro a las ganancias extraordinarias.

Según el cuadro 1, por no haberse tomado ninguna medida donde el Estado participe de estas Ganancias Extraordinarias, el Estado estaría dejando de percibir entre US $ 1,100 millones y US $ 2,567 millones, si se hubiese aplicado entre el 10% y el 30% de impuestos a las ganancias extraordinarias y cobrado las regalías mineras a todas las empresas mineras. Monto nada despreciable, que se pudo haber utilizado en: i) fondo de compensación para aquellas regiones que no han tenido la suerte de tener una explotación minera o petrolera; ii) fondos de estabilización de ingresos que ayudaría a mitigar los impactos ante la caída de los precios o el agotamiento de los recursos (que viene sucediendo en Cajamarca); iii) se ha podido pensar en invertir en fondos financieros que ayuden a percibir rentas futuras cuando se agote el recurso como es el caso del Fondo de Noruega, iv) fondos de de inversiones especificas (ejemplo educación), entre otros.

Cuadro 1. Calculo de lo que dejo de percibir el Estado, 2006-2007
En millones de soles y dólares

Pero, con las importantes sumas de dinero que el Estado ha recaudado (para ejemplo los US $ 2,836 millones de dólares por el IR de las empresas mineras en el 2006), y con las dificultades para invertir que tienen los gobiernos subnacionales (no solo de exclusividad de estas), el gobierno central ha desaparecido de la agenda nacional el debate de la reforma tributaria (la eliminación de los convenios de estabilidad tributarios injustificados, cobro progresivo del impuesto a la renta y la ampliación de la base tributaria). “Preocupándose” solo de las dificultades que tienen los gobiernos subnacionales para gastar el canon”, tema importante pero no excluyente del primero.

Que el Estado busque mecanismos de recaudar mayores rentas no es cosa de locos ni va contra la lógica de Mercado. Como resultado de mayores precios de los minerales, varios gobiernos han adoptado medidas para aumentar su participación en los beneficios generados por las actividades extractivas, incluidas las empresas transnacionales, modificándose el sistema fiscal o de las relaciones contractuales. Ejemplos podemos encontrar varios, tanto para países desarrollados como en desarrollo, según el Reporte Mundial de las Inversiones 2006, página 163, de la UNCTAD:

• Cambios en la regulación han sido observados en los países desarrollados, Australia Occidental, por ejemplo, presentó una regalía sobre la producción de oro; y en los Estados Unidos se han producido propuestas de Regalías Federal en el sector minero. En el 2006, el Reino Unido presentó un impuesto a las ganancias extraordinarias del petróleo en el Mar del Norte para reflejar el cambio estructural por los altos precios del petróleo, y el incremento de impuesto a las corporaciones de 10% a 20%.

• En la Federación de Rusia, el Gobierno está en el proceso de introducción de nuevas limitaciones a la participación extranjera en el capital de empresas estratégicas y en la exploración y la extracción de los depósitos estratégicos (especialmente los grandes campos de petróleo y gas). La nueva ley del subsuelo, presentado al Parlamento en 2005, se espera que entre en vigor a finales de 2007. Asimismo, puesto que 2003, el Gobierno ha renegociado los contratos de casi la totalidad de las empresas transnacionales relacionadas con el petróleo y el gas, se ha obtenido como resultado: un aumento de la participación del gobierno en los retornos de los proyectos, altas tasas de impuestos y de las regalías.

• Argelia promulgó la imposición de una reglamentación impuesto a las ganancias extraordinarias sobre el valor de producción a precios superiores a $ 30/barril de petróleo en diciembre de 2006.El tipo impositivo oscila entre el 5% y el 50% dependiendo del total producido.

• Sudáfrica está revisando su legislación en la minería a junio de 2007, con el fin de aumentar sus ingresos y los beneficios de la minería. El proyecto legislativo propone una tasa de regalías entre 1% y 6%, dependiendo del tipo de mineral.

• Venezuela ha decidido revisar totalmente las normas en materia de participación en el capital social y su fiscalización. Esto para reducir los intereses de las compañías petroleras extranjeras y el aumento de los impuestos que se les impone. En el 2001, el Gobierno aprobó una nueva Ley de Hidrocarburos, lo que plantea la fijación de regalías y requiere que en el futuro las inversiones se limitará a 49% del título de propiedad de un proyecto conjunto, mientras que un 51% de participación de control se reservó para el Estado de propiedad de la compañía petrolera, PDVSA. En 2006, 17 empresas extranjeras en Venezuela se transformaron en empresas mixtas con PDVSA. Asimismo, un Decreto Presidencial en febrero de 2007 expropio los proyectos

Finalmente, el Estado no puede darse el lujo de dejar de participar de las ganancias extraordinarias de la actividad extractiva. El Estado Peruano no debe ser ajeno a las tendencias globales, debería revisar su agenda y discutir un impuesto a las ganancias extraordinarias, que sea progresivo (el quien tiene más utilidades que pague a una mayor tasa).

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NATURAL RESOURCES, DEVELOPMENT AND DEMOCRACY IN LATIN AMERICA

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NATURAL RESOURCES, DEVELOPMENT AND DEMOCRACY IN LATIN AMERICA
Propuesta Ciudadana Group

INTRODUCTION

On December 5 and 6, 2007 the Propuesta Ciudadana Group, Revenue Watch Institute and Oxfam International organized in the city of Lima an international seminar on Natural Resources, Development and Democracy in Latin America, sponsored by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and the Peruvian Catholic University (PUCP).

The seminar was proposed as a space for authorities, academicians and technical experts, and representatives of resource extraction companies and civil society from several countries to reflect on and discuss the opportunities, problems and challenges the increase of resource extraction industries poses for the development of Latin American countries. The seminar was organized around seven work groups and 16 speakers. The seminar was attended by over 150 participants from several countries. The debate about the efforts underway is part of an evolving shared agenda about the relationship between extractive industries and development and democracy in Latin American countries. We present below the main conclusions and ideas presented at the seminar.

Natural resources, development and democracy in the 21st Century – a global and Latin American perspective

Fernando Sánchez Albavera highlighted the new opportunities for the sustainable development of the natural heritage resulting from technological change, a renewed institutional framework, and regulations that allow to better use natural advantages. He also underscores the lower entry barriers for developing natural resources coupled with more strict environmental regulations. All this happens in a scenario where environmental issues take a more prominent role in the world scene, civil society assumes an increasingly leading role, and new industrialized countries make greater demands, all of which compels us to paying greater care to our cultural heritage.

In oil and gas, a stronger national capitalism seems to be on the rise in Latin America as a response to a past where exploitation rents flowed mostly towards the private sector and little was kept by local economies. In recent years, state-owned companies and national private companies have made the largest exports and sales (74.7% in 2006), with the former making the largest investments, in particular PEMEX, PETROBRAS and PDVSA.. Only in Argentina, Bolivia, Ecuador and Peru did foreign investment exceed local governments’ capital spending, reflecting the greater control exerted by domestic companies over development of this resource.

On the other hand, transnational companies predominate in the mining industry, in view of the region’s natural advantages. Latin America accounts for 24% of mining exploration expenses (2006) and 34% of the worldwide investment project portfolio. The arrival of foreign investment has not reduced the states’ constitutional mandate to control natural resources. However, as Latin American countries compete for foreign investment, there is concern that oftentimes greater competitiveness may be accomplished by reducing the state’s share of exploitation rents. In turn, this weakens the understanding of the benefits that may be derived from exploiting such resources, and fosters the perception that the governments’ use of the natural resource rents can have but little social impact.

Finally, Sánchez holds that for Latin American countries to make the best of natural resources development, it is necessary to specify the sustainability factors in public-private relationships. He stressed the requisite national consensus that must be reached on natural resource development, the importance of governments’ effectiveness, and of a stable economic scenario, how to manage economic and social vulnerabilities that calls for a permanent interaction between the various involved actors so the perception of risk may in addition to the legitimacy of the political regime and the State’s effectiveness in addressing social issues.

Terry Lynn Karl, por su parte, propuso una lectura de la perspectiva global de la relación entre recursos naturales, desarrollo y democracia, desde un enfoque de derechos y seguridad, precisando que las industrias extractivas son indispensables para el desarrollo mientras no se encuentren alternativas, al extremo que ninguna economía moderna puede funcionar sin un acceso adecuado a ellos. El problema, que históricamente fue leído como uno de relaciones entre el Norte y el Sur, tiene que replantearse en un contexto en el que distintas economías en desarrollo y transición son altamente dependientes de sus exportaciones de estos recursos, enfrentándose directamente a un doble desafío para su desarrollo: capturar el valor de aquellos y hacer el mejor uso de la renta que generan, asegurando su gestión y redistribución efectiva.

Terry Lynn Karl proposed interpreting the link between natural resources, development and democracy from a global rights and security perspective. Karl explained resource extraction industries are so necessary for development that no modern economy may operate without access to them until alternatives are found. The problem, which has been historically interpreted as a North-South relationship one, must be reconsidered in a context of several developing economies or economies under transition that are highly dependent of their resource exportations, directly facing a double challenge to their development, that is, capturing the resources’ value and making the best use of the income they generate as well as ensuring their effective administration and redistribution.

The high concentration of these resources in just a few countries (10 of them have more than 80% of proven oil reserves) and the link established by the United States in its foreign policy between access to oil, governance and security, which even supports the right to military occupation when supplies are jeopardized by the struggle for political control, are a dramatic combination, especially when taking into account that 12 countries holding 68% of oil reserves have very low governance indicators whilst 5 countries with the greater level of governance hold only 5% of reserves.

In this context, where natural resource prices skyrocket because of the fast-growing demand by countries like China and India, it is absolutely necessary to take an in depth look at ore prices beyond historical volatilities, and to the more permanent rise and structural rise of fuel prices. To relate natural resources, development and democracy we must understand the “resource curse” in a different way, i.e. to the presumed reverse relationship between growth and abundance of natural resources. When examining the fact that from 1970 to 1993 resource-poor countries grew four times faster than resource-rich nations, it must be said that the difference was not brought about by the natural resource itself but by the distribution of income, the rich countries’ reliance on oil and minerals, and the poor countries’ difficulty to invest in agriculture and industry. As a result, a perverse effect was created with negative effects on their economic development and social expenditure (i.e., rent-earning states with high poverty rates).

While natural resources, especially oil, are the main source of income for these countries, and are directly related to their States’ spending power, productivity and expenditure are disassociated and the indispensable link between taxation and expenditure is broken. This alters the principles of democratic representativeness, participation and transparency that rest on the relationship between citizenry and taxation. In this way, dependence on resources is politically linked to authoritarianism, concentration of power in the Executive Branch and corruption. Finally, it is undeniable that dependence on oil and ore resources is closely related to war, both civil (16 cases) and international, encouraging useless military expenditure and the creation of repressive machineries.

In view of the many environmental and social problems brought about by this dependence, Lynn Karl pointed out to the need for an international social agreement focusing on the use of resources, institutional building to end rent seeking behaviors (merit-driven civil service and government career), transparency and accountability, fair participation and income distribution, and establishing international standards to protect human rights.

1. Global and regional distribution of income in the resource extraction sector – An international perspective

Humberto Campodónico showed the results of the oil and ore rents’ analysis in several countries of the region, provided an overview of these resources, and contributed a methodology for measuring them. Resource rent, defined as the difference between their value at an international price (volume x price) and production cost, requires further specifying.

Beyond each country’s particular situation, oil and ore revenue has regained its importance for the region. Countries need a portion of this revenue to finance social and infrastructure spending, promote competitiveness and fight poverty through equitable distribution. The cyclical nature of these activities requires thinking up a tax on excess profits because prices charged are not commensurate with companies’ investment and technological progress. Also solving the problem of how to distribute the State’s rent is paramount to prevent rent seeking and the “Dutch disease”.

In the present scenario of high oil and mineral, prices it is necessary to show good economic results and adequate national capture of income created by developing these resources. Paul Mitchell explained the need for analyzing the historical performance of different natural resources exporting economies in order to identify the causes for their success or failure. The Initiative for Resource Allocation is an effort encouraged by the World Band and ICCM to identify the critical factors contributing to the success of socioeconomic performance of 33 countries from 1983 to 2003.

La buena administración macroeconómica y un marco legal eficaz fueron indispensables; la transparencia en la asignación de los recursos y en el flujo de ingresos, así como un uso eficaz de la actividad económica en los momentos de crecimiento, incluidos los ingresos públicos, también. Los gobiernos que fueron capaces de emprender reformas en esta perspectiva, que tuvieron necesidades de desarrollo bien definidas, prioridades sociales y no de consumo y efectividad y coordinación en el planeamiento e implementación, -Chile y Ghana- obtuvieron mejores resultados.

The Initiative identifies the crucial elements that contribute to the success of countries. It presents four -country case studies (Ghana, Tanzania, Chile and Peru) that exhibit very different results in poverty reduction. In macroeconomic management, it emphasizes competitive exchange rates and taxes, low inflation, a falling fiscal deficit to manageable levels, and free repatriation of profits.

In the legal arena, it underscores respect for property rights, clear and fast court procedures, legal stability and the ability to settle disputes. In these two fields, government’s role was paramount.

An effective macroeconomic administration and an efficient legal framework were indispensable, as well as accountability for resource allocation and revenue flows coupled with the effective use of economic prosperity, including public income. Administrations that managed to introduce suitable reforms to meet well defined development needs and social priorities, and not consumption goals, and had effective and coordinated planning and implementation –as in Chile and Ghana– had the best results.

2. The role of the State and private companies in developing natural resources

Roque Benavides said the mining industry has made a triple contribution in Peru: to decentralize the country, create business opportunities and attract foreign direct investment. In few places as in Peru are there opportunities for 20% of the country’s population living at 3,500 meters above sea level to benefit from investment which in contrast to most countries in the region has a significant local component. Mining contributes 2,700 million dollars in purchases, 85% of which are made locally.

Despite its importance, the State is oftentimes absent from these communities and shows limited ability to act, leading to an erroneous understanding of the role of business in community development. This misunderstanding gives companies roles and responsibilities that belong to the State. The mining industry instead would like to focus on a plan for sustainable development focusing on implementing sound environmental practices and developing the mining industry, together with communities.

The business sector is committed to enforcing international standards, managing its activities responsibly and including economic, social and environmental dimensions to its decision-making. With regard to the relation with communities in the companies’ area of activity, Benavides stressed the importance of introducing good corporate government practices (disclosure and respect for its stakeholders), respecting community culture and traditions), and fostering cooperation with the State and local communities.

Accomplishing sustainable development in this scheme requires States to guarantee better environmental oversight, formalize artisanal mining, consolidate a more realistic legal framework and assure its greater presence. The State has to encourage the growth of mining and attract new investments, and companies must tap new market opportunities and foster national and community development.

William Donaire discussed Bolivia´s hydrocarbon policy to recover such resources and reorganize the State-owned company. The new transparent operation contracts with private oil companies were approved Congress under the new laws in force since 2005. The nationalization of Bolivian resources combines an internal policy to guarantee gas, oil and byproducts supply for the nation, and an external policy to strengthen exports and confirm Bolivia as South America’s center of the gas sector.

Through the new operation agreements, the State is the sole owner of resources. The state company controls the value chain and owns the assets. Private companies are paid in cash for their services. YPFB acts as a single client and has right to build and operate pipelines to transport its own and third party production. It is the industry’s sole vendor, and directly pays royalties, profits and taxes.

As a result of such changes, companies that used to pay 18% royalties, are now contributing though different channels, up to 50%. The State recognizes all of their costs, and split profits. Several oil companies (12) have signed operation contracts, and reserved areas of hydrocarbon interest in traditional and non-traditional zones for future exploration and development activities, through combined-ownership companies or international bidding.

Bolivia has nationalized its oil to recover property of the resource at well mouth, of all related resources, of capitalized and privatized oil companies in Bolivia and takes control of and manages the hydrocarbon value chain through the State company. Since 2005, State income has increased from 250 million of dollars to 1,350 million, thus increasing the income available for distribution in Bolivia.

3. La distribución interna de la renta extractiva entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales; la situación en América Latina

Domestic distribution of resource extraction rent between central and subnational governments – the Latin American situation

Germán Alarco explained the case of Mexican oil income distribution as well as the challenges facing public administration of energy resources. The importance of this case is undeniable in view of its magnitude – Mexico is the world’s fifth crude oil producer, accounts for 1.4% of the world’s gas production. PEMEX is the tenth international oil company and the main Mexican company. PEMEX’s annual sales reach about US$ 97 billion; rent from oil is US$ 54 billion, and profits are US$ 4 billion. The company is the source of 40% of government revenues, and 12% of the country total exports.

The Mexican government’s management of its energy resources teaches us important lessons. First, the opportunity to use hydrocarbons as a tool for international negotiations is wasted. Increasing demand and international conflicts are disregarded, and rather follow the US agenda.

Second, there is a general economicist and rent-seeking perspective. The oil industry focuses on crude oil exploration and development, ruling out, for example, petrochemicals and wasting the advantages provided by resource location.

Third, the country’s natural resource-based tax policy is fragile. Tax pressure is only 15.2% of GDP and an even lower 8% excluding oil. Fourth, maintaining hydrocarbon reserves and their extraction, the core issue of the hydrocarbons industry, is disregarded, as is the issue of this industry’s internal organization and linkages. Finally, the State lacks macroeconomic sector and regional policies to manage hydrocarbons.

Vladimiro Huaroc , discussed the decentralization underway in Peru (including the distribution of natural resource rent through the mining, gas and oil ground royalties). Peru seem to confirm the ¨curse of resources¨, mostly found in its poorest regions. The central government’s expectations focus on economic growth propelled by increased investment in extractive industries. Its policy seeks to subordinate the biodiversity and culture of large areas of Peru to this view of production.

Peru’s present resource-based model not only creates frequent conflicts with peasant communities by disregarding their rights, in particular to access and use water, but also affects other industries through the dollar’s loss of value. Because of the major challenge posed by decentralization and the location of natural resources in the interior, extractive rent should be directed to decentralize production, institutions and service infrastructure, and seek the harmonious encouraging responsible mining of resources, local transformation of mineral resources, and exploring opportunities for involving local communities in mining projects, said Huaroc.

4. Transparency in the extractive sector. The Global EITI Initiative

Francisco Paris discussed the Extractive Industries Transparency Initiative that sets global standards for disclosing payments to companies resulting from extraction of natural resources (mining, oil and gas), and the revenues of governments from those sources. The driving engine is in the payments and tax collection stages, as is typical of extractive industries. The initiative is governed by a structure comprising multiple participants, including companies, civil society, governments and investors who meet every two years and elect a Steering Council charged with directing the Initiative.

The EITI is implemented locally revolving around four central values: the persuasion that wealth from natural resources should result in economic development and poverty reduction; a commitment to transparency as a tool based on comprehensive disclosure of understandable information; respect for the sovereignty of countries and their laws, and involvement of all significant stakeholders.

Paul Mitchell said what matters most to attract investment to natural resources is the national governments’ commitment to introduce hended economic, legal and institutional reforms. These reforms should lead to public policies to encourage investment in resources, but also social cohesión and security for investments, together with the effective use of revenues from natural resource development.

Strictly speaking, this view means transparency is not a requisite to start investing in mining so social benefits shall be accomplished. Beyond the initial stage, however, it is important for society as a whole because it enhances competition among companies seeking development rights and increases the efficiency of negotiations among companies and governments. In turn, this enhances the public’s opinion about miners and enhances the credibility of their decisions about contracts. Transparency contributes to political stability, countries’ access to capital markets and promotes responsible government expenditures and overall accountability.

Governments are key transparency actors because they decide who has access to resources and under what conditions. Multilaterals are important to build capacities, and civil society matters in ensuring control and oversight. Companies must demonstrate their arguments through their field operations.

Javier Aroca said natural resource extraction ranks among the region’s most important activities, and is frequently characterized by environmental degradation, displaced local communities, in particular indigenous peoples, weak regulations, lack of oversight mechanisms, and violation of various human rights. The challenge is daunting, most of all as multilaterals have succeeded in accelerating foreign debt repayments, neoliberalism is the reigning policy, a bipolar world strengthens under the rule of transnationals, while poverty and exclusion deepen, and gaps between the rich and the poor, and differences within and among countries widen.

In this scenario, the EITI must encourage socially responsible investment, respectful of the rights of peoples affected by such investments and internationally recognized human rights. It should assist in fighting corruption and thereby contribute to economic growth and social development. In the light of international experience, OXFAM proposes international regulations to link investments to national interests, strengthen capacities and transparency mechanisms in States, and encourage economic and environmental zoning in each country, leading to environmental agreements involving all actors.

5. Transparency in the extractive sector in Latin America. Regulations, instruments and mechanisms

Pedro Gamio said development is not possible without citizen participation, social license and enforcement of international regulations, lile ILO’s convention 169, in addition to effective participation in resource distribution. In a country where trust is not a social value, because of its recent history of internal strife, authoritarianism and corruption, creating budget transparency is an imperative that depends more on the political will to act than on regulatory changes, even more so when there is no strong civic culture and institutions were destroyed in the last decade dramatically weakening the state.

The challenge Peru’s government faces today is to improve the distribution of income from natural resources using canon royalties as the main tool. As has been proposed, they will be partially (35%) allocated directly to the communities through an effective scheme to ensure sustainable access and benefits. Transparency is paramount in this scenario and to confirm its support to EITI, Peru has announced it will disclose the results of accepting tax paying companies, and will in addition put in place two pilot programs to show how resources are distributed.

Mercedes de Freitas demanded integrity-driven institutional systems should be put in place to define the strengths needed for transparent and equitable management of public affairs. In our region, experimental political processes underway, coupled with weak institutions, may lead to undesirable impacts from extractive industries in places where the State is absent or weak, and receives significant funds that may be used on a discretionary basis to create dependence relations between citizens and the State. Such pattern can open the road to a type of clientelism that may impact sustainable development. As demonstrated by the Venezuelan case, large State revenues result in the concentration of power amidst weak and co-opted control systems. In Venezuela, the state-owned company provides up to 71% of social program funding and 65% of public expenditure but has no accountability system in place, and provides no access to information although 97.3% of its expenses are allocated directly, and reach 47.9% of total allocations.

6. Experience of national civil society networks in monitoring extractive industries in Latin America.

To conclude the International Seminar, three experiences of national civil society extractive industry monitoring networks were presented. Of particular interest was the experience of Vigila Peru (Peru Watches) a watchdog network focusing on extractive industries’ rents born in 2004 to oversee decentralization. This work had started a year before within Grupo Propuesta Ciudadana, a consortium gathering 11 NGOs.

Epifanio Baca said their monitoring reports prepared by various regional teams aims at strengthening citizens’ oversight capacities throughout Peru’s regions, promoting transparency in extractive industries’ rent generation, distribution and use, and influencing public policy and debate. Its basic instruments and procedures are i) a matrix of indicators, ii) a roadmap of activities embracing from data collection to regional report drafting and dissemination of a validated national repor, iii) data registration and report cards, iv) standardized processing and presentations, and v) use of official and corporate data sources.

Its main contributions to public debate in recent years were the analysis of tax and non-tax contributions of extractive industries, canon royalty distribution, inter and intraregional inequalities, regional and sector based investment management, and the use of canon royalties in universities. Its work has significantly impacted national media, is used by various audiences, including community leaders, regional authorities, congress members and pubic officials, and has influenced some decisions at the Ministry of Economy and Finance, all in the way of improving economic transparency. Its involvement in the EITI Peru group gives it high starting marks, if judged by existing reports. In addition, this experience contributes to building oversight capacities through editing and dissemination of training materials and micro radio broadcasts in the regions, and supports local leaders to persist in moving forward various investment projects

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RECURSOS NATURALES, DESARROLLO Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

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Por Grupo Propuesta Ciudadana

INTRODUCCIÓN

Los días 5 y 6 de diciembre del 2007, el Grupo Propuesta Ciudadana, Revenue Watch Institute y Oxfam Internacional, organizaron en la ciudad de Lima el seminario internacional Recursos naturales, desarrollo y democracia en América Latina que contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El seminario se propuso como un espacio de encuentro, reflexión y debate entre autoridades, académicos y técnicos, representantes de las empresas extractivas y de la sociedad civil de distintos países, sobre las oportunidades, problemas y desafíos que trae el auge de las industrias extractivas para el desarrollo del continente. Organizado alrededor de siete mesas de trabajo en las que participaron dieciséis expositores, el evento contó con la intervención de más de 150 participantes de distintos países. El diálogo resultante del esfuerzo realizado, se inscribe en la construcción de una agenda compartida sobre la relación de las industrias extractivas con el desarrollo y la democracia en nuestros países. A continuación se exponen las principales conclusiones e ideas que fueron compartidas en el evento.

1. Recursos naturales, desarrollo y democracia en el siglo XXI; una perspectiva global y latinoamericana

Fernando Sánchez Albavera destacó las nuevas oportunidades de la explotación sostenible del patrimonio natural que resultan del cambio tecnológico, la existencia de un renovado marco institucional y de regulaciones que son funcionales para aprovechar las ventajas naturales, así como la existencia de menores barreras de entrada para la explotación de los recursos naturales, acompañadas por regulaciones ambientales más estrictas. Ello, en un escenario en el que se observa una mayor internacionalización de las cuestiones ambientales, un mayor protagonismo de la sociedad civil y una creciente demanda de nuevos países industrializados, lo que obliga a un mayor cuidado del patrimonio cultural.

En el caso del petróleo y el gas, se observa un fortalecimiento del “capitalismo nacional” que responde al pasado de América Latina, donde hubo un traslado mayoritario de las rentas de explotación al sector privado y un reducido valor retenido en las economías locales. En los últimos años, las empresas estatales y las privadas nacionales son las que tienen mayores exportaciones y ventas (74.7% el año 2006), siendo las primeras las que están realizando las mayores inversiones, destacando significativamente los casos de PEMEX, PETROBRAS y PDVSA. Sólo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, la inversión extranjera en esta actividad superó la inversión estatal. Ello habla del mayor control que existe de las empresas nacionales en la explotación de este recurso.

En contraste con esta situación, en la minería, predominan las transnacionales dadas las ventajas naturales de la región que concentra el 24% de los gastos de exploración minera (2006) y el 34% de los proyectos de inversión en cartera en la minería mundial. En este escenario la apertura de la inversión extranjera no ha significado un recorte del dominio, que las constituciones regionales, le confieren al Estado sobre las riquezas naturales; además los países de América Latina compiten por absorber capitales extranjeros, resultando preocupante que el grado de competitividad se defina en muchos casos, en la reducción de la participación estatal en las rentas de explotación, lo que refuerza la débil percepción de los beneficios de la explotación de estos recursos y el reducido impacto social del uso fiscal de las rentas que genera.

Finalmente, según Sánchez Albavera afirma que para que los países aprovechen mejor la explotación de sus recursos naturales, es necesario precisar los factores de sustentabilidad de las relaciones públicas-privadas, entre los que destacó el indispensable consenso que se debe construir nacionalmente sobre la explotación de los recursos naturales, la importancia del desempeño estatal y un escenario económico estable, la administración de la vulnerabilidad económica y social que obliga a una interacción permanente entre los distintos actores involucrados para disminuir la percepción de riesgo, el respeto a la integridad patrimonial y la responsabilidad social empresarial que supone, entre otras cosas, la inserción de la empresa en el desarrollo económico local, además de la legitimidad del régimen político y la eficacia social del Estado.

Terry Lynn Karl , por su parte, propuso una lectura de la perspectiva global de la relación entre recursos naturales, desarrollo y democracia, desde un enfoque de derechos y seguridad, precisando que las industrias extractivas son indispensables para el desarrollo mientras no se encuentren alternativas, al extremo que ninguna economía moderna puede funcionar sin un acceso adecuado a ellos. El problema, que históricamente fue leído como uno de relaciones entre el Norte y el Sur, tiene que replantearse en un contexto en el que distintas economías en desarrollo y transición son altamente dependientes de sus exportaciones de estos recursos, enfrentándose directamente a un doble desafío para su desarrollo: capturar el valor de aquellos y hacer el mejor uso de la renta que generan, asegurando su gestión y redistribución efectiva.

La alta concentración de estos recursos en pocos países (10 de ellos tienen más del 80% de las reservas petroleras probadas) y la vinculación establecida por Estados Unidos en su política exterior entre acceso al petróleo, gobernabilidad y seguridad, que llega a sostener el derecho militar de ocupación ante el peligro de desabastecimiento de recursos naturales por control político, constituyen una combinación dramática, máxime si asumimos que 12 países que detentan el 68% de las reservas petroleras tienen indicadores muy pobres de gobierno, mientras que los cinco que aparecen con mayor gobernabilidad, controlan apenas el 5%.

En este contexto, en el que adicionalmente los precios de los recursos naturales se están multiplicando, alentados entre otras cosas por el rápido crecimiento de la demanda de países como China e India, se hace indispensable una mirada más profunda y más allá de la volatilidad histórica de los precios de los minerales y del alza más permanente y estructural de los de los combustibles. Relacionar hoy recursos naturales, desarrollo y democracia, obliga a entender los distintos sentidos de la denominada “maldición de los recursos” que alude a la relación inversa entre crecimiento y abundancia de recursos naturales. En esa relación, fundamentada en el hecho que entre 1970 y 1993 los países pobres en recursos naturales crecieron 4 veces más que aquellos ricos, hay que ser claros, que la diferencia no la determinó el recurso natural sino la distribución de la renta; la dependencia en petróleo y minerales de los segundos, les dificultó grandemente su inversión en agricultura e industria, generando efectos perversos en términos de su desarrollo económico y su gasto social (países rentistas y altos índices de pobreza).

En tanto que los recursos naturales, el petróleo en especial, se convierten en el principal generador de la renta de estos países, relacionada directamente a la capacidad de gasto de sus Estados, se desvinculan la productividad y los gastos y se rompe la indispensable asociación entre tributación y gasto, alterándose las formas de representación, participación y transparencia de la democracia que descansan en la relación entre ciudadanía y tributación. Por esta vía, la dependencia de los recursos, políticamente se vincula con el autoritarismo, la concentración de poder en el Ejecutivo y la corrupción. Finalmente, es innegable que la dependencia del recurso petrolero y minero está fuertemente asociada con la guerra, tanto civil (16 casos) como entre países, alentando el inútil gasto militar y la formación de aparatos represivos.

Dada la acumulación de distintos problemas ambientales y sociales que resultan de esta dependencia, Lynn Karl señaló la necesidad de un pacto social internacional sobre el uso de los recursos, que aliente una institucionalidad que acabe con el rentismo (servicio civil y organización de la carrera pública y la meritocracia), que aliente la transparencia y la rendición de cuentas, promueva la participación justa y la distribución de rentas y que consagre estándares internacionales para proteger los derechos humanos.

2. La distribución global y regional de la renta del sector extractivo: una perspectiva internacional

Humberto Campodónico mostró los resultados del análisis de las rentas petroleras y mineras en distintos países de la región, ofreciendo un panorama de éstos y aportando una metodología para la medición. La renta de los recursos naturales, definida como la diferencia entre su valor a precio internacional (volumen por precio) menos los costos de producción, obliga a precisar esta variable.

Más allá de las particularidades de cada país, es evidente que la renta petrolera y minera es nuevamente importante en la región lo que hace necesario que los países obtengan una porción adecuada de ella para financiar gasto social y de infraestructura, promover la competitividad y enfrentar la pobreza a través de una distribución equitativa. El carácter cíclico de ambas actividades obliga a pensar en un impuesto a la sobreganancia porque los precios obtenidos no guardan relación con la inversión o el avance tecnológico de las empresas, a la vez que es indispensable resolver el reparto interno de la renta que obtiene el Estado, para no caer en el rentismo ni en la “enfermedad holandesa”.

En el escenario global de precios altos del petróleo y de los minerales que se observa hoy día, es indispensable buscar buenos resultados económicos y una adecuada captura nacional de la renta generada por la explotación de estos recursos. Paul Mitchell , en este contexto, planteó la necesidad de analizar la perfomance histórica de distintas economías exportadoras de recursos naturales, para identificar los motivos de sus éxitos y sus fracasos. La Iniciativa de Dotación de Recursos fue un esfuerzo alentado por el Banco Mundial y el ICCM para identificar los factores críticos para el éxito en el rendimiento socio económico en 33 países, en el período 1983-2003. Usando 6 variables (crecimiento económico, crecimiento del PIB no mineral y una medición de distintos factores sociales como el porcentaje de población que llega al umbral nutricional) se determinó que sólo el 45% de los países tuvieron una perfomance relativamente buena.

La misma, reforzada por los estudios de caso en cuatro países (Ghana, Tanzania, Chile y Perú) con resultados muy distintos en su reducción de la pobreza, identifica los elementos cruciales que supuestamente los explicarían. Así, en el terreno del manejo macroeconómico se enfatiza en la competitividad de las tasas de cambio y los impuestos, el control de la inflación, la reducción del déficit fiscal hasta tornarlo manejable y la capacidad de repatriación de las ganancias. En el terreno legal, se destacan el respeto al derecho de propiedad, la claridad y la agilidad de los procedimientos, la estabilidad jurídica y la capacidad de resolución de disputas. En ambos campos, el rol adecuado del gobierno fue fundamental. La buena administración macroeconómica y un marco legal eficaz fueron indispensables; la transparencia en la asignación de los recursos y en el flujo de ingresos, así como un uso eficaz de la actividad económica en los momentos de crecimiento, incluidos los ingresos públicos, también. Los gobiernos que fueron capaces de emprender reformas en esta perspectiva, que tuvieron necesidades de desarrollo bien definidas, prioridades sociales y no de consumo y efectividad y coordinación en el planeamiento e implementación, -Chile y Ghana- obtuvieron mejores resultados.

3. El rol del Estado y de las empresas privadas en la explotación de los recursos naturales

Roque Benavides señaló que en el Perú la minería tiene un triple aporte: a la descentralización del país, la generación de oportunidades de negocio y la atracción de inversión extranjera directa. Se trata de una de las pocas oportunidades por encima de los 3,500 metros de altura sobre el nivel del mar, donde vive 20% de la población nacional que se beneficia de una inversión que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países de la región, tiene un significativo origen nacional. Su actividad aporta adicionalmente 2,700 millones de dólares en compras, 85% de las cuales se hacen nacionalmente.

A pesar de su importancia, se observan importantes limitaciones en el accionar del Estado frente al sector, a lo que se suma que la ausencia de Estado que lleva frecuentemente a malinterpretar el rol de la empresa a la que se le asigna la responsabilidad del desarrollo de la comunidad, confundiendo funciones y responsabilidades que le competen a aquél. En este escenario, desde el sector empresarial se cree en un plan de desarrollo sostenible, que incluye entre sus objetivos la implementación de prácticas ambientales y el desarrollo sostenido de su actividad, incluyendo a las comunidades. El sector empresarial está comprometido a trabajar con estándares internacionales, realizando un manejo responsable de sus actividades e integrando las dimensiones económicas, sociales y ambientales en su toma de decisiones. En relación al vínculo con las comunidades en las áreas de intervención de las empresas, Benavides subrayó la importancia de desarrollar prácticas de buen gobierno corporativo (transparencia en la información y respeto por sus stakeholders), respetar la cultura y las costumbres de las comunidades y alentar relaciones de cooperación con el Estado y las comunidades.

De cara a un desarrollo sostenido, en este esquema, el Estado debe garantizar un mejor control ambiental, formalizar a la minería artesanal, consolidar un marco legal más realista y asegurar una mayor presencia. El Estado tiene como rol incentivar el desarrollo minero y atraer nuevas inversiones, mientras la empresa debe aprovechar nuevas oportunidades del mercado y fomentar el desarrollo del país, incluyendo a las comunidades.

Desde la perspectiva del Estado y su rol, William Donaire presentó la política de hidrocarburos boliviana que ha supuesto la recuperación de dichos recursos y la refundación de la empresa estatal que ha suscrito contratos de operación, aprobados por el Congreso y por lo tanto transparentes, con empresas petroleras privadas, al amparo de la nueva legislación vigente desde el 2005. La nacionalización de los recursos bolivianos supone la recuperación de su propiedad para combinar una política interna que garantice el abastecimiento nacional de gas, petróleo y derivados, así como una política externa que consolide sus mercados de exportación y afirme a Bolivia como centro gasífero en América del Sur.

Mediante los nuevos contratos de operaciones, el Estado es el propietario, la empresa estatal controla toda la cadena, tiene la propiedad de los activos, las empresas privadas no son propietarias de los hidrocarburos producidos siendo remuneradas en efectivo por sus servicios, YPFB actúa como único cliente y tiene el derecho de construir y operar ductos para transportar su producción y la de terceros, actuando como único comercializador de la producción y pagando regalías, participaciones e impuestos directamente.

Como resultado de estos cambios, las empresas que pagaban antes un 18% de regalías, están contribuyendo por distintas vías, con una renta que llega al 50%. El Estado les reconoce a aquellas todos sus costos, dividiéndose su utilidad con éste. Distintas empresas petroleras (12) han suscrito ya contratos de operaciones, habiéndose reservado áreas de interés hidrocarburífero en zonas tradicionales y no tradicionales para futuras actividades de exploración y explotación de manera directa, mediante sociedades de economía mixta o a través de licitación internacional. La nacionalización boliviana recupera la propiedad petrolera (boca de pozo), la posesión y el control total de los recursos, nacionaliza las empresas petroleras capitalizadas y privatizadas en Bolivia y asume el control y la dirección de la cadena hidrocarburífera, a través de la empresa estatal. Por esta vía, desde el 2005, los ingresos estatales se han incrementado de 250 millones de dólares a 1,350 millones, creciendo así la renta a distribuir en el país.

4. La distribución interna de la renta extractiva entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales; la situación en América Latina

Germán Alarco presentó el caso de la distribución de la renta petrolera mexicana y los retos que se plantean para la gestión pública de los recursos energéticos. Por su dimensión –el quinto país productor mundial de crudo, responsable del 1.4% de la producción mundial de gas, la décima empresa petrolera internacional y simultáneamente la principal empresa mexicana- la importancia del caso es innegable. Por lo demás, PEMEX vende 97,000 millones de dólares anuales, la renta petrolera que genera es de 54,000 millones y sus utilidades ascienden a los 4,000 millones. Además la empresa genera el 40% de los ingresos públicos y el 12% del total de las exportaciones del país.

La experiencia mexicana de gestión pública de los recursos energéticos deja algunas lecciones importantes. En principio hay que señalar que se desaprovecha la disponibilidad de hidrocarburos como instrumento de negociación internacional, eludiendo el crecimiento de la demanda y los conflictos internacionales y aceptando la agenda impuesta desde Estados Unidos. En segundo lugar, la perspectiva general es economicista y rentista; la actividad petrolera se concentra en la exploración y la explotación de crudo, anulando, por ejemplo, las posibilidades de la industria petroquímica y desaprovechando las ventajas de la posición natural de los recursos. Tercero, el país se somete a una política fiscal frágil, basada en el recurso natural que permite una presión tributaria de apenas 15.2% del PIB, que sin el petróleo llega a sólo 8%. En cuarto término, se elude la problemática central de los hidrocarburos vinculada a los niveles mínimos de reservas probadas y de extracción asociadas a éstas. Adicionalmente se omite el desarrollo de articulaciones internas y no se asume el tema de los encadenamientos en la industria de hidrocarburos. Finalmente, el Estado tampoco atiende la necesidad de políticas macroeconómicas sectoriales y regionales complementarias a la gestión de estos recursos.

En el caso peruano, Vladimiro Huaroc , ubicó el tema en el proceso de descentralización en curso, uno de cuyos componentes es la distribución de la renta de los recursos naturales a través del canon generado por la renta de la minería, el gas y el petróleo, en un país que confirma la paradoja de la nombrada “maldición de los recursos” que se concentran en sus regiones más pobres. En ese contexto, el gobierno central basa su expectativa de crecimiento económico en las inversiones en las industrias extractivas, pretendiendo imponer una vocación productiva en importantes áreas del país, subordinando su riqueza en biodiversidad y cultura a dicha pretensión.

El modelo imperante en el Perú, basado en la extracción de RRNN, además de los frecuentes conflictos que genera con las comunidades campesinas al desconocer sus derechos, en especial al acceso y uso del agua, está afectando a otros sectores por la caída del dólar. En este contexto, siendo la descentralización un gran desafío y encontrándose los recursos naturales en las regiones del interior, la renta extractiva debiera orientarse a la descentralización productiva, institucional y de infraestructura de servicios, apostando por una convivencia armónica de la agricultura y la minería, a partir de un nuevo marco jurídico que aliente una minería responsable que extraiga el recurso, aliente la transformación nacional de éste y genere empleo, explorando la posibilidad de algunos proyectos en asociación con las comunidades locales, concluyó Huaroc.

5. Transparencia en el sector extractivo; la experiencia de EITI Global

Francisco Paris presentó la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que establece un estándar global para la publicación de los pagos de las empresas, producto de la extracción de recursos naturales (minería, petróleo y gas), así como de los ingresos de los gobiernos por este concepto. El motor que propone se ubica en la fase de pago y recolección de impuestos, dentro del flujo típico en las industrias extractivas. La iniciativa es gobernada por una estructura de múltiples participantes que incluyen a empresas, sociedad civil, gobiernos e inversionistas, que se reúnen cada dos años y eligen un Consejo Directivo, encargado de su conducción.

EITI es implementada localmente a partir de cuatro valores centrales: la convicción que la riqueza resultante de los recursos naturales debe traducirse en desarrollo económico y reducción de la pobreza; el compromiso con la transparencia como herramienta basada en la difusión de información completa y comprensible; el respeto a la soberanía de los países y sus leyes y el involucramiento en aquella de todos los participantes significativos. La Iniciativa cuenta actualmente con 15 países adheridos y 11, el Perú entre ellos, que se encuentran en proceso.

Paul Mitchell , señaló que lo más importante para acceder a inversiones para la explotación de recursos naturales es el compromiso del gobierno nacional para efectuar las reformas económicas, legales e institucionales necesarias. Tales reformas deben dar lugar a políticas públicas que fomenten la inversión en recursos, la cohesión social y la seguridad de las inversiones, así como el uso eficaz de los ingresos provenientes de los recursos naturales. En sentido estricto, desde esta mirada, la transparencia no es un prerrequisito para iniciar inversiones en minería que resultarán en beneficios sociales. Más allá de esa fase, sin embargo, ella es importante para la sociedad en su conjunto porque mejora la competencia entre empresas que pugnan por derechos de explotación y aumenta la eficiencia de las negociaciones entre las empresas y los gobiernos, generando mejor opinión pública hacia ellos e incrementando la credibilidad de sus decisiones sobre los contratos. La transparencia ayuda a mejorar la estabilidad política, lo que mejora el acceso de los países al mercado de capitales y los incentiva a un gasto público responsable y a una mejora general en la rendición de cuentas.

En relación a la transparencia, los gobiernos son los actores clave porque deciden el acceso a los recursos y sus condiciones. Las agencias internacionales son importantes para desarrollar capacidades y la sociedad civil, para asegurar el control y la vigilancia, mientras que el papel de las empresas es el de demostrar sus argumentos a través de sus operaciones en terreno.

Finalmente, Javier Aroca , indicó que la extracción de recursos naturales es una de las actividades más importantes en la región, frecuentemente caracterizada por la degradación ambiental, el desplazamiento de comunidades locales, especialmente indígenas, el débil marco normativo, la falta de mecanismos de control y la vulneración de distintos derechos humanos. El desafío, en consecuencia, es grande, máxime cuando las multilaterales han tenido éxito en lo económico al imponer medidas que aceleran el pago de la deuda externa; en lo político el neoliberalismo es hegemónico y se consolida un mundo unipolar gobernado por los intereses de las transnacionales y en lo social, aumentan la pobreza y la exclusión, las brechas entre ricos y pobres y las diferencias entre países y dentro de ellos.

En este escenario, EITI debe alentar una inversión socialmente responsable, que respete los derechos de las poblaciones afectadas por estas inversiones y los derechos humanos reconocidos internacionalmente, ayudando a evitar la corrupción y constituyéndose en aporte para el crecimiento económico y el desarrollo social. En ese marco, a la luz de las experiencias internacionales, OXFAM propone regulaciones internacionales que relacionen las inversiones con los intereses nacionales, fortalezcan las capacidades y los mecanismos de transparencia de los Estados y alienten la zonificación económica y ecológica en cada país para permitir acuerdos ambientales con la participación de todos los actores.

6. Transparencia en el sector extractivo de América Latina: Normas instrumentos y mecanismos

Pedro Gamio indicó que no hay desarrollo posible sin la participación ciudadana, la licencia social y la aplicación de normas internacionales como el convenio 169 de la OIT, además de la participación efectiva en la distribución de los recursos. En un país en el que la confianza no es un valor social, como resultado de su historia reciente de conflicto interno, autoritarismo y corrupción, generar transparencia presupuestal es un imperativo que depende antes de la voluntad política de hacerlo que de cambios normativos, más aún cuando no existe una cultura ciudadana afianzada y la institucionalidad se pulverizó en la década pasada, debilitando grandemente al Estado.

El desafío del gobierno peruano hoy, es el mejorar la distribución de la renta de los recursos naturales, teniendo como instrumento básico al canon que, como ha sido propuesto, debe reorientarse parcialmente para ser distribuido directamente (35%) a las comunidades mediante un esquema eficaz que les garantice accesos y beneficios sostenibles. En ese contexto, la transparencia es muy importante por lo que el país, ratificando su compromiso con la iniciativa EITI, anuncia que se mostrarán los resultados de todas las empresas que lo autoricen, que tributan, además de implementar dos programas piloto, evidenciando como se distribuyen los recursos.

Mercedes de Freitas demandó la construcción de sistemas institucionales de integridad, definiendo así las fortalezas necesarias para un manejo transparente y equitativo de lo público, en una región donde distintos procesos políticos promueven cambios aún en diseño, que sumados a los bajos niveles institucionales pueden producir distintos impactos indeseables de las industrias extractivas que llegan donde no lo hace el Estado o son más fuertes que éste, generan ingresos que lo desbordan y pueden convertirse en fondos discrecionales en sus manos, generando relaciones de dependencia entre los ciudadanos y el Estado y abriendo la posibilidad del clientelismo, impactando en la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Como lo muestra el caso venezolano, los altos ingresos en manos del Estado suponen una concentración de poder en medio de sistemas de control débiles y coptados. En ese país, la empresa estatal, que asigna hasta el 71% de los programas sociales, genera el 65% del gasto público pero no tiene sistema de rendición de cuentas; su información no es accesible a pesar que el 97.3% de sus contrataciones son por adjudicación directa, alcanzando el 47.9% del monto total.

7. Experiencias de redes nacionales de la sociedad civil sobre el monitoreo de las industrias extractivas en América Latina

Concluyendo el Seminario Internacional, se expusieron tres experiencias de redes nacionales de la sociedad civil que monitorean las industrias extractivas. Destacó la presentación del caso de Vigila Perú, un sistema de vigilancia de la renta de las industrias extractivas que nació el 2004 del trabajo de vigilancia al proceso de descentralización peruano que inició un año antes el Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de 11 ONG. Epifanio Baca , indicó que el monitoreo que realizan a través de un reporte elaborado por distintos equipos regionales, apunta a desarrollar capacidades de vigilancia ciudadana en distintas regiones del Perú, promover la transparencia de la generación, distribución y uso de la renta de las industrias extractivas e incidir en las políticas públicas y en el debate público. Sus instrumentos y procedimientos fundamentales son cinco: i) una matriz de indicadores; ii) una ruta de actividades que va desde el acopio de datos y la elaboración de los reportes regionales hasta la difusión de los resultados del reporte nacional que fue previamente validado; iii) fichas de registro y reporte de datos; iv) procesamiento y presentación estandarizados; v) fuentes de dato oficiales y de las empresas.

Entre sus principales aportes al debate público estos años, destacan el análisis de la contribución tributaria y no tributaria de las industrias extractivas, la distribución del canon y la inequidad interregional e intrarregional, la gestión de las inversiones en los gobiernos regionales y en los sectores, así como el uso del canon en las universidades. Su trabajo, que tiene una llegada significativa a los medios de comunicación nacionales, es usado por distintos públicos –líderes sociales, autoridades regionales, congresistas y funcionarios públicos- e incide en algunas decisiones del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que ayudan a la transparencia económica. Su participación en el grupo EITI Perú, le establece un punto de partida “alto” a partir de los reportes. Adicionalmente, la experiencia aporta al desarrollo de capacidades de vigilancia mediante la producción y difusión de materiales y microprogramas radiales de capacitación en las regiones, así como el aliento a líderes locales para seguir el avance de los distintos proyectos de inversión.

TEXTO COMPLETO RESUMEN SEMINARIO DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

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Los Gobiernos Regionales mejoran su capacidad de gasto

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por Nilton Quiñones y Epifanio Baca

Acaban de publicarse en el SIAF las cifras de ejecución presupuestal del sector público a diciembre del 2007 , lo que es un avance en comparación a otros tiempos. Gracias a ello, de inmediato les alcanzamos las cifras del avance logrado por los gobiernos regionales y los sectores del gobierno central.

Hay señales de despegue en el gasto de inversión

Al mes diciembre del 2007, los gobiernos regionales lograron un avance promedio del gasto de inversiones del 59% del total del presupuesto modificado, porcentaje superior en tres puntos porcentuales al alcanzado el 2006. Para las instituciones del gobierno central el indicador es de 62%, pero nótese que este porcentaje es menor al que lograron el año 2006, que fue 66%, tal como se ve en el cuadro 1. Junto a estos resultados se observa también que la diferencia en el avance de la ejecución del gasto de inversión entre estos dos niveles de gobierno se ha reducido de 10% a 3%. Ver cuadro 1.

El mensaje principal que nos trasmite estas cifras es que el ritmo de inversiones públicas en los Gobiernos Regionales está mejorando muy nítidamente. Además, entre el 2004 y el 2007, en términos absolutos, la ejecución del gasto de inversión se multiplico por 2.9 veces (paso de S/ 758 millones a S/ 2,2256 millones), en cambio para el gobierno central su ejecución se multiplico en 1.1 veces (paso de S/ 2,273 millones a S/ 3,163 millones)

Cuadro 1
Avance en la ejecución de inversiones en gobiernos regionales y gobierno central, 2004-2007
En millones de soles y porcentajes

No se puede evaluar el desempeño comparativo de estos dos niveles de gobierno con objetividad sin tomar en cuenta el marco presupuestal sobre el que actuaron, es decir, el tamaño de su presupuesto y los cambios que se produjeron durante el año, particularmente en el rubro de inversiones. En los Gobiernos Regionales (GR) el presupuesto de inversión creció mucho más que en el Gobierno Central (GC), 120% frente a 21%. Mirando el presupuesto en el período 2004-2007 el PIM de las inversiones de los GR pasó de 1,047 millones de soles a los 3,843 millones, mientras que en el gobierno central, el PIM de inversión se incrementa de 2,733 millones a 3,163 en dicho período. Ello quiere decir, que los gobiernos regionales –sobre todo los que más recursos reciben por canon– han hecho frente a una exigencia de gasto relativamente mayor

Comparando el gasto ejecutado en los doce meses del 2007 con el del 2006, vemos que los gobiernos regionales incrementaron su gasto de inversión en casi 56% (equivalente a 811 millones de soles), mientras que el gobierno central lo hace en apenas 8% (245 millones de soles). Ver cuadro 2.

Cuadro 2
Gasto de inversiones del período del 2006 y 2007
En millones de soles y porcentajes

Entonces, el hecho de que los gobiernos regionales sigan mostrando un porcentaje de avance en la ejecución de las inversiones menor que el gobierno central se debe, principalmente, a que su presupuesto de inversión creció mucho más debido a las transferencias del canon minero y del shock de inversiones. Ver cuadro 3.

Finalmente, es razonable esperar que las entidades públicas ejecuten al menos el monto que programaron a inicios de año. Esta hipótesis se cumple y más en los gobiernos regionales (en promedio alcanzan el 129% del PIA). No así en las entidades del gobierno central, en donde su ejecución no alcanza el monto presupuestado inicialmente (en promedio ejecutan el 75% del PIA). Ver cuadro 3, última columna.

Cuadro 3
Variaciones en el Presupuesto de las inversiones en el 2007
En millones de soles y porcentajes

Las brechas de desempeño son grandes

El mundo de los gobiernos regionales como el de los sectores es bien heterogéneo en cuanto a su desempeño en la ejecución de inversiones. Por ejemplo, en el primer caso podemos señalar que los gobiernos regionales de Piura, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Ayacucho y Amazonas destacan por su avance de ejecución muy por encima del 70% y del promedio y con presupuesto en inversiones encima de los S/ 100 millones de soles. En cambio, los gobiernos regionales de Tumbes y Callao tienen avances menores (de 48% y 47%, respectivamente). Ver cuadro 4.

Asimismo, debemos señalar que 15 de los 26 GR han incrementado sus puntos porcentuales en los avances en la ejecución de las inversiones, lo que demuestra que la mayoría de ellos vienen mejorando su capacidad de gasto, aun cuando la mayoría de ellos son gobiernos que han asumido sus funciones desde enero de 2007. Los GR que destacan en el incremento alcanzado son: Ancash que aumentó en 20 puntos porcentuales; Arequipa en 18 puntos porcentuales, Lambayeque en 16 puntos porcentuales, y Ayacucho en 32 puntos porcentuales. Ver cuadro 4.

En el caso de los sectores del gobierno central, el único que destaca con nitidez por su avance de ejecución es el sector Transportes, que logra un nivel de ejecución por encima del 70%, con un presupuesto de inversiones superior a los S/ 1,368 millones de soles. En cambio sectores como Comercio, Interior y la Contraloría tienen niveles de ejecución muy bajos (20%, 28% y 38%, respectivamente) aun cuando su presupuesto de inversiones es menor a S/ 50 millones. Ver cuadro 5.

En suma, las cifras indican que los cambios en la velocidad de los gastos de inversión se observan con nitidez en los gobiernos regionales, cifra que desmiente el discurso gubernamental que los acusa de ineficientes y lentos en el gasto. Si tomamos el gasto de inversión en su conjunto, no se perciben aún cambios sustanciales respecto al año 2006 (donde el avance en la ejecución de las inversiones fue 62% y para el 2007 es 60%). Dicho en otros términos, la información presentada da sustento para pensar que las medidas tomadas para flexibilizar y reorganizar el Sistema Nacional de Inversión Pública y el CONSUCODE, así como las mejoras en la gestión impulsados por los gobiernos regionales -unos más que otros– están empezando a producir resultados en los GR, más no en la mayor parte de los Sectores del Gobierno Central.

En buena hora si finalmente el ritmo de las inversiones públicas va alzando vuelo, es un proceso que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipalidades deberían reforzar y potenciar sin desmayo. Una tarea inmediata es ver cómo se disminuyen las brechas de desempeño que se observan tanto en los gobiernos regionales y los sectores, para así mejorar el promedio. Por otra parte, si el cambio se esta produciendo, ahora mas que nunca hace falta que las entidades públicas empiecen a producir indicadores sobre la calidad del gasto de inversión.

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