Por Nilton Quiñones*
Amparados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica. Para la elaboración de los reportes sobre Vigilancia de las Industrias Extractivas, en GPC, la primera semana de febrero se ha solicitado información a algunos gobiernos regionales, direcciones regionales de Energía y Minas, universidades nacionales, municipalidades, sedes descentralizadas de la Defensoria del Pueblo, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Los pedidos al interior del país fueron en aquellas regiones (8) de ámbito del proyecto.
La información que se solicito al Ministerio de Economía y Finanzas fue el presupuesto modificado de los gobiernos regionales y de los ministerios, entre otros. Esta información se entrego completa, pero muy lejos de los plazos de Ley (7 días útiles). Es decir, entregada luego de haber transcurrido más de un mes, y de haber reiterado tres veces el mismo pedido.
Asimismo, solicitamos a los gobiernos regionales sus programas de inversión con datos sobre: fuente de financiamiento, presupuesto modificado, avance de la ejecución de las metas físicas y financieras de los proyectos. Solo el GR de Cajamarca y el de Moquegua entregaron información completa y dentro de los plazos de Ley. Lamentablemente el de Arequipa ha retrocedido en la transparencia pues ha comparación a solicitudes anteriores no ha brindo información.
En cuanto a los gobiernos locales, las municipalidades que destaca es la Mariscal Nieto (Moquegua) que entrego la información completa y dentro de los plazos de Ley. Además destacan Espinar (Cusco), Cajamarca (en Cajamarca), Nazca y Marcona (Ica), que brindaron información completa pero fuera de los plazos de Ley; pero tanto Marcona como Espinar desmejoraron respecto anteriores solicitudes que entregaron información completa dentro de los plazos de Ley. En tanto las municipalidades de Paucarpata y Arequipa, ambos del departamento de Arequipa; San Marcos e Independencia de Ancash; Echarate de Cusco; Quiruvilca de La Libertad y El Alto de Piura; se negaron a brindar la información solicitada, incumpliendo la Ley.
Respecto a las universidades públicas el panorama tampoco ha sido muy alentador. Solo la Universidad Nacional de Trujillo brindo la información completa dentro de los plazos. En cambio las universidades públicas que se negaron a entregar información fueron: Universidad del Santa en Ancash y San Antonio Abad del Cusco
En el caso de la Defensoria del Pueblo las sedes de Cusco y Piura no entregaron la información solicitada, lo cual no deja de llamar la atención siendo esta una de las entidades promotoras de las prácticas en Transparencia y Acceso a la Información.
En conclusión, se nota un retroceso al interior de las instituciones públicas en el tema de transparencia. Demostrando que buenas practicas de transparencia alcanzadas en anteriores gobiernos no se ha institucionalizado. Tampoco parece ser una prioridad de los gobiernos de turno.
A esto hay que añadir que no existen mecanismos de verificación en el gobierno central que haga valer el derecho ciudadano de acceso a la información. Es también preocupante que el MEF haya extendido sus tiempos de entrega de información, sobre todo en aquellas que tengan relacionadas con el avance de la ejecución de las inversiones. Todo esto lamentablemente sucede en momentos de abundancia de recursos para las inversiones en todos los niveles de gobierno, ¿Qué extraño, no?
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