Es preocupante que instituciones públicas no pongan en práctica la Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobretodo en actividades relacionadas con los recursos naturales, lo que interesa a las regiones productoras. Esto lo hemos comprobado al solicitarles información para nuestro Reporte Nacional Nº 4 sobre la Vigilancia de las Industrias Extractivas (www.participaperu.org.pe). Asimismo, invocando la responsabilidad social, se solicitó información a las empresas privadas.
Presentamos solicitudes de información a los gobiernos regionales (GR), a los principales gobiernos locales (GL) que reciben canon y a las universidades públicas (UP) de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica y Piura. Básicamente la información solicitada fue: ¿cuánto dinero han recibido de canon?, ¿en qué proyectos han pensado gastar? y ¿cuánto asciende el avance del gasto?
El comportamiento de las instituciones públicas ha sido diverso, reafirmando que aun continúa la “cultura del secreto”. En los GR, la información solicitada -por su relevancia para la vigilancia social- fue el programa de inversiones (que contienen información sobre: costo del proyecto, fuente de financiamiento, plan de ejecución, avance en la ejecución de las metas físicas y financieras, ubicación y si es un proyecto anual o multianual). Lamentablemente solo dos GR entregaron la información completa y dentro de los plazos de Ley (Ica y Arequipa). El GR de peor comportamiento fue Piura que entregó información incompleta y fuera de los plazos de Ley.
En cuanto a los GL, lamentablemente solo las municipalidades provinciales de Espinar (Cusco) y Marcona (Ica) han brindado la información solicitada completa y en los plazos de Ley. En cambio, tanto los GL de San Marcos e Independencia (Áncash) como los de El Alto y La Brea (Piura) se han negado a brindar la información solicitada, incumpliendo la Ley de Transparencia.
En el comportamiento de las UPs el panorama no ha sido muy alentador, pues Santiago Antunez de Mayolo (Ancash), San Agustin (Arequipa), San Antonio Abad (Cusco) y Piura (Piura) entregaron la información incompleta y fuera de los plazos de Ley. Y peor aún las de Santa (Áncash) y San Luis Gonzaga (Ica) simplemente no la entregaron.
Con respecto a las empresas privadas extractivas, invocando a sus prácticas de responsabilidad social y transparencia, se presentó solicitud de información sobre: el pago de impuesto a la renta (IR) del año 2005, las acciones e inversiones en proyectos de responsabilidad social, los mecanismos que tienen para relacionarse con las comunidades, entre otros.
Esta información es básica si queremos ayudar a la relación empresa-sociedad civil, pero lamentablemente ninguna brindó información completa y solo dos respondieron en forma incompleta: i) Yanacocha, mediante la Asociación los Andes de Cajamarca, dió información sobre los proyectos de responsabilidad social que gestionan, pero no información financiera o sobre valor de producción ii) Cerro Verde ha alcanzado sobre relaciones comunitarias, pero no sobre el pago de IR o sobre el valor de producción.
Resulta paradójico que empresas que dicen cumplir estándares internacionales de Responsabilidad Social no respondan a pedidos de información sensibles. Las que no se tomaron ni siquiera la molestia de responder fueron: Antamina, Barrick Misquishilca, Buenaventura, Mra. Phelps Dodge, Xstrata Tintaya, Plus Petrol, Shougang Hierro Perú, Petro Tech Peruana y Petrobras Energía Perú SA, entre otras.
Finalmente, nos queda una incógnita ¿cuál seria el resultado si el pedido de información lo realizaba un comunero y no alguna ONG socia del Grupo Propuesta Ciudadana? ¿Hubiera sido mejor atendido que nosotros? ¿ Qué piensan los lectores?
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Publicado La Republica el 02 de Octubre de 2006