Archivos de Categoría: Código Tributario

PRORROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

[Visto: 99 veces]

El día de hoy sábado 26 de septiembre del 2020, se ha publicado el DECRETO SUPREMO Nº 156-2020-PCM y Nº 157-2020-PCM los cuales señalan lo siguiente:
(i) Se ha prorrogado el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de octubre del 2020 (Día de la Canción Criolla). En ese caso, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 23:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional; con excepción de las provincias de Abancay del departamento de Apurímac; Huamanga del departamento de Ayacucho; y, Huánuco del departamento de Huánuco; en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige de lunes a sábado desde las 20:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente, y los días domingo durante todo el día hasta las 04:00 horas del día siguiente.
(ii) Tenemos cuarentena focalizada en los departamentos de: Apurímac, Ayacucho y Huánuco.
(iii) Se ha aprobado la Fase 4 -pero aún no podremos ir a bares, discotecas, ni cines- más sí a los parques temáticos,
(iv) no podemos asistir a reuniones sociales, ni familiares,
(v) se reiniciarán ciertos vuelos internacionales (a donde nos acepten), y
(vi) los domingos no podemos usar nuestros autos particulares bajo pena de una multa bien alta.
Por otro lado, en lo que se refiere a la materia tributaria, se ha publicado una norma super importante que es la RS N° 154-2020/SUNAT, y es que a PARTIR DE MAÑANA la SUNAT PODRÁ notificar mediante NOTIFICACIONES SOL TODOS los actos administrativos que el Código Tributario permita, salvo que exista alguna normativa específica que para un caso establezca algo distinto.

TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS Y COSTOS EN EL NUEVO CONTEXTO DEL COVID 19 PRIMERA PARTE

[Visto: 93 veces]

En esta nueva realidad, todos hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido a cuidarnos, a saludar de manera distinta, a ser más tolerantes, más pacientes, más creativos, etc. El sector empresarial, no ha sido la diferencia, también ha tenido nuevos retos económicos que no estaban proyectos realizar para este año 2020; sin embargo, esta pandemia los ha obligado a enfrentar estos nuevos retos, los cuales, traen consigo gastos o costos que no esperados. Han tenido que implementar medidas laborales, financieras y estrategias de negocio precisamente por el motivo de la pandemia, todo con un único objetivo que es preservar las unidades de negocio y el empleo hasta donde se pueda.

Es ahí donde la parte tributaria adquiere un protagonismo importante, porque cuando una empresa efectúa estos gastos, la parte fiscal debe ser analizada.

En esta primera parte vamos a analizar algunos de los gastos o costos que las empresas han efectuado durante estos meses de Estado de Emergencia Nacional en el sector laboral y contractual, y cuál es la recomendación al respecto.

  1. Medidas de carácter laboral: 

1.1.-Licencia con Goce de Haber compensable:

Llegó el 15 de marzo del 2020, y nos tomó por sorpresa el mensaje del Presidente Vizcarra, señalando que entrabamos en un periodo de cuarentena por una Pandemia declarada a nivel Mundial por el Organismo Mundial de la Salud. Por tal motivo, se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 044-2020-PCM, que declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendarios y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del covid-19. Todas las personas teníamos que estar en casa y los negocios tenían que cerrar, manteniéndose el rubro de alimentos y salud.

En el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se hizo mención por primera vez al ahora ya famoso “trabajo remoto”, el cual se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Es decir, si resultara factible por las características de la función prestada, el trabajador puede brindar sus servicios empleando medios informáticos, de telecomunicaciones o análogos desde la comodidad de su domicilio y así evitar la posibilidad de contagiarse de Coronavirus camino a su centro de trabajo (en el transporte público, por ejemplo) o incluso allí mismo dado el contacto que existe con sus compañeros de trabajo, superiores, etc.

“Leer más”

EFECTO DE LA POSTERGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

[Visto: 253 veces]

El 28 de agosto de 2020, fue publicó en Edición Extraordinaria el Decreto Supremo No. 146-2020-PCM (“DS 146”), el cual prorroga el Estado de Emergencia Nacional, declarado inicialmente por el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM y ampliado, por última vez, mediante Decreto Supremo No. 135-2020-PCM.
Así, la prorroga mencionada extenderá el Estado de Emergencia Nacional, inicialmente vigente hasta el 31 de agosto de 2020, al periodo comprendido entre el 01 de setiembre y el 30 de setiembre del presente año.
 
En ese sentido, lo señalado en las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/70000, aplica a las infracciones cometidas o detectadas hasta el 30 de septiembre del 2020. Es decir, todas las infracciones cometidas durante el Estado de EMERGENCIA NACIONAL decretado por el Gobierno no serán sancionadas.
 
Sin embargo, el día de hoy se publicó la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS Nº 000016-2020-SUNAT/700000, la cual señala que no se sancionará administrativamente la infracción tipificada en el numeral 10 del artículo 175 del Código Tributario, considerando ciertos criterios. Pero que ello, no resulta de aplicación respecto de las infracciones a las que se aplican las Resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N.os 008-2020-SUNAT/700000 y 011-2020-SUNAT/70000, las que se ceñirán a lo previsto en ellas.

EL COMPUTO DEL PLAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

[Visto: 115 veces]

Le dimos la bienvenida al año 2020 sin imaginarnos lo que nos esperaba. Al inicio del año se veía todo bien, la economía marchaba como siempre, las personas hacían planes a futuro (como viajes, eventos, matrimonio, maestría, hijos, etc.), las empresas invertían, contrataban personal, compraban inmuebles, vehículos, se endeudaban, etc.; hasta que llegó el 15 de marzo.

El presidente Vizcarra mediante un mensaje presidencial daba inicio a un Estado de Emergencia Nacional y ponía al país entero en cuarentena, pues teníamos el primer caso detectado con el virus COVID-19 en nuestro país.

Ante esta situación, teníamos muchas preguntas sin respuestas, normas empezaron a publicarse en el ámbito tributario, haciendo todo el panorama más confuso para los contribuyentes, en especial para aquellos que habían iniciado un procedimiento o necesitaban iniciar uno. En base a ello, varias interrogantes empezaron a surgir respecto a la suspensión y reinicio del computo del plazo de los procedimientos administrativos, las cuales vamos aclarar en las siguientes líneas.

  1. Contexto Normativo:

El 11 de marzo de 2020 se publicó el D. S. N° 08-2020-SA, mediante el cual se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, ante la existencia del COVID-19. Que un país declare emergencia sanitaria significa que todo el sistema de salud de dicho país se enfoca y prioriza la pandemia por el COVID-19. Las personas infectadas por este virus, son prioridad en el momento de la atención, la compra de las medicinas, la implementación de nuevas áreas de atención especiales para este tipo de enfermedad, etc., todo se centra en la atención de la enfermedad objeto de la pandemia, pero sin descuidar las demás enfermedades.

Posteriormente, el 15 de marzo se publica el D. S. N° 44-2020-PCM y se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, del 16 al 31 de marzo de 2020[1].

“Leer más”

ESTABLECEN EL RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR LA SUNAT

[Visto: 127 veces]

Mediante la Ley N° 31011, el Congreso de la República le delegó facultades al Poder Ejecutivo, para establecer disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias administradas por la SUNAT en el contexto de la crisis económica de los contribuyentes ante las medidas de aislamiento social para reducir la propagación del COVID-19. En ese sentido, se publicó el 10 de mayo de 2020 en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N.º 1487, el cual establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF) de las deudas tributarias administradas por la SUNAT y deudas por ESSALUD. Este RAF entra en vigencia a partir del 11 de mayo, pero para su aplicación se tiene que esperar la publicación de la Resolución de Superintendencia emitida por SUNAT.

De esa manera, en este artículo vamos a desarrollar todo sobre el Nuevo Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento:

I.-Deudas que se pueden fraccionar y/o aplazar:

  1.-Los pagos a cuenta del impuesto a la renta de los períodos enero a marzo 2020

2.-Las que sean exigibles y pendientes de pago hasta la fecha de presentación de la solicitud.

3.-Deudas por multas por infracciones cometidas detectadas hasta el día anterior a la fecha de presentación de la solicitud y se encuentren pendientes de pago.

4.-Los saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos anteriores, otorgado con carácter particular o general, vigente o con causal de pérdida, a la fecha de presentación de la solicitud.

 5.-Exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento (Saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos pendientes de pago a la fecha en que se presenta la solicitud y cualquiera sea el estado en que se encuentren).

(*) Incluye los intereses, actualización e intereses capitalizados correspondientes.

6.-Contenidas en liquidaciones de cobranza que se encuentren pendientes de pago a la fecha de presentación de la solicitud y que estén vinculadas a una RD o RM.

7.-Saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, otorgado con carácter particular o general, vigente o con causal de pérdida a la fecha de presentación de la solicitud.

 

II.-Deudas que no se pueden fraccionar y/o aplazar:

  • Las deudas por tributos retenidos o percibidos.
  • Las incluidas en un procedimiento concursal o de liquidación judicial o extrajudicial, a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Los recargos de acuerdo a la Ley General de Aduanas.
  • Los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio 2020 correspondiente a los períodos abril a diciembre 2020.

III.-¿Cuáles son los sujetos que se encuentran comprendidos?:

Los sujetos que tengan las deudas tributarias previstas en la norma pueden acogerse al RAF, siempre que al momento de presentar la solicitud cumplan con los siguientes requisitos:

  1. Estar inscrito en el RUC.
  2. Haber cumplido con presentar las declaraciones juradas mensuales de marzo y abril del 2020 o las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta.
  3. Acreditar la disminución de sus ingresos netos, comparando la sumatoria de los ingresos de marzo y abril 2019, con los obtenidos en los mismos períodos en el 2020. En caso no se hubieran obtenido ingresos en el 2019 ni en enero – abril 2020, se considerará acreditada la disminución. Este requisito no aplica a los sujetos que solo generen rentas distintas a la renta empresarial.
  4. No contar con un saldo mayor al 5% de la UIT (S/ 215) en cualquiera de las cuentas que se tenga en el Banco de la Nación por las operaciones sujetas al SPOT (esto es, el Sistema de Detracciones).
  5. Haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita el acogimiento al RAF.
  6. Entregar o formalizar la garantía[1], cuando corresponda, en la forma, plazo y condiciones que se establezca mediante resolución de superintendencia de la SUNAT.

Se tiene que cumplir con todos los requisitos, en caso de que no se cumpla con alguno de los requisitos se denegará la solicitud de acogimiento, salvo los casos en que expresamente se señala que el incumplimiento del requisito implica que se excluya del RAF una determinada deuda.

Cómo calcular la disminución de los ingresos netos:

3.1.-Tratándose de sujetos que generan rentas de la tercera categoría o ingresos inafectos que de estar gravados calificarían como rentas de tercera categoría, se debe comparar el resultado de sumar los ingresos netos mensuales de los períodos tributarios de marzo y abril del ejercicio 2020 con los ingresos netos mensuales de los mismos períodos del ejercicio 2019. 

Ejemplo: Se tiene ingresos en los periodos de marzo y abril 2019

 

 3.2.-En caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos netos mensuales en los meses de marzo y/o abril del ejercicio gravable 2019, a efectos de la comparación, se debe considerar:

  1. Los dos mayores montos de los ingresos netos mensuales obtenidos en cualquiera de los meses de dicho ejercicio.

 Ejemplo: Los dos mayores ingresos corresponden a los meses de agosto y noviembre 2019

 De contar con ingresos en un solo mes del ejercicio 2019, dicho ingreso y se multiplicará por dos.

Ejemplo: Sólo te tiene ingresos en el periodo de noviembre 2019

 3.3.- De no contar con ingresos netos en el ejercicio 2019, pero sí en los meses de enero y/o febrero del ejercicio 2020:

Se tomará en cuenta los ingresos netos mensuales de los meses de enero y febrero del ejercicio gravable 2020.

Ejemplo: Se toma en cuenta los ingresos de los periodos de enero y febrero 2020 

 De contar con ingresos en uno de los meses de enero o febrero del ejercicio gravable 2020, dicho ingreso y se multiplicará por dos.

Ejemplo: Sólo te tiene ingresos en el periodo de enero 2020

 3.4.-En caso los contribuyentes no hubieran obtenido ingresos netos mensuales durante el ejercicio 2019 ni en los meses de enero a abril de 2020, se considera que sus ingresos han disminuido. En este caso estamos ante una presunción legal, por lo que sin demostración se entiende cumplido con el requisito.

3.5.-Tratándose de los sujetos que generen o perciban rentas distintas a las de tercera categoría y además generen rentas de tercera categoría, se considera lo que resulta de la comparación mencionada en el primer acápite de este apartado.

IV.-De los plazos máximos de aplazamiento y/o fraccionamiento que se otorgan en el RAF:  

PROCEDIMIENTOS PLAZOS MÁXIMOS
Aplazamiento Seis (6) meses.
Aplazamiento y fraccionamiento –       Seis (6) meses de aplazamiento.

–       Treinta (30) meses de fraccionamiento.

Fraccionamiento Treinta y seis (36) meses.

 

V.-¿Cuáles son los intereses que se van a cobrar?

 El artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1487 señala las siguientes disposiciones respecto de los intereses:

 La tasa de interés es de cuarenta por ciento (40%) de la TIM vigente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de superintendencia de SUNAT y se aplica a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento, siempre que se acepte el acogimiento.

Es un interés al rebatir diario que se aplica sobre el monto de la deuda tributaria acogida. Al final del plazo del aplazamiento se debe cancelar tanto los intereses como la deuda tributaria aplazada.

Es un interés al rebatir mensual sobre el saldo de la deuda tributaria acogida que se calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento, durante el período comprendido desde el día siguiente del vencimiento de la cuota mensual anterior hasta el día de vencimiento de la respectiva cuota, con excepción de la primera cuota. La primera cuota se calcula aplicando la tasa de interés de fraccionamiento que corresponda desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento hasta la fecha de su vencimiento.

 Sólo los intereses se cancelan al vencimiento del plazo de aplazamiento, debiendo las cuotas del fraccionamiento ser canceladas en la fecha de su vencimiento.

VI.-Consideraciones a tomar en cuenta respecto a los pagos mensuales: 

TIPO DE PAGO CONSIDERACIONES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de Cuotas

-La totalidad de la deuda tributaria acogida se fracciona en cuotas mensuales iguales y consecutivas, con excepción de la última.

 

-Las cuotas mensuales están constituidas por la amortización más los intereses del fraccionamiento.

 

-Los pagos mensuales se imputan en primer lugar a los intereses moratorios aplicables a la cuota no pagada a su vencimiento y luego al monto de la cuota impaga.

 

-La amortización corresponde en primer lugar al monto sin garantía, en segundo lugar, al monto garantizado mediante hipoteca y, en tercer lugar, al monto garantizado mediante carta fianza, de corresponder.

 

-De existir cuotas mensuales vencidas e impagas, los pagos que se realicen se imputan en primer lugar a la cuota más antigua pendiente de pago. El vencimiento de cada cuota mensual se produce el último día hábil de cada mes. Tratándose de fraccionamiento, la primera cuota vence el último día hábil del mes siguiente a la fecha en que la SUNAT aprueba la solicitud de acogimiento. Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento, la primera cuota vence el último día hábil del mes siguiente a aquel en que culmina el aplazamiento.

 

-El monto de las cuotas mensuales no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT, salvo la última.

 

 

 

Anticipos de Cuotas

-Se considera pago anticipado a aquel que excede el monto de la cuota por vencer en el mes de la realización del pago, siempre que no haya cuotas vencidas e impagas.

 

-El pago anticipado se aplica contra el saldo de la deuda materia de fraccionamiento, reduciendo el número de cuotas o el monto de la última. La reducción del número de cuotas no exime del pago de las cuotas mensuales que venzan en los meses siguientes al mes en que se realiza el pago anticipado.

VII.-Efectos del acogimiento al RAF en las impugnaciones, cobranza coactiva y fiscalizaciones:

  • Con la presentación de la solicitud de acogimiento al RAF, se entiende solicitado el desistimiento de la impugnación de las deudas incluidas en dicha solicitud y con la aprobación de la solicitud de acogimiento se considera procedente dicho desistimiento.
  • Se suspende la cobranza de la deuda tributaria materia de la solicitud de acogimiento al RAF desde el mismo día de presentación de la solicitud hasta la fecha en que se emite la resolución que aprueba dicho acogimiento. En caso se deniegue la solicitud de acogimiento, se levanta dicha suspensión, salvo cuando se impugne la resolución denegatoria.
  • El acogimiento al RAF no limita las facultades de fiscalización respecto de la deuda tributaria que no haya sido materia de un procedimiento de fiscalización por parte de la SUNAT.

VIII.-Del desistimiento de la solicitud de acogimiento:

El deudor tributario puede desistirse de su solicitud antes que surta efecto la notificación de la resolución que la aprueba o la deniega.

IX.-¿Cuándo se pierde el fraccionamiento y/o aplazamiento?: 

APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO
FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO 

 [1] Se exige garantía cuando: a) La deuda tributaria que sea ingreso del Tesoro Público sea mayor a las 120 UIT, en cuyo caso se debe garantizar el monto que exceda dicha cantidad. b) La deuda tributaria que sea ingreso del ESSALUD sea mayor a las 120 UIT, en cuyo caso se debe garantizar el monto que exceda dicha cantidad. c) Los saldos de un aplazamiento y/o fraccionamiento otorgado con anterioridad con carácter particular o general que se encuentren garantizados a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. d) La deuda tributaria incluida en la solicitud de acogimiento que a la fecha de su presentación se encuentre garantizada con embargos en forma de inscripción de inmuebles o con embargos en forma de depósito, con o sin extracción de bienes. e) La deuda tributaria impugnada incluida en la solicitud de acogimiento que se encuentre garantizada en virtud de lo dispuesto en los artículos 137, 141, 146, 148 y 159 del Código Tributario. f) El solicitante sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributario o aduanero a la fecha de presentación de la solicitud, o sea una persona jurídica cuyo representante legal se encuentre en el mismo supuesto.

 


MEDIDAS TRIBUTARIAS Y LABORALES EXCEPCIONALES ANTE EL COVID-19 ESTADO DE EMERGENCIA

[Visto: 469 veces]

  1. Aspectos preliminares:

 El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. En ese sentido, en el Perú, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú donde se señala que todos tenemos derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, el Gobierno Central, el día 15 de marzo de 2020, el Gobierno emitió y publicó el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM a fin de adoptar medidas adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población.

En base a este contexto de emergencia en que se encuentra el país, se han publicado una serie de normas a efecto de poder sostener de la mejor manera está situación, tanto desde el punto de vista civil como tributario y laboral.

2.-Disposiciones Generales:

 Entre las medidas más relevantes que ha dictado el Gobierno, debemos destacar las siguientes:

  • El Estado de Emergencia tiene una duración de 15 días calendarios, computados desde el día 16 de marzo hasta el 30 de marzo de 2020.
  • Se ha dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
  • Durante el Estado de Emergencia, están permitidas la prestación de los siguientes servicios:

– Abastecimiento de alimentos.

– Abastecimiento de medicinas.

– Servicios bancarios y financieros (bancos, COOPAC, cajas, etc.)

– Continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas y combustible.

– Continuidad de telecomunicaciones.

– Continuidad de limpieza y recojo de residuos sólidos.

– Continuidad de servicios funerarios.

– Otros relacionados a los antes indicados.

  • Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, tales como:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en caso de emergencias y urgencias.

d) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

e) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. f) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir con la cuarentena dispuesta.

g) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call center).

h) Circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades descritas.

i) Asistencia y cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes.

  • Se ha dispuesto la suspensión del acceso al público a los locales y establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio.
  • La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.
  • Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y de ocio. Asimismo, se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de alimentos, así como los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de reunión que ponga en riesgo la salud pública.
  • Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir aislamiento social obligatorio (cuarentena) por quince (15) días calendario.
  • El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados.
  • En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado de emergencia, se dispone la suspensión del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020.
“Leer más”

MODIFICAN LA NORMATIVA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE COMPRA ELECTRÓNICA-RS N° 244-2019/SUNAT

[Visto: 262 veces]

El 28 de noviembre del 2019 se publicó la  Resolución de Superintendencia N°. 244-2019-EF/15, la cual modifica el Rgto. de Comprobantes de Pago a fin de establecer que, para la emisión de una liquidación de compra el valor de las ventas acumulado por el vendedor en el transcurso de cada período aplicable hasta el día calendario anterior al de la emisión no supere el límite de 75 UIT.

Por otro lado, ha modificado las siguientes resoluciones de superintendencia, vinculadas a la emisión electrónica de comprobantes:

Res. 317-2017/SUNAT: Se prevé que la liquidación de compra electrónica (LCE) pueda emitirse por los sujetos designados por la SUNAT a través del SEE-Del contribuyente.

Res. 188-2010/SUNAT: Se modifican algunos aspectos de la emisión de la LCE a través del SEESOL, así como el plazo para realizar la reversión y el registro de pagos.

-Res. 300-2014/SUNAT: Se regula el envío a la SUNAT de una declaración jurada informativa con la información de las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada emitidas cuando por causas no imputables al emisor electrónico esté imposibilitado de emitir una LCE y para modificar el plazo de envío de la declaración jurada informativa en la que se informa las liquidaciones de compra emitidas en formatos impresos y/o importados por imprenta autorizada cuando el domicilio fiscal y/o el establecimiento anexo del emisor electrónico se encuentren en una zona con baja o nula conexión a Internet.

– Res. 097-2012/SUNAT y 199-2015/SUNAT: Se establecen las disposiciones necesarias para la emisión de la LCE a través del SEE-Del Contribuyente.

El 1-1-20 entrará en vigor esta disposición, salvo determinadas disposiciones, vinculadas a las modificaciones de las Res. 317-2017/SUNAT, 097-2012/SUNAT, 300-2014/SUNAT y disposiciones derogatorias, que entrarán en vigor el 1-2-20.

A continuación un resumen preciso de las modificaciones realizadas:

“Leer más”


CÓDIGO TRIBUTARIO: Procedencia de la prórroga para rehacer la contabilidad cuando la denuncia policial por pérdida se realizó con posterioridad al inicio de la fiscalización

[Visto: 728 veces]

RTF N° 2114-Q-2018 / 04.07.2018
La quejosa cuestionó que, pese a que oportunamente comunicó a la Administración Tributaria sobre el robo de sus libros y registros contables, esta le haya denegado la solicitud de prórroga de 60 días calendarios para rehacer su contabilidad y cumplir con la presentación de la documentación solicitada conforme lo dispuesto en la R. de S. N° 234-2006/SUNAT.
Precisó que no existe en el Código Tributario (CT) alguna disposición que establezca como condición para otorgar dicho plazo que tal denuncia tenga que ser presentada con anterioridad o posterioridad al inicio del procedimiento de fiscalización, por lo que solicita que se deje sin efecto el resultado de requerimiento.
La Administración Tributaria señaló que en el procedimiento de fiscalización iniciado había reiterado la solicitud de exhibición y/o presentación de la información y documentación no presentada, y que denegó la solicitud de prórroga para atender el citado requerimiento por considerar que la denuncia no acredita fehacientemente la pérdida de los libros y registros contables.
El Tribunal Fiscal (TF) verificó que la quejosa no cumplió con presentar la información requerida por la Administración Tributaria (Libro Caja y Bancos, Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, entre otros), lo que debía ser cumplido el 23 de mayo de 2018 y posteriormente el 4 de junio de 2018.
Observó que de la denuncia policial presentada por la quejosa el 25 de mayo de 2018 se aprecia que en dicha fecha ocurrió el hurto de los libros (ejercicios 2015 y 2016) y un CPU con información contable de la empresa, lo que fue puesto en conocimiento de la Administración Tributaria el 28 de mayo de 2018, fecha en la que además se solicitó que se otorgue el plazo de 60 días a que se refiere la R. de S. N° 234-2006/SUNAT. Ello tuvo como respuesta la denegatoria de la Administración Tributaria al considerar que la denuncia aludida no era fehaciente al ser de fecha posterior al inicio del procedimiento de fiscalización.
El TF determinó que dado que la quejosa comunicó a la Administración Tributaria el extravío de sus libros y registros contables, resultaba aplicable el plazo de 60 días calendario a fin que la quejosa pudiera rehacer la documentación extraviada y atender el requerimiento, pues no existe en el CT ni en la citada resolución de superintendencia como condición para la aplicación de dicho plazo, que la denuncia de la pérdida o destrucción se hubiera producido con anterioridad o posterioridad a la notificación del requerimiento mediante el cual se solicita la presentación de la referida documentación ni que esta deba producirse con anterioridad al inicio del procedimiento de verificación o fiscalización que estuviera practicando, por lo determinó que no resultaba atendible lo expuesto por la Administración Tributaria para negarle tal pedido.
En consecuencia, declaró fundada la queja en este extremo y dispuso que se le otorgue a la quejosa el plazo de 60 días calendario contados a partir del día siguiente de ocurridos los hechos, a efecto que pueda rehacer los libros y registros contables extraviados.


Pérdida de la gradualidad por imposibilidad de realizar el cierre por “causa imputable al infractor

Categoría : Código Tributario

[Visto: 562 veces]

RTF 829-8-2018 de 30-1-18:

Hechos: La SUNAT aplicó la sanción de cierre por la infracción del art. 174, inc. 1 del Código
Tributario. Indicó que no correspondía aplicar la gradualidad en virtud de lo establecido en el art. 9 del Rgto. del Régimen de Gradualidad, que establece que el régimen de gradualidad se pierde si por causa imputable al infractor no es posible ejecutar el cierre del local.

El cierre, según SUNAT, no podía ejecutarse porque de la “Consulta RUC” había verificado que
dos contribuyentes (incluido el infractor) habían declarado el mismo establecimiento como domicilio fiscal.

Cuestión controvertida: El hecho que dos contribuyentes (incluido el infractor) hayan
declarado el mismo establecimiento como domicilio fiscal, ¿constituye una causa imputable al infractor, que originen la pérdida de la gradualidad?

Fallo: No, “la “causa imputable al infractor” debe encontrarse acreditada en autos, situación que no se aprecia de la documentación del expediente, pues lo que se encuentra acreditado es que la ejecución de la sanción de cierre no pudo realizarse por circunstancias no imputables a la
recurrente, debido a que el establecimiento intervenido también había sido declarado por ……
como persona natural con negocio, con anterioridad a la intervención realizadas por el
fedatario fiscalizador y lo mantuvo después de emitida la resolución que disponía el cierre, por lo que procede revocar la apelada a efecto que la Administración reliquide el monto de la sanción de multa (multa que sustituye al cierre – art. 183, inc a) del Código Tributario), teniendo en cuenta el régimen de gradualidad correspondiente.”


Suscripción

Ingrese su correo electrónico para notificarlo de las actualizaciones de este blog:

224 subscribers