EL COMPUTO DEL PLAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

EL COMPUTO DEL PLAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

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Le dimos la bienvenida al año 2020 sin imaginarnos lo que nos esperaba. Al inicio del año se veía todo bien, la economía marchaba como siempre, las personas hacían planes a futuro (como viajes, eventos, matrimonio, maestría, hijos, etc.), las empresas invertían, contrataban personal, compraban inmuebles, vehículos, se endeudaban, etc.; hasta que llegó el 15 de marzo.

El presidente Vizcarra mediante un mensaje presidencial daba inicio a un Estado de Emergencia Nacional y ponía al país entero en cuarentena, pues teníamos el primer caso detectado con el virus COVID-19 en nuestro país.

Ante esta situación, teníamos muchas preguntas sin respuestas, normas empezaron a publicarse en el ámbito tributario, haciendo todo el panorama más confuso para los contribuyentes, en especial para aquellos que habían iniciado un procedimiento o necesitaban iniciar uno. En base a ello, varias interrogantes empezaron a surgir respecto a la suspensión y reinicio del computo del plazo de los procedimientos administrativos, las cuales vamos aclarar en las siguientes líneas.

  1. Contexto Normativo:

El 11 de marzo de 2020 se publicó el D. S. N° 08-2020-SA, mediante el cual se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, ante la existencia del COVID-19. Que un país declare emergencia sanitaria significa que todo el sistema de salud de dicho país se enfoca y prioriza la pandemia por el COVID-19. Las personas infectadas por este virus, son prioridad en el momento de la atención, la compra de las medicinas, la implementación de nuevas áreas de atención especiales para este tipo de enfermedad, etc., todo se centra en la atención de la enfermedad objeto de la pandemia, pero sin descuidar las demás enfermedades.

Posteriormente, el 15 de marzo se publica el D. S. N° 44-2020-PCM y se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, del 16 al 31 de marzo de 2020[1].

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DECRETO LEGISLATIVO N° 1246, QUE APRUEBA DIVERSAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Vigencia: 11.11.2016

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I.- Ámbito de aplicación:

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-diversas-medidas-de-simplifi-decreto-legislativo-n-1246-1451932-2/

Este Decreto Legislativo es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; es decir:

  1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;
  2. El Poder Legislativo;
  3. El Poder Judicial;
  4. Los Gobiernos Regionales;
  5. Los Gobiernos Locales;
  6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
  7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y
  8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.

II.- Interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública:

Se dispone que de manera gratuita, las entidades de la Administración Pública interconecten, pongan a disposición, permitan el acceso o suministren la información o bases de datos actualizadas que éstas administren, recaben, sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados, y que las demás entidades requieran necesariamente y de acuerdo a ley, para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna. Es decir, las entidades deben encontrarse interconectadas para agilizar los procedimientos administrativos.

En los casos en los que la información o datos se encuentren protegidos bajo la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, las entidades de la Administración Pública deben obtener la autorización expresa e indubitable del usuario o administrado para acceder a dicha información o datos.

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